Autónomo Particular

Comienzo

1.1- Denunciante

Yo Juan Carlos Justo García con documento DNI 99988877R , con domicilio Calle Senador Garcia Fuentes Nro 3 Psio 1 puerta 12 de la localidad de Boulogne de la provincia de Tarragona , me presento ante este Juzgado para interponer DENUNCIA y QUERELLA como principal perjudicado, en defensa de mis derechos y de mi integridad económica.

1.2- Autorizo a los representantes de UDEC

Que autorizo a los Señores Jacinto Fernandez con DNI …. José Manuel Millán Campos con DNI 51578117L Rafael Mora Cano con DNI … Luis Fernando Massa con Pasaporte Argentino nro ….. a xxx a xxx a pertenecientes a UDEC Unidad de Centro

Que esta autorización permite al/los autorizado/s a realizar todos los tramites concernientes a esta DQ como ser:
Responder solicitudes, autos, presentar escritos, ampliar DQ, constituirse en declaración testimonial, realizar aclaraciones, realizar pagos, llegar a acuerdos económicos, llegar a acuerdos legales, realizar rectificaciones, correcciones; como así todos los actos y elementos concernientes para el correcto desarrollo de esta DQ; desde el comienzo hasta el momento efectivo de la sentencia.

Que también autorizo a las personas citadas a incluir o excluir a las personas a quien o quienes ellos determinen y presenten escrito a tal efecto con todos sus datos.

1.3- NO PROCEDE Artículo 69 y 70 del Código Procesal

Que NO Procede acción popular conforme Artículo 69 y 70 del Código Procesal en virtud de que quienes nos presentamos de forma personal y representamos también a UDEC Unidad de Centro, hacemos esta denuncia por estar en presencia de un delito fragante, como lo dictamina la Ley.

Acción Popular
Código Procesal Penal – Artículo 69 y 70

La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento
Artículo 6 – La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.

Obligación de Denunciar
– Artículo 246 del Código Penal

Denuncia

2.1- Carácter confiscatorio de la contribución

DENUNCIO que en mi calidad de TA y conforme a mis ingresos la contribución exigida por la AT tiene carácter de confiscatorio en su aplicación, hecho contrario a lo enunciado en la CE en su A31, donde dice :

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Principio de la «No Confiscatoriedad»
Artículo 31 de la Constitución Española (Ver Trascendencia de la Constitución Española).
Autores Marcial Rubio y Luis Hernández Berenguel.
– Derecho Comparado Europeo «Convention européenne des droits de l’homme» Convenio Europeo de Derechos Humanos
CE

2.2- Falta de Proporcionalidad

DENUNCIO que en mi calidad de TA y conforme a mis ingresos, la contribución exigida por la AT no guarda ningún tipo de proporcionalidad, hecho contrario a lo enunciado en la CE en su A31, que dice expresamente :

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2.3- Atentado contra la Economía del País

DENUNCIO que se está atentando ante mi como ante todos los TTAA que se encuentran en mi condición o en las enunciadas anteriormente, de forma masiva apropiándose ilícitamente del genuino resultado de su trabajo y saber que estos constituyen un pilar de la Economía de España, es una acción directa en deterioro de la Soberanía Nacional.

2.4- A quienes se enriquecen

DENUNCIO por estafa a todos aquellos que a sabiendas del a verdad, no reconocen el Artículo 31 de la Constitución Española y pretenden enriquecerse ilícitamente, acogiéndose a un beneficio pensado para quienes empiezan una actividad y no pueden hacer frente a pagos, pagan 50 euros; beneficio no previsto para abusarse y de esta forma enriquecerse con artilugios aparentemente legales, encubriendo una estafa ya que sus conocimientos, su capacidad económica y el articulo 6 del Código Civil no exime de la culpa en negativa de lo previsto en la Constitución Española.

2.5- La omisión de la Administración

DENUNCIO por uso y abuso indebido de la ley, agravado por su froma temeraria e improcedente a la omisión que realiza la Administración Tributaria conforme a lo establecido en el Artículo 10 del Código Penal a sabiendas que una persona que cobra grandes sumas al comienzo de la actividad y paga solamente 50 euros se está enriqueciendo ilícitamente en su propio beneficio.

DENUNCIO la omisión voluntaria por parte de la Administración Tributariade vigilar los intereses de España y no mantener cerrados los ojos frente a estos artilugios y manejes indebidos que realizan ciudadanos cuyas cuentas, ingresos y demás datos, a los que la Administración Tributaria tiene acceso,.
Por esta razón, cabe la sospecha razonable de lo anterior, debido a que la Administración Tributaria tiene el beneficio de entregar la carga de la prueba al contribuyente
, beneficio que lo obliga a responder ante el tesoro del Estado, a su economía y por lo tanto utilizar esta salvaguarda del Derecho para , el uso del sistema impositivo para su beneficio personal.

2.6- A los cargos públicos responsables de la omisión y de permitir las confiscaciones a título ejecutivo, sin más.

DENUNCIO a aquellas personas que no pudiendo negar el conocimiento de la Ley, sabiendo de la situación precaria de los Trabajadores Autónomos, conociendo sus balances y estados contables, en total abandono, con un cargo público previsto para defender los intereses ciudadanos y con el único propósito de mantener bajo esta «ilegalidad» su puesto de trabajo, su jerarquía, su antigüedad, su posición social dentro de la Administración.

Que en ejercicio de las responsabilidades de un cargo público, cometieron delito por omisión y dejaron que este continuase.

Y motivo mi denuncia que en mi caso, se Sobrentiende que
A) Debo conocer la Ley en todo su contenido (Artículo 6 del Código Civil)
B) Estoy obligado a Denunciar delito fragante (Artículo 246 del Código Penal)
C) No puedo, bajo ningún concepto negarme a lo anterior.

Y por este conocimiento, que todos tenemos, que todos estamos obligados, no puede existir discriminación alguna frente a lo referente a la «igualdad ante la Ley» y no pueden escudarse en su función que no los inhibe a actuar legalmente, sino que por contrario, deben ser quienes velan por los Derechos Ciudadanos, se aplique la condena prevista para todo ciudadano, con estado de agravante a su cargo público.

Que es un agravante que en uso de su cargo público de privilegio, a sabiendas del mal que provocaban a los TTAA y a la sociedad en general.

Que jamás dudaron en embargar, sancionar, ejecutar, confiscar bienes y continuar realizando estas acciones ejecutivas, sin cesar en ningún momento y/o negarse de manera contundente y/o anónima y/o indirecta o por medio de denuncia, decididos entonces a continuar con la comisión de estos delitos.

Y Que es un agravante que esto continúe.

Y Que sea bajo el amparo de una situación laboral estable, privilegio que pocos poseen y que por lo tanto, como todo privilegio, conlleva más obligaciones, responsabilidades y un incremento en las penas; mucho más aún cuando, paradójicamente, son estas personas las que injustamente ejercen su autoridad sobre los Trabajadores Autónomos procediendo a la negativa absoluta de poder acceder por parte de los Trabajadores Autónomos, a los merecidos y justos, beneficios del trabajo.

DENUNCIO estas acciones, aparentemente aisladas, aparentemente inocentes, que no son más que el resultado de una irresponsabilidad permanente, descuido voluntario a su función, a su deber como Funcionarios de la Administración y a su deber como Ciudadanos Españoles.

DENUNCIO que este abandono, esta omisión voluntaria y consciente, debe ser castigada con todo el rigor de la Ley, de forma ejemplificadora, para que nunca más los Ciudadanos Españoles, seamos víctimas de estos atropellos.

Y, desde el momento en que, la carga de la prueba favorece a estas personas, que ostentan este poder superior y que gozan hasta la fecha de una impunidad evidente; que además tienen la capacidad de flagelar a otros miembros de la sociedad civil, porque «si», por encima de la Ley y de la CE, sean responsables de sus actos y den a el resto de los ciudadanos la tranquilidad permanente de que estos funcionarios, velan de forma continua por el estricto cumplimiento de la Ley y de la CE.

Por lo tanto, queda perfectamente demostrado el carácter penal de esta acciones y omisiones, agregado el estado de agravante por uso del Cargo Público, porque la capacidad ejecutiva de poder actuar sin intervención de la Justicia, le confieren un grado equiparable a la Autoridad Policial.

Por lo que; y el actuar bajo mandos, los comprometen a los principios y a las obligaciones del orden debido inherente y explícito con la autoridad ostentada y ejercida.

Porque, así como es responsabilidad de SU impartir y defender la Justicia y es la Ciudadanía en su conjunto que lo reviste de estas responsabilidades y lo inviste con estos atributos; así es entonces, de igual manera e igual principio la responsabilidad que tiene un Funcionario con capacidad para dar sentencia ejecutiva, sancionar y aplicar embargo en tiempo record, y sobre todo en un tema tan importante como lo es la propiedad Privada y el fruto de un trabajo digno; y bien logrado, se permita que puedan a título ejecutivo sin más, con omisión dolosa o culposa, cometer impunemente estas acciones, sin tener en cuenta que JAMÁS se debe pasar la CE por alto a la hora de impartir Justicia.

No podemos seguir con estas atribuciones, sin condenar a los culpables de estas distorsiones arbitrarias y ejecutivas del ejercicio del Derecho, desligados de toda responsabilidad Penal.

Ruego a SU y al Ministerio Fiscal que inicien las investigaciones pertinentes para determinar si hay condición de orden debido y en cuyo caso se aplique el rigor de la Ley; para dar garantías Civiles y Penales a la Sociedad Española por el ejercicio de tales funciones.

Y Que toda la Sociedad Española presencie y sepa que; Ningún delito por acción u omisión escapa sin más de la Justicia.

Y que se derogue, a título preventivo y con efecto inmediato las facultades ejecutivas que poseen estas personas en el caso que no exista una responsabilidad acorde a su función.

Y que en caso de ser responsables, se proceda a la aplicación de las penas correspondiente, sanciones Administrativas, cese de funciones e inhabilitación del cargo público a estas personas, por los actos criminales cometidos y por la omisión negligente en sus funciones, de forma ejemplificadoria.

Lo único que pretendo es que el cargo de estas funciones, sea acorde a la responsabilidad y a la capacidad de esta autoridad de ejercer acciones a título ejecutivo, sin intervención de la Justicia, que es la forma en la que procede la Administración Tributaria y por lo tanto tienen una responsabilidad superior que deben vigilar frente a la Constitución Española.

Y estoy seguro que estas personas, tomarán conciencia de sus acciones, de las implicancias y procederán voluntariamente a renunciar a sus cargos.

Y en caso contrario, solicito que se atienda a las declaraciones, para determinar ¿ Cómo es posible ? que se haya dado una violación sistemática y profunda a la Constitución y que esta lleve años instalada impunemente en el seno de nuestro País.

Porque este tipo de violaciones a los Derechos Fundamentales y a la Constitución no pueden permitirse en un País como el nuestro; que está a la vanguardia del concierto de países del mundo.

Porque sabemos que, la fortaleza y la Soberanía de un País, se establece en tres pilares fundamentales que son :

1) La vocación patriótica de sus Ciudadanos.
2) La confianza en sus Instituciones.
3) La aplicación igualitaria de la Justicia.

Acciones y omisiones dolosas
Artículo 10 – Código Penal – Son delitos las acciones y omisiones dolosas.

2.7- A los que de forma directa o indirecta formulan, exigen y obligan a hacer efectiva una contribución determinadamente contraria a todo principio

DENUNCIO a la Administración Tributaria, a los Directores de la Administración Tributaria, consejo y asesores por los delitos de administración desleal, hurto y apropiación indebida.

También a los funcionarios de jerarquía que obligan de forma expropiatoria al cobro de esta contribución.
También a los que hacen efectivo este cobro y proveen los mecanismos y medios.
También a todos aquellos que sabiéndose claramente en el incumplimiento de la Constitución Española, del derecho en general y de lo previsto por la Ley General Tributaria, exigen esta «contribución fija, obligatoria y arbitraria» de forma ejecutiva.
También a quienes contribuyen con la comisión de esta falta o penalmente que se entiende delito.

DENUNCIO a todos los antes mencionados por el delito de extorsión, para cada cual su grado de acción y compromiso, debido a la amenaza de retirar todos los fondos de mis cuentas, proceder a embargos y sanciones, a sabiendas del no proceder con una «contribución fija, obligatoria y arbitraria» como la que exigen de manera temeraria.

Y a todos los que correspondan se aplique la calidad de agravante por hacer uso de atribuciones del poder del Estado para la comisión de estos delitos, como así también por las omisiones a la Ley en lo referente a denuncia de los hechos o simple trámite administrativo de lo que están debidamente facultados y acreditados.

DENUNCIO a aquellas personas que no pudiendo negar el conocimiento de la Ley, sabiendo de la situación precaria de los TTAA, conociendo sus balances y estados contables, en total abandono, con un cargo público previsto para defender los intereses ciudadanos y con el único propósito de mantener bajo esta «ilegalidad» su puesto de trabajo, su jerarquía, su antigüedad, su posición social dentro de la Administración.
Que en ejercicio de las responsabilidades de un cargo público, cometieron delito por omisión y dejaron que este continuase.

Y motivo mi denuncia que en mi caso, se Sobrentiende que
A) Debo conocer la Ley en todo su contenido (Artículo 6 del Código Civil)
B) Estoy obligado a Denunciar delito fragante (Artículo 246 del Código Penal)
C) No puedo, bajo ningún concepto negarme a lo anterior.

Y por este conocimiento, que todos tenemos, que todos estamos obligados, no puede existir discriminación alguna frente a lo referente a la «igualdad ante la Ley» y no pueden escudarse en su función que no los inhibe a actuar legalmente, sino que por contrario, deben ser quienes velan por los Derechos Ciudadanos, se aplique la condena prevista para todo ciudadano, con estado de agravante a su cargo público.

Que es un agravante que en uso de su cargo público de privilegio, a sabiendas del mal que provocaban a los TTAA y a la sociedad en general.

Que jamás dudaron en embargar, sancionar, ejecutar, confiscar bienes y continuar realizando estas acciones ejecutivas, sin cesar en ningún momento y/o negarse de manera contundente y/o anónima y/o indirecta o por medio de denuncia, decididos entonces a continuar con la comisión de estos delitos.

Y Que es un agravante que esto continúe.

Y Que sea bajo el amparo de una situación laboral estable, privilegio que pocos poseen y que por lo tanto, como todo privilegio, conlleva más obligaciones, responsabilidades y un incremento en las penas; mucho más aún cuando, paradójicamente, son estas personas las que injustamente ejercen su autoridad sobre los TTAA procediendo a la negativa absoluta de poder acceder por parte de los TTAA, a los merecidos y justos, beneficios del trabajo.

Y DE estas acciones, aparentemente aisladas, aparentemente inocentes, que no son más que el resultado de una irresponsabilidad permanente, descuido voluntario a su función, a su deber como Funcionarios de la Administración y a su deber como Ciudadanos Españoles.

Y DE que este abandono, esta omisión voluntaria y consciente, debe ser castigada con todo el rigor de la Ley, de forma ejemplificadora, para que nunca más los Ciudadanos Españoles, seamos víctimas de estos atropellos.

Y, desde el momento en que, la carga de la prueba favorece a estas personas, que ostentan este poder superior y que gozan hasta la fecha de una impunidad evidente; que además tienen la capacidad de flagelar a otros miembros de la sociedad civil, porque «si», por encima de la Ley y de la CE, sean responsables de sus actos y den a el resto de los ciudadanos la tranquilidad permanente de que estos funcionarios, velan de forma continua por el estricto cumplimiento de la Ley y de la CE.

Por lo tanto, queda perfectamente demostrado el carácter penal de esta acciones y omisiones, agregado el estado de agravante por uso del Cargo Público, porque la capacidad ejecutiva de poder actuar sin intervención de la Justicia, le confieren un grado equiparable a la Autoridad Policial.

Por lo que; y el actuar bajo mandos, los comprometen a los principios y a las obligaciones del orden debido inherente y explícito con la autoridad ostentada y ejercida.

Porque, así como es responsabilidad de SU impartir y defender la Justicia y es la Ciudadanía en su conjunto que lo reviste de estas responsabilidades y lo inviste con estos atributos; así es entonces, de igual manera e igual principio la responsabilidad que tiene un Funcionario con capacidad para dar sentencia ejecutiva, sancionar y aplicar embargo en tiempo record, y sobre todo en un tema tan importante como lo es la propiedad Privada y el fruto de un trabajo digno; y bien logrado, se permita que puedan a título ejecutivo sin más, con omisión dolosa o culposa, cometer impunemente estas acciones, sin tener en cuenta que JAMÁS se debe pasar la CE por alto a la hora de impartir Justicia.

No podemos seguir con estas atribuciones, sin condenar a los culpables de estas distorsiones arbitrarias y ejecutivas del ejercicio del Derecho, desligados de toda responsabilidad Penal.

Ruego a SU y al Ministerio Fiscal que inicien las investigaciones pertinentes para determinar si hay condición de orden debido y en cuyo caso se aplique el rigor de la Ley; para dar garantías Civiles y Penales a la Sociedad Española por el ejercicio de tales funciones.

Y Que toda la Sociedad Española presencie y sepa que; Ningún delito por acción u omisión escapa sin más de la Justicia.

Y que se derogue, a título preventivo y con efecto inmediato las facultades ejecutivas que poseen estas personas en el caso que no exista una responsabilidad acorde a su función.

Y que en caso de ser responsables, se proceda a la aplicación de las penas correspondiente, sanciones Administrativas, cese de funciones e inhabilitación del cargo público a estas personas, por los actos criminales cometidos y por la omisión negligente en sus funciones, de forma ejemplificadoria.

Lo único que pretendo es que el cargo de estas funciones, sea acorde a la responsabilidad y a la capacidad de esta autoridad de ejercer acciones a título ejecutivo, sin intervención de la Justicia, que es la forma en la que procede la AT y por lo tanto tienen una responsabilidad superior que deben vigilar frente a la CE.

Y estoy seguro que estas personas, tomarán conciencia de sus acciones, de las implicancias y procederán voluntariamente a renunciar a sus cargos.

Y en caso contrario, solicito que se atienda a las declaraciones, para determinar ¿ Cómo es posible ? que se haya dado una violación sistemática y profunda a la Constitución y que esta lleve años instalada impunemente en el seno de nuestro País.

Porque este tipo de violaciones a los Derechos Fundamentales y a la Constitución no pueden permitirse en un País como el nuestro; que está a la vanguardia del concierto de países del mundo.

Porque sabemos que, la fortaleza y la Soberanía de un País, se establece en tres pilares fundamentales que son :

1) La vocación patriótica de sus Ciudadanos.
2) La confianza en sus Instituciones.
3) La aplicación igualitaria de la Justicia.

Acciones y omisiones dolosas
Artículo 10 – Código Penal – Son delitos las acciones y omisiones dolosas.

Hurto
Artículo 234 -Código Penal – Hurto

Administracion Desleal
– Artículo 252 – Código Penal – Administración Desleal

Apropiación Indebida
– Artículo 253 – Código Penal – Apropiación Indebida

Extorsión
– Artículo 243 – Código Penal – Extorsión

2.8- Agravante de la práctica a sabiendas de la situación económica y laboral

DENUNCIO que es un Agravante, por alevosía, por incumplimiento reiterado, y por negligencia e impericia por quienes dieron y siguen dando lugar a estas acciones , son acto delictivo, el hecho de continuar con esta práctica, a sabiendas que España se encuentra atravesando una profunda crisis económica, donde debe prevalecer el beneficio de quienes se ganan sus haberes con su trabajo de manera genuina y legalmente constituida.

DENUNCIO por extorsiva la actividad de la Administración Tributaria ya que no se permite hacer un pago en consignación, ni medio similar, hecho que lo único que hace es prolongar esta situación, este sufrimiento, este despojo de bienes del Trabajador Autónomo.
Estas personas responsables, realizan de forma reiterada una violación directa de lo que dicta la Constitución Española en su Artículo 31.

Agravante
Artículo 22 – Código Penal – De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal.
(1º) «Ejecutar el hecho con alevosía»; (2º) «…con abuso de superioridad…»;
(5º) «Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima…»;
(6º) «Obrar con abuso de confianza.»;
(7º) «Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.»

2.9- La calidad de Agravante

DENUNCIO en calidad de agravante, al enriquecimiento de aquellos que realizan o facilitan el cobro o la violación de estos principios, con fines económicos y que se lucran de estos beneficios, como ser la entidad BBVA que tiene un conocimiento tal que expone en su sitio web un documento acerca de la confiscatoriedad de los impuestos y sin embargo, con total alevosía, sirve de instrumento para la constitución de este delito.

2.10- Que en caso de iniciar solamente el trámite administrativo

DENUNCIO Que en caso de iniciar sólo el trámite administrativo, sin interponer denuncia Judicial; la AT procederá a debitarme de mi cuenta el importe correspondiente a la CO, de la misma forma que lo viene haciendo hasta el momento.

Que si en el caso de no poder pagar, ya que me resulta imposible por mis propios medios, la AT me aplicará multas y sanciones.

Que en el ámbito de la AT no existe la fórmula de Pago Consignado, y dado que me opongo al pago de una CO, no sólo en su definición, sino también en su importe; además de que dicho pago pueda poner en peligro mi seguridad y la de mi familia, debido a mi precaria situación económica.

Que si pregunto en la AT como debo proceder, esta me responde «Pagando mientras se resuelve el expediente».

Que si pregunto si debo hacer o no un juicio, la AT responde «Haga lo que estime conveniente».

Y
Que no existe una alternativa intermedia entre el recurso administrativo y la denuncia ante un Juzgado, en lo que respecta a la genuina salvaguarda de mis bienes y mi derecho.

Que atento a mi derecho a la legítima defensa tomo estas precauciones para que no se embargue mi cuenta o mis bienes de forma ejecutiva, como tampoco se proceda al cobro de forma unilateral como procede la AT, de una CO.

No me queda más remedio que presentarme ante este Juzgado en calidad de denunciante, ya que poseo argumentos contundentes acerca de reiterada violación de la CE, incumplimiento de Leyes, de principios de derecho y otros delitos por parte de la AT.

Solicito a este Juzgado

3.1- Apertura de una cuenta Judicial para pago de Consignación Judicial

Que este Juzgado proceda a la apertura de una cuenta Judicial para hacer el Pago en Consignación correspondiente al pago de la contribución en la medida y forma previstas por la Constitución y de forma comparativa a situaciones similares.

3.2- Se traslade denuncia

Que se traslade la denuncia al Juzgado o Fiscalía o Ministerio Fiscal que resulte competente ya que la Jurisdicción del delito obedece a todo el territorio de España y no puedo resolver por mi parte la competencia territorial en lo previsto en el Artículo 34 del Código Procesal Penal.

Asi de esta forma pueda obtener la intervención del Fiscal o del Ministerio Fiscal según se estime oportuno y procedente para estos casos en virtud de la diferencia de armas como de mi situación urgente a la resolución de este tema en el ordenamiento establecido por la Constitución Española.

3.3- Que según lo dictado en la Constitución en su Artículo 31

Que se determine en forma inmediata una aplicación impositiva consecuente a lo dictado en la Constitución en su A31, es decir :

1.- Que no sea confiscatoria.
2.- Que guarde proporcionalidad de quien más gana, más paga.

Y que estos preceptos Constitucionales tengan efecto inmediato.

3.4- Que dada la magnitud potencial de daño y la indefensión, consecuencia de una economía al límite de la pobreza por la parte afectada

Que dada la magnitud potencial del daño que la Administración Tributaria puede incurrir en sanciones demostradamente negligentes; y que para que nunca más pueda ocurrir un hecho semejante

Y que dichas sanciones pueden propagarse en el tiempo de forma permanente y que la Ciudadanía no tenga los medios ni los conocimientos necesarios para comprender acertadamente los mecanismos de acción de la Justicia.

Y que además, la Administración Tributaria de a los Ciudadanos posibilidades de defensa, pago en consigación u otra forma de defensa administrativa genuina ante este y otros futuros intentos o concreciones de arrasar con la propiedad privada de las personas en forma ejecutiva, en los casos que concurran montos que frente a una persona puedan constituir el cese de su actividad, puedan afectar a la continuación normal de su vida en economía mínima o en situación de impotencia similar.

Solicito se establezca una instancia en la Administración Tributaria que permita recurrir en oficina diferente y/o otro ministerio y/o en diferente orden de dirección y de Administración Tributaria a recurrir pago de forma inmediata impidiendo así endeudamiento, falta de alimentos, de salud o de otra necesidad básica justificada, mientras se realizan las reclamaciones en la Administración Tributaria.

Que esto ponga fin al cobro y devolución por un importe mínimo, sea de 400 o de 500 o de 600 euros o se tome como referencia de mínimo, el mínimo interprofesional, para asegurar que no exista más una razón de confiscatoriedad como la expuesta.

Que además, no sea necesario recurrir a una denuncia u a otro mecanismo de esta magnitud, sino que exista un mecanismo intermedio a solicitar la instancia judicial, que esté previsto por el Estado para resolver un tema inmediato, administrativo, cuyo conocimiento fehaciente para este tipo de medidas, existen en poder de la Administración Tributaria.

Me refiero a que concretamente, la Administración Tributaria, tenga mecanismos ágiles de suspensión de cobro, a solicitud del contribuyente en montos reducidos; como así también, como lo dije en otra oportunidad, tenga la posibilidad de recibir una consignación de pago, y/o un pago parcial sin por esto incurrir en falta y/o en mora y/o en otra forma sancionable, mientras dure el proceso de reclamación o protesta.

Fundamento esta solicitud en virtud de que, patrimonios de este importe, son sensibles a los Trabajadores Autónomos y pueden impedir tomar las medidas oportunas en tiempo y forma, y de esta forma no sólo disminuir el Derecho; sino que pueden afectar la integridad personal y de la familia de los Trabajadores Autónomos.

3.5- Que conforme al espíritu de «a igual trabajo, igual salario»

Que conforme al espíritu de «a igual trabajo, igual salario» se tenga a bien de que las contribuciones guarden proporcionalidad con lo cobrado y no con el tiempo trabajado; conforme a actividades similares de otros trabajadores.

3.6- A la Administración – Las Pruebas Contundentes

A la AT, me entregue las copias u originales debidamente constituidos de todas y cada una de mis presentaciones de carácter económico y censal que obran en su poder.

Entre ellas y específicamente los comprobantes de recibo que demuestran

a) Declaraciones de IRPF

b) Anotaciones de mis pagos a la AT con fecha.

c) Declaraciones de ganancias o similares.

d) Declaraciones de patrimonio.

f) Multas pagadas.

Como así también toda otra documentación procedente en vía legal a los efectos de tener la documentación para una legítima defensa y no se interponga queja de ningún tipo a esta solicitud, como tampoco objeción a la procedencia de esta información y en un solo acto queden validados estos documentos que constituyen prueba.

3.7- Que en caso de incumplimiento de lo anterior

Conforme a lo establecido en el Código Procesal y ante la negativa anterior, teniendo en cuenta que la AT tiene la obligación de presentar la documentación necesaria, digo que:

Entenderé su negativa como retiro de Juicio según lo previsto por los Artículos del Código Procesal.

Y procederé con lo previsto para el caso que el demandado desista de esta forma a su defensa, de forma voluntaria y legítima, entendiendo que acepta todos y cada uno de los expuestos, denuncias, querellas y solicitudes.

Y conforme a lo anterior, esperaré a SU dicte sentencia firme que me permita proseguir con el cobro de lo solicitado; como del ejercicio previsto conforme a la reserva al proceso Civil según lo establecen las Leyes del Código Procesal, agradeciendo a la AT y teniendo en cuenta que este retiro de defensa obedece a la contundencia de pruebas y sostenimiento Jurídico que dan lugar a demostrar las irregularidades expresadas en los términos de esta Denuncia y Querella, cuyo responsable no es otro que la AT.

En vista de una solución inmediata, pacífica y que expone una medida de evitar un mal mayor, no solicitaré se aplique todo el peso de la Ley y de las sanciones penales previstas, entendiendo este retiro de defensa como una actitud de reconocimiento de los errores cometidos por la AT.

Y solicito que en el futuro, la AT tenga la misma consideración a mi persona, como la que hago efectiva en esta circunstancia.

Porque mi genuina intención es que se resuelva esta situación y que la AT tome conciencia de las terribles consecuencias de sus acciones improcedentes y temerarias y que se revierta la situación para mi y para todos los TTAA en situaciones similares.

Es en la búsqueda de una solución amistosa y de evitar un mal mayor mi proceder al respecto.

3.8- Fecha de inicio trámite

A este Tribunal, dado que pertenece a la Administración del Estado, de entrada a la presente, en carácter también de reclamación administrativa, otorgando fecha de hoy al presente título; debido a lo enunciado en la Ley Tributaria y otras, ya que la interposición de denuncia, demanda, querella o recurso no inhibe la instancia administrativa.

3.9- Velar por mi derecho a elegir mi mejor defensa

A este Juzgado velar por mi derecho a elegir la defensa y dar prioridad inequívoca, en caso que lo requiera de forma exclusiva, al/los proceso/s Judicial/es y se me informe de la legalidad en el proceder de interponer proceso administrativo y que este no sea tomado como doble denuncia o imputación, como así también de la vigencia los plazos.

La presente se solicita en virtud al proceder de la AT con la misma negligencia y dar a lugar a resolución favorable por vía del proceso administrativo simple, en cuyo caso mantendré la fórmula de liquidación de las contribuciones, conforme lo expuesto.

Asimismo declaro que expongo lo antedicho en consecuencia de :

El artículo 42 de la L.R.J.P.A.C. establece que la administración está obligada a dictar resolución expresa.

A notificarla, en el plazo máximo que señale la norma reguladora de cada tipo de procedimiento.

Este plazo no podrá exceder de seis meses, salvo norma con rango de Ley, que no procede para este caso.

Suspensiones o ampliaciones en distintos supuestos (V. apartados 5 y 6 del artículo 42 L.R.J.P.A.C.).
La obligación de resolver y notificar siempre persiste.

STC 220/2003, de 15 de diciembre:
«No es constitucionalmente admisible interpretar que el silencio administrativo pueda generar efectos que den lugar a una minoración de las posibilidades del ciudadano de tener acceso a la jurisdicción.»

3.10- Que no se realice el cobro ejecutivo

Que habiendo hecho el depósito en consignación, que la AT no proceda a ejecutar cobro alguno sobre mi cuenta del banco 2100 0345 5678 9012 3456 del Banco Santander donde se realizan los cobros.

3.11- Pago consignado a la Administración

Que si es competencia de SU, dictamine que la AT tenga la posibilidad Administrativa, sin intervención Judicial, de recibir Pago Consignado para poder hacer efectiva y de forma justa las reclamaciones ante la AT y de esta forma evitar mover a la Justicia en asuntos que pueden resolverse por vía administrativa.

Que no es así por la temeraria, negligente y ejecutiva forma que tiene la AT de apropiarse de los fondos privados, ya sea que el contribuyente cometa un error, que no es el caso, ya sea que la misma AT cometa un error.

Que debe existir entonces una instancia de Pago en Consignación para que la vía Administrativa de las garantías necesarias para la resolución de conflictos con los contribuyentes.

Que la no existencia de este medio por parte de la AT es otra forma más de desvirtuar y hacer cesante todo derecho de reclamación por la imposibilidad de evitar multas, embargos y recargos durante un proceso administrativo.

3.12- Aviso de posible delito de apropiación ilícita

A SU, tenga a bien de informar fehacientemente a la AT que:

En caso de desobediencia y teniendo en cuenta la capacidad de esta entidad para calcular, avisar y sancionar a aquellos que no cumplen con el pago de las obligaciones tributarias; es un hecho penalmente punible que, si hago depósito judicial, se siga debitando de mis cuentas la CO que la AT equívocamente considera que tengo que pagar de forma unilateral.

Y si así fuese, no tendré más remedio que denunciar esta conducta delictiva, como malversación de fondos y/o apropiación ilícita y/o estafa y/o los delitos que correspondan; agravados por temeridad, alevosía y reincidencia; incluyendo en esta denuncia a todos las personas que desobedezcan a la Ley y a SU en lo previsto para estos casos.

A este efecto, y dado el carácter público de esta denuncia, perfeccionada con la comunicación de este Juzgado como si fuese el caso de proceder yo con la comunicación a la AT, serán punibles de constituir delito las personas que sean por ser medios y/o operadores y/o ordenantes y/o emisores de evitar estos ilícitos, culpables de los delitos en calidad de coautores y/o colaboradores y/o medios o cualquier otra figura, de forma personal.

Que, como es mi caso, no pueden declarar desconocer el derecho y sus consecuencias, como tampoco inhibirse en el desconocimiento de un acto público como lo es esta denuncia.

Apropiación Indebida
– Artículo 253 – Código Penal – Apropiación Indebida

Administracion Desleal
– Artículo 252 – Código Penal – Administración Desleal


3.13- Circunstancias de Informes de no pago

Que así como lo detallé en la exposición que en caso de no proceder según lo dicta la Justicia en estos casos, donde he interpuesto justa denuncia y querella con una contundente exposición de hechos, donde he descrito con el mayor detalle a los efectos de que esta exposición sea clara y con el contenido suficiente para que en ningún momento se pueda interpretar otra intención que la de hacer Justicia.

Que procedo a solicitar que en caso de que ocurriese que la AT prosiga con su actitud temeraria e intente debitar importe que he depositado en consignación Judicial y a causa de esto el banco, mis acreedores u otra persona entienda que existe incumplimiento por mi parte de las obligaciones en lo referente a la contribución y esto se derive en un incidente de consecuencias económicas, ya sea porque se me cierren las posibilidades de crédito, ya sea porque se me aumenten los intereses, ya sea se resuelvan los contratos de crédito con obligación de pago; o concurran estas situaciones en cualquier orden, en forma individual o simultánea, se proceda a realizar las acciones judiciales inmediatas a los efectos de anular o disminuir los daños ocasionados y se :

Tenga como certeza de la forma negligente y temeraria con la que acciona la AT

De a lugar una respuesta por mi parte como damnificado, con el fin de anular o reducir posibles consecuencias futuras.

Que en este caso, me allanaré en mi derecho de proteger mi propiedad privada, por lo que cerraré la cuenta y determinaré los gastos ocasionados para el cálculo del Pago en Consignación, como la suspensión del mismo conforme al daño causado.

Y que entiendo en este momento es aviso y notificación suficiente a la AT y a sus actores Directivos o ejecutivos, de que se salvaguarde mi derecho y que de ninguna forma tenga que recurrir a más acciones para conservar el mismo, y sobre todo, sin necesidad de tener que recurrir nuevamente a la Justicia.

3.14- Se me ampare

AMPARO ya que en presencia de conducta negligente y conociendo la forma delictiva en la que se conduce la AT, principalmente la concerniente a la recaudación de contribuciones y viendo la indiferencia temeraria ante un hecho evidente, con la que se desempeñan los más altos cargos del gobierno, se resguarde lo depositado en cuenta Judicial.

3.15- Se me reintegre lo pagado de forma contraria a lo que dicta la Constitución

Que se me reintegre lo pagado en carácter de confiscatorio y de forma desproporcionada conforme a lo que dicta la Constitución Española en su Artículo 31, como así también toda multa, intereses y demás daños económicos ocasionados como resultado de la impropia aplicación de esta contribución.

3.16- Derecho a la ampliación de denuncia, demanda y querella

Que se me garantice el derecho a la ampliación de denuncia, a la ampliación de demanda y querella debido a que conforme transcurren los hechos voy tomando a cuenta de los daños producidos por la AT a mi como a millones de TTAA y pueda entonces cuantificarlos claramente.

Que solicito esto con el propósito de no incurrir en falsa denuncia y determinar los daños y delitos a medida que me sigo informando del proceder de la AT.

Que entiendo que debo conocer la Ley en su totalidad, pero ruego a SU que tenga en cuenta que en ningún momento, en mi enseñanza obligatoria, el Estado me puso a mi alcance los medios para este conocimiento.

Por lo tanto, no me niego al conocimiento de la Ley en su totalidad, pero si puedo tener algunas deficiencias en lo que se refiere a como hacer una denuncia y querella, como en este caso, por lo que solicito se considere esto en virtud de asegurar mi legítima defensa.

En caso de que se venza un plazo, que se me inhiba una presentación, ampliación de denuncia o querella, ruego a SU tenga a bien darme aviso de esto con el mayor tiempo previsto por la Ley en estos casos, a fin de tener igualdad de armas con la AT.

3.17- Derecho a trato como víctima

Que conforme el desarrollo expuesto y visto las consecuencias que estas acciones de la Administración Tributaria producen o pueden producir en el bienestar de mi familia y en el mío, se me de trato como parte víctima ya que este delito por parte de la Administración Tributaria tiene repercusiones similares a la estafa, a robo o a cualquier otro ilícito que atente contra la economía personal, el patrimonio o la propiedad privada y que, en virtud de esto, el tratamiento como víctima guarde proporción en el derecho.

Definición de víctima y derechos
Código Procesal Artículos 59 y 60.

3.18- Que el Poder Ejecutivo se expida acerca de sus dichos

Que conforme a los dichos por el Poder Ejecutivo acerca de Suspender, Reducir u otros detrimentos de los Servicios de la Seguridad Social.

Que se determine si la Seguridad Social está pasando por situaciones de compromiso y que si es así, porque no se aumenta la recaudación, ajustando esta a lo estipulado en la Constitución Española sin más.

Que por lo tanto, pido a este Juzgado envíe una consulta al Poder Ejecutivo, solicitando se expida de forma contundente y con claridad acerca de :

A) La amenaza de cese de servicios parcial de la Seguridad Social.
B) Las posibles deficiencias económicas.
C) La forma en la cual se instrumentará la proporcionalidad de la recaudación según lo establece la Constitución Española.

3.19- Que se tenga como antecedente

Que para lo antedicho Su Señoría y el Estado tengan como antecedente de esta petición; los hechos y circunstancias de esta denuncia que demuestran la vulnerabilidad al derecho de defensa, por parte de un Ciudadano de escasos recursos, para proceder a la defensa de su legítimo derecho.

Más Solicito

4.1- En caso de no Acuerdo

Que no habiendo acuerdo con la Administración Tributaria, solicito se tenga en consideración los fundamentos de derecho vertidos en la STC 218/2005, de 12 de septiembre.

4.2- Medida Cautelar

Que obedeciendo a la situación patrimonial personal expuesta y a la negligencia e impericia de la Administración Tributaria, solicito a Su Señoría tenga a bien proceder con las medidas cautelares para evitar todo tipo de apropiación de suma en mi cuenta corriente por parte de la Administración Tributaria, referente a la cosa Juzgada.

Fundamento Constitucional

5.1- Constitución – Articulo 31 Acerca de la capacidad economia y el caracter no confiscatorio del impuesto

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

5.2- Artículo 14 Los españoles son iguales ante la ley

Artículo 14.- Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

5.3- Artículo 35 Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

5.4- Artículo 33 Derecho a la Propiedad Privada

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

5.5- Artículo 38 de la Constitución Española:

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

5.6- Artículo 39 Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil.
La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

5.7- Artículo 40 1. Los poderes públicos promoverán …para una distribución de la renta regional y personal más equitativa

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica.
De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

5.8- Artículo 41 Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

5.9- Artículo 103 Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones

5.10- Articulo 150 Acerca de la Responsabilidad de la Administracion del Estado en materia de indemnizacion

Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.
El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.
El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Querella a la Administración Tributaria

6.1- Interposición de Querella a la Administración Tributaria – Cobros Improcedentes

INTERPONGO QUERELLA a la AT, conforme a los delitos anteriores y a lo que me afecta, con referencia a

.- Cobros realizados de forma confiscatoria, que procederé a reclamar.

.- Cobros realizados sobre una base contributiva fijada de manera incorrecta, que procederé a reclamar.

6.2- Interposición de Querella a la Administración Tributaria – Sanción Improcedente por Imposibilidad de Pago

INTERPONGO QUERELLA a la AT, conforme a los delitos anteriores y a lo que me afecta, con referencia a

.- Diferencia por haberme suspendido del régimen de beneficio por impago o demora en el pago.

Todo esto a la AT, en virtud de esta denuncia, de esta querella, según me permite proceder el Código de Procedimiento Civil en lo referente a reclamaciones dinerarias.

6.3- Interposición de Querella a la Administración Tributaria – Cobros de Multas Improcedentes

INTERPONGO QUERELLA a la AT, conforme a los delitos anteriores y a lo que me afecta, con referencia a

.- Cobros de multas inapropiadas, que procederé a reclamar.

6.4- Interposición de Querella a la Administración Tributaria – Cobros de Intereses Inapropiados

INTERPONGO QUERELLA a la AT, conforme a los delitos anteriores y a lo que me afecta, con referencia a

.- Intereses de los cobros inapropiados que ha realizado la AT, que procederé a reclamar.

6.5- Interposición de Querella a la Administración Tributaria – Cobros Daños

INTERPONGO QUERELLA a la AT, conforme a los delitos anteriores y a lo que me afecta, con referencia a

.- Daños ocasionados por los sucesos denunciados, que procederé a reclamar.

6.6- Interposición de Querella a la Administración Tributaria – Exigencia de subsanación de Perjuicios

INTERPONGO QUERELLA a la AT, conforme a los delitos anteriores y a lo que me afecta, con referencia a

.- Perjuicios ocasionados por estos cobros inapropiados de la AT, que procederé a reclamar.

6.7- Interposición de Querella a la Administración Tributaria – Cobros de Moras Improcedentes

INTERPONGO QUERELLA a la AT, conforme a los delitos anteriores y a lo que me afecta, con referencia a

.- Intereses de mora, en el caso que existan, que procederé a reclamar.

6.8- Interposición de Querella a la Administración Tributaria – Cobros de costas y gastos de proceso

INTERPONGO QUERELLA a la AT, conforme a los delitos anteriores y a lo que me afecta, con referencia a

.- Costas futuras, que procederé a reclamar.

Referente a las Costas del proceso
– Artículo 394 Código Procesal Civil – De la condena en costas. – Artículo 139 Código Procesal Penal – Resolución sobre costas
– Artículo 713 Código Procesal Penal – Petición de liquidación y presentación de relación de daños y perjuicios.
– Artículo 714. Conformidad del deudor con la relación de daños y perjuicios.

Responsabilidad de la Administracion del Estado en materia de indemnizacion
– Artículo 150 Acerca de la Responsabilidad de la Administracion del Estado en materia de indemnizacion.
– Artículo 121 Los daños causados por la Administración

6.9- Toda la Querella a la Administración Tributaria

Toda la Querella es a la AT, quien tiene derecho a repetir si lo ve oportuno; en virtud de esta denuncia, de esta querella, según me permite proceder el Código de Procedimiento Civil en lo referente a reclamaciones dinerarias.

FALTA RefCobros

Razonamiento que lleva al hecho denunciable – Conclusiones

7.1- Acerca de la Diferencia de Armas – Aclaración

Me he informado del concepto de «diferencia de armas» en el Derecho.
Si, entiendo que haya diferencia de armas entre mi persona y un conocedor del sistema Judicial.

Si esto no fuese así, todos serían Jueces y todos serían perfectos abogados.
Esta no es la realidad.

La realidad es que los Trabajadores Autónomos que trabajamos, no somos millonarios, no somos dueños de super-empresas, como quieren generalizar.
Somos trabajadores que ejercemos la actividad por nuestra cuenta y que en casos nos hemos obligado debido a la falta de empleo.

Todos preferimos tener un salario de 1.500 euros constante, todos los meses, que «ver que sucede» para ganar menos de 1.000.

La publicidad engañosa por parte del Gobierno, de la Administración Tributaria y de los medios de «tratar al trabajador autónomo como un héroe que busca ser libre», sin aceptar la falta de empleo, trae como consecuencia estos desarreglos.

El trabajo como autónomo es hoy La Única Salida que tiene un Español al no conseguir trabajo y verse obligado a trabajar, como lo señala la Constitución Española.

Existen si Su Señoría, Trabajadores Autónomos que son pertenecientes a grupos económico florecientes.
Existen Trabajadores Autónomos que ganan 5.000 y hasta 10.000 euros; pero no pertenecen al objeto de esta denuncia.

Además de que esta demostrado que pagan menos que uno que cobra 600 euros.

Este no es mi caso tampoco y si lo fuera, con gusto pagaría una contribución que puedo pagar si detrimento de mi economía, sin que ponga en peligro a mi familia, a mi integridad y a mis bienes personales.

Porque si un Trabajador Autónomo gana 600 euros, no es justo que se le cobren 240.

Como tampoco es justo que si gana 100.000, pague solamente 50 euros por «nueva actividad».

Solamente; un ardid producto de una «diferencia de armas» o de una experiencia avanzada en temas Judiciales y sus mecanismos no civilizados, puede dar a entender que la CE en su A31 da a lugar a una contribución confiscatoria o que no obedezca a un criterio proporcional.

Por esta razón, SU, agrego en los SOLICITO la intervención del Fiscal en defensa de los intereses privados y por sobre todo :

En los intereses del Estado, que se ven vulnerados cuando una Ley Negligente permite la burla de que, si alguien gana 100.000 euros, pague solamente 50 euros de contribución, es decir un 0,05%.

Lo pido como miembro de la Sociedad Española, en busca de un Estado estable, duradero; y como también, en defensa de este.

7.2- Acerca del Cálculo de cuota

A los efectos del cálculo de la cuota que entiendo que tengo que pagar y utilizando :

1) El principio de la proporcionalidad
2) El beneficio para el Estado
3) La igualdad económica ante la Ley en materia de contribuciones.
4) Igual ingreso por igual trabajo

Llego al siguiente razonamiento :

Al ser Trabajador Autónomo soy trabajador y contratante a la vez.

Es decir que mi contribución al Estado debe ser igual o mayor que

a) La que paga un trabajador
Debido a que soy un trabajador.

b) La que paga un contratante por un trabajador
Debido a que soy autónomo

La primera, corresponde al %
La segunda corresponde al %

Y la suma de ambas es del %

Razonamiento según la Constitución y Principios del Derecho

8.1- Acerca del El principio de la tributación – Conclusión Primera

Frente a las contribuciones al Estado, más allá del Artículo 31 de la Constitución Española existe un control de ciertos límites al que podemos llamar «Principios de la Tributación».

Los principios como estos son la síntesis que regula el marco sancionador y de aplicación de las Leyes, que dan posiciones inamovibles, que explican y delimitan e inspiran el Derecho, cuya premisa es la Constitución.

Para este caso, principalmente en el Artículo 31.

Para las contribuciones, estos existen, por ser límites a la potestad tributaria.

Existen como control del poder del Estado para crear, modificar y extinguir tributos y es el Estado que se subordina a la voluntad general de la sociedad.

De esta forma se protege a la sociedad de toda arbitrariedad, en el uso del poder estatal, en el ejercicio de su potestad tributaria.

De estos principios se rescatan la :
Legalidad, Justicia, Uniformidad, Respeto de los Derechos Fundamentales, No confiscatoriedad, Capacidad contributiva, Redistribución o Proporcionalidad, Estabilidad económica.

Conclusión Primera
Los principios tributarios “son el límite del Poder Tributario del Estado, con el propósito que no se vulneren los derechos fundamentales de la persona, y respete las garantías de libertad del Individuo.”

8.2- Acerca del Principio de Legalidad – “No hay tributo sin ley” – Conclusión Segunda

“No hay tributo sin ley”

Existe por parte del Individuo la subordinación a la Ley.

Y también existe que no se puede someter la Ley a la única voluntad del Estado.

Es entonces, la Ley la voluntad de aquello que representa el gobernante y esto es lo que legitima al ejercicio del poder del Estado y por lo tanto, el origen de Las Contribuciones.

La Reserva de la Ley, delimita el campo y legitimidad del obrar del Estado para imponer tributos.

Conclusión Segunda
Es el Individuo y el propio Estado quienes están subordinados a la Constitución Española, por ser esta el origen de toda legalidad
y jamás puede pasarse por alto este principio.

Toda Ley debe asegurarse en la Constitución Española.

8.3- Acerca de la Protección contra el poder tributario del Estado. – Conclusión Tercera

La legalidad es la consecuencia del sentimiento del humano a la Justicia, para alcanzar una visión social mejor en beneficio de todos los individuos.

Es en primer y destacado lugar la Constitución Española y en segundo lugar, que todo esté conforme a cierta razonabilidad, a un orden social y que debe encuadrarse en una concepción jurídica del hecho.

Antiguamente los Emperadores o los concentradores del poder, recaudaban las contribuciones que les parecían convenientes, sin tener en cuenta el detrimento de la sociedad, ya que el Estado no era parte de la misma.

La legalidad responde, a un orden político social e histórico que da como consecuencia para la Sociedad Española la Constitución Española, donde se preserva el Derecho positivo.

Conclusión Tercera
En el Estado moderno se garantizan los derechos de los Ciudadanos; donde las normas o Leyes del Estado deben pertenecer a un orden Constitucional para bien de los mismos Ciudadanos.

Es decir que toda Ley, Decreto, Normativa, etc que el Estado haga cumplir, jamás pueden estar por encima de la Constitución Española

8.4- Acerca del Estado como ente recaudador – Conclusión Cuarta

La potestad tributaria pertenece a quienes tienen facultad legislativa y excluye al Poder Ejecutivo de esta decisión.
Esta potestad legislativa la tienen los Ciudadanos mediante sus representantes.

Es decir que el Estado y las contribuciones deben servir a los individuos.

Conclusión Cuarta
Es evidente que, no puede existir, una Ley que confisca, que no es proporcional, no es justa e invade los derechos de la propiedad privada.
Y es evidente también que una Ley que se emana fuera de la voluntad de los Ciudadanos plasmada en la Constitución, da lugar a estas diferencias y deficiencias del Estado de Derecho.

8.5- Acerca del Concepto del acto justo – Conclusión Quinta

Este concepto se basa en un razonamiento de orden social general.

Es cierto que la Sociedad necesita mantener al Estado para las realización de sus fines.

Es muy claro que
“Todas las personas e integrantes de la colectividad de todo Estado, tienen el deber y la obligación de contribuir al sostenimiento del mismo, mediante la tributación, asumiendo la obligación de contribuir por medio del tributo, en virtud a sus respectivas capacidades y en proporción a los ingresos que obtienen. Esta carga tributaria debe distribuirse en forma equitativa a la economía de los individuos.”

Como también es claro que
No es el Estado un fin en si mismo, sino que lo es la Sociedad que este custodia, ya que la extinción de la Sociedad, da lugar a la extinción del Estado.

La Constitución Española al declarar que las contribuciones deben ser proporcionales y nunca, bajo ningún concepto confiscatorias, preserva sabiamente la vida de la Sociedad por encima de los intereses particulares del Estado y de sus actores.

Conclusión Quinta
Desde todo punto de vista se desprende la sabiduría de la Constitución Española en su Artículo 31; debido a que plasma claramente el alcance de las contribuciones para su sostenimiento, desde el punto de vista que el Estado es tal, siempre que existan los Individuos que lo componen y su grandeza es tal acorde a la grandeza de estos individuos que la Constitución señala preservar en derecho contributivo
.

La obligación del Estado debe ser inferior al hecho, ya que de lo contrario la Sociedad se extingue por el Estado.

8.6- Acerca del Derecho Tributario. Ser justo en la distribución de la carga tributaria en la sociedad – Conclusión Sexta

Justicia, en Derecho Tributario, la distribución o justicia distributiva.

Y como señala la Constitución Española al referirse a la proporcionalidad, determina que esta debe estar de acuerdo a la capacidad tributaria, de cada Individuo.
Todos debemos tributar pero no de la misma forma, sino de acuerdo a nuestras condiciones contributivas que se determinan de acuerdo a la capacidad de generar y poseer patrimonio económico.

No quiero exceptuarme de este deber.
Solamente pido que este deber, sea proporcional y no sea confiscatorio.

Conclusión Sexta
No me niego a contribuir ni a sostener al Estado.
Solamente exijo que se cumpla la Constitución Española que garantiza el correcto funcionamiento de la Sociedad.


8.7- Acerca del la igualdad como premisa – Conclusión Séptima

La igualdad jurídica, implica una aparente desigualdad contributiva, ya que
“La Ley establece que en materia tributaria en lo atinente al pago de los impuestos, todos somos y tenemos las mismas obligaciones. La igualdad jurídica implica la desigualdad contributiva, a mayor capacidad contributiva la aportación tributaria es mayor.”

Esto se debe a que el Estado actual, no el de la edad media, entiende al Individuo y su esfuerzo para sostener al Estado conforme a sus capacidades económicas, porque también entiende, desde el momento que financia la Cultura, el Arte y la Ciencia Médica.

Que el Ciudadano no es solamente un «Individuo Mercantilista» sino que la Sociedad está compuesta de diferentes Individuos y Libertades que se expresan de diferentes formas, más allá de un simple número económico.

El Estado y principalmente nuestra sociedad basada en la Libertad y en la Igualdad, exige que se contemple y se estimule la diversidad de Individuos y sus actividades y que la economía no sea elemento disuasorio de este estímulo.

La igualdad, significa que todos somos iguales, que todos necesitamos por igual, ciertas cosas.

Conclusión Séptima
El Estado debe tener una interpretación más acertada en nombre de la Igualdad, apoyada en el espíritu del principio de proporcionalidad, como lo enuncia la Constitución Española.

Es decir :

“A mayor capacidad contributiva, la aportación tributaria es mayor”.
En términos sencillos, el que más gana, más paga.

Y se desprende de todo lo Expuesto que este principio, no solamente no se cumple en lo referente a la Contribución de los Trabajadores Autónomos.
Sino que por el contrario, el irse de forma negligente de la Constitución Española, provoca estas diferencias de Derecho equívocas, que atentan contra el buen funcionamiento de la Sociedad.

8.8- Acerca del Posible origen de la grave violación de la Constitución Española en materia de contribuciones – Conclusión Octava

El origen, es lo que da lugar al fenómeno histórico.
Lo explica y permite rectificarlo.

La cantidad de Leyes, Decretos, Reglamentos y Disposiciones en materia tributaria es de lo más diversa y cambiante.

Principalmente responde a las necesidades de Estado.
Antiguamente a financiar las campañas bélicas y en tiempos de paz a lograr un mejor estado de beneficio social.

Si las normas varían con demasiada frecuencia y en períodos muy cortos, es imposible que pueda haber cierta seguridad de usarlas como medios de defensa, e incluso como medios de trabajo.
La multiplicidad de normas emitidas complica el sistema impositivo y da a conocer la falta de capacidad de políticos y funcionarios que no han informado acerca de la existencia, de una diferencia constitucional de tal magnitud.

Conclusión Octava
Es solamente simplificar el sistema y atenerse a la Constitución Española el único medio para obtener una Ley Justa, equitativa y proporcional para todos.

8.9- Acerca del Estado de Beneficio Social – Conclusión Novena

El Estado Español tiene su razón de ser en el beneficio de la sociedad.

Se entiende, por los razonamientos anteriores y por la Constitución Española que este beneficio se divide en costes de forma proporcional a las capacidades económicas de los individuos y a sus actos mercantiles.
Y como bien señala la Constitución Española este Estado no puede extinguir a la misma sociedad, a tal punto que debe prevalecer el derecho de quien menos tiene en materia de contribución.

Y no para toda la vida.

Sino que, dependiendo del flujo económico que tenga el individuo.
Esto que da lugar a una mayor o menor participación económica en el beneficio Social y por lo tanto, su consecuencia que es, un mayor aporte económico por dicho beneficio.

Conclusión Novena
El Estado debe estimular el crecimiento del Individuo y lograr equiparar su economía, para que alcance niveles superiores, que le permitan tener la posibilidad de reintegrar en la Sociedad con mayores contribuciones.

8.10- Acerca del principio confiscatorio como abuso – Derecho comparativo – Conclusión Décima

No es desacertado citar a creadores de otras Constituciones con principios soberanos y de sociedad como lo es la Constitución Española.

Juan Bautista Alberti, creador de la Constitución Argentina decía:
“…En la formación del Tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y hoyada la seguridad personal; en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido, denigrado el país….. ….No hay garantía de la Constitución, no hay uno de sus propósitos de progreso que no puedan ser atacados por la contribución exorbitante, desproporcionada o el impuesto mal colocado o mal recaudado.”

En Derecho tributario no es un acto voluntario, sino que es una imposición ya que existe la determinación de una obligación (deber general con la sociedad), donde el Individuo hace entrega de parte de su patrimonio al Estado.

Es decir, la voluntad colectiva es la que se impone sobre la voluntad individual.

Sin embargo, este Derecho que facilita la cuestión tratada a la Administración, no es sino válido como consecuencia del Derecho a los bienes, a la propiedad privada, a la NO Confiscatoriedad del trabajo, que de esto último es lo que se trata.

Conclusión Décima
El Estado tiene el Derecho en materia de contribución, siempre que este sea regulado por un derecho superior, como es el de la Constitución Española, fuente de toda Verdad en materia Legal y Justicia.


8.11- Acerca de La Certeza como norma para el futuro de la Sociedad – Conclusión Undécima

El Estado debe proyectarse y proyectar a los Individuos al futuro.

La Patria, de Padre, relaciona estrechamente este vínculo de Estado protector de los intereses de los Individuos a diferencia de un Estado donde los Individuos pertenecen solamente como objetos económicos.

Por lo tanto, se debe establecer que el Legislador fije el impuesto con certeza pronunciando Leyes claras y sobre todo acorde con la Constitución Española.

Señalar con claridad, el objeto de la imposición, el sujeto pasivo, el hecho imponible, el nacimiento de la obligación tributaria, la tasa y las aplicaciones de estas para que no resulten confiscatorias o abusivas o desproporcionadas a la realidad económica del Individuo o del hecho imponible.

Conclusión Undécima
El Estado no queda sumido en una reducción de la recaudación.
Por el contrario, si es necesario recaudar debe hacerlo a quienes tienen más para pagar.

Luego a quienes tienen menos y una vez agotado estos, a quienes nada han ganado, solicitando su esfuerzo social y no, exigiendo un dinero que no poseen, bajo apercibimiento de sanción, embargo, cese de créditos, etc.

No puede existir que un Trabajador Autónomo trabaje para cotribuir con un porcentaje superior al 30%, como lo hace una Sociedad Anónima y bajo ningún concepto deber más dinero que el que obtiene cada vez que trabaja.

Esto último es lo que está ocurriendo en la actualidad..

8.12- Razonamientos – Resumen

1) Los principios tributarios “son el límite del Poder Tributario del Estado.

2) Es el Individuo y el propio Estado quienes están subordinados a la Constitución Española,.
Toda Ley debe asegurarse en la Constitución Española.

3) En el Estado moderno se garantizan los derechos de los Ciudadanos y las normas o Leyes del Estado deben pertenecer a un orden Constitucional para bien de los Ciudadanos.

4) Es evidente que, una Ley que confisca, que no es proporcional, no es justa e invade los derechos de la propiedad privada.

5) Se desprende de la Constitución Española en su Artículo 31, que plasma claramente el alcance de las contribuciones para su sostenimiento.

6) No me niego a contribuir ni a sostener al Estado.
Solamente exijo que se cumpla la Constitución Española
.

7) El Estado debe tener una interpretación más acertada en nombre de la Igualdad, acertando en el espíritu del principio de proporcionalidad, como lo enuncia la Constitución Española. «El que más gana, más paga».

8) Es solamente atenerse a la Constitución Española el único medio para obtener una Ley Justa, equitativa y proporcional para todos.

9) El Estado debe estimular el crecimiento del Individuo y lograr equiparar su economía.

10) El Estado tiene el Derecho en materia de contribución, siempre que este sea regulado por un derecho superior como es el de la Constitución Española .

11) El Estado no queda sumido en una reducción de la recaudación.
Por el contrario, debe recaudar más como consecuencia de una proporcionalidad en la contribución, de aquellos que más genen que hoy pagan lo mismo que quin no gana nada.


Expongo Situación Personal

9.1- Situación General

Que soy TA y realizo regularmente la actividad de Fontanero a Domicilio.

9.2- Ingresos

Que debido a mi actividad como Trabajador Autónomo, mis ingresos promedio mensuales no superan la suma de 650 €, Seiscientos Cincuenta euros.

9.3- Importe a Pagar

Que la Administración Tributaria me obliga a realizar una «contribución fija, obligatoria y arbitraria», que se debita de forma automática en mi cuenta.

Que esta «contribución fija, obligatoria y arbitraria» asciende a un importe de 247 Doscientos cuarenta y siete euros, independientemente de cual sea el resultado de mi Trabajo como Trabajador Autónomo.

Que esta «contribución fija, obligatoria y arbitraria» se debita de igual forma como resultado de mi trabajo sea este rentable o no, tenga ganancia o pérdida, o en algunos casos no tenga ingreso alguno.

9.4- Casado

Que estoy casado desde hace 5 años.

9.5- Cónyuge NO Trabaja

Que en la actualidad mi cónyuge no consigue trabajo y que por lo tanto soy el único sostén de mi familia.

9.6- Situación Familiar

Que mi trabajo como TA es el único medio por el cual puedo adquirir el sustento necesario para mantener a mi familia compuesta por 4 hijos.

9.7- Familia – Hijos Discapacitados

Que del resultado de mi trabajo como TA también doy sustento a mi hijo con capacidad disminuida.

Que de ello depende el poder brindar una vida digna y lo más saludable posible.

9.8- Familia – Hijos Primaria

Que es de este trabajo como TA del que debo obtener los ingresos suficientes para cumplir con la Ley y poder enviar a mi hijo a recibir la educación primaria que es obligatoria, según mi responsabilidad como Padre.

Que con este dinero debo pagar el transporte, los útiles y demás elementos que necesitan ellos para ir a clase.

9.9- Familia – Hijos Secundaria

Que es de mi trabajo como TA, de donde genuinamente obtengo el dinero para solventar los gastos de 2 hijosque se encuentran cursando estudios secundarios en pro de ofrecerles una mejor educación y por lo tanto un beneficio a su futuro y al futuro de España.

9.10- Familia – Hijos Facultad

Que tengo un hijo estudiando en la universidad, que tiene en la actualidad dificultades de conseguir trabajo.

Que no les recomiendo que se hagan Trabajadores Autónomos debido a que pueden tener más dificultades, ya que corre el riesgo que le suceda como me sucede a mi, es decir que puedan tener una deuda con el Estado debido a que la «contribución fija, obligatoria y arbitraria» sea superior a sus ingresos.

9.11- Intentos de Búsqueda de Trabajo

Que a pesar de tener yo un conocimiento pleno, de que la Administración Tributaria está cometiendo incumplimiento a la Constitución Española de forma reiterada, periódica y habitual, he tratado de conseguir trabajo como Fontanero por horas o con contrato definido o indefinido.

Que este esfuerzo resultó inútil debido a que, como todos sabemos; como indican los índices estadísticos del Estado y como indican las noticias; son escasas o nulas las oportunidades de conseguir trabajo.

Que agoté esta instancia antes de interponer esta denuncia y querella.

Gravedad de la situación laboral y la ineficiencia de medida
– El País – 10 Feb 2017


9.12- Costas inevitables que el Estado debe pagar

Que los gastos de esta denuncia y querella son tales que inhiben mi derecho a la defensa.

Que no puedo pagar una consulta a un abogado que cobra aproximadamente 200 euros, solamente por iniciar el trámite.

Que además el abogado me indicó que el precio a cobrar depende de lo que dure el proceso y de las diligencias que tenga que hacer.

Que el abogado no me pudo precisar el tiempo de duración del proceso, pero me informó de que seguramente durará muchos meses.

Que no puedo pagar un proceso que dure muchos meses.

Que esta es la razón por la que entiendo el Estado debe abonar todas mis costas procesales, debido a que el papel, el transporte, el tiempo dedicado y otros gastos dan como resultado un importe total que, para quien gana un dinero decente, puede ser poco significativo, pero que para mis ingresos en muchos casos, supera mis posibilidades.

Que entiendo que, la gravedad de los hechos, la negligencia con la que procede la AT y que por otra parte, el Estado como fiel defensor de los derechos y garantías Constitucionales, no puede negarse bajo ningún concepto a negarme el pago de los elementos necesarios para ejercer mi legítimo derecho a la defensa que me es despojado con una CO y que me perjudica para hacer esta denuncia.

Que salvo que la AT determine lo contrario y SU de lugar a esta determinación; expongo que procederé a debitar del importe que tenga que pagar a la AT en concepto de los gastos ocasionados para ejercer mi derecho en lo referente a esta DQ, en el momento de hacer el depósito en consignación previsto.

Responsabilidad del Estado
– Artículo 121 Los daños causados por la Administración

De Actuar sin intención de hacer daño «Alterum non laedere»

9.13- De la misma forma que procede el Estado

Que con la misma fuerza con la que procede el Estado, pero en mi caso, de una manera diferente que consiste ante todo en no cuestionar, violar o desautorizar a la Constitución Española, procederé a descontar todos y cada uno de los gastos en los que tenga que incurrir a lo largo de este proceso.

Que el poco dinero que tengo, que igualmente, limita mi defensa y estos gastos que tendré que solventar con préstamos, favores u otras formas de las cuales el Estado es ajeno y con su reiterada violación a la CE, no me deja más remedio que ampararme en mi legítimo derecho a la máxima defensa tomando esta medida precautoria.

Que las pruebas, las leyes, los principios del Derecho y demás motivos que hago saber en esta denuncia y en esta querella, son claros y contundentes, por lo que la AT tiene toda la potestad para acabar con esta confiscatoriedad contraria a todo principio, a toda doctrina nacional e internacional y como razón principal, contraria a lo que explícitamente dicta la CE, sin duda de interpretación.

Que declaro que la AT puede dar fin a esta demanda y a esta querella con solo respetar la CE.

Artículo 20 – Código Penal – LegítimaDefensa
5.º El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:
Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.


Expongo – Motivaciones por las que hago esta denuncia

10.1- Lo antes posible, procederé a iniciar denuncia frente a la Administración Tributaria

Que me resulta imposible proceder sólo por la vía administrativa, debido a la temeridad y negligencia con que la Administración Tributaria de forma unilateral y ejecutiva, debita de mi cuenta el importe de la «contribución fija, obligatoria y arbitraria», y que, en caso de no contar con el dinero suficiente, procede a practicarme multas, embargos y demás elementos ejecutivos de cobro.

Que lo antes posible, con el depósito en consignación pertinente que salvaguarda genuinamente mi derecho, comenzaré trámite en la AT, con el propósito, si es posible, de dar fin a esta denuncia según lo previsto en los AA 102 y 270 del CPP.

Que en caso de renunciar a la denuncia penal, como en caso de conformidad o mediación conforme al Artículo 143 del CPP, no renuncio a mi derecho de costas, según lo previsto en los AA 139 y 707 del CPP, como tampoco renuncio a mi derecho a continuar litigando sobre gastos, daños, perjuicios, devoluciones, multas inapropiadas, sanciones, moras cobradas por la AT y demás elementos según lo previsto en los AA 99 y 101 del CPP; salvo que me exprese explícitamente al respecto de forma personal, sin representantes ni apoderados.

Que dada la suma de dinero que percibo, dada la carga contributiva confiscatoria aplicada, los gastos de este procedimiento son similares a mis ingresos mensuales.

Que procedo entonces con esta denuncia, en la búsqueda de «evitar un mal mayor», que resulta de la expropiación de mis ingresos.

10.2- Porque no hice antes la denuncia

Que no hice antes esta denuncia porque:

a) Conforme a los informes televisivos de los delitos que existen por parte de los políticos y encargados de la AT, no entendí que esta denuncia tuviese sentido alguno o que fuese a ser viable.

b) Que no pensaba que tenía la posibilidad de hacer una denuncia al Estado en un Tribunal Español.

c) Que pensaba que para hacer una denuncia, necesitaba un abogado y un procurador, a quienes debía pagar por adelantado.

d) Que si en otro caso Judicial interpuse denuncia con o sin abogado, fue porque así se dieron las condiciones y así entendía que funcionaba el Sistema Judicial.

e) Que pensaba que no todos los TTAA estaban en la misma condición que la mía y ahora sé, que hay millones de Españoles en la misma situación.

f) Que pensaba que los políticos y los partidos políticos en el gobierno, eran los únicos que podían hacer que las cosas sean como corresponden; y que yo no tenía fuerza alguna para poder hacer que se cumplan los Principios de la CE.

g) Que no sabía cómo hacer un pago en consignación, ya que la AT debita todo importe que entiende unilateralmente procedente, sin previo aviso en mi cuenta.

h) Que en caso de no tener todo el dinero para el pago de una CO, la AT es capaz de realizar un embargo de mis bienes o de mis fondos; con la consecuencia de un bloqueo de mi cuenta, lo que afecta de forma irreversible mi imagen económica frente al banco como a otras entidades y/o personas lo que atenta directamente con mi actividad como TA.

j) Que la AT estando obligada a dar todo tipo de información para mi legítima defensa, no solamente hace caso omiso de brindar esta información, sino que elude toda responsabilidad en cumplir la CE.

Acerca del Procurador – Gastos y otros
– Artículo 23. Código Procesal – Intervención de procurador.

– Artículo 29. Código Procesal – Provisión de fondos al procurador.
– Artículo 33. Código Procesal – Designación de procurador y de abogado.

Acerca del Abogado – Honorarios y otros
Código Procesal Civil – Artículo 33. Designación de procurador y de abogado.
Código Procesal Civil – Artículo 35. Honorarios de los abogados.

Gastos judiciales
– Artículo 241. De la tasación de costas – Código Procesal Civil
– Artículo 251. Reglas de determinación de la cuantía


10.3- Hay sanciones si no se cumple

Que estoy informado de que en caso de no hacer frente al arbitrario y unilateral pago decretado por la AT, la AT intentará de forma ejecutiva; embargar mis cuentas y bienes, por encima de toda disposición Judicial.

Que esta acción constituye efectivamente un saqueo de mi propiedad, debido a que la misma aplicación impositiva es la que me inhibe para tener suficiente dinero para hacer frente a este pago.

Que también estoy informado que, corresponde a un buen proceder por mi parte el hacer un pago en consignación Judicial hasta que se aclaren los hechos; para de esta forma cumplir con la AT y con la Justicia.

Que con esta acción, también dejo constancia clara de mi intención de pago de una contribución que cumpla con lo establecido en la CE, con los principios del Derecho y con la LGT en lo que referente a la «no confiscatoriedad» y a la «proporcionalidad» del pago.

Acerca de la Consignación Judicial
Código Procesal – Art. 584 acerca del pago por consignación Judicial.
– Doctrina y Aplicación del pago por consignación Judicial

10.4- Es inconcebible, intolerable, ilegítimo e inconstitucional

Que es inconcebible, ilegítimo e inconstitucional, que la AT pretenda cobrar un dinero que no tengo, porque no lo he ganado o que en casos, confisque todos mis ingresos para el pago de estas obligaciones.

10.5- Porque ahora si interpongo denuncia

a) Que me he puesto en contacto con otros TTAA en mi misma situación y me di cuenta que este tema es muy importante y que debe ser aclarado, resuelto y generar un antecedente ejemplificador para que nunca más ocurra que se viole la CE.

b) Que me he enterado acerca de los errores en mis supuestos de los párrafos anteriores y que la Justicia es para servir a los Ciudadanos.

c) Que entiendo perfectamente cuales son mis derechos y como poder hacerlos valer, con la debida explicación y justificaciones legales que tengan que ver con los hechos denunciados, expresándome de forma clara con las justificaciones y los cálculos que aseveran mis dichos.

d) Que no es necesario pagar una provisión de fondos a un procurador de 200 o 250 euros, importe que piden por adelantado para llevar adelante una denuncia como esta; y otros importes mensuales para atender consultas, contestaciones o trámites; sino que puedo presentarme por mis propios medios e interponer denuncia y querella.

e) Que para conseguir dinero para el pago, en los casos que no gane lo suficiente para pagar la CO, no puedo seguir utilizando medios como continuar pidiendo favores de préstamos, recortando gastos en salud, en educación o en otros bienes imprescindibles, para hacer frente a la contribución en el tiempo y forma que lo exige la AT.

f) Que ya he tenido que recurrir a parientes para que me den dinero para el pago de esta CO.

g) Que ya he tenido que recurrir a amigos para que me den dinero para el pago de esta CO.

h) Que la continuidad del cobro de la CO no determina que la misma sea conforme a las regulaciones de la CE.

i) Que he visto en los medios televisivos que se ha hecho justicia con casos que pensaba irresolubles, de personas que han ocupado cargos de gobiernos y de la AD, lo que me da muchas esperanzas de poder lograr un trato justo de los hechos que detallo en esta denuncia conforme a las irregularidades con las que procede la AT.

Artículo 20 – Código Penal – LegítimaDefensa
5.º El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:
Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.


10.6- Que la Justica no actúa porque si

Que el Ministerio Fiscal, junto con el Poder Judicial, no pueden actuar en estos casos porque si, por un rumor, por un supuesto; sino que necesitan que personas como yo reclamen y hagan valer sus derechos.

Que los Ciudadanos deben expresar su situación, explicarlas y demostrar claramente las irregularidades a las que son sometidos.

FuncionesFiscal
Artículo 14.- Tutela de las víctimas «informarán a los ofendidos y perjudicados
por el delito de los derechos que les asisten»

10.7- Intención del Senador Enrique Fuentes Quintana

Que la intención del Senador Enrique Fuentes Quintana (1924 – 2007), unos de los padres de la CE , quien hizo hincapié en la definición del A31 de la CE, es clara en lo que se refiere a transparencia, proporcionalidad y no confiscatoriedad de una contribución.

Que por esto, llego a la evidente conclusión de que, si se sigue esta viá de violar la CE; esto traerá como consecuencia, un retroceso de estos históricos avances, donde España es pionera en esta materia.

Que pertenece a mi profunda intención, que no ocurra este retroceso.

10.8- Autores de Derecho que escriben acerca del carácter confiscatorio del impuesto y su nulidad

Que existen reconocidos autores de derecho, citados en sentencias Judiciales, donde se fundamentan los principios de la Ley y que toman como confiscatorio aplicaciones contributivas mayores al 50%.

Acerca del impuesto confiscatorio, cuando este es mayor a un 50%
Artículo New York Times

10.9- Existencia de una grave Situación Nacional

Que la forma confiscatoria con la que se procede a aplicar esta CO, no solamente atenta sobre mi economía, sino que produce un gasto al Estado ya sea porque algunos ciudadanos prefieren vivir de las ayudas, antes que arriesgarse a endeudarse con la AT, lo que acrecienta aún más el problema laboral y económico que vive España.

Gravedad de la situación laboral y la ineficiencia de medida
– El País – 10 Feb 2017

10.10- Existencia de «Negligencia» por parte del Estado

Que en base a lo expuesto, que existe una negligencia por parte del Estado, que es consecuencia de la desatención a la CE en su A31.

Que la CE responde a una elaboración acertada de la aplicación contributiva ya que como se deduce de los expuestos, los males que se derivan de esta distorsión del sistema impositivo, tienen un alcance que van más allá de los problemas económicos de un individuo en particular.

Negligencia – Artículo 118 Código Penal

Expongo – Cobro, Pago, Mecanismos

11.1- Se obliga a pagar

Que la AT me obliga a realizar el pago de la CO en concepto del trabajo como TA, exigencia de pago que consiste en un importe mínimo sin proporción alguna a los ingresos, ni a la ganancia o a la posibilidad económica de pago, correspondiente al resultado económico del trabajo; acabando con todo principio a la proporcionalidad, vertido en la CE.

Principio de la «Proporcionalidad»
Artículo 31 de la Constitución Española.
Autores El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, obliga al Estado a determinar una contribución justa y proporcionada.
Profesor Elviro Aranda Álvarez

11.2- De igual forma, si no percibe beneficio alguno durante el mes

Que las veces que durante el mes no he cobrado suma alguna por el desempeño de mi trabajo como TA, se me exige igualmente el pago de esta CO, pago que se ve imposibilitado por mis propios medios.

11.3- De igual forma en meses de poco cobro

Que en determinados meses, el beneficio neto ingresado como resultado de mi trabajo como TA, es menor a lo que tengo que pagar como CO, hecho que imposibilita que realice el pago por mis propios medios.

11.4- Tengo que pedir dinero para pagar.

Que por esta razón, en situaciones, he tenido que pedir dinero prestado y explicar a quién se lo he pedido lo insólito que resulta que tengo que pagar de forma mensual más dinero del que me ingresa por mi trabajo como TA.

11.5- De igual forma en meses de Poca Ganancia

Que existen meses donde, si a lo que cobro neto como TA, le resto lo que gasto para realizar esta actividad, me da un resultado negativo.

Que sin embargo la AT me obliga a realizar el pago de una suma mínima como CO, lo que imposibilita que realice el pago por mis propios medios.

11.6- Además, está el pago del IRPF

Que además de esta «contribución fija, obligatoria y arbitraria», existe el pago del IRPF que suele estar entre el 15% y el 20%.

Ruego a Su Señoría, calcule cuanto le queda neto a un Trabajador Autónomo:

a) Que cobra 500 euros.
b) Que debe pagar los gastos de su actividad, pagar una «contribución fija, obligatoria y arbitraria» de más de 240 euros.
c) Que luego de este resultado, le reste el pago de un 20% de IRPF.

Que obtenido este resultado se puede ver claramente que, en muchos meses, falta dinero para afrontar estos pagos, no por un mal cálculo de ingresos o una mala administración, como quieren señalar algunas corrientes, sino porque es imposible hacer un pago confiscatorio contando solamente con medios propios, sin recurrir a ayuda externa.

11.7- Además, está el pago del I.V.A.

Que además está el pago del I.V.A., que impacta en un 21% de lo cobrado.

11.8- Además, está el pago del Gestor

Que además tengo que pagar un gestor, que es quien conoce los elementos de la AT para poder defender de forma administrativa mi posición, hasta este límite, donde se hace obvio la omisión al A31 de la Constitución.

11.9- Dado lo increíble de esta situación

Que dado lo insólito, lo improcedente, lo sin sentido de este pago, contrario a la Constitución Española, es tan evidente que genero duda en aquellas personas a quienes pido dinero prestado ya que no pueden creer que la Administración Tributaria proceda de esta forma.

Que le pido a Su Señoría que comprenda lo difícil que resulta poder explicar a una persona que la Administración Tributaria es capaz de cobrar más dinero de forma mensual, que lo que gano cada mes y a la vez, tener que pedirle dinero prestado para hacer este increíble pago.

Que esto además vulnera mi credibilidad frente a mis amigos y parientes, credibilidad que no pienso demandar bajo ningún concepto conforme lo establece la Ley, porque será suficiente mostrar esta denuncia y el resultado de la misma para que comprendan lo terrible de esta situación.

11.10- Además

Que cuando hago estas reclamaciones, no falta quien dice «Pero el impuesto lo devuelven».
Que no es cierto.

Que la «contribución fija, obligatoria y arbitraria» se paga y no se devuelve bajo ningún concepto por el Estado, ni en ninguna situación.

Y que si me equivoco en estas afirmaciones, entonces me devuelvan el dinero y esta demanda y querella no tiene sentido alguno.

11.11- Respuesta de la Administración Tributaria

Que la Administración Tributaria, advertida de esta violación a la Constitución Española, responde de forma indiferente y reiterada diciendo: “Si le parece mal, vaya y haga la denuncia o haga lo que tenga que hacer”.

Que por esta razón, estoy aquí interponiendo denuncia y querella.

Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria
Artículo 34 Derechos y garantías de los obligados tributarios
a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
AT

11.12- Conclusión

Que, sin importar mis ingresos, que sin importar los gastos directos o indirectos que tenga como Trabajador Autónomo, el Estado me cobra igual y siempre la misma «contribución fija, obligatoria y arbitraria».

Que esto es efectivamente, en algunos meses; totalmente desproporcionado y confiscatorio.

Que, por lo tanto, esta contribución no obedece de ninguna forma a los principios del Artículo 31 de la Constitución Española y a los principios esenciales del Derecho, como tampoco a los principios de la Ley General Tributaria y como tampoco a los principios de la Justicia Europea e Internacional, como pasaré a demostrar de forma detallada y precisa.

Principio de la «No Confiscatoriedad»
Artículo 31 de la Constitución Española (Ver Trascendencia de la Constitución Española).
Autores Marcial Rubio y Luis Hernández Berenguel.
– Derecho Comparado Europeo «Convention européenne des droits de l’homme» Convenio Europeo de Derechos Humanos

Principio de la «Proporcionalidad»
Artículo 31 de la Constitución Española.
Autores El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, obliga al Estado a determinar una contribución justa y proporcionada.
Profesor Elviro Aranda Álvarez

Expongo – Situaciones donde se da el Incumplimiento de la Ley por parte del Estado y la Administración

12.1- Importancia del Artículo 31 de la Constitución Española

Que la Constitución Española es reconocida por los principales Juristas y Catedráticos del Derecho de todo el mundo debido a la inclusión del Artículo 31.

Que obedece a la doctrina del derecho que se pretende conservar acerca de la Justicia del Estado, de la no confiscatoriedad y el respeto de la Propiedad Privada y es que España junto a pocos países, se ubica en la vanguardia en este tema, incluyendo este concepto explícitamente en la Constitución.

Reconocimiento Internacional de la Constitucion Espanola7
Trascendencia de la Constitución Española – Periódico La Nacion de Argentina

12.2- Violaciones Constitucionales – Arbitrariedad

Que no me sorprende la existencia de hechos similares.

Que ya hemos asistido en numerosas ocasiones a ver a funcionarios públicos y políticos cometer violaciones a la Constitución Española y sus consecuencias, hecho que me ha puesto de pie para defender mis derechos; en vista de una Justicia que funciona para los intereses de los Españoles y de toda España en su conjunto.

12.3- Debemos entonces, vigilar y hacer vigilar la Constitución de España

Que lo antedicho no deja lugar a duda que deber de todo Ciudadano es de «vigilar y hacer vigilar» la observancia de la Constitución Española y en este caso particular, en lo que se refiere a las contribuciones hacia el Estado, para que nunca ocurran estas negligencias.

Que como dijo Su Señoría el Magistrado Manuel Almenar, son los Magistrados quienes acompañan estas acciones en defensa de la Constitución Española.

«Guardar y hacer guardar la Constitución»
Por Manuel Almenar, Presidente de la Asociación Profesional de Magistratura

12.4- Se opone a la Constitución

Que esta aplicación de la contribución al Estado resulta temeraria y negligente, ya que se opone frontalmente a la Constitución Española en lo que se refiere al Artículo 31.

Que entonces, esta aplicación contributiva no responde bajo ningún concepto a mi capacidad económica tal como lo expresa el artículo Constitucional expuesto.

Articulo 31 de la Constitución Española
Acerca de la capacidad económica y el cáracter no confiscatorio del impuesto.

12.5- Consecuencias de no regirse por la Constitución Española

Que los actos temerarios de no regirse por la Constitución Española para decidir una Ley, Decreto o Normativa traen como consecuencia que estas jamás armonicen con el Sistema Judicial en su conjunto, hechos estos que dan lugar a este tipo de irregularidades que vengo a denunciar.

Que procederé a exponer las consecuencias que dan como resultado la sanción de Leyes, Decretos y Normativas que se ha realizado sin tener en cuenta los preceptos de dicha Constitución Española y por lo tanto, demostraré la ilegalidad de su aplicación en el pago de una «contribución fija, obligatoria y arbitraria» obligada por la Administración Tributaria.

12.6- Irregularidades acerca del Artículo 31 de la Constitución Española

Que en referencia a las obligaciones exigidas para los TTAA, en muchos casos y en el mío propio se ven violados o eludidos los Artículos expresados en la CE, principalmente en su A31 ; como así también de los principios de la LGT, de forma explícita en lo referente a los derechos de quienes contribuimos con el sostenimiento del Estado mediante nuestro trabajo.

Principio de la «No Confiscatoriedad»
Artículo 31 de la Constitución Española (Ver Trascendencia de la Constitución Española).
Autores Marcial Rubio y Luis Hernández Berenguel.
– Derecho Comparado Europeo «Convention européenne des droits de l’homme» Convenio Europeo de Derechos Humanos

12.7- Es un Agravante y no un atenuante el no cumplimiento «metódico y permanente» de la Ley y de la Constitución

Que quiero señalar mi experiencia personal.

Que, en primer lugar, cuando el Estado o la Administración Tributaria incurren en una falta, a primera vista se entiende que está haciendo lo correcto y más aún cuando estas acciones continúan en el tiempo, sin ningún tipo de objeción.

Que las personas a las que he consultado, no comprenden la matemática del tema.

Que cuando lo explico detalladamente y comprenden la matemática de este tema, se sorprenden por los resultados, por las consecuencias, por la inoperancia y por sobre todo por la magnitud del tema.

Que además de que me cueste mucho entender cómo se procede a hacer una denuncia y como presentarla, también me encuentro con la imposibilidad de contratar un abogado, que cobra como mínimo más de 150 euros o 250 euros por ver una denuncia o una querella, como tampoco tengo dinero para pagar a un procurador que pide más de 250 euros como previsión de fondos, más sus costas advertidas, dinero del que no dispongo y que no se puede calcular a ciencia cierta; porque entre otras cosas, la Administración Tributaria me aplica la obligación de una «contribución fija, obligatoria y arbitraria».

Que además de todo esto, los letrados consultados me informan que me van a cobrar por mes y que esta denuncia puede durar muchos meses en resolverse.

Que, por lo tanto, debido a esta obligación a la que me somete la AT, se ve limitada mi capacidad de hacer una denuncia con la colaboración de un letrado, lo que no corresponde al principio de igualdad de armas, frente a la Administración Tributaria, principio y posibilidad de la que carezco, por no tener medios; medios que son confiscados por una AT que hizo, y continua haciendo, caso omiso a la Constitución Española.

Que lo simple que vengo a denunciar, lo es de tal manera y resulta explicado para que cualquiera, entendido o no en la materia, vea la negligencia reiterada.

Que también mostraré que es más fácil y razonable establecer para los Trabajadores Autónomos, obligaciones contributivas, aplicando fielmente la Constitución Española.

Que es el mismo Estado quien confisca mis ingresos y a su vez, limita mi derecho a la defensa.

Que, por lo tanto, sabiendo la AT que no tengo suficiente dinero, y que realiza un cobro ejecutivo que no es proporcional y es a la vez en casos confiscatorio, es un Agravante el hecho que se siga con esta práctica viciada.

Acerca del Procurador – Gastos y otros
– Artículo 23. Código Procesal – Intervención de procurador.

– Artículo 29. Código Procesal – Provisión de fondos al procurador.
– Artículo 33. Código Procesal – Designación de procurador y de abogado.

Agravante
Artículo 22 – Código Penal – De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal.
(1º) «Ejecutar el hecho con alevosía»; (2º) «…con abuso de superioridad…»;
(5º) «Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima…»;
(6º) «Obrar con abuso de confianza.»;
(7º) «Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.»

12.8- Origen de la carga contributiva según la Ley General Tributaria

Que la Ley General Tributaria expresa en su Artículo 8 lo siguiente:

«a) La delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable, la fijación del tipo de gravamen y de los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así como el establecimiento de presunciones que no admitan prueba en contrario.
b) Los supuestos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta y su importe máximo.

Que entonces se deduce naturalmente que; utilizando el razonamiento más favorable para la Administración Tributaria; el importe tomado como base que obliga a la carga contributiva, no confiscatoria y proporcional, corresponde al beneficio establecida como resultado de la actividad laboral.

Que no debe aplicarse entonces «un supuesto» temerario donde no se especifica la base, sino que solamente se especifica un importe fijo sin más.

Que la Ley no es una imposición, sino que es el resultado de la voluntad de los Ciudadanos.

Que de esta forma, cualquier arreglo de Ley que no está sujeto a las directrices de derecho racional o de la Constitución Española, deben tener explicación clara y consecuente.

Que este no es el caso de la norma que regula la «contribución fija, obligatoria y arbitraria», ya que en ningún momento da una explicación, ni sujeto, ni circunstancia donde se establezca dicha presunción.

Que sin base alguna, la Administración Tributaria determina un pago de contribución mínimo al Trabajador Autónomo que este debe responder si o si; gane o no gane dinero.

Que en síntesis, la «contribución fija, obligatoria y arbitraria» no guarda proporcionalidad, es en todo sentido confiscatoria, y para todas estas «disposiciones arbitrarias», NO existe alguna explicación al respecto para dejar de lado todas estas normas del derecho y de la Constitución Española.

12.9- Recaudación Confiscatoria – Imposibilidad de recurrir a la vía Administrativa

Que la AT me obliga a realizar el pago de mi CO en concepto de mi trabajo como TA en carácter confiscatorio y de forma unilateral ejecutiva sin posibilidad de recurrir a ninguna forma administrativa, salvo la vía Judicial.

12.10- Desproporción en el Cobro de Contribuciones al Estado como Trabajador Autónomo

Que si el ingreso que tengo promedio es de 700 € (euros setecientos) y este, es menor o similar a la CO que debo pagar por este ingreso, se me cobra este importe que resulta del todo desproporcionado a mis ingresos como TA.

Que esto significa, que como resultado de mi trabajo, pueda pasar a deber dinero a la AT.

Principio de la «Proporcionalidad»
Artículo 31 de la Constitución Española.
Autores El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, obliga al Estado a determinar una contribución justa y proporcionada.
Profesor Elviro Aranda Álvarez

12.11- No hay duda del Artículo 31 acerca de la confiscatoriedad del impuesto

Que no existe duda alguna en la interpretación del Artículo 31 de la Constitución Española acerca de la imposibilidad concreta del Estado de cobrar cualquier tipo de contribución, cuando esta resulta confiscatoria y/o no resulta proporcional.

12.12- No hay duda del Artículo 31 acerca de la Proporcionalidad

Que no existe duda en la interpretación del Artículo 31 de la Constitución Española acerca del criterio de proporcionalidad que debe aplicarse a una contribución u otra forma de financiar los recursos del Estado para los objetivos previstos, debido a que el pago de la obligación resulta en casos, por encima de lo que gana un Trabajador Autónomo.

Principio de la «Proporcionalidad»
Artículo 31 de la Constitución Española.
Autores El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, obliga al Estado a determinar una contribución justa y proporcionada.
Profesor Elviro Aranda Álvarez

12.13- Se opone también al principio del Derecho Tributario

Que esta acción, este pago de una «contribución fija, obligatoria y arbitraria» se opone también al principio, que se tiene en cuenta como premisa en el derecho tributario, principio que sostiene que la recaudación llevada a cabo por el Estado nunca podrá ser tal que conlleve la privación completa de bienes del sujeto.

Principio de la «Proporcionalidad»
Artículo 31 de la Constitución Española.
Autores El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, obliga al Estado a determinar una contribución justa y proporcionada.
Profesor Elviro Aranda Álvarez
LGT

12.14- Cuando la contribución supera lo cobrado, se contrae una deuda por trabajar

Que existen situaciones en que se exige a los Trabajadores Autónomos el pago de esta «contribución fija, obligatoria y arbitraria», correspondiente a un mes donde se ha cobrado menos que la contribución exigida o nada.

Que esta «contribución fija, obligatoria y arbitraria» resulta imposible de pagar, debido a que no hubo ingresos; y aunque la Administración Tributaria sabe que es así, el Trabajador Autónomo no tiene más remedio que constituirse en deudor de la Administración Tributaria; con todas las multas y recargos que también resultan improcedentes, dado su origen.

Que entonces existe el caso donde los Trabajadores Autónomos deben pagar por el hecho de trabajar, sin beneficio alguno.

Que existen casos donde los Trabajadores Autónomos se endeudan por trabajar.

Que si Su Señoría interroga a la Administración Tributaria y pregunta ¿ Es posible entonces que debido al pago de la contribución se de el caso que un Trabajador Autónomo se endeude por trabajar ?

La respuesta es «SI».

12.15- En ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. El alcance este incumplimiento, como afecta el honor y la familia

Que de forma temeraria la AT, en la exigencia de este aporte, se contradice totalmente con el principio de que ”en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”, sin importar las consecuencias que esta acción pueda tener como efecto personal o en un núcleo familiar.

Que el trabajar, ganar dinero y que este se vaya todo para pagar una CO, hace que el TA no se vea digno de aquellos con los que comparte su vida, ya que se ve despojado arbitrariamente y sin defensa alguna de todo su dinero o en la práctica, de una parte tan importante que toma título confiscatorio.

Que esto vulnera el honor de los TTAA.

Que no pretendo querellar por este delito, porque es mi intención que se aplique la CE y por lo tanto se regularice esta situación.

Principio de la «No Confiscatoriedad»
Artículo 31 de la Constitución Española (Ver Trascendencia de la Constitución Española).
Autores Marcial Rubio y Luis Hernández Berenguel.
– Derecho Comparado Europeo «Convention européenne des droits de l’homme» Convenio Europeo de Derechos Humanos

Proteccion al Nucleo Familiar
Constitución Española – Artículo 39 Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

12.16- La Ley asegura «Un sistema tributario justo»

Que resulta evidente que la exigencia de la Administración Tributaria en su importe, como en su forma de aplicación, no responde de forma alguna a “un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, expresado en la Constitución Española.

Que a pesar de toda la Doctrina del Derecho, de Autores renombrados, de los Juristas nacionales y extranjeros, es la Administración Tributaria y sus Directivos que se consideran impunemente por encima de estos valores y de la Constitución Española.

Principio de «Igualdad». Su interpretación acerca de la proporcionalidad de la capacidad. – STC 84/1999, de 10 de mayo, STC 46/2000, de 17 de febrero, STC 47/2001, de 15 de febrero, STC 164/2005 de 20 de junio, STC 91/2007 de 7 de mayo, STC 76/1999, de 26 de abril, STC 200/1999, de 8 de noviembre. SSTC 221/1992 STC 185/1995 acerca de la igualdad y la proporcionalidad.
Autores de Derecho Regis Debray, Marcial Rubio Correa, Luis Hernández Berengue – Principio de Igualdad Tributaria – Calvo Ortega
CE
Principio de «Progresividad»
STC 76/1990, de 26 de abril y STC 150/1990, de 4 de octubre.
Autores Justicia Tributaria – Calvo Ortega y Pérez de Ayala. Derecho Comparativo Costituzione della Repubblica Italiana Articulo 53, Constituçao da Republica Portuguesa Artigo 104, Constituição da República Federativa do Brasil Art. 145
CE
De la Equidad – «Fiat aequitas pereat mundis»

12.17- Origen Jurídico de la contribución

Que la aplicación de una contribución al Estado, se origina en el ingreso económico y que por lo tanto, si no hay ingreso económico, no existe base para la aplicación de esta contribución.

Que no existiendo ingreso económico, no se puede tributar.

Que existiendo un ingreso económico, no se puede tributar de forma confiscatoria.

Que no es posible tampoco que en los casos donde un Trabajador Autónomo cobra una suma tal que al pagar la «contribución fija, obligatoria y arbitraria», le restan 100, 150 o 200 euros y se pretenda que con este resto del importe, viva y haga frente a los gastos.

Que es el patrimonio económico el origen y consecuencia de toda la base impositiva.

Ordenamiento del Principio Tributario
Ley general Tributataria – Artículo 3 Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario

12.18- Error acerca de la suposición de la «Riqueza o de la Libertad del Trabajador Autónomo»

Que es necesario dejar muy claro que

a) No es cierto que todos los Trabajadores Autónomos ganan mucho dinero
No solamente esto, sino que a veces no se gana nada en todo el mes.

b) No es cierto que todos los Trabajadores Autónomos se dedican a esta actividad por «la libertad» u otros principios ficticios.
Es en muchos casos la única salida a la falta de empleo; el tener que buscar y fabricarse un trabajo por propios medios.

Que existen si, Trabajadores Autónomos, que son miembros de Sociedades Anónimas, de Sociedades Limitadas o de fortunas familiares.

Que estos Trabajadores Autónomos que ganan más dinero, son sin embargo aquellos que menos pagan, lo que demuestra la arbitrariedad de esta «contribución fija, obligatoria y arbitraria» y su violación a todo principio del Derecho y a la Constitución Española.

Que no es este el caso de esta denuncia y de mi condición, ya que si lo fuese, no existiría esta denuncia ya que sería posible el pago de las contribuciones.

Que es también este error de concepto el que hace que los Trabajadores Autónomos que si tienen ingresos para pagos elevados, no hagan este tipo de contribuciones debido a que son beneficiados injustamente con elementos previstos para los Trabajadores Autónomos de escasos recursos.

Que esto ocurre por el mismo principio que lleva a realizar esta denuncia y que se fundamente en que la Administración Tributaria; no considera el principio de la proporcionalidad y de la igualdad; que debe regir la elaboración de toda la Ley tributaria.

12.19- El Trabajo Autónomo no implica Ingreso Económico regular

Que el trabajo como Trabajador Autónomo, no implica bajo ningún concepto que este se encuentre estrechamente ligado o tenga como consecuencia un ingreso constante y/o superior a los gastos, sean estos fijos o móviles; necesarios para el ejercicio de la actividad.

Que a pesar que la Administración Tributaria haya reglamentado, desacertadamente, esta «contribución fija, obligatoria y arbitraria» teniendo en cuenta un ingreso constante y regular, esto no significa que sea cierto.

Que en síntesis, es una gravísima arbitrariedad el proceder con estos «supuestos», basados en que los Trabajadores Autónomos ganan dinero de forma regular, continua y suficiente para el pago de esta «contribución fija, obligatoria y arbitraria».

12.20- Contingencias. Razones de suspensión de pago.

Que la Ley del Trabajador Autónomo contempla una cesación de pagos de la contribución; pero en ningún caso estas obedecen a los conceptos de «proporcionalidad» o de no «confiscatoriedad» enunciados en la Constitución Española en su Artículo 31; por lo que la Administración Tributaria intenta y no lo consigue, tener un mecanismo de reaseguro para los casos de incapacidad de pago.

Que es un Mecanismo Fallido; porque presentando la documentación acreditativa de mis dichos y afirmaciones; y obrando en la Administración Tributaria registro de mi economía, es evidente que no procede para la Administración Tributaria como motivo, el grado de «desproporcionalidad» o de «confiscatoriedad», de forma totalmente temeraria, unilateral y por demás negligente; contrario a lo que dicta la simple lectura de la Constitución Española.

Que las razones, por las cuales la Administración Tributaria considera que una persona no debe pagar es solamente interponiendo quiebra, dejando por sentado que la Administración Tributaria cobrará si o si a todo aquel que tenga o no dinero para afrontar el pago.

Que no tener dinero para pagar una «contribución fija, obligatoria y arbitraria» que no tiene proporcionalidad y es confiscatoria, debido a que en el mes se ha ganado menos que lo que se debe pagar como mínimo, no implica un estado de quiebra.

Que la situación de quiebra es un estado que resulta irreversible, que depende de todo un ejercicio, que depende del patrimonio adquirido y que por lo tanto, no compete a un Trabajador Autónomo desde el momento que la Ley considera todo el activo del Trabajador Autónomo como patrimonio y por lo tanto sería ilegal presentarse en quiebra por no poder pagar una contribución que resulta contraria a los principios del Derecho.

Que es la «contribución fija, obligatoria y arbitraria» la que confisca el ingreso y en ocasiones impide el pago de las obligaciones, y no el resultado de una gestión equivocada o de un gasto superior a los ingresos en el ejercicio de la actividad, único elemento que puede constituir una situación de quiebra real.

Que esto valida de forma inequívoca la afirmación de que la Administración Tributaria no tiene mecanismos administrativos que contemplen los motivos racionales y existentes por los cuales los Trabajadores Autónomos no pueden hacer frente al pago de sus obligaciones, no por quiebra, sino por la simple imposibilidad de no ganar el mínimo previsto para el pago, o ser este pago confiscatorio, conforme lo dicta la Constitución Española y no como resultado de una mala interpretación o error en la formulación de Leyes, Decretos o Normativas de la Administración Tributaria.

Que es la Administración Tributaria la que debe adaptarse y regirse por la Constitución Española.

Que no es la Constitución Española la que debe interpretarse conforme a las reglamentaciones o leyes de la Administración Tributaria.

Cesación de Pago por Quiebra
Artículo 76 – Ley General Tributaria – Baja provisional por insolvencia

12.21- Necesidad de una Proporción del aporte contributivo conforme al ingreso de los Trabajadores Autónomos. Doctrina del Derecho

Que no cabe otra interpretación derivada de la Constitución Española, de la Ley General Tributaria, como de toda la doctrina general del derecho, que la contribución aplicada a un ingreso económico debe guardar legítima proporción entre los beneficios y los gastos; siendo consecuencia de estos.

Que es forma también arbitraria, tomar los ingresos como si no existiesen gastos en la actividad y hacer de estos ingresos la única base de cálculo para la aplicación del impuesto, siendo esta una especulación por demás inapropiada.

Que si procedo con insistencia, es para aclarar cada uno de todos los puntos y ver que la situación que plantea la Administración Tributaria para los Trabajadores Autónomos, no se sostiene bajo ningún punto de vista, sea este de Derecho General, de Derecho Internacional, de la Constitución Española, o del uso de la simple razón y el origen de los hechos.

Principio de la «Proporcionalidad»
Artículo 31 de la Constitución Española.
Autores El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, obliga al Estado a determinar una contribución justa y proporcionada.
Profesor Elviro Aranda Álvarez

12.22- Conclusión. El que gana 500 euros, paga un 50% y quien gana 100.000 euros, paga un 0,3%

Que conforme se pague un importe que resulte proporcional a la ganancia, esta denuncia carecería de sentido.

Que obedece expresamente a que este pago de contribuciones sea proporcional, equitativo y no confiscatorio.

Que puedo basar mi defensa en el «Genuino Principio de mi Máxima Defensa», pero sin embargo, debido a que el Estado es un bien común, limitaré voluntariamente y de forma irrevocable mi principio de defensa a lo que es más Justo para la Sociedad en su conjunto, de la que emanan los poderes del Estado.

Que conforme a lo anterior, expongo una medida justa para que Su Señoría pueda comprender la injusticia actual de la Administración Tributaria en el cobro de la CO, y el contraste de una humilde solución que siendo fiel a la Constitución Española, surge como conclusión lógica y racional de la misma;

Y es:

a) Que por debajo de una ganancia de 400 € .
Siendo que este importe, es el mínimo para la subsistencia de una persona que trabaja.
No se cobre nada.

b) Que por encima de 400 € euros; y por debajo de 1000 €.
Se cobre entre un 10% y un 15%
.

c) Que por encima de 1000 € y por debajo de 2.000 €.
Se cobre entre un 15% y un 20%
.

d) Que por encima de 2.000 € y por debajo de 3.000 €.
Se cobre entre un 20% y un 25%

e) Por encima de 3.000 €, se cobre entre un 25%, un 30% o más; de forma proporcional, constitucional y por consecuencia en beneficio del Estado y de la Sociedad Española en su conjunto.

Que este cálculo guarda la proporcionalidad y la no confiscatoriedad, y no como lo es en la actualidad.

Que en contraste a lo anterior, expongo a Su Señoría que un Trabajador Autónomo que gana 100.000 cien mil euros mensuales, solamente está obligado a pagar un 3% de su salario.

¿ A que proporcionalidad entonces, se refiere la Administración Tributaria ?

Cuando un Trabajador Autónomo que gana 500 euros debe pagar un 50% cincuenta por ciento de su ingreso.

Expongo – Consecuencias

13.1- Estas medidas imprudentes afectan a millones de Trabajadores Autónomos

Que estos hechos no son aislados y se producen en millones de Trabajadores Autónomos de España, lo que acrecienta su gravedad y fomenta la crisis laboral y económica, además de promover la inestabilidad nacional.

Que como consecuencia, obliga a irremediables crisis familiares.
Que como consecuencia, es uno de los motivos del abandono estudiantil.
Que como consecuencia empobrece a uno de los países más ricos del mundo.

Que todo esto es sumamente lógico y razonable cuando se esta frente a una sistemática y continua violación de la Constitución Española

Que es mi obligación como Ciudadano y como defensor de España, el interponer esta denuncia.

13.2- Estimula a no trabajar

Que la CO es demostradamente desproporcionada y tiene carácter de confiscatorio.

Que esto estimula de forma directa y concreta a no trabajar y a solicitar ayuda al Estado u organizaciones similares, produciendo un detrimento de la economía Española.

Que muchas personas prefieren, tener una ayuda del gobierno de 400 euros, antes que ganar trabajando 500 euros y que la AT se quede con 250 euros de la CO, descontando además el IRPF; descontando además el I.V.A..

Que creo en España y en las instituciones Españolas.

Que por lo tanto, a pesar de estas contingencias, seguiré trabajando porque estoy convencido que; utilizado estos medios que me brinda el Sistema Judicial, La Verdad, la Justicia, La Razón y la CE prevalecen sobre toda irregularidad o negligencia.

13.3- No puedo privar a mi Familia de los ingresos por mi actividad como Trabajador Autónomo

Que se me obliga en nombre de la necesidad del Estado a privar a mi familia y personas a mi cargo de alimentos y recursos básicos.

Que por el riesgo que se me determine una situación cuasi delictiva en caso de no pagar esta «contribución fija, obligatoria y arbitraria», sin tener en cuenta mi derecho al trabajo, a un justo salario y a la propiedad privada; es que me allano en mi Derecho de restringir y cancelar todo pago confiscatorio como resultado de mi trabajo, como sostiene la Constitución Española; en defensa de mis derechos individuales, a la vida, de un salario justo, como también a la defensa de mi Propiedad Privada, que se ve vulnerada por la confiscatoriedad negligente que aplica al Trabajador Autónomo.

Derecho al Trabajo
– Artículo 35 Constitución Española

Derecho a Justo Salario
– Artículo 35 Constitución Española

Derecho a la Propiedad Privada
– Artículo 33 de la CE – Derecho a la Propiedad Privada

De la Legítima Defensa
– «Est enim ivdices haec non scripta sed nata lex qvam non didicimvs accepimvs legimvs vervm ex natvra ipsa arripivimus havsimvs expressimvs
ad qvam non docti sed facti non institvti sed imbvti.»

13.4- Conforme a lo anterior

Que bajo el amparo en mi legítimo derecho a la defensa de mis bienes personales y por encima de estos a la defensa de mi familia es que procedo a denuncia, a querella y al pago en consignación de un importe similar o superior al que realiza otro trabajador en iguales condiciones.

Que a igual trabajo, puedo no tener el mismo beneficio como Trabajador Autónomo, pero lo que si debo tener es el mismo tratamiento para contribuir al sostenimiento del Estado a iguales condiciones económicas.

Que por lo antedicho, procedo entonces a un cálculo justo, proporcional y no confiscatorio para la contribución a la AT.

Que tengo en cuenta en dicho cálculo; igual condición económica, igual aportación que a otro trabajador.

Que sin embargo, aplico un importe excedente, a los efectos de que no se tome esta acción, como un atropello o rebeldía al sistema Judicial o económico del Estado, sino como la única y genuina salvaguarda de mis derechos enunciados y de los derechos que se emanan explicitamente de la CE.

13.5- No puedo acceder a Subvenciones

Que además de que la CO reduce de forma confiscatoria mis ingresos, de manera total o parcial, el hecho de estar dado de alta como TA me inhabilita a tramitar todo tipo de ayuda o subvención o paliativo para regularizar mi situación económica.

Que esto me pone en inferioridad de condiciones frente a otras personas que prefieren quedarse en sus casas sin trabajar, ni aportar riqueza a España porque si, o porque muy razonablemente, tienen el temor de que si comienzan por su cuenta una actividad laboral, el pago de las contribuciones por ser TA, sea superior a sus ingresos; además de perder las ayudas que perciben actualmente, aunque sus ingresos no sean suficientes.

Que esta exposición demuestra claramente la negligencia con la que se sostiene este sistema que la AT impone a los TTAA, contrario a toda necesidad del Estado y de los Ciudadanos de España.

13.6- No puedo acceder a créditos

Que en los casos que ocurriese, como en los que pudo haber ocurrido, que la aplicación temeraria de sanciones impuestas por la AT en caso de imposibilidad de pago, generan informes económicos negativos, que puede hacer que las entidades bancarias, suspendan todo tipo de crédito y/o obliguen a la resolución cancelatoria de los mismos, lo que me pone en una situación extorsiva por parte de la AT y da por negada cualquier acción para poder poner solución a la misma.

Que puedo no tener dinero para pagar, por el origen ilegitimo de la exigencia.

Que si se ganan 200 euros y se exige un pago de 247 euros, la imposibilidad de pago no da a lugar a interpretar una morosidad, una falta de voluntad o una impericia, ya que el origen de toda impericia es por parte de la AT que resultan de las consecuencias evidentes de no respetar la CE.

Que sin embargo, la AT no duda en aplicar sanciones improcedentes que vulneran el honor y los derechos esenciales.

Que estas negligentes y unilaterales medidas que se aplican con carácter ejecutivo, perjudican aún más la precaria situación de quien debe pagar una CO.

Extorsión
– Artículo 243 – Código Penal – Extorsión

13.7- Violación al derecho de la Propiedad Privada

Que siendo la CO de título confiscatorio, esta se interpone a mi derecho a la Propiedad Privada desde el momento que me impide tener ingresos y/o que estos se reducen considerablemente y/o que estos resultan confiscados y/o en el caso extremo donde trabajar me constituye en deudor de la AT al aplicarse la CO.

De la Defensa de los Derechos Fundamentales
Autores
– Bobbio – Principio de defensa de los derechos fundamentales de la persona
Fundamentales

13.8- Antecedente de que existe una necesidad de favorecer las fuentes de trabajo

Que si existe, si es real que el Gobierno comprende la necesidad de favorecer al TA que comienza una actividad, mediante un sistema de reducción de las aportaciones.

Que no me opongo en su necesidad, pero si en su procedimiento debido a que, como pasaré a describir, solamente favorece al que más gana y desfavorece a quien menos gana, dando por tierra todo principio racional y del Derecho en la materia.

Que en cambio, a quién menos gana, que es a quien la Ley «intentaba» proteger, es a quien más le cobran y es también a quien sancionan en el caso de una demora en el pago.

13.9- La continuidad de la aplicación de la norma pone aun más en Peligro mi situación

Que la continuidad de la aplicación de forma imprudente, improcedente, negligente y temeraria de lo contrario a lo que dicta la CE, no solamente viola este principio constitucional, sino que además pone en peligro mi situación económica y como consecuencia de esto mi salud y mi estabilidad familiar, además de otros tipos de alteraciones de la normalidad de mi vida, debido a esta imprudencia.

Que en caso de no tener dinero suficiente para el pago, debido a la confiscatoriedad del mismo tengo que recurrir a cualquier fuente, ya sea de préstamo, de favor, o de lo que pudiese obtener en un marco legal, de forma constante e ininterrumpida, para hacer frente a este pago.

13.10- Desatención a los derechos del trabajador

Que el Preámbulo de la Ley del Trabajador Autónomo, destaca la importancia del TA y la necesidad de que se impulse su actividad, tema que queda descartado si la mayor parte de sus ingresos, sólo sirven, y en los casos que alcance, al pago de sus contribuciones.

Que existen informes que dicen que «En la actualidad la situación es diferente, pues el Trabajo Autónomo prolifera en países de elevado nivel de renta, en actividades de alto valor añadido, como consecuencia de los nuevos desarrollos organizativos y la difusión de la informática y las telecomunicaciones, constituye una libre elección para muchas personas que valoran su autodeterminación y su capacidad para no depender de nadie.».

Que estos informes, dejan manifiesto que la AT ha abandonado toda forma de ceñirse a lo establecido en la Ley, como en la CE, lo que da como resultado el ilícito denunciado y como consecuencia la querella que vengo a interponer a la AT.

Que por lo tanto, no es voluntad de esta CO el preservar y desarrollar la actividad de los TTAA, sino que por el contrario, es acabar con la misma.

Que estos hechos y dadas sus características, el conocimiento de los actores, el conocimiento inequívoco de la Ley, su cargo público habilitante y demás elementos que concurren; constituyen una acción delictiva por omisión, prevista en el Código Penal.

Acciones y omisiones dolosas
Artículo 10 – Código Penal – Son delitos las acciones y omisiones dolosas.

13.11- Inducción a Cometer Ilegalidades

Que esta violación expresa y directa a la CE y la perseverancia con la que se sostiene y se aplica, es una forma de inducir a los Ciudadanos a cometer infracciones, delitos de fraude, impagos o simplemente no buscar opciones de trabajo como TA.

Que dada esta amenaza por parte de la AT y bajo el amparo de los principios de defensa de la integridad personal, ya que mi supervivencia y la de mi familia es lo que está en juego y no un supuesto enriquecimiento que se atribuye a todos los TTAA cuando ganamos por mes; menos de 1.500 euros, o menos de 1.000 o en algunos casos ni 500 euros o cero.

Que esta acción por parte de la AT constituye forma extorsiva.

Que esta acción puede interpretarse claramente como un acto de imprudencia, negligencia, abandono y temeridad por parte del Estado con el objeto de colocar a los Ciudadanos en posiciones de desobediencia civil, como acción a la defensa de sus legítimos y esenciales derechos.

Que conforme a esto, procederé a defender a mi persona, a mi familia y a la Propiedad Privada, utilizando los prudentes medios que la Justicia pone a mi alcance para protegerme.

Extorsión
– Artículo 243 – Código Penal – Extorsión


13.12- Amenaza de desvincular la Seguridad Social

Que en ocasiones el Gobierno sugiere o induce a entender que se retirarán los beneficios de la Seguridad Social a los TTAA.

Que realiza temerariamente estos anuncios, sin tener en cuenta lo previsto en el Artículo 41 de la CE y en el Artículo 23, 24, 25 y 26 de la Ley que reglamenta los derechos de los TTAA.

Que es evidente que esta acción tiene el único propósito de disuadir a los Ciudadanos a ejercer el derecho de presentar denuncia, a las acciones a tomar hacia la AT, a interponer querella y por lo tanto a reducir el derecho de defensa de forma clara y concreta, bajo apercibimiento de una sanción arbitraria de este tipo.

Que ya pasó la época del Estado Dictatorial o Plenipotenciario.

Que en España, los Ciudadanos y nuestros abuelos han estado y estamos trabajando en lograr un Estado de Pleno Derecho, de libertad, de Justicia, donde, bajo ningún concepto, el Estado puede inducir o dejar ver una amenaza para los Ciudadanos, ya que este tiene su razón de ser en la Sociedad Civil y es por ella que el Estado fundamenta su sentido de la existencia.

Que expongo a SU que el Estado, por el Deber de Informar que tiene la Administración, debe dar un mensaje claro del alcance que tienen estos anuncios, ya que debido a las circunstancias, no cabe pensar otra cosa que estos constituyen una seria amenaza para la población, para las instituciones, para la Justicia y sobre todo para el ordenamiento del Derecho y de la CE.

Que no me sorprende una vez más que sucedan estos hechos, que de forma improcedente, el Poder Ejecutivo se expida de esta forma temeraria, negligente, con abandonismo y bajo amenaza o coacción; de la misma forma que lo hace aplicando una CO.

Que ambas circunstancias vulneran el Derecho y la CE.

Derecho a la Seguridad Social
– Artículo 23.- El derecho a la Seguridad Social.
– Artículo 24.- Afiliación a la Seguridad Social.
– Artículo 25.- Cotización a la Seguridad Social.
– Artículo 26.- Acción protectora del Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

Amenaza
Codigo Penal – Artículos 169 y 170
«El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos…la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico,…»
«1. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior»

Coacción – Artículo 172 y 173 ter – Código Penal
Artículo 172 (1º) «Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior,
salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.»
Artículo 173 ter – (1). «Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana»
«…(4.ª) Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella….»

13.13- El Estado dice que no recauda lo que debería

Que el Estado esgrime como principal argumento para justificar su improcedencia en el cobro de una CO, razones de necesidad económica.

Que en esta denuncia demostraré a SU también que esto es irreal y todo lo contrario en lo que corresponde a lo que está ocurriendo con los TTAA.

Que demostraré efectivamente que no existe ninguna intención de mejorar la recaudación con referencia a los TTAA y que en esta acción, es donde justamente, contrario a todo principio, son los que más ganan, los que menos pagan

Que aquellos que más ganan de su trabajo como TTAA de forma honesta y que constituyen un pilar para el desarrollo de España, ya que poseen capacidad económica, existe una falta de la aplicación de un principio de proporcionalidad, y esto no le brinda al Estado un aporte importante en materia de contribuciones.

Que me refiero a los TTAA que ganan 10.000 euros ó 30.000 euros, o 100.000 euros mensuales que solamente deben pagar unos 3.000 euros, o sea , quien mas gana paga un 3%.

¿ Es esta entonces la materialización de la necesidad económica a la que el Estado hace referencia ?

¿ No resulta SU evidente que los Españoles todos gozaríamos de mayores beneficios en la Seguridad Social si se aplica la CE ?

¿ Cuál es entonces la necesidad de «amenazar» con privar de la Seguridad Social a aquellos que tiene menos recursos ?

Que expongo
Que si un TA que gana 100.000 euros mensuales, pagase el 75% como lo hace un TA que gana 400, este aportaría, 75.000 euros mensuales.

Es decir que aportaría el equivalente a 300 TTAA que ganan 400 euros mensuales.

Es decir que SOLAMENTE se necesitan 10.000 TTAA de altos ingresos, que es menos del 1 por ciento de los TTAA, para sostener TODO el Sistema de la Seguridad Social

Que expongo a SU que, NO HE VENIDO a buscar más que Justicia.

Que he venido a hacer valer los Derechos Nacionales e Internacionales; y aunque el criterio de aplicar un 75% de contribución, pueda parecer racional o entrar en la duda razonable ya que quien gana 500 euros y paga 247, con los 253 restante ve completamente restringido su derecho, frente a quien gana 100.000 y paga un 75%, a quien le quedarían 25.000 euros para vivir todo el mes.

Que SU, he venido a pedir Justicia, por lo que sostengo que quien gana 500, tenga por lo menos 500 para vivir.

Y dejo para el Estado o para la Justicia, decidir si :

Quien gana 100.000 paga un 1 por ciento, un 10 por ciento, un 30 o un 40; porque tengo la tranquilidad, que explicado el tema como lo estoy haciendo, es que para esta decisión, solo debe obedecese la CE.

Que hoy, no 10.000 sino millones de Españoles pagan un 75% de contribución y les resta menos de 1.000 euros.

Es suficiente lograr que quien gana 500, utilice esto para vivir y que por lo tanto no realice contribución alguna.

Cesta de la compra – FUENTE Indice Nacional de Estadísticas
En torno a los 100 euros por persona

13.14- Al Estado no le faltan medios. Sino que sobran y no se aplican

Que al Estado no le faltan medios de recaudación, ni de mejorar la recaudación cobrando a los que menos pueden ya que, aplicando los principios de proporcionalidad, puede disminuir el pago de los que menos pueden pagar y aumentar el pago de los que más pueden pagar, ya que

a) Si se aumenta un 10% a una persona que gana 500 euros, la recaudación aumenta en 50 euros

b) Si se aumenta un 10% a una persona que gana 5.000 euros, la recaudación aumenta en 500 euros.

Es decir que si se rige por la proporcionalidad, el Estado puede aumentar la recaudación sin detrimento de nada y de nadie.

Es decir que por cada 10% que se aumenta a los que más pagan, se puede reducir un 10% en 10 TTAA que menos pagan.

Además que
a) Si se cobra un 10% a un TA de 500 euros, este queda en 400 euros.
b) Si se cobra un 10% a un TA de 5.000 euros, este cobra 4.500 euros.

De lo que resulta que LA NO Aplicación de la proporcionalidad vertida en el A31 de la CE, hace que un TA de bajos ingresos ponga en graves peligro su supervivencia; y en cambio un TA de mayores ingresos no tiene cambios sustanciales en su economía.

Note SU, lo negligente del caso.
Y lo simple que resulta si aplicase lo que marca la CE,
donde un TA de altos ingresos hace un aporte equivalente a todo el ingreso neto de un TA de pocos ingresos.

Y resulta tan simple como lo expuesto.

13.15- No es excusa aumentar el impuesto a quienes menos ganan

Que conforme a lo anterior, no es excusa la que esgrime el Estado de su «necesidad» económica para mantener a la Seguridad Social Española que se destaca como «Una de las más importantes del Mundo», el «despojar» con una CO a quienes ganan poco dinero, sin observar a quienes ganan mucho.

Que me atengo a la CE como fuente de derecho y razonamiento y contesto al ES que :

Que solamente se debe aplicar la CE para duplicar el presupuesto de la Seguridad Social.

13.16- Conclusiones. Se puede hacer como rige la Constitución Española y es más provechoso para todos

Que claramente no le faltan medios al Estado para sostener el Sistema de Seguridad Social, sino que sobran medios de recaudación si aplica correctamente la CE.

Que si aplica el A31 de la CE recauda aún más ya que es proporcional a los ingresos de los que ganan más.

Que conforme a lo anterior, no pone en situación de riesgo a los TTAA que menos ganan.

Y como consecuencia final, se respetaría la CE.

Expongo – Negligente Bonificación Contributiva en el Alta del Trabajador Autónomo por nueva actividad

14.1- No responde a ningún principio que quién más gana, menos paga

Que queda claro que no responde a ningún principio del Derecho, como de la Constitución Española, que quién menos gana, sea quien más paga.

Y veremos en esta exposición como las acciones temerarias, imprudentes y negligentes han hecho que se establezca lo contrario y que la Ciudadanía considere que esto es justo.

«Quien más gana, más paga»
– Artículo 40 de la Constitución Española.


14.2- La Administración manifiesta conocer la situación, pero actúa de forma negligente y desprovista de conocimientos

Que la Administración Tributaria si ha comprendidod que no es propio que un Trabajador Autónomo que recién empieza tenga que pagar igual que un Trabajador Autónomo que ya tiene actividad y gana dinero por su actividad.

Que esto es válido para el caso que comenzar una actividad, este relacionado a ganar poco dinero o estar en actividad y que esto esté ligado a ganar mucho dinero.

Que NO existe ningún fundamento de lo anterior.

Texto extraído del Preámbulo del Trabajador Autónomo
«El Gobierno, sensible ante esta evolución del Trabajo autónomo, ya se comprometió en la sesión de investidura de su Presidente a aprobar durante esta Legislatura un Estatuto de los Trabajadores Autónomos. Como consecuencia de ello el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales acordó constituir una Comisión de Expertos a la que encomendó una doble tarea: de un lado, efectuar un diagnóstico y evaluación sobre la situación económica del Trabajo autónomo en España y, de otro, analizar el régimen jurídico y de protección social de los Trabajadores autónomos, elaborando al tiempo una propuesta de Estatuto del Trabajador Autónomo. Los trabajos de la Comisión culminaron con la entrega de un extenso y documentado Informe, acompañado de una propuesta de Estatuto, en el mes de octubre de 2005.»

Que la Administración Tributaria entiende de forma negligente, que aplicando una norma contraria y No Constitucional a los intereses de los Trabajadores Autónomos y el Estado; y para los trabajadores que comienzan una actividad; donde sin motivo alguno, se determina que tienen menor ingresos los Trabajadores Autónomos en su comienzo de actividad que los que se encuentran trabajando y viceversa.

Que esto es una temeraria y negligente afirmación que sirve como sustento de las «aparentes bonificaciones» para los Trabajadores Autónomos; afirmación que no resulta cierta, ya que :
Un Trabajador Autónomo puede darse de alta para una actividad familiar o para una empresa u otra actividad donde empieza ganando dinero.
En cambio otro Trabajador Autónomo comienza una actividad a la espera que se le otorguen licencias u otra demoras; y donde la Administración Tributaria le sigue cobrando una «contribución fija, obligatoria y arbitraria» como si este Trabajador Autónomo que está haciendo una inversión, cobrase dinero por el resultado de su trabajo como Trabajador Autónomo.

Que en síntesis, no es el tiempo transcurrido lo que determina los ingresos o el mayor o menor rédito de una actividad, sino su ganancia económica; valor que la Administración Tributaria no tiene en cuenta para el cálculo de la «contribución fija, obligatoria y arbitraria».

Que una vez más, este sistema tratamiento dejando de lado la Constitución Española, se opone al principio de «mayor ganancia, mayor impuesto» hecho que demuestra la falta de idoneidad, de capacidad y de simple lógica en la comprensión de la Constitución Española.

14.3- Siempre Prevalece el «Principio de la Realidad» sobre el «Supuesto»

Que estamos de acuerdo que siempre Prevalece el «Principio de la Realidad» sobre el «Supuesto» que quiere hacer figurar la Administración acerca de los ingresos del Trabajador Autónomo, único motivo por el cual, se puede dar el error cometido.

Que existe una realidad que resulta ineludible y es que :
«Si no se gana dinero, no se puede pagar»

Que como señalo y demuestro de manera consistente, desde todo punto de vista, con razonamientos simples y matemáticos, en toda esta exposición de hechos; esta realidad, no depende del primer, segundo o tercer mes o de los años de trabajo, sino de los ingresos, menos los gastos comerciales.

Que esta regulación también elimina el principio de que «la contribución surge como consecuencia del dinero ingresado».

Que no es válido decir que «La aplicación de una contribución trae como consecuencia que el trabajador gane dinero».

Que de esta exposición resulta tan evidente que, si frente a estos resultados el Estado no actuó, me veo una vez más, totalmente justificado en la necesidad y dentro de mi capacidad; y los medios a mi disposición, de aclarar todo el proceso que da como resultado el cobro de la «contribución fija, obligatoria y arbitraria», como improcedente con todos los detalles posibles en virtud de mi legítima defensa.

14.4- Negligente Bonificación en el Alta del Trabajador Autónomo

Que conforme a las continuas solicitudes de los Trabajadores Autónomos y en vista de existir circunstancias donde le resulta imposible al Trabajador Autónomo pagar el importe mensual que se aplicaba antes de la presente Ley, los funcionarios del Estado como ser los Diputados, el Ministro de Trabajo, el Ministro de Economía y el Presidente de Gobierno, desestiman una vez más el contenido de la Constitución Española en materia de aplicar el aporte de forma «proporcional», reduciendo este durante los primeros 6 meses de cotización a un importe fijo sin más.

Que esta decisión no tiene otro sentido que reafirmar la incapacidad, la negligencia y las faltas reiteradas a la Constitución Española ; debido a que 1 mes, 4 meses, 6 meses o 3 años no significa que esto asegure los ingresos económicos suficientes para mantener una proporcionalidad del pago de la contribución, principalmente a las razones que cito como ejemplo :

1.- Quién comienza una actividad y desde el primer momento gana 6.000 € (euros seis mil)
Paga 50 euros mensuales durante los 3 primeros meses.
Es decir que cobra 5.950 euros mensuales como resultado de su actividad laboral.
Aporta al Estado el 0,84% de su ingreso.

2.- Quien comienza una actividad y desde el primer momento gana 1.000 euros.
Paga también 50 euros.
Es decir que cobra 950 euros mensuales como resultado neto de su actividad laboral.
Aporta al Estado el 5% de su ingreso.

3.- Quien comienza una actividad y desde el primer momento gana 100 euros.
Paga también 50 euros.
Es decir que cobra 50 euros mensuales como resultado neto de su actividad laboral.
Aporta al Estado el 50% de su ingreso.

4.- Quien comienza una actividad y desde el primer momento gana 0 euros.
Pasa a pagar también 50 euros, que no los tiene, lo que corresponde a un porcentaje incalculable de la recaudación.
Es decir que PASA A DEBER 50 euros mensuales como resultado neto de su actividad laboral.

Debe al Estado cada vez que trabaja.

Y como no pudo pagar, la Administración Tributaria aplica el siguiente criterio
1.- Se le quita el beneficio.
2.- Se aplica una multa.

Es decir, como no pudo pagar 50 euros; ahora debe pagar 247 euros.

¿Este es el beneficio, la ayuda para un Trabajador Autónomo que no puede pagar?

*Para el caso 4, veremos que en realidad le debe más de 300 euros a la Administración Tributaria luego de los 6 meses.
**A estos importes hay que restarle el IRPF que se aplica para este caso.
*** A estos importes hay que restarle el 21% de I.V.A. que se aplica para este caso.

Negligencia – Artículo 118 Código Penal

14.5- Cálculo realizado – Matemática y Detalle

Matemática del Cálculo

El porcentaje se ha calculado de la siguiente forma
Valor de la Contribución / Valor Neto Cobrado x 100 = Porcentaje

Detalle del Cálculo

Caso 1
Un Trabajador Autónomo que cobra en bruto los 6 primeros meses 6.000 euros por mes
Menos el aporte de 50 euros (6.000 € – 50 € = 5.950 €)
Le queda 5.950 € neto de donde 50 € es el 0,86% del ingreso

Conclusión
Para quien gana 6.000 euros por mes los 6 primeros meses
Aplicación para un Trabajador Autónomo que gana 6.000 € en los 6 primeros meses es del 0,86%.
Su beneficio real por el ejercicio de la actividad es de 5.950 euros mensuales.

Caso 2
Un Trabajador Autónomo que cobra en bruto los 6 primeros meses 1.000 euros por mes
Menos el aporte de 50 euros (1.000 € – 50 € = 950 €)
Restan 950 € neto de donde 50 € es el 5,00% del ingreso

Conclusión
Para quien gana 1.000 euros por mes los 6 primeros meses
La aplicación para un Trabajador Autónomo que gana 1.000 € en los 6 primeros meses es del 5,00%.
Su beneficio real por el ejercicio de la actividad es de 950 euros mensuales.

Caso 3
Un «TA que cobra en bruto los 6 primeros meses 500 euros por mes
Menos el aporte de 50 euros (500 € – 50 € = 450 €)
Restan 450 € neto de donde 50 € es el 10,00% del ingreso

Conclusión
Para quien gana 500 euros por mes los 6 primeros meses
La aplicación para un Trabajador Autónomo que gana 500 € en los 6 primeros meses es del 10,00%.
Su beneficio real por el ejercicio de la actividad es de 450 euros mensuales.

Caso 4
Un Trabajador Autónomo que cobra en bruto los 6 primeros meses 0 euros por mes, debido a que el comienzo de su actividad económica no es como lo esperaba.
Menos el aporte de 50 euros (0 € – 50 € = -50 €)
Le restan -50 € de donde, no solamente no tiene ningún ingreso sino que además debe a la Administración 50 euros por mes

Conclusión
Para quien gana 0 euros por mes los 6 primeros meses
La aplicación impositiva para un Trabajador Autónomo que gana 0 € en los 6 primeros meses es de un porcentaje incalculable y su beneficio real por el ejercicio de la actividad es de -50 euros mensuales.

O SEA que fruto de su actividad laboral, ahora le DEBE A LA Administración la suma de 300 euros.

Nota I : Debe más ya que solamente en los 3 primeros meses paga 50 euros.
Nota II : Debe más aún, ya que como no pudo pagar, la AT lo penaliza con más de 240 euros por mes.
En 6 meses debe más de 1440 euros por su trabajo
.

Para este último caso, aplicando la fórmula para el cálculo del porcentaje enunciada
Valor del Impuesto / Valor Neto Cobrado x 100 = Porcentaje

Resulta matemáticamente imposible debido a que el divisor es 0.

Quedando
Valor de la contribución = 50
Valor Neto Percibido = 0
Por lo que el Porcentaje es 50 / 0 *100 = Irresoluble

Si aplicamos cálculo diferencial para una aproximación, podemos decir que la fórmula se expresa como

Límite de Valor de la Contribución / Valor Neto Cobrado x 100 = Porcentaje, cuando Valor Neto Cobrado tiende a cero.

O sea el límite de 50 / X * 100 para X tendiendo a cero, lo que es Infinito, lo que implica en términos matemáticos la imposibilidad de pagar o de tener ingresos.

A modo de ejemplo, si
Valor de la Contribución = 50 euros
Valor Neto Percibido = 0 céntimo (así se aproxima a cero)

La fórmula porcentual
Valor de la Contribución / Valor Neto Cobrado x 100 = Porcentaje
Resulta
50 / 0,01 x 100, utilizando una calculadora es el astronómico número de un 500.000 % (quinientos mil porciento)
Y si tendemos más a cero
50 / 0,000001 x 100, utilizando una calculadora es el astronómico número de un 5.000.000 % (cinco millones porciento)

La evidencia matemática demuestra que es inconsistente que un Trabajador Autónomo gane 0 euros y tenga la obligación, bajo apercibimiento de multa o sanción de pagar importe alguno, ya que no lo tiene ni lo ha ganado.

14.6- Existen mayores agravantes

Que es un agravante consecuencia de la falta de proporcionalidad en una medida totalmente negligente que :

Quien en la búsqueda de un empleo, se arriesga laboral y económicamente a ser un Trabajador Autónomo, búsqueda única por la falta de trabajo, donde, en el transcurso de 6 meses de actividad, cobrando 0 euros,

Sucede que :

1.- No cobra absolutamente nada.
2.- Además pasa a deber a la Administración Tributaria
(1.482, ya que al no pago de la primera contribución, se le retira el beneficio).
3.- Además, jamás puede volver a tener el beneficio de pagar con bonificación.

Que esta fue su única oportunidad de comenzar una nueva actividad.

Que el estado de decepción que provoca esta medida a un Trabajador Autónomo que recién comienza es irreparable e irreversible, con la actual legislación en la materia.

Que el Estado tiene la imprudencia delictiva de anunciar como un beneficio, beneficio que queda ampliamente demostrado y justificado como inexistente.

Agravante
Artículo 22 – Código Penal – De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal.
(1º) «Ejecutar el hecho con alevosía»; (2º) «…con abuso de superioridad…»;
(5º) «Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima…»;
(6º) «Obrar con abuso de confianza.»;
(7º) «Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.»

14.7- Negligente Aplicación de Sanciones al Trabajador Autónomo nuevo

Que para los casos anteriores, si consideramos que los Trabajadores Autónomos Se DEMORAN en el pago de uno de los haberes, y donde, la Ley que debe ser para «promover la actividad de los Trabajadores Autónomos « demuestra claramente su incompetencia, su incapacidad, su falta de criterio y la temeraria acción de poner a una persona o familia en peligro, debido a que en este caso se elimina la bonificación.

Que es decir que esta acción, en un solo acto ignora con alevosía al Artículo 31 de la Constitución Española desde el momento que el trabajador tiene que afrontar un pago mayor a los 240 euros.

Utilizando el ejemplo del párrafo anterior, veremos que ocurre en estos casos

1.- Quién comienza una actividad y desde el primer momento gana 6.000 € (euros seis mil).
Si dentro del plazo de bonificación se demora en el pago, debe pagar 240 euros en lugar de 50 euros.
Es decir que cobra 5.760 euros mensuales como resultado de su actividad laboral, aportando al sistema el 4,66 %.

2.- Quien comienza una actividad y desde el primer momento gana 1.000 euros.
Si dentro del plazo de bonificación se demora en el pago, debe pagar 240 euros en lugar de 50 euros.
Es decir que cobra 760 euros mensuales como resultado neto de su actividad laboral.

3.- Quien comienza una actividad y desde el primer momento gana 60 euros.
Si dentro del plazo de bonificación se demora en el pago, debe pagar 240 euros en lugar de 50 euros.
Es decir que PASA A DEBER 180 euros mensuales como resultado neto de su actividad laboral.

4.- Quien comienza una actividad y desde el primer momento gana 0 euros, y dentro del plazo de bonificación se demora en el pago, debe pagar 240 euros en lugar de 50 euros.
Es decir que PASA A DEBER 240 euros mensuales como resultado neto de su actividad laboral.

Que debido a lo improcedente de la situación, a la falta de claridad, capacidad y negligencia de quienes enunciaron esta Ley y a la temeridad y alevosía con la que se exige a los Trabajadores Autónomos este pago, bajo diversas amenazas, me veo en la necesidad de seguir afianzando conceptos, para una excelente claridad, para una transparencia en mi solicitud y para que quienes no comprendan la situación entiendan que este asunto elude la Ley, La Constitución, Las Leyes Internacionales, Los Principios del Derecho y lo que es peor, elude los principios básicos del raciocinio y el cálculo.

Que entonces, quien se ve imposibilitado del pago por no tener ingresos, además se constituye en deudor de la Administración Tributaria, por el solo hecho de trabajar.

14.8- Conclusiones de lo Anterior – PAGA MAS EL QUE MENOS GANA

Que surge de lo anterior una contradicción superior que da por manifiesto Otra Vez la incapacidad o el abandono o el descuido improcedente del Estado a la hora de legislar esta contribución, dejando de lado todo criterio de proporcionalidad enunciado en la Constitución Española.

Que se ve claramente como el trabajador que más gana, menos paga, ya que paga un 0.86%.
En cambio aquel que menos gana, paga un 100%
.
Es decir que quién menos gana, ni siquiera cobra para pagar a la Administración Tributaria.

Desarrollo
Se evidencia tanto la negligencia y la falta total de capacidad de quienes dictaminaron estas leyes, que es necesario entrar en esta explicación ya que de su incumplimiento arbitrario y continuo es lo que da a lugar a toda esta cuestión.

Que no solamente por la incapacidad de realizar un simple cálculo numérico de la escuela primaria, sino por suponer de forma temeraria que el trabajador al principio de su actividad cobra poco y a los 6 meses cobra para pagar el importe que le confisca la administración, sin derecho alguno de defensa.

Y resulta más evidente que
Existe una completa falta de proporcionalidad, ya que a un Trabajador Autónomo que gana más, por ejemplo 6.000 euros, se le cobra un 0,86% y a los que ganan menos, un 50%, un 100% y hasta un importe que tiende a infinito que no deja lugar a duda de la imposibilidad de pagar.
No existe proporcionalidad alguna.

Ya que
Quien cobra 6.000 euros, paga un 0,86% (uno porciento).
Quien cobra 500 euros, paga un 10,00% (diez porciento).
Quien cobra 50 euros, paga un 100,00% (cien porciento).
Quien cobra 0 euros, matemáticamente paga infinito %, es decir no tiene dinero para pagar.

¿ Dónde está entonces el «criterio de proporcionalidad» al que se refiere la Constitución Española en su Artículo 31, las Leyes en General, los Convenios Internacionales, los Convenios Europeos a los que España esta suscrito?

Respuesta
En ninguna parte, ya que quien más gana es quien menos paga.

¿Dónde está entonces el principio de la «no confiscatoriedad de la contribución» al que se refiere la Constitución Española en su Artículo 31, las Leyes en General, los Convenios Internacionales, los Convenios Europeos a los que España esta suscrito ?

Respuesta
En ninguna parte, ya que salta a simple vista que resulta confiscatorio.

Derecho Europeo
– Impuestos en la UE. – Artículo 53 de la Constitución Italiana
– Artigo 104 de la Constituçao da Republica Portuguesa – Caracter confiscatorio del impuesto
– Doctrina europea – La legitimidad del impuesto, se formaliza por la legislación fiscal, aprobada por el Parlamento
– Doctrina europea – Convenio Europeo de Derechos Humanos
– Límite de confiscatoriedad inferior al 70% – Reflejar la creciente individualización en la evaluación de los efectos fiscales «confiscatorias» e Igualdad
– «..Se declarará la inconstitucionalidad del dispositivo a la violación del principio de igualdad..»

14.9- Expongo una solución sencilla a lo anterior, conforme la Constitución Española

Que la solución es tan simple como ceñirse a lo que se expresa en la Constitución Española en su Artículo 31.

Es decir, aplicar una contribución proporcional

Por lo tanto

El Trabajador Autónomo debe pagar un porcentaje sobre su beneficio.
Y fin de la cuestión.

Ahora bien, si también se quiere aplicar el principio de igualdad, se debe tomar lo siguiente :

Que el porcentaje aumente a medida que aumenta el beneficio mensual.

Nada fuera de lo normal, sino como se debe aplicar la Constitución Española.
Como en el IRPF
Como en el impuesto de sociedades.
Como en el I.V.A.

Y demás impuestos y contribuciones regulares, que dependen
a) Del hecho jurídico imponible.
b) De la cantidad.

Es lo único que pido a Su Señoría, que se aplique un criterio razonable, donde exista la «igualdad», la «proporcionalidad» y la «no confiscatoriedad».

Principio de «Igualdad». Su interpretación acerca de la proporcionalidad de la capacidad. – STC 84/1999, de 10 de mayo, STC 46/2000, de 17 de febrero, STC 47/2001, de 15 de febrero, STC 164/2005 de 20 de junio, STC 91/2007 de 7 de mayo, STC 76/1999, de 26 de abril, STC 200/1999, de 8 de noviembre. SSTC 221/1992 STC 185/1995 acerca de la igualdad y la proporcionalidad.
Autores de Derecho Regis Debray, Marcial Rubio Correa, Luis Hernández Berengue – Principio de Igualdad Tributaria – Calvo Ortega

Principio de la «Proporcionalidad»
Artículo 31 de la Constitución Española.
Autores El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, obliga al Estado a determinar una contribución justa y proporcionada.
Profesor Elviro Aranda Álvarez

Expongo – Irregularidades que se derivan de una violación a la Constitución Española a la hora de dictaminar Leyes, Decretos y Normativas

15.1- Se evidencia la falta total de proporcionalidad económica en una negligente y temeraria aplicación de tiempo trabajado

Que conforme lo dicta la Constitución Española en su Artículo 31, se debe aplicar un criterio de proporcionalidad.

Que si un trabajador comienza una nueva actividad, la Ley lo «premia» (irónicamente, lo dice el Poder Ejecutivo) por única vez de un beneficio económico que no guarda ninguna proporcionalidad con sus ingresos, debido a que no depende de lo que cobre por la actividad realizada, sino que depende del tiempo que realiza la actividad, como si este tiempo fuese determinante.

Que es la Administración Tributaria y todos los responsables de el dictamen de esta Ley, quienes disponen de facto, sin análisis de ningún tipo y sin fundamento que existe un tiempo donde todos los Trabajador Autónomo pasan a tener el mismo ingreso, independientemente de la actividad, profesión u otro elemento contemplativo del trabajo.

Que no se basa esta ley en el principio de «igual trabajo, igual remuneración» ya que toma a todas las actividades por igual.

Que no se basa tampoco en el principio de proporcionalidad, ya que afecta a todos los ingresos por igual.

Que tiene la improcedencia de entender que el ingreso de un Trabajador Autónomo tiene como único factor determinante los meses en los que desempeña la actividad y lo que es más grave aún, determina de forma unilateral, taxativa y elocuentemente temeraria que este tiempo es de 6 meses a contar de la fecha de inscripción en el registro de Trabajador Autónomo.

Que si un trabajador comienza su actividad como perteneciente a una Sociedad mercantil y gana como producto de esta actividad 100.000 euros por mes, tiene el mismo tratamiento que otro trabajador que en el primer mes cobró 10.000 euros, como el mismo tratamiento para un joven que cobra 600 euros en su primer trabajo o un Trabajador Autónomo que debe darse de alta para instalar un comercio, cuya instalación le lleva 6 meses, donde no cobra absolutamente nada.

No es este el modelo de País que queremos y mucho menos el del espíritu de quienes redactaron la Constitución Española.

Principio de «Progresividad»
STC 76/1990, de 26 de abril y STC 150/1990, de 4 de octubre.
Autores Justicia Tributaria – Calvo Ortega y Pérez de Ayala. Derecho Comparativo Costituzione della Repubblica Italiana Articulo 53, Constituçao da Republica Portuguesa Artigo 104, Constituição da República Federativa do Brasil Art. 145

15.2- Matemática del Cálculo de una sanción que evidencia la total desproporcionalidad en una sanción totalmente arbitraria

#Matemática del Cálculo
El porcentaje se calcula de la siguiente forma
Valor del Contribución / Valor Neto Cobrado x 100 = Porcentaje

Detalle del Cálculo en ejemplos reales

Caso 1
Un Trabajador Autónomo que cobra en bruto los 6 primeros meses 6.000 euros, paga 50 euros por mes.
Si dentro del plazo de bonificación se demora en el pago, debe pagar 240 euros en lugar de 50 euros.
Menos el aporte de 240 euros (6.000 € – 240 € = 5.760 €).
Le restan 5.760 € neto de donde 240 € es el 4,00% del ingreso

Conclusión Caso 1
Para quien gana 6.000 euros por mes los 6 primeros meses
La contribución para un TA que gana 6.000 € en los 6 primeros meses y se retrasa en un pago y su beneficio real por el ejercicio de la actividad es de 5.760 euros.
El pago de la «contribución fija, obligatoria y arbitraria» al Estado es del 4,00%
.

Caso 2
Un Trabajador Autónomo que cobra en bruto los 6 primeros meses 600 euros por mes, paga 50 euros por mes.
Si dentro del plazo de bonificación se demora en el pago, debe pagar 240 euros en lugar de 50 euros.
Menos el aporte de 240 euros (600 € – 240 € = 360 €)
Le restan de su actividad 360 €, de donde 240 € es el 40,00% del ingreso

Conclusión Caso 2
Para quien gana 600 euros por mes los 6 primeros meses
La contribución para un Trabajador Autónomo que gana 600 € en los 6 primeros meses y se retrasa en un pago es del 40,00% y su beneficio real por el ejercicio de la actividad es de 360 euros mensuales.
El pago de la «contribución fija, obligatoria y arbitraria» al Estado es del 40,00%

Caso 3
Un Trabajador Autónomo que cobra en bruto los 6 primeros meses 120 euros por mes y paga 50 euros.
Si dentro del plazo de bonificación se demora en el pago, debe pagar 240 euros en lugar de 50 euros.
Menos el aporte de 240 euros (120 € – 240 € = -120 €)
Le restan -120 € neto de donde 240 € es el -50,00% del ingreso.
(El signo negativo significa que debe a la Administración)

Conclusión Caso 3
Para quien gana 120 euros por mes los 6 primeros meses
La aplicación impositiva para un Trabajador Autónomo que gana 120 € en los 6 primeros meses y se demoró en el pago es del -50,00% y su beneficio real por el ejercicio de la actividad PASAR A DEBER 120 euros mensuales.
El pago de la «contribución fija, obligatoria y arbitraria» al Estado es del -50,00%

Caso 4
Un Trabajador Autónomo que cobra en bruto los 6 primeros meses 60 euros por mes y paga 50 euros.
Si dentro del plazo de bonificación se demora en el pago, debe pagar 240 euros en lugar de 50 euros.
Menos el aporte de 50 euros (60 € – 240 € = -180 €)
Le restan -180 € neto de donde 240 € es el -75,00% del ingreso

Conclusión Caso 4
Para quien gana 60 euros por mes los 6 primeros meses
La aplicación impositiva para un Trabajador Autónomo que gana 60 € en los 6 primeros meses y se demoró en el pago es del -75,00% y su beneficio real por el ejercicio de la actividad es PASAR A DEBER de 180 euros mensuales a la Administración Tributaria.

Caso 5
Un TA que cobra en bruto los 6 primeros meses 0 euros por mes, debe pagar 50 euros por mes.
Si debido a que el comienzo de su actividad económica no es como lo esperaba y dentro del plazo de bonificación se demora en el pago, debe pagar 240 euros en lugar de 60 euros..
Menos el aporte de 240 euros (0 € – 240 € = -240 €)
Le restan -240 € de donde, no solamente no tiene ningún ingreso sino que además debe a la Administración 240 euros por mes

Conclusión Caso 5
Para quien gana 0 euros por mes los 6 primeros meses
La aplicación impositiva para un Trabajador Autónomo que gana 0 € en los 6 primeros meses es de un porcentaje incalculable.
Su beneficio real por el ejercicio de la actividad es de -240 euros mensuales
.

Significa que es matemáticamente imposible es pagar si no se cobra

Que por supuesto esto es evidente Su Señoría, pero que es necesario aclararlo correctamente ya que para la Administración Tributaria No Es evidente.

Que por supuesto, la Administración Tributaria no podrá hacer ningún cálculo o aportar una prueba de lo contrario, debido a la magnitud del error.
Que antes de cualquier cálculo, la Administración Tributaria deberá explicar claramente ¿ Por qué se desentiende de la Constitución Española si es el camino lógico, legal y por demás el más simple ?

Que para este último caso, aplicando la fórmula para el cálculo del porcentaje enunciada
Valor del Impuesto / Valor Neto Cobrado x 100 = Porcentaje
Resulta matemáticamente imposible debido a que el divisor es 0.

Quedando
Valor de la Contribución = 50
Valor Neto Percibido = 0
Por lo que el Porcentaje es 50 / 0 *100 = IRRESOLUBLE

Si aplicamos cálculo diferencial para una aproximación, podemos decir que la fórmula se expresa como :

Límite de Valor del Impuesto / Valor Neto Cobrado x 100 = Porcentaje, cuando Valor Neto Cobrado tiende a cero.
O sea el límite de 60 / X * 100 para X tendiendo a cero, lo que es INFINITO, lo que implica en términos matemáticos la imposibilidad de pagar o de tener ingresos.

Puede probarse con una calculadora cualquiera, el dividir un importe de cero por otro número y se verá que es imposible.

A modo de ejemplo, si
Valor de la Contribución = 60 euros
Valor Neto Percibido = 0 céntimo (así se aproxima a cero)

La fórmula porcentual

Valor de la Contribución / Valor Neto Cobrado x 100 = Porcentaje
Resulta
60 / 0,01 x 100, utilizando una calculadora es el astronómico número de un 600.000 %

Y si tendemos más a cero
60 / 0,000001 x 100, utilizando una calculadora es el astronómico número de un 6.000.000 %

La evidencia matemática, junto con la lógica y la Constitución Española, demuestran que es inconsistente que un Trabajador Autónomo gane 0 euros y tenga la obligación, bajo apercibimiento de multa o sanción de pagar importe alguno, ya que no lo tiene ni lo ha ganado.


*Para el caso 4, veremos que en realidad le debe más de 360 euros a la Administración.
**A estos importes hay que restarle el IRPF que se aplica para este caso.

15.3- Errores “graves” en la aplicación de la Bonificación en el Alta del Trabajador Autónomo

Que a los efectos de dar una solución a este tema; y de mostrar el criterio de la razón, y demostrar que la Constitución Española en su Artículo 31 es fácilmente aplicable.

Me presento y expongo que :

Que se entiende perfectamente y sin lugar a dudas en la Constitución Española, en su Artículo 31, determina «la proporcionalidad» y el «carácter no confiscatorio de la contribución o gravamen».
Que esto se refiere a que si una persona gana más que otra, la aplicación impositiva debe ser superior a quien más gana frente a quien menos gana.
Que es decir que si una persona gana 100.000 euros, debe pagar por esos 100.000 euros, no solo un importe mayor, sino también un porcentaje mayor.

Y menos, si gana 10.000 euros
Y menos, si gana 1.000 euros
Y nada. si gana nada.

Y esto no es así.

Que la realidad es que
Si gana 100.000 euros, paga 50
Si gana 1.000 euros, paga 50
Si gana 100 euros, paga 50

¿ A que proporcionalidad se refiere el Poder Ejecutivo y la Administración Tributaria cuando todos pagan 50 ?

Y si no gana nada, DEBE 50 euros por mes a la Administración; que se transforman en 240 igualmente para el caso de quien gana menos de lo que LA Administración Tributaria obliga a pagar.

Que por supuesto caerá en mora, impago y todo el proceso Administrativo sancionador.

Que lo Justo, lo que reconocemos como Justo, lo que la Constitución Española rescata como justo en defensa de los que menos recursos tienen es que
No todos paguen un fijo de 50 euros (proporcionalidad), sino que :

Quien gana 100.000 pague en proporción.
Quien gana 10.000 pague en proporción.
Quien gana 100 pague en proporción y que esta proporción No sea Confiscatoria.

Y quien no gana nada, pague cero, además de poder recibir ayuda del Estado.

Y que, Bajo Ningún Concepto, como establece la Constitución, este pago jamás SEA Confiscatorio, es decir que no tome casi todo el ingreso y Que sea proporcional, es decir que dependa del ingreso.

Por lo tanto
Quien no tiene ingresos, no debe pagar.
Quien tiene bajos ingresos pague lo mínimo posible–

Quien no gana nada como quien gana por debajo de lo imprescindible, tampoco resulta ser un ingreso significativo para el Estado.

Que quien gane 100.000 pague un porcentaje, como por ejemplo un 25%, lo que da un total de 25.000 euros frente a los 50 que se le bonifican.

Que estos argumentos que son tan simples, tan reconocibles y tan fáciles de comprender, son suficientes saber que hay que hacer un cambio.

Y que,
Los responsables tienen el conocimiento y el entendimiento suficientes para resolver esta materia en orden Constitucional.

Y que,
La falta de estas acciones corresponden a sospechar que exista un Delito Penal, sea de negligencia, sea de apropiación ilícita o de estafa.

Porque,
No se puede comprender como se da y se sigue dando a lugar a estas arbitrariedades tan severas y evidentes,

Que
Ponen en peligro la realidad de millones de Trabajadores Autónomos de España.

15.4- Conclusiones de las Sanciones Negligentes

Que se evidencia nuevamente la negligencia y la falta total de capacidad de quienes dictaminaron estas leyes, no solamente por su incapacidad de realizar un simple cálculo numérico de la escuela primaria, sino por suponer de forma temeraria que el trabajador al principio de su actividad cobra poco y a los 6 meses cobra para pagar el importe que le confisca la administración, sin derecho alguno de defensa.

Que resulta más evidente que
Que existe una completa falta de proporcionalidad, ya que a un Trabajador Autónomo que gana más, por ejemplo 6.000 euros, se le cobra un 0,86% y a los que ganan menos, un 50%, un 100% y hasta un importe que tiende a infinito que no deja lugar a duda de la imposibilidad de pagar.
No existe proporcionalidad alguna.

Ya que
Quien cobra 6.000 euros, paga un 4,00% (cuatro porciento)
Quien cobra 600 euros, paga un 40,00% (cuarenta porciento)
Quien cobra 120 euros, paga un -50,00% (cien porciento), es decir que pasa A Deber un 50% de Su Sueldo.
Quien cobra 60 euros, paga un -75,00% (cien porciento), es decir que pasa A Deber un 75% de Su Sueldo.
Quien cobra 0 euros, matemáticamente paga infinito%, es decir no tiene para pagar nada

Nuevamente
¿Dónde está entonces el «criterio de proporcionalidad» al que se refiere la Constitución Española (Artículo 31), las Leyes en General, los Convenios Internacionales, los Convenios Europeos a los que España esta suscrito ?

Respuesta :
En ninguna parte, ya que quien más gana es quien menos paga.

¿Dónde está entonces el principio de la «no confiscatoriedad de la contribución» al que se refiere la Constitución Española en su Artículo 31, las Leyes en General, los Convenios Internacionales, los Convenios Europeos a los que España esta suscrito ?

Respuesta :
En ninguna parte, ya que salta a simple vista que resulta confiscatorio.

Y es peor todavía
Quien cobra 120, pasa a deber 730 euros a la Administración.
Quien cobra 60, pasa a deber 1320 euros a la Administración.
Y quien en la búsqueda de un empleo, se arriesgó laboral y económicamente a un trabajo como Trabajador Autónomo, búsqueda única por la falta de trabajo, en que dada las circunstancias, en 6 meses de actividad está cobrando 0 euros.

Es decir que el resultado concreto de su actividad laboral es de :
1.- No cobra absolutamente nada.
2.- Le debe a la Administración la suma de 1.200 euros
.

Y todos ellos, jamás puede volver a tener el beneficio de pagar con bonificación.
Esta fue su única oportunidad de comenzar una nueva actividad.
Con lo que el Estado tiene la imprudencia delictiva de anunciar como un beneficio, beneficio que queda ampliamente demostrado y justificado como inexistente.

15.5- Debo preservar la la integridad propia y la de mi Familia

Que conforme a la gravedad de lo expuesto, encuentro indicios suficientes para tomar las medidas precautorias, a los efectos de preservar mi integridad física, económica como también mi estabilidad familiar.

Que se ve perturbada y malograda por la falta del dinero mínimo indispensable para una vida digna.

Que este dinero es genuino, no es un favor ni un regalo y es fruto de mi esfuerzo y mi trabajo.

Que me mantengo a la espera de una sentencia que contemple lo expuesto para hacer frente al pago o lo que se desprenda de la decisión Judicial.

15.6- Solicitud de indemnizaciones y devoluciones

Que en vista del transcurso de esta denuncia, procederé con lo relativo al Artículo 713 del Código Procesal Civil a solicitar las indemnizaciones y devoluciones correspondientes con sus costas e intereses.

Referente a las Costas del proceso
– Artículo 394 Código Procesal Civil – De la condena en costas. – Artículo 139 Código Procesal Penal – Resolución sobre costas
– Artículo 713 Código Procesal Penal – Petición de liquidación y presentación de relación de daños y perjuicios.
– Artículo 714. Conformidad del deudor con la relación de daños y perjuicios.

15.7- POSIBLE DESCARGO

Que en muestra de mi total buena fe y buenas intenciones, expongo a Su Señoría que :

Que en caso de que la Administración Tributaria entienda que haya cometido el error de pensar, suponer, inducir o estimar un ingreso de un importe totalmente irreal, constante en el tiempo y superior a los 1.000 euros de ganancia para todos los Trabajadores Autónomos.

Y Que, como consecuencia de este supuesto, la Administración Tributaria haya entendido que lo que yo defino como «contribución fija, obligatoria y arbitraria» es entonces proporcional y no confiscatoria debido a que la Administración Tributaria «supuso que « ganaba ese dinero calculado, de forma continua, regular y superior a los 1.000 euros.

Y Que, este «cálculo» evidentemente equívoco debido a la «falsa creencia» o «falsa especulación», da como consecuencia

Que los Trabajadores Autónomos ganan este dinero «falsamente especulado» y por lo tanto, puede ser consecuencia natural calcular un importe fijo de contribución; debido a que la Administración Tributaria falsamente calculó que existía una ganancia fija que da lugar a la base imponible.

Es Entonces Que, como consecuencia de esta «serie sucesiva de errores», que puede entrar en el marco de una «duda razonable».

Sea Esto lo que de lugar a una carga contributiva que pueda entenderse proporcional y por lo tanto, obediente a la C#E.

Por lo que expongo que :

Es entonces Su Señoría que existe una oportunidad de resolver, atendiendo a la Justicia :

A) Corregir un error de esta envergadura.
B) Subsanar las afectaciones económicas cometidas.
C) Pagar los gastos producidos.
D) Realizar las devoluciones por oficio de las cantidades mal calculadas, multas y demás improperios.
E) Que se aplique proporcionalidad a quienes ganan más de 3.000 euros.

Y por último
Recomponer la situación y establecer fieles y seguros mecanismos para que una atrocidad económica e inconstitucional de esta envergadura, tan evidente, pero tan poco evidente para aquellos
que además tienen competencias de emprender sin más acciones ejecutivas y son beneficiaros de no tener la carga de la prueba; tengan a bien entender y modificar estas circunstancias para que JAMAS vuelva a suceder una situación similar.

Y que suceda, como dicta la Constitución Española
Si un Trabajador Autónomo no gana Nada tampoco tiene dinero para pagar.

Tema muy relevante que para muchos resulta evidente; pero que salta a simple vista que no cabe en las competencias de la titulaciones, grados o cargos de la Función Pública; quienes intervinieron y llevaron adelante estas atrocidades.

Por lo tanto, SU, acepto entonces, a los fines de dar por zanjado este tema, aceptar los términos en estas condiciones.

Expongo – Resumen Final

16.1- Conclusión – Resumen

Que resumo en lo siguiente :

Que me ingresa mensualmente, un promedio de 1.000 euros por mi actividad como TA (Valor Provisto)
Que para este ingreso gasto 500 euros (Valor Provisto)

Que da como resultado que mi ganancia promedio es de 500 euros (Valor Provisto)
( Ingreso 1.000 € – Gasto 500 € = Ganancia 500 € )

Que restados los 247 euros fijos de la contribución. (Valor Fijo)

Que da como resultado que mi ganancia promedio final es de 253 euros que es lo que me ingresa realmente (Valor Calculado)
( Ganancia 500 € – CO 247 € = Ingreso Real 253 € )

En vista de este resultado, me resulta imposible realizar este u otro pago, ya sea IVA o IRPF, sin endeudarme con terceros. (Texto si el resultado es Negativo)
En vista de un resultado negativo me resulta imposible este u otro pago, ya sea IVA o IRPF, sin endeudarme con terceros. (Texto si el resultado es Positivo)

————————————————————————————-
Donde tendría que ser :
Tomando un 27 % (Valor Propuesto)
Entiendo que es más justo que en lugar de pagar 247 euros, pague 135 euros. (Valor Calculado)

————————————————————————————-

Que es más justo, que siendo proporcional a mi ingreso y este es tan mínimo, se aplique un 10% o un 5%

Que aplicando un 10% de lo que gano que son 500 euros menos el 10% 50 euros da un total de 450 euros para vivir y para el pago de impuestos.

O
Que aplicando un 5%, proporcional, equitativo y no confiscatorio, de lo que gano que son 500 euros menos el 5% 25 euros da un total de 475 euros para vivir y para el pago de impuestos.

Que se esta manera, se cumple fielmente la Constitución y la Ley en General conforme a lo que dicta, sin falsas y especulativas interpretaciones.

Que sin interpretar o hacer falsas conjeturas de como hago para vivir si gano 50 o 25 euros mensuales, que no es título de esta denuncia.

Que es evidentemente mucho mejor vivir con 700 € (euros setecientos) que con 253 euros mensuales.

Que esta distorsión resulta de una mala aplicación de las leyes, del derecho, de la jurisprudencia, del derecho internacional, de la racionalidad y de la CE.

Pruebas de lo dicho

17.1- Documentación acreditativa

Es prueba

La documentación de todas mis declaraciones juradas de patrimonio, de ganancias, de ventas y demás que obran en poder de la AT y que presentadas por esta a mis solicitud por este Juzgado son prueba fehaciente.

17.2- No procede la negativa a pruebas por parte de la Administración

Que dada la temeridad, negligencia y abandono con el que procede la Administración Tributaria me veo en la obligación de decir que :

No procede por parte del Estado, de sus organismos ni de sus funcionarios, ocultar o simplemente negarse bajo mi solicitud a la provisión de pruebas, conforme a la legítima defensa en carácter de AT.

En la medida de lo posible y conforme a mi derecho prefiero que la AT presente la documentación concerniente a mis estados económicos que obran en su poder con el objeto de garantizar la originalidad de los mismos en un solo acto y que nos se extienda esta denuncia a la realización de la autenticidad y origen de pruebas.

En caso de negativa y en vista de mi defensa, presentaré las pruebas documentales que estime conveniente, las cuales también debo remitir a la AT me entregue copia completa de las mismas.

Argumento lo dicho en el Artículo 332 del Código Procesal Civil en lo referente a «Deber de exhibición de entidades oficiales»

Solicito se Informe

18.1- Aviso de Cálculo

Se notifique a la AT que la contribución calculada se ha realizado conforme a los términos de iguales condiciones a los trabajadores en general.

Y que, para que no haya lugar a dudas, o entendimiento de lucro, o vicios; se han tomado las condiciones más favorables para la AT.

Es en estas condiciones que procedo al Pago en Consignación.

18.2- Depósito la contribución en la cuenta Judicial

Se notifique que hago pago en consignación la contribución calculada en la cuenta Judicial y se detalle cual es dicha cuenta a todos los interesados.

18.3- Peligro que corre la Seguridad Social

Se informe a los Funcionarios de la AT para que tomen acciones inmediatas y procedan a cobrar de forma proporcional a aquellos TTAA que ganan sumas de dinero superiores a los 3.000 euros (euros tres mil) para que paguen proporcionalmente y así evitar el peligro económico que corre la Seguridad Social según lo expresado por el Poder Ejecutivo.

18.4- Acerca de mis intenciones de dar solución a este tema de forma inmediata

Que está claro que se debe pagar.

Que está claro que debe ser un pago proporcional y no confiscatorio.

Que está claro que se deben reintegrar los importes indebidos.

Como también están claros todos los elementos que denuncio.

Es razón por lo que digo que :

Se notifique a la AT que puedo entender que haya cometido un error, por lo que en reconocimiento inmediato de este y subsanada la situación y en cumplimiento de la CE, no veo motivos para proseguir con esta denuncia penal.

Por lo tanto, que se cumplan los preceptos de la CE como así los fundamentos de derecho que aseguran la proporcionalidad, la igualdad y la el carácter no confiscatorio de las contribuciones al Estado.

Renuncia en un Proceso
– Artículo 19 – Código Procesal Civil – Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.
– Artículo 20 – Código Procesal Civil – Renuncia y desistimiento.
– Artículo 102 – Código Procesal Penal – Contenido y fin de la conformidad
– Artículo 103 – Código Procesal Penal – Ámbito de la conformidad
– Artículo 105 – Código Procesal Penal – Consentimiento del encausado
– Artículo 143 – Código Procesal Penal – Contenido de la mediación penal
– Artículo 145 – Código Procesal Penal – Suspensión de las Diligencias de Investigación
– Artículo 259 – Código Procesal Penal – Desistimiento del querellante
Artículo 270.- Escrito de acusación de conformidad inmediata

18.5- Acerca de mis intenciones de dar solución a este tema de forma inmediata

Que está claro que quiero pagar.

Que está claro que quiero un pago proporcional y no confiscatorio.

Que está claro que quiero que se me reintegren los importes indebidos.

Como también están claros todos los elementos que denuncio.

Es razón por lo que digo que :

Se notifique a la AT que puedo entender que haya cometido un error, por lo que en reconocimiento inmediato de este y subsanada la situación y en cumplimiento de la CE, no veo motivos para proseguir con esta denuncia penal; pero si con la reclamaciones de gastos, daños, multas indebidas, pagos no realizados, pagos realizados fuera de estos términos y demás reclamaciones civiles a las que no renuncio por el inmediato cese de la actividad penal.

Sirva esta como manifestación de mi buena fe y de mi buena intención de que se cumplan los preceptos de la CE como así los fundamentos de derecho que aseguran la proporcionalidad, la igualdad y la el carácter no confiscatorio de las contribuciones al Estado.

Renuncia en un Proceso
– Artículo 19 – Código Procesal Civil – Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.
– Artículo 20 – Código Procesal Civil – Renuncia y desistimiento.
– Artículo 102 – Código Procesal Penal – Contenido y fin de la conformidad
– Artículo 103 – Código Procesal Penal – Ámbito de la conformidad
– Artículo 105 – Código Procesal Penal – Consentimiento del encausado
– Artículo 143 – Código Procesal Penal – Contenido de la mediación penal
– Artículo 145 – Código Procesal Penal – Suspensión de las Diligencias de Investigación
– Artículo 259 – Código Procesal Penal – Desistimiento del querellante
Artículo 270.- Escrito de acusación de conformidad inmediata

18.6- Autos de Comunicación

Se libren las comunicaciones a la AT y a los involucrados, con el objeto de dar comunicación fehaciente.

Ley Administracion

19.1- Artículo 42 Obligación de resolver – Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Artículo 42 Obligación de resolver

1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptúan de la obligación, a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración.

2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

4. Las Administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

En todo caso, las Administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.

5. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de la presente Ley.
b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de las Comunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.
c) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.
d) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
e) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 88 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados.
6. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.

Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles.

De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento.

Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.

7. El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente.

Ley Tributaria

20.1- Artículo 2 Concepto, fines y clases de los tributos

Artículo 2 Concepto, fines y clases de los tributos

1. Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.

Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución.

2. Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos:

a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

20.2- Artículo 3 Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario

Artículo 3 Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario

1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.

20.3- Artículo 7 Fuentes del ordenamiento tributario

Artículo 7 Fuentes del ordenamiento tributario

1. Los tributos se regirán:

a) Por la Constitución.
c) Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o supranacionales a los que se atribuya el ejercicio de competencias en materia tributaria de conformidad con el artículo 93 de la Constitución.
d) Por esta ley, por las leyes reguladoras de cada tributo y por las demás leyes que contengan disposiciones en materia tributaria.
e) Por las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores y, específicamente en el ámbito tributario local, por las correspondientes ordenanzas fiscales.
En el ámbito de competencias del Estado, corresponde al Ministro de Hacienda dictar disposiciones de desarrollo en materia tributaria, que revestirán la forma de orden ministerial, cuando así lo disponga expresamente la ley o reglamento objeto de desarrollo. Dicha orden ministerial podrá desarrollar directamente una norma con rango de ley cuando así lo establezca expresamente la propia ley.

2. Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del derecho administrativo y los preceptos del derecho común.

20.4- Artículo 13 Calificación

Artículo 13 Calificación

Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.

20.5- Artículo 21 Devengo y exigibilidad

Artículo 21 Devengo y exigibilidad

1. El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal.

La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.

2. La ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo.

20.6- Artículo 30. Suspensión del ingreso. Derechos del Contribuyente

Artículo 30. Suspensión del ingreso.

1. El contribuyente tiene derecho, con ocasión de la interposición del correspondiente recurso o reclamación administrativa, a que se suspenda el ingreso de la deuda tributaria, siempre que aporte las garantías exigidas por la normativa vigente, a menos que, de acuerdo con la misma, proceda la suspensión sin garantía.

2. Cuando el contribuyente interponga recurso contencioso-administrativo, la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión.

20.7- Artículo 32 Devolución de ingresos indebidos

Artículo 32 Devolución de ingresos indebidos

1. La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 221 de esta ley.

2. Con la devolución de ingresos indebidos la Administración tributaria abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite.
A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al interesado no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del período a que se refiere el párrafo anterior.

3. Cuando se proceda a la devolución de un ingreso indebido derivado de una autoliquidación ingresada en varios plazos, se entenderá que la cantidad devuelta se ingresó en el último plazo y, de no resultar cantidad suficiente, la diferencia se considerará satisfecha en los plazos inmediatamente anteriores.

20.8- Artículo 34 Derechos y garantías de los obligados tributarios

Artículo 34 Derechos y garantías de los obligados tributarios

1. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:

a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
b) Derecho a obtener, en los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
c) Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.

d) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.
e) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
f) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.
g) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente.

h) Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó.

i) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.
j) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.

k) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
l) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
m) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en esta ley.

n) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
ñ) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta ley.
o) Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.

p) Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria.

q) Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.
r) Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.

s) Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en esta ley.
Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.

2. Integrado en el Ministerio de Hacienda, el Consejo para la Defensa del Contribuyente velará por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atenderá las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuará las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen.

20.9- Artículo 50 Base imponible: concepto y métodos de determinación

Artículo 50 Base imponible: concepto y métodos de determinación

1. La base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible.

2. La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos:

a) Estimación directa.
b) Estimación objetiva.
c) Estimación indirecta.
3. Las bases imponibles se determinarán con carácter general a través del método de estimación directa. No obstante, la ley podrá establecer los supuestos en que sea de aplicación el método de estimación objetiva, que tendrá, en todo caso, carácter voluntario para los obligados tributarios.

4. La estimación indirecta tendrá carácter subsidiario respecto de los demás métodos de determinación y se aplicará cuando se produzca alguna de las circunstancias previstas en el artículo 53 de esta ley.

Artículo 51 Método de estimación directa

El método de estimación directa podrá utilizarse por el contribuyente y por la Administración tributaria de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de cada tributo. A estos efectos, la Administración tributaria utilizará las declaraciones o documentos presentados, los datos consignados en libros y registros comprobados administrativamente y los demás documentos, justificantes y datos que tengan relación con los elementos de la obligación tributaria.

Artículo 52 Método de estimación objetiva

El método de estimación objetiva podrá utilizarse para la determinación de la base imponible mediante la aplicación de las magnitudes, índices, módulos o datos previstos en la normativa propia de cada tributo.

Artículo 53 Método de estimación indirecta

1. El método de estimación indirecta se aplicará cuando la Administración tributaria no pueda disponer de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible como consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) Falta de presentación de declaraciones o presentación de declaraciones incompletas o inexactas.
b) Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora.
c) Incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales.
d) Desaparición o destrucción, aun por causa de fuerza mayor, de los libros y registros contables o de los justificantes de las operaciones anotadas en los mismos.
2. Las bases o rendimientos se determinarán mediante la aplicación de cualquiera de los siguientes medios o de varios de ellos conjuntamente:

a) Aplicación de los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto.
b) Utilización de aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y de las rentas, así como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, atendidas las dimensiones de las unidades productivas o familiares que deban compararse en términos tributarios.
c) Valoración de las magnitudes, índices, módulos o datos que concurran en los respectivos obligados tributarios, según los datos o antecedentes que se posean de supuestos similares o equivalentes.
3. Cuando resulte aplicable el método de estimación indirecta, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 158 de esta ley.

Artículo 54 Base liquidable

La base liquidable es la magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base imponible las reducciones establecidas en la ley.

Artículo 55 Tipo de gravamen

1. El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra.

2. Los tipos de gravamen pueden ser específicos o porcentuales, y deberán aplicarse según disponga la ley propia de cada tributo a cada unidad, conjunto de unidades o tramo de la base liquidable.

El conjunto de tipos de gravamen aplicables a las distintas unidades o tramos de base liquidable en un tributo se denominará tarifa.

3. La ley podrá prever la aplicación de un tipo cero, así como de tipos reducidos o bonificados.

Artículo 56 Cuota tributaria

1. La cuota íntegra se determinará:

a) Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable.
b) Según cantidad fija señalada al efecto.
2. Para el cálculo de la cuota íntegra podrán utilizarse los métodos de determinación previstos en el apartado 2 del artículo 50 de esta ley.

3. La cuota íntegra deberá reducirse de oficio cuando de la aplicación de los tipos de gravamen resulte que a un incremento de la base corresponde una porción de cuota superior a dicho incremento. La reducción deberá comprender al menos dicho exceso.

Se exceptúan de esta regla los casos en que la deuda tributaria deba pagarse por medio de efectos timbrados.

4. El importe de la cuota íntegra podrá modificarse mediante la aplicación de las reducciones o límites que la ley de cada tributo establezca en cada caso.

5. La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos, en su caso, en la ley de cada tributo.

6. La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida en el importe de las deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo.

20.10- Artículo 76 Baja provisional por insolvencia

Artículo 76 Baja provisional por insolvencia

1. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados tributarios se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración del crédito como incobrable, total o parcial, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 173 de esta ley.

2. La deuda tributaria se extinguirá si, vencido el plazo de prescripción, no se hubiera rehabilitado.

20.11- Artículo 219 Revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones

Artículo 219 Revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones

1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.

La revocación no podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

2. La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
3. El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio, y será competente para declararla el órgano que se determine reglamentariamente, que deberá ser distinto del órgano que dictó el acto.
En el expediente se dará audiencia a los interesados y deberá incluirse un informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la procedencia de la revocación del acto.
4. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento.
Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento.
5. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía administrativa.

20.12- Ley Tributaria – Artículos 104, 208, 209

Artículo 104 Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa

1. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será el fijado por la normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que esté establecido por una norma con rango de ley o venga previsto en la normativa comunitaria europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses.

El plazo se contará:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio.
b) En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde la fecha en que el documento haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
Queda excluido de lo dispuesto en este apartado el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción del derecho de cobro.

2. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.

En el caso de sujetos obligados o acogidos voluntariamente a recibir notificaciones practicadas a través de medios electrónicos, la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos se entenderá cumplida con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración Tributaria o en la dirección electrónica habilitada.

Los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente, las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración Tributaria, y los períodos de suspensión del plazo que se produzcan conforme a lo previsto en esta Ley no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución.

En defecto de dicha regulación, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo, salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución y en los de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio.

Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, podrá declarar la caducidad del mismo.

4. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa producirá los efectos previstos en la normativa reguladora de cada procedimiento de aplicación de los tributos.

En ausencia de regulación expresa, se producirán los siguientes efectos:

a) Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio administrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento.
b) En los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen se producirá la caducidad del procedimiento.
5. Producida la caducidad, ésta será declarada, de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones.

Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta ley.

Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario.

Artículo 208 Procedimiento para la imposición de sanciones tributarias

1. El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos regulados en el título III de esta ley, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se tramitará conjuntamente.

2. En los supuestos de actas con acuerdo y en aquellos otros en que el obligado tributario haya renunciado a la tramitación separada del procedimiento sancionador, las cuestiones relativas a las infracciones se analizarán en el correspondiente procedimiento de aplicación de los tributos de acuerdo con la normativa reguladora del mismo, conforme se establezca reglamentariamente.

En las actas con acuerdo, la renuncia al procedimiento separado se hará constar expresamente en las mismas, y la propuesta de sanción debidamente motivada, con el contenido previsto en el apartado 4 del artículo 210 de esta ley, se incluirá en el acta con acuerdo.

Reglamentariamente se regulará la forma y plazo de ejercicio del derecho a la renuncia al procedimiento sancionador separado.

3. Los procedimientos sancionadores garantizarán a los afectados por ellos los siguientes derechos:

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
b) A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes.
c) Los demás derechos reconocidos por el artículo 34 de esta Ley

Artículo 209 Iniciación del procedimiento sancionador en materia tributaria
1. El procedimiento sancionador en materia tributaria se iniciará siempre de oficio, mediante la notificación del acuerdo del órgano competente.
2. Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución.
Los procedimientos sancionadores que se incoen para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 186 de esta Ley deberán iniciarse en el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la sanción pecuniaria a que se refiere dicho precepto.

20.13- Capacidad del Contribuyente

Artículo 2

c) Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.

20.14- LGT Intro

La !LGT establece los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español y será de aplicación a todas las Administraciones tributarias en virtud y con el alcance que se deriva del artículo 149.1.1.ª, 8.ª, 14.ª y 18.ª de la Constitución.

En el artículo 3.1 de la LGT se consagran los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

Principio de igualdad. Inspirado en el artículo 14 de la Constitución, supone que la carga tributaria debe repartirse equitativamente entre todas las personas con igual capacidad económica.

Principios de progresividad y equitativa distribución de la carga tributaria. Suponen que la carga tributaria se reparta en función de la capacidad económica y contributiva de los ciudadanos.

Principio de no confiscatoriedad. Supone que los ingresos tributarios contribuyen a financiar el gasto público de forma equitativa y progresiva sin que haya excesos por parte de los poderes públicos a la hora de detraer de las economías privadas los ingresos tributarios.

En el apartado 2 del mismo artículo 3 se hace incidencia en que: «La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios».

El principio de proporcionalidad supone que la actuación de la Administración tributaria debe hacerse de forma que perjudique lo menos posible a los ciudadanos.
El principio de eficacia debe presidir igualmente la actuación de la Administración tributaria (art. 103 de la Constitución).
El principio de limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales: la Administración tributaria debe facilitar en todo momento a los ciudadanos el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias formales, de forma que estos eviten acudir al servicio de asesorías fiscales. Igualmente se debe tender a simplificar y reducir las obligaciones tributarias que asuman los ciudadanos.
El principio de respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios está regulado en el artículo 34.
2.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA
El artículo 1 de la LGT define el objeto y ámbito de aplicación de la ley y, como no podría ser de otra forma, se adapta al marco constitucional vigente desde 1978, reconociendo las competencias que en materia tributaria se refieren a los territorios forales.

A partir de la redacción recogida en la LGT, resulta indudable que será esta norma la que venga a establecer los principios y las normas jurídicas de carácter general de todo el sistema tributario español.

Esta ley establece, asimismo, los principios y las normas jurídicas generales que regulan las actuaciones de la Administración tributaria por aplicación en España de la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios internacionales.

A los efectos de esta ley, se entenderá por asistencia mutua el conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español preste, reciba o desarrolle con la Unión Europea y otras entidades internacionales o supranacionales, y con otros Estados en virtud de la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios internacionales.

Queda finalmente poner de manifiesto la especialidad existente para las comunidades autónomas de régimen foral, limitándose la LGT a señalar que la normativa foral debe adecuarse en cuanto a terminología y concepto a lo dispuesto en la misma.

2.2. LOS TRIBUTOS: CONCEPTO Y CLASES
En contra de lo que sucedía con la anterior normativa, la LGT define por vez primera el concepto de tributo. La definición del tributo se encuentra recogida en su artículo 2.1, estableciéndose en el mismo lo siguiente:

«Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.»

La propia LGT establece en su artículo 2.2 que existen tres clases de tributo: tasas, contribuciones especiales e impuestos.

Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. El elemento material que las caracteriza consiste en que son una actividad realizada por la propia Administración, pero previamente promovida por el particular obligado a su pago.

EJEMPLO 1. Tasas

Una tasa sería el importe a pagar por pasar la inspección técnica de vehículos (ITV).

Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. En la contribución especial existe también una actividad administrativa pero, a diferencia de la tasa, dicha actividad surge sin que medie una petición del contribuyente, es decir, existe una actuación de la Administración que, sin ir dirigida a un sujeto pasivo en especial, le ocasiona un beneficio y por ello debe pagar el tributo.

EJEMPLO 2. Contribuciones especiales

Las cantidades que un ayuntamiento pueda exigir a los propietarios de inmuebles situados en una calle que se peatonaliza son contribuciones especiales, ya que se entiende que las obras realizadas redundan en beneficio de los propietarios de los inmuebles, que obtienen un incremento en el valor de los mismos a consecuencia de la peatonalización realizada.

Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Frente a los tipos anteriores, el elemento objetivo del hecho imponible no supone, en ningún caso, una actividad administrativa. La realización del hecho imponible corresponde exclusiva y únicamente al sujeto pasivo, sin intervención alguna de la Administración (sin contraprestación), apareciendo la coactividad en el momento del nacimiento de la obligación tributaria.

Clasificación de los impuestos:

Impuestos reales y personales. Son impuestos personales aquellos en que el hecho imponible viene establecido con referencia a una persona determinada [impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)]. Por su parte, los impuestos reales son aquellos de gran manifestación de la riqueza, que puede ser pensada sin ponerla en relación directa con una persona en concreto, como ocurre en la renta que produce un edificio o una finca rústica [impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)].
Subjetivos y objetivos. En los impuestos subjetivos se tienen en cuenta su configuración, así como los elementos utilizados para fijar su cuantía y las circunstancias personales del obligado al pago (IRPF). Así, por ejemplo, el hecho de ser titular de familiar numerosa. Por el contrario, dichas circunstancias personales del sujeto pasivo no son tenidas en cuenta en los impuestos objetivos para fijar la cuantía de la deuda tributaria, es decir, al señalar la base, el tipo de gravamen, las deducciones o recargos [impuesto sobre el valor añadido (IVA)].
Periódicos o accidentales. Si los supuestos configurados en la ley se producen de forma periódica, se habla de impuestos periódicos [IVA, IRPF, impuesto sobre sociedades (IS)…]. Por el contrario, si el hecho imponible es un acto aislado, de producción no periódica, la doctrina los denomina impuestos instantáneos o de devengo accidental. Ejemplo típico de estos últimos es el impuesto sobre sucesiones.
Directos o indirectos. Dentro de las dificultades que presenta doctrinalmente esta clasificación podría decirse que tiene en consideración las diversas formas de manifestarse la capacidad contributiva de los sujetos. Serán impuestos directos aquellos que gravan la posesión de un patrimonio o la obtención de una renta cuando reflejan directamente la capacidad económica del individuo [IRPF, IS, impuesto sobre el patrimonio (IP)…]. Los impuestos indirectos someten a tributación manifestaciones mediatas o indirectas de capacidad económica, como ocurre con la circulación o el consumo de la riqueza [impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP)…].
Analíticos y sintéticos. En los analíticos se determina la base imponible por rendimientos, calculándose el rendimiento neto por cada fuente de renta (explotación agraria, propiedad urbana…); en los sintéticos, la base imponible se determina en su conjunto. Para calcular el rendimiento neto, se deduce del total de ingresos el total de los gastos legalmente deducibles.
Estatales, locales y autonómicos. En la Constitución se recoge la distinción entre impuestos del Estado, impuestos locales (art. 142) e impuestos de las comunidades autónomas, que pueden ser propios o cedidos, total o parcialmente, por el Estado (art. 157).
EJEMPLO 3. Impuestos

Dentro de esta clasificación tendríamos:

Estatales: IRPF, IVA e IS.
Locales: impuesto sobre actividades económicas (IAE), impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)…
Autonómicos: estarían formados esencialmente por tributos cedidos por el Estado, en especial el IP, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD) y el impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD).
Finalmente, se debe tener en cuenta que gozan de la naturaleza de los tributos las denominadas exacciones parafiscales, siendo estas aquellos tributos que en su recaudación o empleo no siguen el régimen normal o típico de los tributos. Las exacciones parafiscales se rigen por la LGT en defecto de normativa específica.

EJEMPLO 4. Exacciones parafiscales

El recurso cameral permanente creado por la Ley 3/1993, de 22 de marzo, el cual tiene por objeto la financiación de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación.

2.3. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
El artículo 5 de la LGT define lo que se debe entender por Administración tributaria a los efectos de la misma. La Administración tributaria está constituida por el conjunto de órganos y entidades de derecho público que desarrollan las funciones de aplicación de los tributos, de imposición de sanciones tributarias y de revisión, en vía administrativa, de actos en materia tributaria.

El concepto de Administración tributaria comprende, entre otros, los órganos centrales del Ministerio de Hacienda en cuanto ejerzan alguna de las funciones mencionadas, como puede ser la Dirección General de Tributos (DGT), con la contestación de consultas tributarias, o los tribunales económico-administrativos, con la resolución de las reclamaciones, u otros departamentos ministeriales cuando gestionen tributos.

Por lo que respecta al ámbito estatal, la aplicación de los tributos y el ejercicio de la potestad sancionadora se reservan al Ministerio de Hacienda, salvo que por ley se encomiende a otro órgano o entidad de derecho público. No obstante, la LGT opta, acertadamente, por dar entrada, con carácter general y como principal protagonista de la aplicación del sistema tributario español, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Por lo que respecta al ejercicio de las competencias relativas a la aplicación de los tributos y a la potestad sancionadora por parte de las comunidades autónomas y los entes locales, habrá que estar al organigrama y reparto competencial que resulte de la normativa aplicable, en atención a su sistema de fuentes. No obstante, corresponden a la AEAT las competencias en materia de aplicación de los tributos derivadas o atribuidas por la normativa sobre asistencia mutua.

Fundamento de Derecho de España

21.1- Preámbulo de la Ley del Trabajador Autónomo

PREÁMBULO

I

El trabajo autónomo se ha venido configurando tradicionalmente dentro de un marco de relaciones jurídicas propio del derecho privado, por lo que las referencias normativas al mismo se hallan dispersas a lo largo de todo el Ordenamiento Jurídico.

En este sentido, la Constitución, sin hacer una referencia expresa al trabajo por cuenta propia, recoge en algunos de sus preceptos derechos aplicables a los trabajadores autónomos. Así, el artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado; el artículo 35, en su apartado 1, reconoce para todos los españoles el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo; el artículo 40, en su apartado 2, establece que los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados; finalmente, el artículo 41 encomienda a los poderes públicos el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.

Estas referencias constitucionales no tienen por qué circunscribirse al trabajo por cuenta ajena, pues la propia Constitución así lo determina cuando se emplea el término «españoles» en el artículo 35 o el de «ciudadanos» en el artículo 41, o cuando encomienda a los poderes públicos la ejecución de determinadas políticas, artículo 40, sin precisar que sus destinatarios deban ser exclusivamente los trabajadores por cuenta ajena.

En el ámbito social podemos destacar, en materia de Seguridad Social, normas como la Ley General de la Seguridad Social, el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género referido a las trabajadoras por cuenta propia que sean víctimas de la violencia de género, el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, que regula el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y otras disposiciones de desarrollo. En materia de prevención de riesgos laborales hay que referirse a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como otras disposiciones de desarrollo.

La Unión Europea, por su parte, ha tratado el trabajo autónomo en instrumentos normativos tales como la Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad, que da una definición de trabajador autónomo en su artículo 2.a), o en la Recomendación del Consejo de 18 de febrero de 2003 relativa a la mejora de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos.

El derecho comparado de los países de nuestro entorno no dispone de ejemplos sobre una regulación del trabajo autónomo como tal. En los países de la Unión Europea sucede lo mismo que en España: las referencias a la figura del trabajador autónomo se encuentran dispersas por toda la legislación social, especialmente la legislación de seguridad social y de prevención de riesgos. En este sentido, cabe resaltar la importancia que tiene el presente Proyecto de Ley, pues se trata del primer ejemplo de regulación sistemática y unitaria del trabajo autónomo en la Unión Europea, lo que sin duda constituye un hito en nuestro ordenamiento jurídico.

Se trata de una Ley que regulará el trabajo autónomo, sin interferir en otros ámbitos de nuestro tejido productivo, como el sector agrario, que cuenta con su propia regulación y sus propios cauces de representación.

Los Colegios Profesionales tampoco verán afectadas sus competencias y atribuciones por la aprobación de este Estatuto.

II

Desde el punto de vista económico y social no puede decirse que la figura del trabajador autónomo actual coincida con la de hace algunas décadas. A lo largo del siglo pasado el trabajo era, por definición, el dependiente y asalariado, ajeno a los frutos y a los riesgos de cualquier actividad emprendedora. Desde esa perspectiva, el autoempleo o trabajo autónomo tenía un carácter circunscrito, en muchas ocasiones, a actividades de escasa rentabilidad, de reducida dimensión y que no precisaban de una fuerte inversión financiera, como por ejemplo la agricultura, la artesanía o el pequeño comercio. En la actualidad la situación es diferente, pues el trabajo autónomo prolifera en países de elevado nivel de renta, en actividades de alto valor añadido, como consecuencia de los nuevos desarrollos organizativos y la difusión de la informática y las telecomunicaciones, y constituye una libre elección para muchas personas que valoran su autodeterminación y su capacidad para no depender de nadie.

Esta circunstancia ha dado lugar a que en los últimos años sean cada vez más importantes y numerosas en el tráfico jurídico y en la realidad social, junto a la figura de lo que podríamos denominar autónomo clásico, titular de un establecimiento comercial, agricultor y profesionales diversos, otras figuras tan heterogéneas, como los emprendedores, personas que se encuentran en una fase inicial y de despegue de una actividad económica o profesional, los autónomos económicamente dependientes, los socios trabajadores de cooperativas y sociedades laborales o los administradores de sociedades mercantiles que poseen el control efectivo de las mismas.

En la actualidad, a 30 de junio de 2006, el número de autónomos afiliados a la Seguridad Social asciende a 3.315.707, distribuidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el Régimen Especial Agrario y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar. De ellos, 2.213.636 corresponden a personas físicas que realizan actividades profesionales en los distintos sectores económicos.

Partiendo de este último colectivo, es muy significativo señalar que 1.755.703 autónomos no tienen asalariados y que del colectivo restante 457.933, algo más de 330.000 sólo tienen uno o dos asalariados. Es decir, el 94 por ciento de los autónomos que realizan una actividad profesional o económica sin el marco jurídico de empresa no tienen asalariados o sólo tienen uno o dos.

Estamos en presencia de un amplio colectivo que realiza un trabajo profesional arriesgando sus propios recursos económicos y aportando su trabajo personal, y que en su mayoría lo hace sin la ayuda de ningún asalariado. Se trata, en definitiva, de un colectivo que demanda un nivel de protección social semejante al que tienen los trabajadores por cuenta ajena.

A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo algunas iniciativas destinadas a mejorar la situación del trabajo autónomo. Entre ellas, cabe destacar la eliminación del Impuesto de Actividades Económicas para todas las personas físicas, así como las introducidas por la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de Medidas de Reforma Económica, que recoge la cobertura de la Incapacidad Temporal desde el cuarto día de la baja, la posibilidad de tener la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la minoración para quienes se incorporaran por vez primera al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos, siendo menores de treinta años o mujeres mayores de cuarenta y cinco. En la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 se incorporan como medidas para el fomento del empleo autónomo de jóvenes hasta treinta años de edad y mujeres hasta treinta y cinco, una reducción a las cuotas de la Seguridad Social así como el acceso a las medidas de fomento del empleo estable de los familiares contratados por los autónomos. Asimismo, se mejora el sistema de capitalización de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único para los desempleados que inicien su actividad como autónomos.

El Gobierno, sensible ante esta evolución del trabajo autónomo, ya se comprometió en la sesión de investidura de su Presidente a aprobar durante esta Legislatura un Estatuto de los Trabajadores Autónomos. Como consecuencia de ello el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales acordó constituir una Comisión de Expertos a la que encomendó una doble tarea: de un lado, efectuar un diagnóstico y evaluación sobre la situación económica del trabajo autónomo en España y, de otro, analizar el régimen jurídico y de protección social de los trabajadores autónomos, elaborando al tiempo una propuesta de Estatuto del Trabajador Autónomo. Los trabajos de la Comisión culminaron con la entrega de un extenso y documentado Informe, acompañado de una propuesta de Estatuto, en el mes de octubre de 2005.

Paralelamente, la Disposición Adicional Sexagésima Novena de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 incorporaba el mandato al Gobierno de presentar al Congreso de los Diputados, en el plazo de un año, un Proyecto de Ley de Estatuto del Trabajador Autónomo en el que se defina el trabajo autónomo y se contemplen los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos, su nivel de protección social, las relaciones laborales y la política de fomento del empleo autónomo, así como la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente.

Mediante la Resolución número 15 del debate sobre el Estado de la Nación de 2006, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar durante ese año el Proyecto de Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, para avanzar en la equiparación, en los términos contemplados en la Recomendación número 4 del Pacto de Toledo, del nivel de protección social de los trabajadores autónomos con el de los trabajadores por cuenta ajena.

Finalmente, con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, a iniciativa del Gobierno, se dio un primer paso en el cumplimiento a la citada Resolución, al introducir numerosas medidas para mejorar la situación del trabajo autónomo, especialmente en lo relativo a los derechos derivados de las situaciones de maternidad y paternidad, todo ello en el contexto de avanzar en una política de conciliación de la vida familiar con el trabajo, tan demandada por los trabajadores autónomos.

III

La presente Ley constituye el resultado del cumplimiento de los anteriores mandatos. Para su elaboración se ha consultado a las organizaciones sindicales y empresariales, así como a las asociaciones de trabajadores autónomos.

La Ley consta de 29 artículos, encuadrados en cinco títulos, más diecinueve disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y seis finales.

El Título I delimita el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley, estableciendo la definición genérica de trabajador autónomo y añadiendo los colectivos específicos incluidos y excluidos.

El Título II regula el régimen profesional del trabajador autónomo en tres capítulos. El Capítulo I establece las fuentes de dicho régimen profesional, dejando clara la naturaleza civil o mercantil de las relaciones jurídicas establecidas entre el autónomo y la persona o entidad con la que contrate. El apartado 2 del artículo 3 introduce los acuerdos de interés profesional para los trabajadores autónomos económicamente dependientes, novedad importante creada por la Ley.

El Capítulo II se refiere al régimen profesional común para todos los trabajadores autónomos y establece un catálogo de derechos y deberes, así como las normas en materia de prevención de riesgos laborales, protección de menores y las garantías económicas.

El Capítulo III reconoce y regula la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente. Su regulación obedece a la necesidad de dar cobertura legal a una realidad social: la existencia de un colectivo de trabajadores autónomos que, no obstante su autonomía funcional, desarrollan su actividad con una fuerte y casi exclusiva dependencia económica del empresario o cliente que los contrata. La Ley contempla el supuesto en que este empresario es su principal cliente y de él proviene, al menos, el 75 por ciento de los ingresos del trabajador. Según los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2004, ascienden a 285.600 los empresarios sin asalariados que trabajan para una única empresa o cliente. La cifra es importante, pero lo significativo es que este colectivo se ha incrementado en un 33 por ciento desde el año 2001.

A la vista de la realidad anteriormente descrita, la introducción de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente ha planteado la necesidad de prevenir la posible utilización indebida de dicha figura, dado que nos movemos en una frontera no siempre precisa entre la figura del autónomo clásico, el autónomo económicamente dependiente y el trabajador por cuenta ajena.

La intención del legislador es eliminar esas zonas fronterizas grises entre las tres categorías. De ahí que el artículo 11, al definir el trabajador autónomo económicamente dependiente sea muy restrictivo, delimitando conforme a criterios objetivos los supuestos en que la actividad se ejecuta fuera del ámbito de organización y dirección del cliente que contrata al autónomo.

El resto del Capítulo III establece una regulación garantista para el trabajador autónomo económicamente dependiente, en virtud de esa situación de dependencia económica, sin perjuicio de que opere como norma general en las relaciones entre éste y su cliente el principio de autonomía de la voluntad. En este sentido, el reconocimiento de los acuerdos de interés profesional, en el artículo 13, al que se aludía en el Capítulo dedicado a las fuentes, no supone trasladar la negociación colectiva a este ámbito, sino simplemente reconocer la posibilidad de existencia de un acuerdo que trascienda del mero contrato individual, pero con eficacia personal limitada, pues sólo vincula a los firmantes del acuerdo.

El recurso a la Jurisdicción Social previsto en el artículo 17 se justifica porque la configuración jurídica del trabajador autónomo económicamente dependiente se ha diseñado teniendo en cuenta los criterios que de forma reiterada ha venido estableciendo la Jurisprudencia de dicha Jurisdicción. La Jurisprudencia ha definido una serie de criterios para distinguir entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena. La dependencia económica que la Ley reconoce al trabajador autónomo económicamente dependiente no debe llevar a equívoco: se trata de un trabajador autónomo y esa dependencia económica en ningún caso debe implicar dependencia organizativa ni ajenidad. Las cuestiones litigiosas propias del contrato civil o mercantil celebrado entre el autónomo económicamente dependiente y su cliente van a estar estrechamente ligadas a la propia naturaleza de la figura de aquél, de tal forma que las pretensiones ligadas al contrato siempre van a juzgarse en conexión con el hecho de si el trabajador autónomo es realmente económicamente dependiente o no, según cumpla o no con los requisitos establecidos en la Ley. Y esta circunstancia, nuclear en todo litigio, ha de ser conocida por la Jurisdicción Social.

IV

El Título III regula los derechos colectivos de todos los trabajadores autónomos, definiendo la representatividad de sus asociaciones conforme a los criterios objetivos, establecidos en el artículo 21 y creando el Consejo del Trabajo Autónomo como órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional referida al sector en el artículo 22.

El Título IV establece los principios generales en materia de protección social, recogiendo las normas generales sobre afiliación, cotización y acción protectora de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos. Es de destacar que se reconoce la posibilidad de establecer reducciones o bonificaciones en las bases de cotización o en las cuotas de la Seguridad Social para determinados colectivos de trabajadores autónomos, en atención a sus circunstancias personales o a las características profesionales de la actividad ejercida. Se extiende a los trabajadores autónomos económicamente dependientes la protección por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y se reconoce la posibilidad de jubilación anticipada para aquellos trabajadores autónomos que desarrollen una actividad tóxica, peligrosa o penosa, en las mismas condiciones previstas para el Régimen General. Se trata de medidas que, junto con las previstas en las disposiciones adicionales, tienden a favorecer la convergencia del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos con el Régimen General.

Finalmente, el Título V está dedicado al fomento y promoción del trabajo autónomo, estableciendo medidas dirigidas a promover la cultura emprendedora, a reducir los costes en el inicio de la actividad, a impulsar la formación profesional y a favorecer el trabajo autónomo mediante una política fiscal adecuada. Se trata, pues, de las líneas generales de lo que deben ser las políticas activas de fomento del autoempleo, líneas que han de ser materializadas y desarrolladas en función de la realidad socioeconómica.

V

La disposición adicional primera se refiere a la reforma del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Las modificaciones son las estrictamente necesarias como consecuencia de la inclusión de las controversias derivadas de los contratos de los trabajadores autónomos económicamente dependientes en el ámbito de la Jurisdicción Social. En coherencia con ello, también se establece la obligatoriedad de la conciliación previa no sólo ante el servicio administrativo correspondiente, sino también ante el órgano que eventualmente se haya podido crear mediante acuerdo de interés profesional.

La disposición adicional segunda supone el reconocimiento para que ciertos colectivos o actividades gocen de peculiaridades en materia de cotización, como complemento de las medidas de fomento del autoempleo. Se hace un mandato concreto para establecer reducciones en la cotización de los siguientes colectivos de trabajadores autónomos: los que ejercen una actividad por cuenta propia junto con otra actividad por cuenta ajena, de tal modo que la suma de ambas cotizaciones supera la base máxima, los hijos de trabajadores autónomos menores de 30 años que inician una labor en la actividad familiar y los trabajadores autónomos que se dediquen a la venta ambulante o a la venta a domicilio.

La disposición adicional tercera recoge la obligación de que en el futuro todos los trabajadores autónomos que no lo hayan hecho tengan que optar por la cobertura de la incapacidad temporal, medida que favorece la convergencia con el Régimen General, así como la necesidad de llevar a cabo un estudio sobre las profesiones o actividades con mayor siniestralidad, en las que los colectivos de autónomos afectados deberán cubrir las contingencias profesionales.

La disposición adicional cuarta regula la prestación por cese de actividad. Recoge el compromiso del Gobierno para que, siempre que estén garantizados los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera y ello responda a las necesidades y preferencias de los trabajadores autónomos, proponga a las Cortes Generales la regulación de un sistema específico de protección por cese de actividad para los mismos, en función de sus características personales o de la naturaleza de la actividad ejercida.

La disposición adicional quinta especifica que lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 23, en los artículos 24 a 26 y en el párrafo c), apartado 2, del artículo 27, así como en las disposiciones adicionales segunda y tercera y en la disposición final segunda de la presente Ley no serán de aplicación a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que, en los términos establecidos en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de supervisión y ordenación de los seguros privados, hayan optado u opten en el futuro por adscribirse a la Mutualidad de Previsión Social que tenga constituida el Colegio Profesional al que pertenezcan y que actúe como alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

La disposición adicional sexta establece la necesidad de adecuación de la norma a las competencias autonómicas relativas a representatividad y registro especial de las asociaciones profesionales de autónomos en el ámbito territorial autonómico.

La disposición adicional séptima establece la posibilidad de actualizar las bases de cotización diferenciadas, reducciones o bonificaciones previstas para determinados colectivos de trabajadores autónomos en atención a sus especiales características, por medio de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La disposición adicional octava señala que el Gobierno planteará la presencia de los trabajadores autónomos en el Consejo Económico y Social, teniendo en cuenta la evolución del Consejo del Trabajo Autónomo en la representación de los mismos y el informe preceptivo del precitado Consejo Económico y Social.

La disposición adicional novena determina que se presentará un estudio por el Gobierno en un año sobre la evolución de la medida de pago único de la prestación por desempleo para el inicio de actividades por cuenta propia y a la posible ampliación de los porcentajes actuales de la capitalización dependiendo de los resultados de tal estudio.

La disposición adicional décima se refiere al encuadramiento en la Seguridad Social de los familiares del trabajador autónomo, aclarando que los trabajadores autónomos podrán contratar, como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de treinta años aunque éstos convivan con el trabajador autónomo y quedando excluida la cobertura por desempleo de los mismos.

La disposición adicional undécima supone adoptar para los trabajadores autónomos del sector del transporte la referencia del artículo 1.3 g) del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, de inclusión en el ámbito subjetivo de la presente Ley, matizando los requisitos que en este caso deben cumplirse para los trabajadores autónomos de este sector para su consideración de trabajadores autónomos económicamente dependientes.

La disposición adicional duodécima establece la participación de trabajadores autónomos en programas de formación e información de prevención de riesgos laborales, con la finalidad de reducir la siniestralidad y evitar la aparición de enfermedades profesionales en los respectivos sectores, por medio de las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y las organizaciones sindicales más representativas.

La disposición adicional decimotercera introduce incrementos en la reducción y la bonificación de la cotización a la Seguridad Social así como los periodos respectivos aplicables a los nuevos trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que tengan 30 o menos años de edad y 35 años en el caso de trabajadoras autónomas, dando nueva redacción a la disposición adicional trigésima quinta de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

La disposición adicional decimocuarta señala un plazo de un año para que el Gobierno elabore un estudio sobre los sectores de actividad que tienen una especial incidencia en el colectivo de trabajadores autónomos.

La disposición adicional decimoquinta establece un plazo de un año para que el Gobierno presente un estudio sobre la actualización de la normativa que regula el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos establecida esencialmente en el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto.

La disposición adicional decimosexta determina el plazo de un año para que el Gobierno realice, en colaboración con las entidades más representativas de trabajadores autónomos, una campaña de difusión e información sobre la normativa y las características del Régimen Especial del Trabajador Autónomo.

La disposición adicional decimoséptima supone la determinación reglamentaria de los supuestos en que los agentes de seguros quedarían sujetos al contrato de trabajadores autónomos económicamente dependientes, sin afectar en ningún caso a la relación mercantil de aquellos.

Las disposiciones adicionales decimoctava y decimonovena se refieren, respectivamente, a los casos específicos de las personas con discapacidad y de los agentes comerciales.

De las disposiciones transitorias cabe destacar que la transitoria primera establece un plazo de seis meses para la adaptación de estatutos y reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones. La transitoria segunda fija los plazos de adaptación de los contratos vigentes de los trabajadores económicamente dependientes con una especificidad en el plazo de adaptación de dichos contratos en la transitoria tercera para los sectores del transporte y de los agentes de seguros.

La disposición final primera establece el título competencial que habilita al Estado a dictar esta Ley. En concreto la Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5.ª, legislación sobre Administración de Justicia, 6.ª, legislación mercantil y procesal, 7.ª, legislación laboral, 8.ª, legislación civil y 17.ª, legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.

La disposición final segunda recoge el principio general del Pacto de Toledo de lograr la equiparación en aportaciones, derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General.

La disposición final tercera habilita al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias de ejecución y desarrollo necesarias para la aplicación de la Ley.

La disposición final cuarta establece que el Gobierno deberá informar a las Cortes Generales anualmente de la ejecución de previsiones contenidas en la presente Ley, incorporando en dicho informe el dictamen de los Órganos Consultivos.

La disposición final quinta establece un plazo de un año para el desarrollo reglamentario de la Ley en lo relativo al contrato de trabajo de los trabajadores autónomos económicamente dependientes.

La disposición final sexta establece una «vacatio legis» de tres meses, plazo que se considera adecuado para la entrada en vigor de la Ley.

21.2- Acerca del silencio administrativo – …Interpretar que el silencio administrativo pueda generar efectos que den lugar a una minoración de las posibilidades del ciudadano

STC 220/2003, de 15 de diciembre:
No es constitucionalmente admisible interpretar que el silencio administrativo pueda generar efectos que den lugar a una minoración de las posibilidades del ciudadano de tener acceso a la jurisdicción.

Juan Ignacio Gomar Sánchez
Técnico de Administración General
Consejero Técnico de la Secretaría General del Ayuntamiento de Madrid
gomarsji@munimadrid.es

I. DOCTRINA DEL TRIBUNAL
El silencio de la Administración no excluye su obligación, legalmente establecida, de resolver, obligación en la que puede confiar el ciudadano.
El silencio administrativo se configura pues como una institución que tiene por objeto protegerle de la inactividad administrativa, generando efectos estimatorios o desestimatorios, en base a los cuales el ciudadano puede decidir como actuar.
Por ello, el silencio no puede interpretarse de modo que favorezca a la Administración al limitar el acceso a lajurisdicción de quien, confiado en la subsistencia de dicha obligación de resolver, prefiere esperar tal resolución.

II. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES
En numerosas sentencias el Tribunal ha examinado el tema del acceso a la jurisdicción marginando aquellas interpretaciones y aplicaciones de los requisitos legales que por su rigorismo o desproporción se convierten en un obstáculo injustificado del ejercicio de dicho derecho (STC 71/2001, 218/2001, 13/2002, 203/2002, 30/2003,
188/2003).
De la misma forma se ha manifestado reiteradamente acerca de que la Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente y en plazo las solicitudes de los ciudadanos, pues este deber entronca con diversos valores constitucionales (STC 6/1986, 204/1987, 180/1991, 86/1998, 71/2001, 188/2003).

III. SUPUESTO DE HECHO.
Un ciudadano recurre contra una liquidación municipal del ICIO.
La Administración local no le contesta y 16 meses después le requiere el pago argumentando el agotamiento de la vía administrativa y jurisdiccional al haber transcurrido los plazos legales de impugnación. Interpuesto recurso contencioso administrativo la Sala del Superior de Justicia y posteriormente el Supremo declararon su extemporaneidad al haber devenido la liquidación firme por consentida.

IV. TIPO DE RECURSO.
A través de esta sentencia se resuelve un recurso de amparo interpuesto contra la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2000, desestimatoria del recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 10 de junio de 1995, que inadmitió el recurso interpuesto contra un requerimiento de pago efectuado por el Ayuntamiento de Mérida, correspondiente a una
liquidación del Impuesto municipal de Construcciones, Instalaciones y Obras.

V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
En primer lugar recuerda el Tribunal que desde un punto de vista procesal el requisito de la invocación formal del derecho constitucional vulnerado ha de ser interpretado de modo flexible y, por tanto, basta para considerar cumplido este requisito que de las alegaciones del recurrente pueda inferirse el derecho fundamental lesionado.
En segundo lugar se reitera el criterio de que cuando existe una notificación de un acto de ejecución contra el que el interesado ha interpuesto los recursos pertinentes en el plazo establecido por la ley ha de entenderse que este acto de ejecución implica al mismo tiempo una reiteración del acto resolutorio que no puede considerarse consentidoy que reabre los plazos legales de impugnación de dicho acto.
En tercer lugar se insiste en que la Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente y en plazo las solicitudes de los ciudadanos, de modo que no es razonable a nivel constitucional una interpretación que prime la inactividad de la Administración.
En consecuencia, ante el silencio de la Administración debe permitirse que el ciudadano decida esperar a que esta resuelva, pues como tal Administración tiene obligación legal de hacerlo, sin que tal silencio pueda por tanto traducirse en una conformidad con los actos impugnados que le vete el acceso a la jurisdicción.

VI. COMENTARIO CRÍTICO
El análisis de la jurisprudencia constitucional y ordinaria no deja de ser en múltiples aspectos sorprendente. En este sentido si un ciudadano japonés tuviera una primera aproximación a la STC 220/2003 concluiría seguramente que el Tribunal Constitucional y el Supremo divergen a la hora de interpretar los efectos que del silencio administrativo pueden derivarse, siendo mas formal y rígido el criterio del Supremo y mas espiritualista y finalista el del Constitucional. Pero si entonces ofreciéramos al estimado ciudadano oriental los siguientes párrafos: “el silencio administrativo es una ficción que opera en beneficio del administrado que, por tanto, puede esperar confiadamente que la Administración cumpla su deber dictando resolución expresa”, o “si el particular espera confiado una resolución expresa y la Administración no cumple el deber de dictarla no obstante ser instada a ello, si se entiende que entonces no puede plantear una reclamación judicial, se cerrará al particular el acceso a los Tribunales, y sabido es que el derecho a la tutela judicial efectivamente tiene un contenido complejo que incluye, entre otros, la libertad de acceso a los Jueces y Tribunales, el derecho a obtener un fallo de estos”, argumento al que “no puede ser obstáculo el principio de seguridad jurídica, pues la inseguridad solo es imputable a la Administración, que es la que puede poner fin a la misma dictando resolución expresa”, y le indicáramos que pertenecen a sentencias de 28 de noviembre de 1989 y 24 de febrero de 1988, dictadas ya entonces por el Supremo con los mismos argumentos que ahora utiliza el Constitucional contra aquel ¿entendería algo nuestro japonés?.

Tal vez en su sabiduría oriental apreciase el valor de la discordancia de ideas en el progreso del conocimiento, pero seguramente el justiciable afectado no lo vería con un enfoque tan positivo. Con ello se pone de relieve que la falta de uniformidad de la jurisprudencia ordinaria, que obliga en ocasiones al Constitucional a convertirse claramente en una tercera instancia, unida a las variadas divergencias interpretativas entre ambos órganos, no siempre razonables ni por una ni por otra parte, ponen al ciudadano ante un panorama de inseguridad jurídica que es complemento desazonador de la fiebre de creación normativa que ataca desde hace tiempo a nuestro legislador, necesitado sin duda de reposo y reflexión. En fin, que uno envidia a menudo a los astrónomos, pues tienen a su disposición las mismas estrellas desde hace millones de años, las tienen siempre localizadas, y pueden estudiarlas sin que cada noche aparezcan de distinto color.
Sin perder de vista la sentencia 220/2003 y al margen de las reflexiones que se puedan suscitar acerca de la idoneidad de una pluralidad de órganos jurisdiccionales superiores en condiciones de chocar entre ellos (es probable que en naciones como los EEUU el legislador constituyente pensase en ello cuando configuró un único Tribunal superior en todos los ordenes), es interesante destacar la relevancia del principio de confianza legitima como principio inspirador, aunque apenas apuntado, de la resolución del Tribunal, principio del que sentencias como la 54/2003 hacen aplicación en materia de notificaciones, y que subyace claramente en el criterio contenido en esta sentencia.

VII. RELEVANCIA JURÍDICA
Es desde luego interesante que el Tribunal reitere un criterio del que el Supremo ya había hecho uso y que se traduce en un notable incremento del nivel de protección jurídica de los ciudadanos. Así mismo resulta importante la clara reivindicación del derecho a exigir de la Administración que resuelva expresamente.
En estos sentidos no cabe duda de que si existe una persona de quien deba exigirse la máxima diligencia y buena fe esa es la Administración y, por tanto, es de gran relevancia que el Tribunal
Constitucional reitere continuamente la pertinencia de que la interpretación de las normas no deba beneficiarla cuando incumpla las obligaciones que el ordenamiento expresamente le atribuya como, por ejemplo, la de resolver.
Por otra parte, y a otro nivel, se pueden suscitar dudas sobre la incidencia que el criterio establecido pueda tener en los casos muy concretos, que afectan principalmente a numerosos municipios, de la responsabilidad patrimonial derivada de los daños ocasionados con motivo de los retrasos que la resolución de los tribunales económico administrativos puede ocasionar en materia de prescripción de deudas tributarias.
Se trata de los supuestos en los que los Tribunales de Justicia consideran que cuando a un municipio le prescribe un crédito como consecuencia de su larga permanencia en el citado económico administrativo (en cuestiones que obviamente vienen de tiempo atrás) la responsabilidad se considera compartida entre aquel y éste (y por tanto el Estado), en la medida en que se considera que la Administración local (también podría ser la
autonómica en algunos casos) pudo considerar desestimada la reclamación por el transcurso del plazo de un año desde la interposición del recurso y continuar el procedimiento recaudatorio, con lo cual, si ha esperado la resolución y durante dicha espera el crédito prescribió, se considera que ha existido una concurrencia de culpas que determina la responsabilidad compartida en dicha prescripción (lo que se traduce en la moderación de la indemnización a percibir por la perjudicada).
Esta responsabilidad no debería entonces distribuirse si se considerase que también una Administración puede confiar en que la otra resuelva, pues en tal caso se podría entender que la que espera no tiene porque verse perjudicada por los efectos derivados de mantener dicha confianza.

VIII. BIBLIOGRAFÍA
GARCÍA LUENGO: “El principio de protección de la confianza en el Derecho Administrativo”, Cívitas 2002, página 122;
GONZÁLEZ PÉREZ: “El principio general de la buena fe en el derecho administrativo”, Cívitas, 1989, página 69;
CASTILLO BLANCO, “La protección de confianza en el Derecho Administrativo”, Marcial Pons 1998;

21.3- Silencio administrativo

Silencio administrativo

Figura jurídica del Derecho administrativo prevista para los supuestos en que la Administración no resuelve en el plazo establecido los procedimientos administrativos cualquiera que sea su forma de iniciación.
El plazo máximo para resolver será de seis meses, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho comunitario establezca uno mayor.
En los casos en que las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, será de tres meses.
El silencio administrativo producido en los procesos iniciados a instancia del interesado tendrá, con carácter general, sentido positivo, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho comunitario prevea lo contrario. JSSI LRJ-PAC, arts. 42 a 44.

Actos presuntos; Silencio negativo; Silencio positivo.

Derecho Administrativo

Como premisa principal hay que partir de la obligación que tiene la Administración de resolver expresamente todos los procedimientos que tramite, y, además, notificar en un plazo determinado dicha resolución.
El silencio administrativo es una técnica establecida por la ley ante la falta de resolución en plazo de los procedimientos administrativos, mediante la cual se pueden entender estimadas (silencio positivo) o desestimadas (silencio negativo) las peticiones dirigidas a la Administración.
Veamos, pues, el régimen de la obligación de resolver y notificar, y la consecuencia que se anuda ante su incumplimiento, tal y como se regula en la L.R.J.P.A.C., tras la reforma operada en la misma mediante la Ley 4/99, de 13de enero.

Obligación de resolver y notificar. El artículo 42 de la L.R.J.P.A.C. establece que la administración está obligada a dictar resolución expresa, y a notificarla, en el plazo máximo que señale la norma reguladora de cada tipo de procedimiento.

Este plazo no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea, y si la norma reguladora del procedimiento no fija plazos se entiende que el plazo máximo es de tres meses.

El plazo máximo de resolución y notificación puede sufrir suspensiones o ampliaciones en distintos supuestos (V. apartados 5 y 6 del artículo 42 L.R.J.P.A.C.). Hay que poner de manifiesto que a los efectos de entender cumplida la obligación de resolver y de notificar en plazo, -para evitar que surja el silencio- basta con la notificación defectuosa (V. notificación) o el intento de notificación debidamente acreditado. Por último, la obligación de resolver y notificar persiste incluso aunque haya surgido el silencio, si bien con el sentido y limitaciones que más adelante se indica.

La forma de producción del silencio administrativo.

El silencio administrativo responde ahora a la forma más simple de producción de cuantas son posibles: petición del interesado, o incoación de oficio (en actos favorables) y transcurso del plazo máximo de resolución y notificación sin que el particular haya recibido la notificación: «el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo» (artículo 43.1 L.R.J.P.A.C.).

Algo que se corrobora con lo dispuesto en el apartado 5 del mismo artículo, pues los actos administrativos producidos por silencioadministrativo producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido. Ya no es necesaria, pues, la llamada denuncia de la mora (V. mora, denuncia de la).

Naturaleza y Efectos.
En el caso del silencio positivo, se da lugar a un auténtico acto presunto estimatorio que no puede ser desconocido por la administración. En el del silencio negativo surge un acto ficticio con los solos efectos de posibilitar el acceso a los recursos administrativos o jurisdiccionales, según proceda.
Es suficientemente expresivo el apartado 3 del artículo 43 de la citada Ley, al establecer que la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento, mientras que la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. Es más, su distinta naturaleza condiciona también las posibilidades de actuación de la administración una vez que surgen los dos tipos de actos, pues en los casos de estimación por silencio administrativo la resolución expresa posterior a la producción del acto presunto estimatorio sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo, mientras que en los casos de desestimación por silencioadministrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Supuestos de silencio administrativo. a) En procedimientos iniciados a solicitud de interesado.

La regla general es el silencio positivo puesto que los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario europeo establezca lo contrario, con las excepciones siguientes: los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquéllos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como en materia de recursos administrativos en los que el silencio será negativo (con una excepción, a su vez, en el caso de los recursos de alzada interpuestos frente a una desestimación presunta, puesto que transcurrido el plazo de tres meses sin que la Administración haya notificado la resolución del recurso, este se entiende estimado por silencio administrativo positivo). b) En procedimientos iniciados de oficio.

Además, la L.R.J.P.A.C. recoge expresamente como supuesto de silencio administrativo negativo el del primer apartado del artículo 44, referido a procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas; supuesto que hay que distinguir del de los procedimientos iniciados de oficio en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectosdesfavorables o de gravamen, en los que el transcurso del plazo sin que se haya notificado la resolución conlleva la perención o caducidad.

La acreditación del silencio. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

La ley incluye la posibilidad de solicitar a la Administración un certificado acreditativo del silencio producido que deberá emitirse por el órgano competente para resolver. en el plazo máximo de 15 días.

Es la inactividad o retraso de la Administración Pública en la resolución de los procedimientos.

En lugar de servir de base para la producción del acto administrativo presunto, el silencio de la Administración es ahora, en primer lugar, causa deresponsabilidad disciplinaria del funcionario público correspondiente y su remoción del puesto de trabajo.

Estos efectos se producen al vencer el plazo legalmente previsto para la resolución de que se trate.

Con los referidos efectos disciplinarios, el silencio administrativa será positivo o negativo según los casos.

Ley de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento administrativo común, artículo 43.

21.4- Nomas generales de la administracion pública

TÍTULO IV

De la actividad de las Administraciones Públicas

CAPÍTULO PRIMERO

NORMAS GENERALES

Artículo 35 Derechos de los ciudadanos

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.
b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.
d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico.
e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.
g) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
h) Al acceso a la información pública, archivos y registros.Letra h) del artículo 35 redactada por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno («B.O.E.» 10 diciembre). Téngase en cuenta que el título preliminar, el título I y el título III entrarán en vigor el día 10 de diciembre de 2014. Vigencia: 30 diciembre 2013
i) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
j) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.
k) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes.

Artículo 43 Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de interesado

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.

Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.

Artículo 43 redactado por el número dos del artículo 2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre).Vigencia: 27 diciembre 2009

Artículo 44 Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

1. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.
Téngase en cuenta la Sentencia (Sala 3.ª, Sección 4.ª) de 12 de junio de 2003, por la que se fija doctrina legal en relación con los artículos 44.2 y 92.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 11 agosto), en el sentido de que la declaración de caducidad y archivo de actuaciones establecidas para procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, artículo 44.2, no extinguen la acción de la Administración para ejercitar las potestades aludidas en ese precepto, siéndoles plenamente aplicable el artículo 92.3.

Artículo 47 Obligatoriedad de términos y plazos

Los términos y plazos establecidos en ésta u otras Leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.

Artículo 50 Tramitación de urgencia

1. Cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.

21.5- Artículo 30. Bonificación a trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación.

1. Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos tendrán derecho, por un plazo de hasta doce meses, a una bonificación del 100 por cien de la cuota de autónomos por contingencias comunes, que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los doce meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida el tipo de cotización mínimo de cotización vigente en cada momento establecido en el citado Régimen Especial en los siguientes supuestos:

a) Por cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo.

b) Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada.

c) Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento o una discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, cuando dicha discapacidad esté debidamente acreditada, siempre que dicho familiar no desempeñe una actividad retribuida

En el caso de que el trabajador lleve menos de 12 meses de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, la base media de cotización se calculará desde la fecha de alta.

2. La aplicación de la bonificación recogida en el apartado anterior estará condicionada a la permanencia en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y a la contratación de un trabajador, a tiempo completo o parcial, que deberá mantenerse durante todo el periodo de su disfrute. En todo caso, la duración del contrato deberá ser, al menos, de 3 meses desde la fecha de inicio del disfrute de la bonificación.

Dicho trabajador contratado será ocupado en la actividad profesional que da lugar al alta en el Sistema de Seguridad Social del trabajador autónomo.

Cuando se extinga la relación laboral, incluso durante el periodo inicial de 3 meses, el trabajador autónomo podrá beneficiarse de la bonificación si contrata a otro trabajador por cuenta ajena en el plazo máximo de 30 días.

El contrato a tiempo parcial no podrá celebrarse por una jornada laboral inferior al 50 por ciento de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. Si la contratación es a tiempo parcial, la bonificación prevista en el apartado 1 de este artículo será del 50 por 100.

3. En caso de incumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, el trabajador autónomo estará obligado a reintegrar el importe de la bonificación disfrutada.

No procederá el reintegro de la bonificación cuando la extinción esté motivada por causas objetivas o por despido disciplinario cuando una u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni en los supuestos de extinción causada por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador o por resolución durante el periodo de prueba.

Cuando proceda el reintegro, este quedará limitado exclusivamente a la parte de la bonificación disfrutada que estuviera vinculada al contrato cuya extinción se hubiera producido en supuestos distintos a los previstos en el párrafo anterior.

En caso de no mantenerse en el empleo al trabajador contratado durante, al menos, 3 meses desde la fecha de inicio del disfrute de la bonificación, el trabajador autónomo estará obligado a reintegrar el importe de la bonificación disfrutada, salvo que, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, se proceda a contratar a otra persona en el plazo de 30 días.

En caso de que el menor que dio lugar a la bonificación prevista en este artículo alcanzase la edad de 7 años con anterioridad a la finalización del disfrute de la bonificación, esta se podrá mantener hasta alcanzar el periodo máximo de 12 meses previsto, siempre que se cumplan el resto de condiciones.

En todo caso, el trabajador autónomo que se beneficie de la bonificación prevista en este artículo deberá mantenerse en alta en la Seguridad Social durante los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de disfrute de la misma. En caso contrario el trabajador autónomo estará obligado a reintegrar el importe de la bonificación disfrutada.

4. Solo tendrán derecho a la bonificación los trabajadores por cuenta propia que carezcan de trabajadores asalariados en la fecha de inicio de la aplicación de la bonificación y durante los doce meses anteriores a la misma. No se tomará en consideración a los efectos anteriores al trabajador contratado mediante contrato de interinidad para la sustitución del trabajador autónomo durante los periodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento tanto preadoptivo como permanente o simple, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

* NOTA: debe tenerse en cuenta la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que en su disposición adicional segunda dispone: “Todas las referencias que en las leyes y demás disposiciones se realizasen al «acogimiento preadoptivo» deberán entenderse hechas a la «delegación de guarda para la convivencia preadoptiva» prevista en el artículo 176 bis del código Civil. Las que se realizasen al «acogimiento simple» deberán entenderse hechas al «acogimiento familiar temporal» previsto en el artículo 173 bis del código Civil.”

5. Los beneficiarios de la bonificación tendrán derecho a su disfrute una vez por cada uno de los sujetos causantes a su cargo señalados en el apartado 1, siempre que se cumplan el resto de requisitos previstos en el presente artículo.

6. La medida prevista en este artículo será compatible con el resto de incentivos a la contratación por cuenta ajena, conforme a la normativa vigente.

7. En lo no previsto expresamente, las contrataciones realizadas al amparo de lo establecido en este artículo se regirán por lo dispuesto en el artículo 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo.

* NOTA: artículo añadido por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, y modificado por la Ley 25/2015, de 28 de julio.

21.6- Artículo 31. Reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia.

1. La cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 5 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se reducirá a la cuantía de 50 euros mensuales durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, en el caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda.

Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que, cumpliendo los requisitos previstos en el párrafo anterior, optasen por una base de cotización superior a la mínima que les corresponda, podrán aplicarse durante los 6 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal, equivalente al 80 por ciento de la cuota.

Con posterioridad al periodo inicial de 6 meses previsto en los dos párrafos anteriores, y con independencia de la base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia que disfruten de la medida prevista en este artículo podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal, por un período máximo de hasta 12 meses, hasta completar un periodo máximo de 18 meses tras la fecha de efectos del alta, según la siguiente escala:

a) Una reducción equivalente al 50 por ciento de la cuota durante los 6 meses siguientes al período inicial previsto en los dos primeros párrafos de este apartado.

b) Una reducción equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra a).

c) Una bonificación equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra b).

2. En el supuesto de que los trabajadores por cuenta propia sean menores de 30 años, o menores de 35 años en el caso de mujeres, y causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los 5 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, podrán aplicarse además de las reducciones y bonificaciones previstas en el apartado anterior, una bonificación adicional equivalente al 30 por ciento, sobre la cuota por contingencias comunes, en los 12 meses siguientes a la finalización del periodo de bonificación previsto en el apartado primero, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal. En este supuesto la duración máxima de las reducciones y bonificaciones será de 30 meses.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios de sociedades laborales y a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, cuando cumplan los requisitos de los apartados anteriores de este artículo.

4. Lo previsto en el presente artículo resultará de aplicación aun cuando los beneficiarios de esta medida, una vez iniciada su actividad, empleen a trabajadores por cuenta ajena.

5. Las bonificaciones de cuotas previstas en este artículo se financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal y las reducciones de cuotas se soportarán por el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social, respectivamente.

21.7- Artículo 119 La justicia será gratuita

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

21.8- Artículo 121 Los daños causados por la Administración

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

21.9- Acerca de alegar el Desconocimiento de la Ley por parte del denunciado

Artículo 6 del Codigo Civil

1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.
El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen.

2. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.

3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.
.

21.10- Artículo 23.- El derecho a la Seguridad Social.

Artículo 23.- El derecho a la Seguridad Social.

1. De conformidad con el artículo 41 de la Constitución, las personas que ejerzan una actividad profesional o económica por cuenta propia o autónoma tendrán derecho al mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social, que les garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Las prestaciones complementarias serán libres.

2. La protección de los trabajadores por cuenta propia o autónomos se instrumentará a través de un único régimen, que se denominará Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, sin perjuicio de que algunos colectivos específicos de trabajadores autónomos, en razón de su pertenencia a un determinado sector económico, estén encuadrados en otros regímenes de la Seguridad Social.

21.11- Artículo 24.- Afiliación a la Seguridad Social.

La afiliación al sistema de la Seguridad Social es obligatoria para los trabajadores autónomos o por cuenta propia, y única para su vida profesional, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos regímenes que integran el sistema de Seguridad Social, así como de las demás variaciones que puedan producirse con posterioridad a la afiliación.

21.12- Artículo 25.- Cotización a la Seguridad Social

1. La cotización es obligatoria en el Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en los términos previstos en el artículo 15 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y demás disposiciones de desarrollo [entiéndase, articulo 18 de la LGSS de 2015].

2. La Ley podrá establecer bases de cotización diferenciadas para los trabajadores autónomos económicamente dependientes.

3. La Ley podrá establecer reducciones o bonificaciones en las bases de cotización o en las cuotas de Seguridad Social para determinados colectivos de trabajadores autónomos en atención a sus características personales o a las características profesionales de la actividad ejercida.

21.13- Artículo 26.- Acción protectora del Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

1. La acción protectora del Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en los términos y conforme a las condiciones legalmente previstas, comprenderá, en todo caso:

a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad común o profesional y accidentes, sean o no de trabajo.

b) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, riesgo durante la lactancia, incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia y familiares por hijo a cargo.

2. Las prestaciones de servicios sociales serán las establecidas legalmente y en todo caso comprenderá las prestaciones en materia de reeducación, de rehabilitación de personas con discapacidad, de asistencia a la tercera edad y de recuperación profesional.

3. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes deberán incorporar obligatoriamente, dentro del ámbito de la acción protectora de la Seguridad Social, la cobertura de la incapacidad temporal y de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

A los efectos de esta cobertura, se entenderá por accidente de trabajo toda lesión corporal del trabajador autónomo económicamente dependiente que sufra con ocasión o por consecuencia de la actividad profesional, considerándose también accidente de trabajo el que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de la prestación de la actividad, o por causa o consecuencia de la misma. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el accidente no tiene relación con el trabajo cuando haya ocurrido fuera del desarrollo de la actividad profesional de que se trate.

4. Los poderes públicos promoverán políticas que incentiven la continuidad en el ejercicio de la profesión, trabajo o actividad económica de los trabajadores por cuenta propia, una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación. No obstante, en atención a la naturaleza tóxica, peligrosa o penosa de la actividad ejercida, y en los términos que reglamentariamente se establezcan, los trabajadores autónomos afectados que reúnan las condiciones establecidas para causar derecho a la pensión de jubilación, con excepción de la relativa a la edad, podrán acceder a la jubilación anticipada, en los mismos supuestos y colectivos para los que esté establecido dicho derecho respecto de los trabajadores por cuenta ajena.

En este sentido, se entenderán comprendidos los trabajadores autónomos con discapacidad en las mismas condiciones que los trabajadores por cuenta ajena.

* NOTA: véase el artículo 347.3 de la LGSS 2015.

5. La acción protectora del régimen público de Seguridad Social de los trabajadores autónomos tenderá a converger en aportaciones, derechos y prestaciones con la existente para los trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social.

21.14- Obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Principio de proporcionalidad

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

21.15- Doctrina y Aplicación del pago por consignación Judicial

PAGO POR CONSIGNACION.

Introducción al Tema
Puede ocurrir que el deudor, aunque animado de intención de pagar, se halle frente a obstáculos jurídicos o de hecho, que le impidan o dificulten el cumplimiento y lo pongan en peligro de incurrir en mora.

Frente a esta situación, a fin de facilitar el cumplimiento, el derecho crea la institución que se denomina pago por consignación, legislada en los arts. 584 a 590, que permite al deudor liberarse de la obligación, consignado o depositando el bien adecuado.

Precisamente, porque se trata de depósito el instituto se refiere sólo a obligaciones de dar. Lo dice terminantemente el art. 584: «El pago por consignación debe hacerse judicialmente y sólo es posible en las obligaciones de dar».

Definición. Distinciones:

Se paga por consignación haciendo depósito judicial de bien adecuado.
La figura se refiere sólo al pago de obligaciones de dar.
Ello es comprensible.
Las obligaciones de hacer no pueden ser objetos de consignación.

En cambio, en las obligaciones de dar el problema es mas frecuente de lo que podría imaginarse.

En efecto, a veces puede ocurrir que el acreedor, con razón o sin ella, se niegue a recibir el pago.

Por ejemplo, si se quisiera hacerle la entrega de objetos en un lugar o en momento distinto al convenido y que le aparejasen graves inconvenientes.
En tal caso, su renuncia a recibir el pago seria legítima.
.
Pero podría ocurrir que ella obedeciera a motivos no legítimos. y podría también darse que el deudor tuviera dudas sobre la persona titular del crédito o también que estuviera en presencia de un acreedor incapaz o que no tuviera domicilio desconocido, etc.
En tal caso, la ley permite la consignación del pago mediante su depósito judicial y la promoción de acciones ante el juez, quien deberá decidir si el pago efectuado es de legítimo abono.

21.16- Acerca del criterio de Confiscación

Dicha privación podrá ser tasada en diferentes valores, porcentajes y modos (principios de proporcionalidad y progresividad), dado que un valor confiscatorio del 90% del patrimonio de una persona con 10.000 € será más perjudicial que para un sujeto con un patrimonio de 10.000.000 € (evidentemente el segundo sujeto pierde más dinero, pero al primero le supone para su subsistencia un golpe mayor).

Autores que fundamentan el Derecho Tributario y su Alcance

22.1- Gravedad de la situación laboral y la ineficiencia de medida – El País – 10 Feb 2017

Desde el cambio profundo en la legislación laboral que se aprobó en 2012, hay más empleo y la tasa de paro se ha reducido.
La excesiva temporalidad y los afectados por ERE son la cara amarga del balance

La reforma laboral se aprobó el 10 de febrero de 2012.
España tenía entonces una tasa de paro del 24,8% y 18,2 millones de españoles tenían trabajo.
Muchos de ellos perdieron su empleo en los años posteriores.
En la parte más cruda de la crisis del mercado laboral, España llegó a tener más de seis millones de parados y una tasa de desempleo del 27,1%, la más alta de la historia del país.
La ocupación se redujo hasta 16,9 millones de puesto de trabajo.
¿Funcionó la reforma laboral para crear empleo?
Cuando llegó la recuperación económica en 2014, con apenas un crecimiento anual del PIB del 1%, empezó a crearse en empleo.
Cinco años después de la reforma laboral que impulsó la ministra de Empleo Fátima Báñez, la tasa de paro es del 18,5%.
Hay 18,5 millones de españoles con trabajo.

Contratos temporales y a tiempo parcial
Cinco años después de la aprobación de la reforma laboral, hay menos paro y más empleo.
Sin embargo, su calidad es menor.
La temporalidad sigue enquistada en el mercado de trabajo español.
El 26,5% de los asalariados españoles no tiene un contrato fijo.
Es el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Polonia, con mayor tasa de temporalidad.
Tampoco todos los españoles que desean trabajar a tiempo completo lo consiguen.
Este tipo de acuerdos laborales, que solo cubren parte de la jornada, suponen el 15,3% del total, frente al 13,5% del momento previo a la reforma laboral.
Esto explica que haya más gente ocupada pese a que las horas trabajadas todavía están ligeramente por debajo de 2011. En cuanto a los sueldos, la reforma laboral impulsó la devaluación salarial.
Antes de su aprobación, el salario medio era de 25.999 euros brutos al año.
En 2015, el último dato disponible según la Encuesta Anual de Coste Salarial, era de 25.211 euros.

Expedientes de regulación
La reforma laboral aprobada hace cinco años facilitó los despidos colectivos, al eliminar la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
Es decir, tras el cambio de norma, las empresas no precisan el visto bueno de la administración antes de llevar a cabo una regulación de empleo. Con la segunda recesión económica, a partir de 2011, el número de personas en despidos colectivos se disparó.
Llegó a superar los 82.000 afectados en un año en 2012. Más que en 2009, pese a aquel año la economía registró una caída más profunda.
Con el crecimiento económico los ERE han bajado con fuerza.

22.2- Trabajos del Senador Enrique Fuentes Quintana

Autor de :
«Los principios de la imposición española y los problemas de su reforma (1975).»
«La reforma fiscal y los problemas de la Hacienda Pública Española (1989).»
«Las reformas tributarias en España.Teoría, historia y propuestas (1990).»

El Senador Enrique Fuentes Quintana, deja muy clara su intención a la hora de «escribir» la CE, acerca del carácter no confiscatorio y proporcional, que debe prevalecer en las contribuciones.

Además de la exigencia de una transparencia y un uso justo por parte del Estado de esta, elementos que no son tema en esta denuncia.

22.3- Trascendencia de la Constitución Española – Periódico La Nacion de Argentina

La noción de no confiscatoriedad no sólo ha sido reconocida reiteradamente por la jurisprudencia, sino también incluida explícitamente en las constituciones de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Río Negro y Santiago del Estero, además de ser recogida por constituciones extranjeras más modernas, como la española de 1978 y la brasileña de 1988.

Existe una relación íntima entre el Estado de Derecho, la garantía constitucional del derecho a la propiedad privada y los tributos como institución.
El abuso de la potestad tributaria puede demoler el Estado de Derecho y lesionar el derecho a la propiedad privada, empujándonos arteramente a la frontera del colectivismo.

Por esto la noción de no confiscatoriedad es independiente de la finalidad de un tributo, razón por la cual la injusticia que con éste pudiera haberse cometido debe siempre ser reparada cuando ella produce en el patrimonio o en la renta de cualquier persona un daño que implique confiscación.

Así lo exige el artículo 17 de la Constitución Nacional (Argentina), que garantiza el derecho de propiedad privada y proscribe la confiscación como pena.

Así lo impone también la garantía innominada de razonabilidad que se desprende del artículo 28 de nuestra Carta Magna.

22.4- Guardar y hacer guardar la Constitución por el Presidente de la Asociación Profesional de Magistratura, Manuel Almenar

Presidente de la Asociación Profesional de Magistratura, Manuel Almenar

«los jueces», ha explicado Almenar, «cuando ingresamos en la carrera judicial, juramos o prometemos guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico».

Almenar (APM) recuerda el deber de los jueces de «hacer guardar la Constitución» tras la declaración del Parlament

En el marco del XXII Congreso de la APM, que se desarrolla estos días en Logroño, ha señalado el deber de la Magistratura de cumplir «lealtad al Estado, a las Instituciones y exigir el cumplimiento de la ley a todos».

(c) 2015 Europa Press. Publicado 13/11/2015 13:47:34

22.5- Principio de Economía en la recaudación (Rubio y Bernales)

Rubio y Bernales dicen que los constituyentes se referían a “reducir la tributación a su finalidad de financiamiento”.

El Derecho tributario regula pues los actos tributarios en referencia directa a la finalidad de financiamiento.

Sin embargo, parece más bien que el principio presente se amplía por ser un control al exceso de determinación de tributos por parte del Estado.
El Estado no puede imponer a diestra y siniestra cualquier tributo, basado en su potestad tributaria, sino que tiene que limitar este poder tributario a sus funciones específicas, es decir a la finalidad de la propia tributación fiscal: la de financiamiento.

Este debería ser el límite, el financiamiento del Estado para los gastos propios de su función y existencia.
Ir más allá de estos gastos sería incurrir en lo arbitrario, puesto que el Estado no puede afectar a la riqueza del patrimonio más que en la proporción de su necesidad de financiamiento para su existencia y cumplimiento de sus fines específicos.

22.6- Principio de generalidad y de capacidad económica – Principios Tributarios (Profesor Calvo Ortega, profesor Rodríguez Bereijo)

Las expresadas interrelaciones se ponen especialmente de manifiesto entre el principio de generalidad y el de capacidad económica.

Desarrollo
Así señala el profesor Calvo Ortega refiriéndose al principio de generalidad que el mismo supone que:
«todos los sujetos de derecho están sometidos al poder tributario y que no se pueden establecer exoneraciones individuales o de grupo (a personas físicas o jurídicas) que no estén justificadas por el propio ordenamiento y concretamente por la Constitución misma» y respecto del principio de capacidad económica señala que respecto de la capacidad » siempre se hace referencia a la aptitud, a la posibilidad real, a la suficiencia de un sujeto de derecho para hacer frente a la exigencia de una obligación dineraria concreta por parte de la Administración Pública.

En resumen, la capacidad económica en el sentido que aquí nos interesa es una situación subjetiva patrimonial en relación con obligaciones dinerarias determinadas».

Podría decirse que la diferencia entre ambos principios no es muy clara y que, en definitiva, la capacidad económica ya cubre la generalidad: quien la tiene queda sujeto y quien carece de ella exento. La diferencia, sin embargo, existe. La generalidad significa una sujeción abstracta y de ahí su relieve político y la capacidad económica una situación concreta ante un tributo determinado que afecta a la persona “física o jurídica de que se trate» (Calvo Ortega).

Tal y como ha afirmado el profesor Rodríguez Bereijo, “el deber constitucional de contribuir del artículo 31.1 de la Constitución presenta un carácter bifronte: de un lado, la protección constitucional del “interés fiscal” del Estado en el cumplimiento de las obligaciones tributarias válidamente constituidas según la Ley, y de otro, “el interés del contribuyente” a una imposición de acuerdo con su capacidad económica”.

En relación con el principio de capacidad económica, una de las cuestiones más polémicas es la posibilidad de que el legislador pueda configurar el presupuesto de hecho de un tributo teniendo en cuenta consideraciones extrafiscales.

Así lo declaró el Tribunal Constitucional en la Sentencia 37/1987 en relación con el Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas.

En esta Sentencia advirtió, también, que no es necesario que la renta sea real sino que basta con que se grave una renta potencial. Últimamente, el Tribunal Constitucional se ha reafirmado en esta teoría en la Sentencia 295/2006, de 11 de octubre en relación con el régimen de imputación de rentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En ambas ocasiones se ha afirmado que la renuncia a obtener el rendimiento óptimo legalmente señalado para las fincas rústicas “es por sí mismo revelador de la titularidad de una riqueza real o potencial”.

22.7- Principio de Igualdad (Regis Debray, Marcial Rubio Correa, Luis Hernández Berenguel)

La igualdad es un valor jurídico, que Regis Debray resume en la siguiente frase: “sin discriminación a priori”.

Este concepto no alude a la igualdad de los sujetos, no dice que los seres humanos son iguales, sino que deben ser tratados “sin discriminación a priori” por su desigualdad racial, sexual, social, etc.

El concepto de igualdad se afianzó en la modernidad, con la Revolución Francesa y alocución a la Libertad, Igualdad y Fraternidad.

Consistía, pues, en una estrategia contra la discriminación del régimen anterior, de la Monarquía; y contra los privilegios, que según Friedrich Hayek, tenían los conservadores del régimen anterior a la independencia.

La igualdad, para Hayek habría significado, entonces, sin privilegios a priori por la condición racial, social, sexual, etc.

Dentro del Derecho Tributario Luis Hernández Berenguel afirma que existen tres aspectos fundamentales en este principio:

a) “Imposibilidad de otorgar privilegios personales en materia tributaria, es decir ‘la inexistencia de privilegios’”.
Nadie puede pagar menos tributos por cuestiones raciales, sociales, sexuales, sino en relación directa con su condición económica.
Aquí la igualdad está en determinar la condición económica, y eludir o negar cualquier diferencia política.

b) “Generalidad y/o universalidad de los tributos.
Por tal ‘la norma tributaria debe aplicarse a todos los que realizan el hecho generador de la obligación’”.
Otra vez la razón de la imputación tributaria es en la generación de la riqueza, en las rentas o en actos que tienen que ver con un factor económico.

c) “Uniformidad”.
La uniformalidad supone que ‘la norma tributaria debe estructurarse de forma tal que se grave según las distintas capacidades contributivas, lo que a su vez admite la posibilidad de aplicar el gravamen dividiendo a los contribuyentes en grupos o categorías según las distintas capacidades contributivas que posean y que se vean alcanzadas por el tributo.’”.

La relación establecida debe ser entre capacidad contributiva y tributo.

Para Marcial Rubio Correa este principio de la Igualdad se define como “la aplicación de los impuestos sin privilegios, a todos aquellos que deben pagarlos, según se establezca en la ley”.

22.8- Principio de no confiscatoriedad (Marcial Rubio, Luis Hernández Berenguel)

Este límite a la potestad tributaria del Estado consiste en garantizar que éste último no tenga la posibilidad de atentar contra el derecho de propiedad.

“Se refiere este principio a que, por la vía tributaria, el Estado no puede violar la garantía de inviolabilidad de la propiedad establecida en la norma pertinente.”

Porque si se viola esta propiedad se estaría confiscando. Por eso Marcial Rubio escribe:

“No confiscatoriedad, que significa que el Impuesto pagado sobre un bien no puede equivaler a todo el precio del bien, a una parte apreciable de su valor. Técnicamente hablando, confiscar es quitar la propiedad de un bien sin pagar un precio a cambio.

Aquí, obviamente, se utiliza el término en sentido analógico, no estricto.”.

No puede atentarse contra la posibilidad de vida del contribuyente, porque la propiedad es riqueza, pero esta riqueza tiene su referente en las posibilidades, o potenciamiento de la vida del ser humano.

Cuando se tutela el patrimonio se tutela también la transferencia de esta, el valor del mismo.
Algo es patrimonio, o riqueza, si tiene una carga de valor, si vale, si puede ser utilizado como instrumento de cambio. Y este instrumento, este valor, posibilita la vida del ser humano.

El patrimonio está, pues, en conexión directa de la vida del ser humano, y de su superación.

La riqueza no es sólo un lujo, sino una determinación de las posibilidades de vida.

Determina incluso el desarrollo de vida del ser humano.

La no confiscatoriedad, por ello, no resguarda simplemente al patrimonio, sino a la vida, a la posibilidad de vida.

Por consiguiente no es estrictamente el patrimonio lo fundamental, porque este es sólo un instrumento de la posibilidad de vida del ser humano.

No es el principio de no confiscatoriedad, pues, una garantía al patrimonio, o riqueza, sino a la posibilidad de vida.

Luis Hernández Berenguel explica que “la confiscatoriedad desde el punto de vista cuantitativo no es propiamente un principio de la tributación, sino más bien una consecuencia de la inobservancia del principio de capacidad contributiva.”
Este principio puede definirse como una garantía contra el atentado a las posibilidades económicas del contribuyente. Es decir, cuando el tributo excede a las posibilidades económicas del contribuyente se produce un fenómeno confiscatorio – aclara Luis Hernández Berenguel.

22.9- Principio de defensa de los derechos fundamentales de la persona (Bobbio)

Los derechos fundamentales de la persona tienen un reconocimiento internacional, y se disponen como dogmas, o derechos universales que deben ser tutelados siempre por el Derecho.

Hablar, pues, de Derechos Fundamentales es hablar de fundamentos, es decir de “fuerzas irresistibles y últimas” –según Bobbio-, que actúan como dogmas.

Por eso, los derechos fundamentales son dogmas.

Así, la igualdad, la libertad, son derechos fundamentales porque su validez no está en debate.
Lo que puede estar en duda es el margen de estos derechos, pero no los derechos.

Este principio alude, pues, a la protección o tutela de los Derechos Fundamentales, frente a los tributos, o a la potestad tributaria del
Estado, que por tal motivo, no puede agredir estos derechos fundamentales de la persona.

Bibliografía de los Autores Citados
Rubio Correa, Marcial. Para conocer la Constitución de 1993. Editorial DESCO. Pp. 98.
Rubio Correa, Marcial. Bernales, Enrique. Constitución y Sociedad Política. Mesa Redonda Editores S.A. Pp. 549
Rubio Correa, Marcial. Bernales, Enrique. Constitución y Sociedad Política. Mesa Redonda Editores S.A. Pp. 549.
Flores Polo, Pedro. Derecho Financiero y Tributario. Ediciones Justo Valenzuela V. E.I.R.L. Pp. 166.
Flores Polo, Pedro. Derecho Financiero y Tributario. Ediciones Justo Valenzuela V. E.I.R.L. Pp. 166.
Rubio Correa, Marcial. Bernales, Enrique. Constitución y Sociedad Política. Mesa Redonda Editores S.A. Pp. 549.
Rubio Correa, Marcial. Bernales, Enrique. Constitución y Sociedad Política. Mesa Redonda Editores S.A. Pp. 550.
Rubio Correa, Marcial. Para conocer la Constitución de 1993. Editorial DESCO. Pp. 98.
Rubio Correa, Marcial. Bernales, Enrique. Constitución y Sociedad Política. Mesa Redonda Editores S.A. Pp. 550.
Rubio Correa, Marcial. Para conocer la Constitución de 1993. Editorial DESCO. Pp. 98.
Flores Polo, Pedro. Derecho Financiero y Tributario peruano. Ediciones Justo Valenzuela V. E.I.R.L. Pp. 309.

22.10- El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, obliga al Estado a determinar una contribución justa y proporcionada. Profesor Elviro Aranda Alvarez

Elviro Aranda Alvarez. Profesor Titular. Universidad Carlos III. Diciembre 2003.

Sostiene que:
El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos es una necesidad tan evidente para el mantenimiento del Estado que realmente lo que genera discusión no es su constitucionalización sino las condiciones en las que de acuerdo con la Constitución debe cumplirse dicho deber.

Por ello, el artículo 31 de la CE establece en sus tres apartados una serie de principios que marcan las condiciones para cumplir con los deberes tributarios:
en el apartado primero, los principios de universalidad, individualidad, igualdad y progresividad, no confiscatoriedad y capacidad económica.
En el segundo, el principio de eficacia y economía en la ejecución del gasto.
En el tercero, el principio de reserva de ley en materia tributaria.

El principio de contribución al sostenimiento de los gastos públicos conforme con las capacidades económicas de cada uno cuenta con una larga tradición en el constitucionalismo histórico español:
artículo 8 de la Constitución de 1812; artículo 6 de la Constitución de 1837;
artículo 28 de la Constitución de 1869;
artículo 3, primer inciso de la Constitución de 1876;
artículo 44, primer inciso de la Constitución de 1931.

Sin embargo, el principio de ordenación del gasto de conformidad con los recursos públicos y la reserva de ley en materia tributaria, previstos en el 31.2 y 3 de la CE no cuentan con antecedentes en nuestro constitucionalismo histórico.

En las constituciones europeas de nuestro entorno también es frecuente encontrar preceptos que se ocupen del deber de sostenimiento de los gastos públicos y que lo hagan con principios similares a los previstos en artículo 31 de la CE.
La coincidencia más estrecha la encuentra el precepto español con el artículo 53 de la Constitución italiana de 1947, pero no faltan referencias en otros textos como puede ser el portugués, artículos 106 a 108.

Por lo que se refiere a la tramitación parlamentaria del precepto, se ha de apuntar que aunque no fue motivo de grandes debates parlamentarios si que estuvo sometido a distintas variaciones, por lo que no se consiguió la redacción definitiva hasta la Comisión Mixta Congreso Senado.

Por ejemplo, es aquí donde se reintroduce, puesto que ya había aparecido antes y se había suprimido, la no confiscatoriedad del sistema tributario, y es también aquí donde se prescribe que no podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales sino con arreglo a la ley.

Pero sin duda la enmienda que más relevancia tuvo fue la introducida a instancia de Fuentes Quintana al apartado segundo del precepto, en la Comisión del Senado, por la que se asocia la capacidad de gasto de los poderes públicos a los recursos ingresados y se establece que la ejecución del gasto debe hacerse de acuerdo con criterios de eficiencia y economía.

El desarrollo legislativo de los deberes tributarios y de ordenación del gasto público es abundante y de una gran complejidad, por ello, baste aquí la enumeración de las normas más significativas:

-Ley General Tributaria.
-Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.
-Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, que en su artículo 103 aprueba la Agencia Estatal de la de la Administración Tributaria.
-Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto de la renta de las personas físicas y de modificación parcial del Impuesto de Sociedades, del impuesto de la renta de los no residentes y del impuesto sobre el patrimonio.
-Real Decreto Legislativo 5/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
-Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

Seguidamente se aborda el análisis de los principios que de acuerdo con las previsiones del artículo 31 rigen en nuestro sistema financiero.

El primero de ellos es el principio de universalidad o generalidad. El artículo 31.1 de la CE establece que «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad…».
La primera cuestión que llama la atención es la expresión «Todos» que ha de entenderse como la voluntad del Constituyente de que las cargas públicas se imputen a los que se encuentren y desarrollen su actividad profesional en el territorio español, más allá de que tengan la condición de nacional o extranjero.

Por otro lado, el principio de generalidad supone que el legislador debe tipificar como hecho imponible todo acto o negocio jurídico que demuestre capacidad económica.
Es decir, con carácter general se prohíben las exenciones y bonificaciones que puedan resultar discriminatorias, sin embargo, ello no supone que no se puedan conceder beneficios tributarios por razones de política económica.

En este sentido, el Tribunal Constitucional en no pocas ocasiones ha reconocido que los tributos, además de ser un medio para recaudar ingresos públicos, sirven como instrumentos de política económica general y para asegurar una mejor distribución de la renta nacional (v.gr. SSTC 46/2000, de 17 de febrero; 276/2000, de 16 de noviembre y 289/2000, de 30 de noviembre, 3/2003 de 16 de enero y 10/2005 de 20 de enero).

El segundo de los principios es el de igualdad del sistema tributario, que el Tribunal Constitucional ha desarrollado con profusión en su doctrina, entre otras las SSTC 46/2000, de 17 de febrero, 47/2001, de 15 de febrero, 164/2005 de 20 de junio y 91/2007 de 7 de mayo entre otras.
Dicho principio se expresa en la capacidad contributiva de los ciudadanos, en el sentido de que situaciones económicas iguales conllevan una imposición fiscal igual.

Es decir, nuevamente, se prohíben los tratos discriminatorios, pero no el tratamiento diferencial derivado de distintas situaciones de hecho.

Además el principio de igualdad tributaria se ha de aplicar teniendo en cuenta otro principio que actúa al unísono: el principio de progresividad. Dicho principio también ha sido avalado por la doctrina del Tribunal Constitucional (v.gr. SSTC 134/1996, de 22 de julio y la misma 46/2000, de 17 de febrero).
Sentencias que analizan este principio, entre otras, son la 108/2005 de 30 de junio, en relación con los impuestos indirectos, y la 245/2009 de 29 de septiembre.
El Alto Tribunal ha dicho que la progresividad en el sistema tributario es constitucionalmente aceptable por la superación que el artículo 9.2 de la CE hace de la igualdad formal al reconocer la igualdad material como criterio de actuación de los poderes públicos para corregir desigualdades reales que no son justificables constitucionalmente.

El tercero de los principios es el de no confiscación.
Señala el artículo 31 de la CE que la contribución de los ciudadanos se realizará a través de un «sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

La progresividad, como se ha expuesto anteriormente, es una técnica impositiva que va más allá de ser criterio recaudatorio y tiene como finalidad la consecución de otros fines como puede ser la distribución de la renta u otros previstos en el artículo 40 de la CE.
Pero como señala el propio artículo 31 de la CE el límite de la progresividad está en que el impuesto no tenga carácter confiscatorio. Evidentemente, el nivel de contribución que deba considerarse de alcance confiscatorio es una cuestión compleja que el Tribunal Constitucional ha resuelto señalando que lo es cuando a raíz de la aplicación de los diferentes tributos se llegue a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades (SSTC 14/1998, 150/1990 ,y la 295/2006 de 11 de octubre en relación con el IRPFy su relación con el Impuesto de Patrimonio).

El cuarto de los principios es el de capacidad económica.
Tradicionalmente el principio suponía que sólo cuando se producía un hecho o negocio jurídico indicativo de capacidad económica se podía establecer el tributo.
Esto supone que la norma con carácter general establece las condiciones para la imposición; sin embargo, no han faltado ocasiones en las que la generalización del hecho imponible establecido en la norma podía ser contrario a la Constitución al producir mayor presión fiscal sobre quienes en realidad tienen menos capacidad económica (STC 46/2000, de 17 de febrero). Desde luego, lo que sí ha prohibido taxativamente el Tribunal Constitucional es que se graven riquezas aparentes o inexistentes (STC 221/1992). Sentencias de interés en materia de capacidad económica son, las que tratan impuestos indirectos, que gravan una específica manifestación de capacidad económica: la que se pone de manifiesto con el consumo de determinados productos: la STC 16/2003 de 30 de enero que contempla el Impuesto especial sobre determinados medios de Transporte y la 108/2004 de 30 de junio, en materia de Impuesto sobre el alcohol y bebidas alcohólicas.
Por último, la conformación del hecho imponible debe ser compatible con lo que se ha denominado exención del mínimo vital, entendido como la cantidad de renta que no expresa capacidad económica puesto que esa renta es requerida para cubrir las necesidades vitales del titular.

Al solo efecto de texto completo, ya que no es tema de la denuncia ni de la querella
El quinto de los principios es el criterio de eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto público (art. 31.2 de la CE). Dicho principio, que tan sólo indirectamente afecta a la justicia tributaria y es más un principio de ordenación del gasto público, se articula sobre la base de dos postulados: la equidad en la asignación de los recursos públicos y el criterio de eficiencia y economía en su tramitación y ejecución. El primero, se refiere a los fines que constitucionalmente deben dirigir la política del Estado para conseguir los principios de generación y distribución de la riqueza; el segundo, de carácter más técnico supone requerir al Estado que actúe con la los criterios que la ciencia y la técnica pongan a su disposición en cada momento para gestionar mejor los bienes públicos (Sentencias 29/1982 de 31 de mayo, 214/1989 de 21 de diciembre, 13/1992 de 6 de febrero).

El sexto de los principios es el de reserva de ley de las materias tributarias (art. 31.3 de la CE). La reserva de ley en materia tributaria también está recogida en el artículo 133.1 de la CE. Una de las cuestiones más importante sobre el principio de legalidad tributaria ha sido la extensión de esta reserva. Dejando a parte las prestaciones personales, hoy absolutamente residuales, y fijándonos en las patrimoniales, lo primero que se ha de apuntar es que estas no son tan sólo de carácter tributario y pueden aparecer otras como son precios de servicios públicos o las cotizaciones a la Seguridad Social. Por otro lado, la reserva de ley no es, como ha señalado el Tribunal Constitucional, de carácter absoluto, únicamente se exige la conformidad con la ley, no imponiéndose que el establecimiento de tributo se regule mediante ley en todos sus extremos. Es decir, la reserva no afecta por igual a todos los elementos integrantes del tributo (SSTC 221/1992 y 185/1995).

Sinopsis realizada por:
Elviro Aranda Alvarez. Profesor Titular. Universidad Carlos III. Diciembre 2003.
Actualizada por Sara Sieira, Letrada de las Cortes Generales. Enero, 2011.

22.11- Principios constitucionales tributarios constituyen

I. INTRODUCCIÓN

Los principios constitucionales tributarios constituyen un elemento de interpretación y un elemento informador de la integración de las lagunas jurídicas que se presentan dentro de esa zona de la realidad social.
En este sentido, para el profesor Cazorla Prieto, la interpretación normativa en el ámbito del Derecho Tributario se funda en la importancia que han cobrado en el nuevo ordenamiento jurídico (tras la promulgación de la Constitución Española) los principios constitucionales en general y los tributarios más en especial. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha recordado, en numerosas Sentencias, que los principios constitucionales no son compartimentos estancos, sino que cada uno de ellos cobra valor en función de los demás y en tanto sirva para los valores superiores del artículo 1 de la Constitución Española (Sentencia 104/2000, de 13 de abril).

II. PRINCIPIOS FORMALES: RESERVA DE LEY

1. Concepto y contenido

El principio de reserva de ley postula la existencia de materias que sólo pueden regularse por ley. Se trata de una exigencia constitucional que vincula al legislador ordinario para quien ciertas materias serán indisponibles. Su finalidad ha sido expuesta por el profesor Calvo Ortega para el que hay que atender a la dinámica del parlamentarismo en nuestros días. Al respecto el citado profesor señala las siguientes funciones actuales del citado principio: «en primer lugar, la producción de las leyes exige la intervención de las minorías, lo que permite una confrontación siempre útil en algún grado frente a un hipotético abuso. En segundo término, el procedimiento legislativo es más lento y tiene una mayor publicidad que el procedimiento del Poder Ejecutivo (de elaboración de normas), lo que permite una mejor formación de la opinión pública, poder siempre importante en las democracias parlamentarias a las que nos referimos. Finalmente, la cohesión de la mayoría parlamentaria es menor que la del gobierno, lo que se inscribe también en una línea de mayor garantía para los ciudadanos».

La previsión constitucional de la reserva legal incluye su distinción con otros principios, como el de legalidad tributaria, puesto que tienen distinto significado, a pesar de que en muchos casos se utilicen como sinónimos. Cierto es que en origen tuvieron un contenido similar, pero en la actualidad conviene separarlos, distinguiendo claramente el principio de reserva de ley, concepto acuñado por Otto Mayer del principio de legalidad de la función administrativa.

2. Alcance

De las diversas clasificaciones que sobre la reserva de ley se han hecho a nivel doctrinal, la que «ofrece un mayor interés y tiene una mayor operatividad es aquélla que utiliza como criterio clasificatorio el mayor o menor margen que la Constitución ha reservado al legislador ordinario (o legislador primario)», en palabras de Calvo Ortega, pudiéndose distinguir en este sentido entre una reserva absoluta y otra relativa.

En este sentido hay que señalar que el nuestro es ambiguo, puesto que el artículo 31.3 de la Constitución se limita a señalar que: «Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley», pero sin precisar sobre el contenido que deba tener dicha ley, por lo que se hace precisa una labor hermeneútica. De este modo, la expresión «con arreglo a Ley» se puede interpretar en las siguientes formas, según la sistematización efectuada por González García:

a) Que la Ley se limite a crear o establecer un tributo vacío de contenido;
b) Que la Ley regule todos los elementos (materiales y formales) de la relación tributaria.
c) Que la Ley regule todos y sólo los elementos fundamentales de la relación tributaria.
De estas tres opciones, la doctrina española se ha inclinado por la tercera, admitiendo así el carácter relativo de la reserva de ley en materia tributaria. La misma pues, sólo cubriría los aspectos básicos o esenciales del tributo. En análogo sentido se ha pronunciado también nuestro Tribunal Constitucional en diversas Sentencias (16 de noviembre de 1981, 4 de Febrero y 18 de Mayo de 1983; 26 de Mayo y 3 de Julio de 1984, 19 de Diciembre de 1985 y 17 de Febrero de 1987 entre otras).

Llegados a este punto se plantea, no obstante, la cuestión de deslindar cuáles son esos elementos esenciales del tributo cubiertos por la reserva lo que, de alguna manera, incide en el Poder Financiero de los entes públicos (Estado, Comunidades Autónomas y Entes Locales). De este modo, es claro que la reserva de ley se extiende al hecho imponible, a los sujetos activo y pasivo y también a las exenciones. Sin embargo, con relación a la base imponible y al tipo de gravamen ya no son tan unánimes los pareceres doctrinales. Así, Calvo Ortega indica que la reserva de ley cubre no sólo los elementos que determinan el nacimiento de la obligación, sino también, en los impuestos con cuota variable, los elementos determinantes de su cuantía (parámetro y tipo de gravamen, entendido éste como concepto comprensivo del de alícuota), y en los impuestos con cuota fija, la cuota fija máxima de cada impuesto.

22.12- Justicia Tributaria – Calvo Ortega y Pérez de Ayala

Como afirma el profesor Calvo Ortega:

«generalidad más capacidad económica más progresividad garantizan una cierta justicia entendida como interdicción de desigualdades intersubjetivas e igualdad de carga tributaria dentro de cada tributo.

Ahora bien, este tipo de justicia que examinamos desborda el círculo de cada figura concreta y mira al sistema entendido como un conjunto de tributos.

Más aún, su juego propio es en relación con sistema mismo».

La CE se alinea con esta tesis al referirse en su artículo 31.1 a un «sistema tributario justo»:
«todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio».

Podría decirse que la redacción del artículo 31.1 debiera sustituirse por otra en que se afirmara que si el sostenimiento de los gastos públicos se realiza por todos de acuerdo con su capacidad económica y a los principios de igualdad y progresividad, existiría en consecuencia un sistema tributario justo.

En todo caso, es evidente la interrelación de los mencionados principios, cuyo resultado debería ser el aludido «sistema tributario justo», que debería ser a su vez el necesario complemento de la justicia material en el gasto y lograr así conjuntamente la Justicia Financiera (Pérez de Ayala).

22.13- New York Times – Acerca del impuesto confiscatorio, cuando este es mayor a un 50%

«La tasa impositiva del 50 por ciento de Gran Bretaña para los altos ingresos no es competitiva, mientras que la tasa máxima de los EE.UU. del 35 por ciento sigue siendo altamente competitiva»
Second, relative to other countries, the U.K.’s 50 percent tax rate for high earners is uncompetitive, while the U.S. top rate of 35 percent is still highly competitive.

«En Europa, sólo unos pocos países escandinavos tienen una tasa impositiva superior al 50 por ciento.»
Within Europe, only a few Scandinavian countries have a higher tax rate than 50 percent.

Many of our high earners work in the financial or business services sector with international clients who can easily be served from Switzerland, Ireland or France, and anecdotal evidence suggests that relocation is already happening. The U.S. domestic market is bigger and, therefore, more attractive as a business location — even if tax rates were higher — than Britain’s.

Because our higher tax only came into effect in April 2010, evidence on whether it has resulted in a net gain or loss in tax revenue will not be available until well into 2012.
Even then it will not provide a full answer because we can never know how much inward investment was deterred or how many talented entrepreneurs and executives from overseas decided against moving to Britain.
Economics is not a hard science with controlled experiments.
We do know that in an annual survey by the World Economic Forum the attractiveness of Britain’s tax regime has slipped to 97th place from 4th place during the last 10 years.

«La tasa impositiva de 50 por ciento superior está haciendo un daño permanente a la economía británica»
These factors led 20 British economists to warn that the 50 percent top tax rate is doing lasting damage to the British economy and is unlikely to raise much if any additional revenue. However, these factors do not apply to the United States, where the current tax regime allows many high earners to escape paying even their proportional share of taxes and where both average and marginal tax rates are low by international standards.

22.14- Principio de igualdad tributaria – Calvo Ortega

En cuanto a la igualdad tributaria puede entenderse -proyectando la idea ya generalmente aceptada de igualdad- como la obligación que tienen los poderes públicos de gravar igual a los sujetos que se encuentren en la misma situación y desigualmente a los que están en situaciones diferentes.

Como señala Calvo Ortega sobre esta proyección:
«La igualdad ante la ley, preside la igualdad tributaria y «la refrenda» en cuanto supone una actitud del poder constituyente contra la discriminación y un imperativo para los poderes públicos, comenzando por el legislativo».

En relación con este principio, el Tribunal Constitucional ha advertido que el principio de igualdad no veda cualquier desigualdad sino sólo la desigualdad que no sea razonable y carezca de cualquier justificación. Es decir, la desigualdad que pueda ser calificada como discriminatoria.

De este modo, en la Sentencia 76/1999, de 26 de abril, afirmó que:

– no toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del artículo 14 de la Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable;

– el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional;

– el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas, o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados;

– por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos.

Para el Tribunal Constitucional, la igualdad del artículo 31 de la Constitución va íntimamente enlazada al concepto de capacidad económica y al principio de progresividad, por lo que no puede ser reconducida a los términos del artículo 14 de la Constitución.

Por lo tanto, la protección jurisdiccional del principio de igualdad tributaria es distinta de la del principio genérico de igualdad:

Mientras el derecho reconocido en el artículo 14 está tutelado por el recurso de amparo, por el contrario, la protección de la igualdad como principio inspirador del sistema tributario reconocido en el artículo 31 no tiene cabida en el citado recurso (Sentencias 84/1999, de 10 de mayo; 200/1999, de 8 de noviembre; y 46/2000, de 17 de febrero).

22.15- Comparativa de cuanto cuesta ser Autónomo en España – europapress

¿Cuánto cuesta ser autónomo en España? ¿Qué trámites son necesarios?

La revista Forbes analizaba recientemente el coste de ser autónomo en algunos países europeos y Estados Unidos, y España no salía bien parada en la comparación.

En Portugal, los autónomos no pagan cuotas ni IVA, aunque a cambio abonan al Estado el 24,5% de lo que ingresan anualmente.

En Italia, los trabajadores autónomos solo pagan en función de las ganancias (un 20%).

En Francia, las cuotas de los autónomos dependen de la profesión elegida y de los ingresos que obtengan, pero el pr …

Gestoría. Los cambios normativos están siendo constantes. Esto modifica los procedimientos para declarar impuestos y otras cuestiones de vital importancia que el autónomo se ve obligado a realizar, en la mayoría de los casos, con la ayuda de una gestoría. Existen multitud de ofertas y promociones, aunque una inversión mínima mensual de 30 o 40 euros al mes sí se deberá realizar.
Cuando te des de alta tendrás que indicar qué base de cotización tendrás: la base mínima es 884,4 euros mensuales y la máxima 3.606 euros al mes. En función de la base que elijas, tu cuota mensual dependerá de qué prestación y atención futura quieras asegurarte. Si tu base de cotización es la mínima, tu cuota mensual será de 264 euros; si has elegido la base máxima tu cuota será 1.075 euros.

Hasta 12.500 – 19%
12.500 a 20.200 26 %
20.200 a 35.200 30 %
35.200 a 60.000 37 %
60.000 en adelante 45 %

Vamos a poner un ejemplo para dejarlo más claro. Un hombre autónomo de 48 años que se dedique al comercio al por menor y que elija una base de cotización de 1.000 euros tendrá que pagar una cuota de cotización por contingencia común de 299 euros. Si quiere tener también la contingencia profesional pagará 309.50 euros y si además quiere protección ante el cese de actividad pagará 331,5 euros

A pesar del gasto fijo que implica ser autónomo en España, las organizaciones españolas aseguran que el nivel de protección es mucho más elevado que en otros países. Así, por ejemplo, este tipo de emprendedores apenas tienen coberturas en Reino Unido, donde pagan una cuota que va de 13 a 58 euros y al final del ejercicio hacen cuentas en función de los ingresos obtenidos.

En Francia, por su parte, no hay que pagar durante el primer año y después las cuotas se fijan en función de la profesión y la facturación. En Italia tampoco hay una cuota fija mensual, sino que los autónomos pagan el impuesto de la renta en función de sus ingresos. Y en Portugal se paga sobre los ingresos anuales según el esquema de protección elegido.

En Holanda, los trabajadores por cuenta propia pagan una cuota de 50 euros al año y un seguro de 100 euros al mes, y en Alemania se paga una cuota de 140 euros cuando se superan los 1.700 euros de ingresos netos mensuales. También aquí hay obligación de suscribir un seguro médico.

“Que España es el país donde la cuota de los autónomos a la Seguridad Social es la más cara de Europa no es más que una leyenda urbana”, sostiene el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. A su parecer, los sistemas de la UE no son equiparables y España es sin duda el país que ofrece más coberturas y en el que más se ha avanzado en los últimos años en equiparación de derechos con los trabajadores asalariados.

(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.
MADRID, 18 Feb. (EDIZIONES) – europapress

22.16- BBVA Los principios tributarios determinan como se han de establecer los impuestos en España.

Los principios tributarios determinan como se han de establecer los impuestos en España.
La administración pública en España no puede establecer los impuestos que desee, sino que ha de establecer los impuestos según un ordenamiento jurídico que se refleja principalmente en la Constitución Española y la legislación tributaria.

La Constitución Española empieza a establecer algunos principios que han de seguir los tributos en España. Según el artículo 31.1 el sistema tributario ha de ser justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad y no tener en ningún caso carácter confiscatorio.
Además el artículo 3.1 de la ley 58/2003 General Tributaria indica que se han de seguir los principios de justicia, generalidad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.
De este modo ya tenemos el marco que han de seguir los tributos en España.

– Generalidad significa que todos estamos obligados a pagar tributos, este principio es importante, porque en el pasado había quien estaba exento de pagar tributos. También significa que no se exige todos estemos sujetos a los mismos tributos, por ejemplo el IBI lo pagan los propietarios de bienes inmuebles.

– Capacidad económica, por consiguiente cada uno paga según su riqueza y medios que dispone. Esta capacidad económica de pagar los impuestos se manifiesta la obtención de una renta (como el IRPF), la titularidad de un patrimonio (como el IBI) y la transmisión o adquisición de los bienes que lo constituyen (como el IVA, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales). El sistema tratará de gravar todas las manifestaciones de capacidad económica para incrementar la equidad.

Los distintos tipos de tributos: impuestos, contribuciones y tasas
– Progresividad significa de que el sistema que los tributos han de crecer más que proporcionalmente en relación con la capacidad económica. Por ejemplo Si ganamos 1.000 pagaremos 100 pero si ganamos 3.000 pagaremos 600. Existe quien afirma que esto no se cumple siempre, por ejemplo el IVA, mientras que otros expertos afirman que el IVA si cumple este principio.

No confiscación implica que se prohíbe agotar la riqueza económica, por lo que no veremos un impuesto del IRPF del 90%, por ejemplo.
Es cierto que a veces la administración puede expropiar por el bien público (la construcción de una carretera, por ejemplo), pero debe indemnizar por ello.

– Igualdad, dado que la constitución establece que todos somos iguales ante la ley ninguna norma puede privilegiar a ningún grupo social, haciéndole pagar menos impuestos.
No obstante la igualdad no implica uniformidad, algo que podemos ver en que según la comunidad autónoma o municipio los tributos varían.

– También está la función extrafiscal. En ocasiones los tributos no buscan únicamente financiar el estado, sino ser herramientas de las políticas públicas. El artículo 2 de la Ley General Tributaria y el título tercero de la Constitución Española abren esta posibilidad al gobierno. Un ejemplo son los impuestos sobre la gasolina, no se busca únicamente obtener financiación, sino reducir la contaminación (algo que exige el artículo 45 de la Constitución) y la dependencia energética del exterior.

– Por último está la equitativa distribución de la carga tributaria, pero esta equidad no puede ser contraria a la Constitución. Esta mención no añade nada substancial a los otros tributos, sino que los complementa.

Cada administración estatal, autonómica o local ha de elaborar su propio sistema tributario según estos principios, aunque se busca que cada uno busque aquel que se les adapte mejor dentro de la ley correspondiente (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y Ley de la Hacienda Local). Otra cosa que debemos destacar es que estos principios tributarios pueden cambiar en el futuro, aunque es difícil que cambien, especialmente los reflejados en la Constitución.

22.17- Cesta de la compra – Indice nacional de Estadísticas

Elementos Por persona por mes

Con elaboración, bebidas y tabaco 15,27
Sin elaboración 7,52
Con bebidas y tabaco 22,79
Sin elaboración y productos energéticos 18,72

Bienes industriales 35,96
Duraderos 10,44
Productos energéticos 11,20
Carburantes y combustibles 7,68
Sin energía 32,45
Sin productos energéticos 24,76
Servicios 41,25
Sin alquiler de vivienda 38,46

Índice general
Sin alimentos, bebidas y tabaco 77,21
Sin alquiler de vivienda 97,21
Sin productos energéticos 88,80
Sin alimentos no elaborados ni productos energéticos 81,28
Sin tabaco 97,83

La información detallada sobre las nuevas ponderaciones está disponible en la página web
del INE (www.ine.es).

Principios del Derecho utilizados para realizar esta Denuncia

23.1- Obligacion de Denunciar

Que conforme lo dicta el Artículo 246 del Código Penal en referencia a la no denuncia de un delito tan evidente, se desprende la violación expresa de esta Ley y que no pueden aducir bajo ningún concepto el desconocimiento de la misma según lo dicta el artículo 6 del Codigo Civil acerca de las leyes en general y principalmente de la CE.

23.2- Principio de Defensa de los Derechos Fundamentales de la Persona

Principio de defensa de los derechos fundamentales de la persona

Los derechos fundamentales de la persona tienen un reconocimiento internacional, y se disponen como dogmas, o derechos universales que deben ser tutelados siempre por el Derecho. Hablar, pues, de Derechos Fundamentales es hablar de fundamentos, es decir de “fuerzas irresistibles y últimas” –según Bobbio-, que actúan como dogmas.

Por eso, los derechos fundamentales son dogmas.
Así, la igualdad, la libertad, son derechos fundamentales porque su validez no está en debate.
Lo que puede estar en duda es el margen de estos derechos, pero no los derechos.

Este principio alude, pues, a la protección o tutela de los Derechos Fundamentales, frente a los tributos, o a la potestad tributaria del Estado, que por tal motivo, no puede agredir estos derechos fundamentales de la persona.

23.3- Principio de Capacidad Contributiva o Capacidad Económica

Es, pues, el principio tributario por antonomasia.
En ningún caso se admite pagar más de lo que me corresponde por capacidad económica.
Es imposible pagar por encima de la Capacidad Económica.
El reparto de la carga tributaria exige asimismo la determinación cuantitativa concreta de la prestación tributaria de cada individuo.

No pueden exigirse tributos en relación con una circunstancia, o un supuesto de hecho, que no sea una manifestación de capacidad para contribuir.
Sólo así se soportan en igual forma las cargas tributarias y sólo así estas cargas son igualmente gravosas para los distintos contribuyentes.

Precisamente, a través de los métodos impositivos, de las técnicas de cuantificación del tributo, se logra asimismo hacer efectiva la igualdad y la generalidad tributaria:
Todos deben contribuir conforme a su propia capacidad económica.
El tributo es justo si se adecua a la capacidad económica del sujeto que ha de pagarlo.

A efectos de contribuir a los gastos públicos, significa la incorporación de una exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra.

Así, “La capacidad tributaria o contributiva, (…) puede definirse, siguiendo a Jarach, como ‘la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto particular’.

Para nosotros es:
La ‘aptitud para pagar tributos, que reposa en el patrimonio o riqueza propia del contribuyente”.

En el artículo 31.1 de la Constitución sobresale el principio de capacidad económica, al que podemos considerar como el criterio básico y central en el reparto de la carga tributaria.
También el Artículo 3 de la LGT dispone que la ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de los llamados a satisfacerlos.
El principio de capacidad económica, se ha configurado como el único criterio material de justicia, erigiéndose en fundamento de la imposición en base a un razonamiento lógico que obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra.
El Tribunal Constitucional ha señalado el carácter no exclusivo de la capacidad económica como criterio de justicia, al tiempo que parece recoger la doctrina según la cual aquélla sería, no tanto un principio, como una exigencia lógica impuesta por la propia naturaleza del proceso de obtención de recursos tributarios.
En este sentido, el artículo 4º de la LGT indica que “los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, han de servir como instrumento de la política económica general, atender a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurar una mejor distribución de la renta nacional”.

El principio de capacidad económica debe ser, por tanto, fuente principal a la hora de delimitar los diferentes hechos imponibles y de cuantificar la concreta carga tributaria de cada contribuyente.

Se manifiesta a través de tres formas:

a)- Por la acumulación de patrimonio (así, no conocemos nada sobre dos sujetos pero sabemos cual es su patrimonio, entonces entenderemos que tiene mayor capacidad económica quien tenga más patrimonio).

b)- Como flujo de ingresos, atendiendo a las rentas, ( así, dos personas con un patrimonio similar pero uno de ellos trabaja y obtiene unas rentas mayores que el otro, entonces tendrá más capacidad económica quien tenga más renta).

c)- Como flujo de salida, en forma de consumo, gasto o inversión, (tendrá entonces mayor capacidad económica aquél que realice un mayor consumo).
Por todo ello, los tributos deben tener en cuenta la capacidad económica del sujeto que pretenden gravar, es decir, sólo se dan sobre el consumo, gasto o rentas. Por ello, si en el calculo de los tributos se consideran otras circunstancias distintas, el tributo será considerado inconstitucional. Actualmente, los tributos se dan más sobre la renta y gastos de los individuos y en pocas ocasiones sobre el patrimonio que se posee.

Se constituye como el factor principal para la distribución de la carga fiscal.
La capacidad económica nos dice quién y cuánto impuesto debe pagarse.
El principio de capacidad económica limita el principio de equivalencia y su aplicación, por ejemplo en servicios públicos en los que los ancianos no pagan o pagan muy poco.

El principio exige, que los titulares de una capacidad económica mayor contribuyan en mayor cuantía que los que están situados en un nivel inferior.

La llamada Hacienda neutral, cuya finalidad única es conseguir los ingresos necesarios para cubrir el gasto, opera dividiendo el gasto común entre todos los súbditos y este reparto lo lleva a cabo atendiendo al principio de capacidad económica.

En cuanto los tributos tienen como fin fundamental lograr ingresos para el Estado, el sistema tributario ha de responder, en su conjunto, al principio de capacidad.
De la misma forma, aunque las exenciones se establezcan generalmente en relación con supuestos en los que la realización del hecho imponible no revela capacidad económica, con ellas pueden también perseguirse otros fines, y pueden, por tanto, definirse con arreglo a criterios distintos al de capacidad, mientras tales fines y criterios estén dotados asimismo de suficiente respaldo constitucional.

En definitiva, la justicia del tributo exige
”Un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, sobretodo si se atiende a las situaciones individualizadas de los contribuyentes.

El propio Tribunal Constitucional han puesto de relieve la necesidad de contemplar el principio de capacidad económica.
En este sentido manifestó en la Sentencia de 20 de julio de 1981 que “a diferencia de otras Constituciones, la española, alude expresamente al principio de capacidad contributiva y, además, lo hace sin agotar en ella –como lo hiciera cierta doctrina- el principio de justicia en materia contributiva».

Establecido ya quienes tienen que tributar, es preciso fijar en que medida tiene que contribuir cada uno de ellos, de acuerdo con su capacidad contributiva relativa.

SSTC de 20 de julio de 1981 y de 20 de febrero de 1989.
Véase, entre otras, la Sentencia de 25 de enero de 1983.
CORTÉS DOMÍNGUEZ, M.: Ordenamiento
MARTÍN QUERALT, J. y LOZANO SERRANO, C.: Curso
FERREIRO LAPATZA, J.J.: Curso
RODRÍGUEZ BEREIJO o BAYONA DE PEROGORDO y SOLER ROCH, entre otros.
SÁINZ DE BUJANDA, quien ha mantenido que “la equitativa distribución de la carga fiscal no puede sacrificarse para el logro de otros fines, por muy elevados y atrayentes que sean”.
TEJERIZO LÓPEZ, por debajo de los mínimos es posible que las personas exterioricen alguna capacidad económica, pero en modo alguno exteriorizan capacidad para satisfacer los tributos.
TEJERIZO LÓPEZ, J.M.: Competencias del Tribunal Constitucional en materia tributaria, en El Tribunal Constitucional, vol. III, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1981, pág. 2644.
En “Teoría jurídica de la exención tributaria”, Hacienda y Derecho, vol. III, pág. 420.
Cfr. PONT MESTRES, M.: “La justicia tributaria y su formulación constitucional”, en Estudios sobre temas tributarios actuales, Universidad de Barcelona, 1985, págs. 38-51.
Ibídem, pág. 25.

23.4- Principio de Certeza

Tiene su base en la posibilidad de proyectarse en el futuro.

Este principio viene de Adam Smith, “la certeza en la norma tributaria es un principio muy antiguo preconizado por Adam Smith en 1767, al exponer las clásicas máximas sobre la tributación.”.

Como sabemos Smith es conocido por su libro “La riqueza de las naciones”.

Hat que “establecer el impuesto con certeza es obligar al legislador a que produzca leyes claras en su enunciado, claras al señalar el objeto de la imposición, el sujeto pasivo, el hecho imponible, el nacimiento de la obligación tributaria, la tasa, etc.”

Por eso es imprescindible que “… no basta a la ley crear el tributo, sino establecer todos sus elementos esenciales.”

Solo así podrá haber certeza.

23.5- Principio de Economía en la recaudación

Principio de Economía en la recaudación

Rubio y Bernales dicen que los constituyentes se referían a “reducir la tributación a su finalidad de financiamiento”[7] El Derecho tributario regula pues los actos tributarios en referencia directa a la finalidad de financiamiento.
Sin embargo, parece más bien que el principio presente se amplía por ser un control al exceso de determinación de tributos por parte del Estado.

El Estado no puede imponer a diestra y siniestra cualquier tributo, basado en su potestad tributaria, sino que tiene que limitar este poder tributario a sus funciones específicas, es decir a la finalidad de la propia tributación fiscal: la de financiamiento.

Este debería ser el límite, el financiamiento del Estado para los gastos propios de su función y existencia.

Ir más allá de estos gastos sería incurrir en lo arbitrario, puesto que el Estado no puede afectar a la riqueza del patrimonio más que en la proporción de su necesidad de financiamiento para su existencia y cumplimiento de sus fines específicos.

23.6- Principio de Generalidad

Vinculado al principio de capacidad económica, según este principio engloba tanto a los contribuyentes que residen en el territorio del impuesto como aquellos que no se encuentren en el territorio pero tuvieran residencia en él. Lo que importa no es que el individuo se encuentre en el territorio donde se establece el impuesto, sino que tenga residencia en ese territorio.

La Constitución dispone que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

En el mismo sentido, el artículo 3 de la Ley General Tributaria previene que la ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

No implica que todos y cada uno de los miembros de la comunidad tengan que pagar una misma cantidad de dinero, pues sería injusto hacer pagar a quienes no pueden, como tampoco sería justo que todos contribuyesen con un mismo importe.

Todos tienen que pagar tributos, pero, naturalmente, todos los que puedan, esto es, quienes tengan capacidad económica para soportar la carga que representan.

Desde este punto de vista, puede afirmarse que el principio de generalidad impide la concesión de exenciones fiscales arbitrarias y discriminatorias.
Como señala PONT MESTRES, es un principio que prohibe el privilegio, esto es la exoneración caprichosa e injustificada.

En Sentencia de 2 de junio de 1986 señala el TS que:
“la generalidad como principio de la ordenación de los tributos … no significa que cada figura impositiva haya de afectar a todos los ciudadanos.»

El propio Tribunal Constitucional ha señalado que hay que postular una interpretación conjunta de los principios constitucionales, de forma que en determinados supuestos puede admitirse una cierta restricción en alguno de ellos, siempre y cuando tal restricción vaya encaminada al potenciamiento de otros.

PONT MESTRES, M.: La justicia tributaria y su formulación constitucional,
Civitas REDF, núm. 31, 1981, pág. 373.

23.7- Principio de Igualdad y Uniformidad

El principio de igualdad se configura como un valor superior, no sólo del sistema tributario, sino de todo el ordenamiento en su conjunto.

Así lo proclama la Constitución en el artículo primero, al señalar que junto a la libertad, la justicia y el pluralismo político inspira el ordenamiento jurídico; desarrollado, más adelante, en los artículos 9 y 14, que garantizan, respectivamente, la efectividad de la igualdad sustancial y la igualdad formal ante la ley.

Como ha resaltado el Tribunal Constitucional, la igualdad del artículo 1.1 de la Constitución “tiene numerosas manifestaciones específicas y concretas en el propio texto constitucional y, entre ellas, el principio de igualdad que ha de inspirar el sistema tributario, establecido en el artículo 31, número 1 de la Constitución”

En el ámbito tributario, el principio de igualdad suele reconducirse a la capacidad económica.
La igualdad, así concebida, exige que situaciones económicamente iguales sean tratadas de la misma manera puesto que la capacidad económica que se manifiesta es la misma.

Pero naturalmente la igualdad exige un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.
Cuanto mayor sea la riqueza de un individuo, mayor ha de ser la cantidad con la que ha de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.
Sólo así se soporta de igual forma las cargas tributarias por los distintos contribuyentes.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha sentado una serie de criterios en torno al concepto de igualdad, de entre los cuales conviene destacar los dos siguientes:
primero, el principio de igualdad no impide cualquier desigualdad, sino sólo aquéllas que puedan considerarse discriminatorias o arbitrarias, por no estar fundadas en algún criterio amparado por el ordenamiento. No toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del artículo 14 de la Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable.

STC de 26 de abril de 1990. Añade el Alto Tribunal que “para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resulten de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos”.

La igualdad es perfectamente compatible con la progresividad del impuesto, que sólo exige que el grado de progresividad se determine en función de la base imponible y no en razón del sujeto

Finalmente, ha de tenerse en cuenta que el principio de igualdad, tal como se concibe en el artículo 31 de la Constitución, se predica también respecto del gasto público:
El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos ….

En definitiva, la igualdad en el marco del sistema tributario debe complementarse con la igualdad en el sector del gasto público, al punto de que sólo una valoración conjunta permitirá emitir un juicio acerca de la igualdad como valor presente en el ordenamiento financiero.

Así lo han entendido Martín Queralt y Lozano Serrano148, quienes apuntan que una desigual presión fiscal sobre un determinado sector profesional o sobre un determinado territorio, puede encontrar su justificación en una desigual proyección del gasto público sobre ese mismo sector.

Esta igualdad se refleja en la igualdad material y no formal, es decir, que habrá que tener encuentra todos los aspectos económicos que afectan a un sujeto para demostrar que tiene la misma capacidad económica.

Principio de uniformidad

Pretende darle un mismo tipo de solución a tipos semejantes de problemas.

La igualdad jurídica implica desigualdad contributiva, en materia tributaria, por eso se escribe que “la Ley establece que en materia tributaria en lo atinente al pago de los impuestos, todos somos y tenemos las mismas obligaciones.
La igualdad jurídica implica la desigualdad contributiva, a mayor capacidad contributiva la aportación tributaria es mayor.”.

Este planteamiento es sumamente trascendente, porque explica y distingue lo que es realmente la igualdad. Y lo explica como concepto, y no como dogma.

Es decir, que deja sustentado que no puede haber uniformidad si se olvidan los principios primeros de toda relación jurídica, que es establecer cierto método de organización social, de resolución y administración de los fenómenos sociales con carácter de exigibles.

La igualdad jurídica significa que todos somos iguales, solo por ficción, sólo como método para poder armar un esquema de organización social.
No significa que todos somos iguales, sino que todos necesitamos, por igual, ciertas cosas.

Y, aún siendo realmente desiguales, hay algunas iguales necesidades.
Por lo tanto, más que igualdad de personas hay igualdad en las “necesidades prioritarias” de estas personas, por lo que se llaman “necesidades colectivas”.

Lo que el principio de uniformidad pretende –en el Derecho Tributario- es determinar por intermedio de la igualdad jurídica cierta uniformidad en el pago, en el tributo, eso significaría “desigualdad contributiva” justa, es decir: “a mayor capacidad contributiva la aportación tributaria es mayor”.

En términos sencillos: si yo gano más debo pagar mayores impuestos, o porcentajes mayores de un mismo impuesto general; por ejemplo, el impuesto a las rentas; si se pasa de un estándar determinado de rentas, entonces se tendrá que pagar al Estado en proporción directa a esa renta.

STC 8/1986 (ACERCA DE LA IGUALDAD), de 21 de enero.
El mismo criterio se recoge también en las SSTC 19/1987 (Acerca de la Igualdad- Es una sentencia muy importante), de 17 de febrero y 54/1993, de 15 de febrero.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en relación con la conexión entre los artículos 14 y 31.1 de la Constitución manifestando que, “la igualdad ha de valorarse, en cada caso, teniendo en cuenta el régimen jurídico sustantivo del ámbito de relaciones en que se proyecte”; y “en materia tributaria es la propia Constitución la que ha concretado y modulado el alcance del artículo 14 en un precepto –artículo 31.1- cuyas determinaciones no pueden dejar de ser tenidas en cuenta”; concluyendo que “la igualdad ante la ley –ante la ley tributaria, en este caso- resulta, pues, indisociable de los principios que se enuncian en el último precepto constitucional citado”; esto es, que los principios “de generalidad, capacidad y progresividad, en el ámbito específicamente tributario, concretan y particularizan aquella genérica interdicción del trato discriminatorio”.
STC 209/1988, de 10 de noviembre.

23.8- Principio de Justicia

Este principio parece basarse en un razonamiento de orden social, colectivo.

Si la Sociedad es el Estado, entonces, esta sociedad tiene que realizar ciertos hechos que lleven a la realización de la protección y preservación del Estado y por lo tanto de la misma colectividad.

Por eso se dice que “Todas las personas e integrantes de la colectividad de todo Estado, tienen el deber y la obligación de contribuir al sostenimiento del Estado, mediante la tributación, asumiendo la obligación de contribuir por medio del tributo, en virtud a sus capacidades respectivas, y en proporción a los ingresos que obtienen, esta carga tributaria debe ser en forma equitativa.”

Pagar tributos, a costa de nuestra propia vida no es algo que esta dentro de lo conveniente para la sociedad.

Resulta que si tenemos la obligación de dar tributos, el Estado tiene la obligación de distribuir en forma correcta los tributos aportados por nosotros.

La justicia en Derecho Tributario es visto desde la óptica de la distribución o justicia distributiva.

Todos deben tributar, pero no de cualquier manera, sino de acuerdo a ciertas condiciones, a sus condiciones contributivas, y de acuerdo a su capacidad de generar, poseer, tener riqueza, patrimonio, etc.

Esto establece una relación entre el Estado y las personas; esta relación es un deber, es decir, un acto imprescindible, que tiene carácter sistémico (Del incumplimiento de este deber se sucederían consecuencias sociales de real peligro para el ordenamiento social).

Es decir es una imputación de carácter social, definido individualmente.

Por último, hablar del principio de justicia implica, pues, que “la carga tributaria debe ser distribuida en forma equitativa”.

La clasificación es, como sabemos, impuestos, contribuciones y tasas; tributos que en sí ya están determinando, de alguna forma, la capacidad contributiva de la persona.

Cada vez que se reforma un tributo la intención suele ser simplificarlo para que no tengamos que acudir a terceros especializados en temas tributarios.

Sin embargo, en la práctica no se simplifican y cada año se introducen novedades que los hacen más complicados de entender.

23.9- Principio de Legalidad y la Limitación

La regla básica sobre la producción normativa en el ámbito tributario la constituye el principio de legalidad o reserva de Ley, mediante el cual se excluye que la regulación de ciertas materias se realice por cauces distintos a la Ley.

La reserva de Ley se configura así como el eje de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo en lo referente a la producción de normas; y supone, ante todo, un límite general a la potestad reglamentaria de la Administración.

En rigor, la expresión principio de legalidad encierra dos aspectos que, aun cuanto están estrechamente relacionados, pueden diferenciarse: por una parte, el principio de reserva de ley y, por otro, el principio de legalidad de la Administración.

Como máxima representación de la voluntad popular, la Ley ocupa un lugar preeminente en el sistema de fuentes del Derecho, adquiriendo decisiva importancia en la configuración de las instituciones tributarias, y a la que sólo condiciona, es evidente, la Constitución.

El rango de Ley, la fuerza de Ley, deriva de que ella es la expresión más inmediata y directa de la voluntad popular.
La Ley representa la voluntad de autonormación de una colectividad, es decir, constituye el vehículo más genuino de las normas que la comunidad se da a sí misma a través de sus legítimos representantes.

Por ello, en los sistemas democráticos asentados en el principio de separación de poderes, se reserva a la Ley la regulación básica y esencial de todo el ordenamiento jurídico.

Como señala Ferreiro, la Ley debe contener el entramado básico del sistema jurídico, aquél en que basa y encuentra apoyo el resto de la normativa que configura el ordenamiento, pues sólo reservando a la Ley tal entramado básico el sistema garantiza la primacía de la voluntad popular.

En una sociedad libre sólo la comunidad puede darse a sí misma, a través de sus representantes, normas sobre ciertas materias.
La idea de autonormación se incorpora así a la Ley y le atribuye una de sus características esenciales, nucleares, sustantivas:
la que mejor permite diferenciarla del resto de las fuentes del Derecho.

Pues si la Ley sirve también a otros valores –igualdad, unidad, seguridad jurídica, etc.- tal función puede ser desempeñada por otras normas que no son la expresión directa de la voluntad del pueblo manifestada a través de sus representantes.

En el ámbito tributario, el principio de legalidad se ha identificado tradicionalmente con la exigencia de autoimposición o consentimiento del impuesto a través de la representación de los contribuyentes, es decir, que sean los propios ciudadanos por medio de sus representantes quienes determinen el reparto de la carga tributaria y, en consecuencia, los tributos que a cada uno de ellos se le pueden exigir.

Durante mucho tiempo esta exigencia de autoimposición se ha ligado estrechamente a la garantía individual frente a posibles intromisiones arbitrarias en la esfera de libertad y propiedad privada del ciudadano.

El tributo era considerado como una clara injerencia estatal en las economías privadas frente a la cual había que oponer cuantas garantías fuera posible, y, entre éstas, la Ley era sin duda la más efectiva.

Sin embargo, en la actualidad, se reconoce al principio de legalidad un significado o fundamentación plural, de forma que junto a este carácter garantista estrictamente individual, puede sostenerse que el mencionado principio cumple también, incluso principalmente, otras funciones.

En primer lugar, una función de garantía democrática en el procedimiento de imposición o de reparto de la carga tributaria.
Señala Pérez Royo que mediante la reserva de Ley, las decisiones sobre el reparto de la carga tributaria son tomadas por el órgano, dada su composición y funcionamiento, que mejor asegura la presencia de intereses contrapuestos y, por tanto, la pluralidad a la hora de establecer los tributos.

En segundo lugar se habla de una garantía de igualdad, en el sentido de tratamiento uniforme para los ciudadanos.

En una Hacienda Pública como la que está configurada actualmente en nuestro país, la Ley resulta ser el expediente técnico más idóneo para conseguir la uniforme distribución de las cargas tributarias.

El Tribunal Constitucional ha puesto de relieve este fin del principio de reserva de ley, señalando que la garantía

En la misma línea que se expone a continuación, CALVO ORTEGA ha puesto de relieve las funciones que despliega, a su juicio, el principio de legalidad: En primer lugar, la producción de leyes exige la intervención de las minorías, lo que permite una confrontación siempre útil en algún grado frente a un hipotético abuso.

En segundo término, el procedimiento legislativo es más lento y tiene una mayor publicidad que el procedimiento del poder ejecutivo, lo que permite una mejor formación de la opinión pública, siempre importante en las democracias parlamentarias a las que nos referimos.

Finalmente la cohesión de la mayoría parlamentaria es menor que la del gobierno, lo que se inscribe también en una línea de mayor garantía para los ciudadanos.

Una última exigencia que se conecta con el principio de legalidad es la de seguridad jurídica o certeza del Derecho, que, en su sentido formal, requiere que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales.

Tal exigencia, para ser efectivamente operativa, necesita sin duda el respeto al principio de Legalidad, habida cuenta del mayor grado de fijación y estabilidad que incorpora la Ley.
Aunque aquí sólo voy a referirme al principio de legalidad tributaria es preciso, no obstante, señalar que la Constitución extiende la reserva de ley a otras áreas del ordenamiento financiero, garantizando así que las decisiones fundamentales respecto a otros ingresos públicos no tributarios o en relación con el gasto público, sean tomadas también a través de una Ley176

El principio de legalidad tributaria

Ámbito material del principio de legalidad tributaria

El principio de legalidad tributaria se encuentra reconocido en el artículo 31.3 de la Constitución, según el cual sólo podrán establecerse prestaciones personales y patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley.

Así pues el tributo, en tanto garantía del principio de legalidad no se limitan únicamente a las de naturaleza tributaria, en sentido estricto, sino que nuestro texto constitucional ha seguido un criterio de máxima amplitud que permite considerar incluidas también otras prestaciones patrimoniales públicas, impuestas unilateralmente por el Estado, distintas del tributo, en sentido técnico.

El ejemplo más significativo de lo anterior es el de las cotizaciones de la Seguridad Social.

No obstante, la referencia específica al establecimiento del tributo por ley aparece contemplada en el artículo 133.1 de la Constitución, a tenor del cual “la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley”. que prestación patrimonial impuesta unilateralmente por el Estado, ha de ser establecido con arreglo a la Ley. Ningún tributo puede ser exigido sin una previa ley que lo autorice.

Ahora bien, la propia fórmula constitucional mencionada permite pensar que la exigencia de rango legal no alcanza a toda la normativa tributaria, a todas las normas que pueden regular un tributo178.
Se hace necesario, pues, determinar cual es el ámbito o el contenido del principio de legalidad que la Constitución ha previsto en relación con los tributos. En concreto, cual es el núcleo de materias que deben ser reguladas necesariamente mediante Ley.

Como respuesta a esta cuestión puede aventurarse que el principio de legalidad cubre la regulación de los elementos esenciales del tributo. Lógicamente, por establecimiento de la prestación hay que entender, no sólo su creación, sino también la determinación de sus elementos esenciales.

Dentro de éstos, quedan comprendidos, en todo caso, los elementos que identifican el tributo, así como los relativos a su cuantificación.

La Ley debe regular en qué supuestos se origina el deber de pagar un tributo (hecho imponible), quién está obligado a pagarlo (sujeto pasivo), cuánto hay que pagar (base tipo, cuota) y otros elementos esenciales como los supuestos de responsabilidad o los plazos de prescripción .

Asimismo, la intervención de la Ley es necesaria también en relación con todos aquellos aspectos que versan sobre los derechos y las garantías de los contribuyentes ante la Administración y, de manera especial, cuando supongan limitaciones o

Un sector de la doctrina aboga por considerar que el artículo 10 de la LGT contiene la concreción de los elementos esenciales en la configuración de los tributos y, por ende, de las materias que quedan reservadas a la Ley.

restricciones de estos derechos; así como, según propone Ferreiro181, para establecer las bases del procedimiento de aplicación de los tributos.

Es decir, y en relación con esto último, la Ley debe regular directa o indirectamente a través de la fijación de límites y criterios a desarrollar por normas reglamentarias, los deberes formales que acompañan normalmente a los tributos, pues tales deberes se concretan en verdaderas prestaciones personales, a veces tan gravosas como las patrimoniales en que el tributo consiste, que también deben ser establecidas “con arreglo a la Ley”.

También queda reservado a la ley el establecimiento de exenciones y beneficios fiscales, toda vez que la Constitución señala expresamente en el artículo 133.3 que todo beneficio fiscal que afecta a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley182. Pienso, con Ferreiro, que la referencia expresa de la Constitución a los beneficios fiscales supone una llamada al legislador, necesaria y conveniente, para que no esconda en ellos privilegios injustificados o que, en su proliferación injustificada ante presiones más o menos legítimas, no se prive al sistema de la efectividad y generalidad que deben exigírsele .

Si bien, en relación con este sector del ordenamiento tributario, hay que advertir que el Tribunal Constitucional ha mantenido en su sentencia de 4 de febrero de 1983 el criterio de que se incluye en el principio de legalidad “el establecimiento de exenciones y bonificaciones tributarias pero no cualquier regulación de ellas, ni la supresión de las exenciones o su reducción o la de las bonificaciones, porque esto último no constituye alteración de los elementos esenciales del tributo”.

Las críticas de la doctrina a esta interpretación del Tribunal Constitucional han sido prácticamente unánimes, en base a diversas razones, entre las cuales interesa resaltar la siguiente: el resultado que produce la supresión o reducción de beneficios tributarios en relación con el deber de contribuir de los ciudadanos, es equivalente al establecimiento de la prestación tributaria. Dicho de otro modo, las

En relación con el tema planteado, la doctrina suele distinguir entre reserva absoluta y reserva relativa. En el primer supuesto, la Ley debe regular de forma completa y acabada la materia a ella reservada, sin que pueda intervenir ningún otro tipo de norma.

En cambio, en el caso de la reserva relativa, la Ley puede limitarse a establecer los principios y criterios esenciales, en el marco de los cuales podrá desarrollarse la materia reservada, en todo o en parte, por una fuente secundaria.

En el caso concreto de la reserva de ley tributaria, la generalidad de la doctrina, y también el Tribunal Constitucional, entienden que se está ante una reserva de Ley meramente relativa.

Tal conclusión se fundamenta sencillamente en la propia letra del artículo 31.3 de la Constitución, que no exige el establecimiento por ley, sino con arreglo a la ley, lo que implica la necesidad de que sea el propio Parlamento el que determine los elementos esenciales del tributo, pero no toda la regulación completa de esta materia, siendo suficiente que se predeterminen legalmente los límites precisos dentro de los cuales debe producirse el posterior desarrollo reglamentario.

Conviene, sin embargo, insistir en la necesidad de la previa delimitación legal.

Es decir, en aquellos casos en que la Ley no regule o establezca directamente el tributo, o alguno de sus elementos esenciales, remitiéndose a una fuente secundaria, esta remisión debe
contener con suficiente concreción los márgenes dentro de los cuales ha de actuar dicha fuente secundaria, de manera que pueda decirse que el tributo se ha configurado o establecido efectivamente con arreglo a la ley. Son, en todo caso, inadmisibles las exenciones son parte esencial de la relación tributaria a todos los efectos y, por tanto, también al de su supresión.

habilitaciones en blanco, esto es, sin un marco básico legalmente preestablecido, habida cuenta de que los reglamentos, en materia tributaria, son siempre instrumento de ejecución de la Ley necesitados de una habilitación legal con un contenido material previamente definido.

El alcance relativo de la reserva de Ley no puede, pues, llegar a suponer la posibilidad de utilizar la ley como simple norma habilitante que autorice al Ejecutivo, de una manera meramente formal, a regular, por vía reglamentaria, la disciplina del tributo, ya que, en este caso, se estaría vaciando de contenido el principio al amparo de una posición formalista que vulnera, en el fondo, el fundamento y sentido material de la reserva de ley tributaria.

En conclusión, tomando las palabras del propio Tribunal Constitucional, la reserva de Ley en materia tributaria ha sido establecida por la Constitución de manera flexible, tal reserva cubre los criterios o principios con arreglo a los cuales se ha de regir la materia tributaria y concretamente la creación “ex novo” del tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuradores del mismo.

Por todo lo anterior, puede decirse que la reserva de ley tributaria constitucionalmente impuesta se sitúa, a juicio del Tribunal Constitucional, en el punto de encuentro entre dos coordenadas:
la relatividad de la reserva –referida a los elementos esenciales del tributo- y la prohibición de leyes en blanco que remitan la regulación del tributo a fuentes secundarias.

Finalmente, debe advertirse que si bien es comúnmente aceptado que la reserva de ley tributaria es meramente relativa, no puede decirse lo mismo respecto de la materia tributaria sancionadora pues, en este caso, es inexcusable su configuración como reserva absoluta, toda vez que en dicha esfera son de aplicación los principios que rigen en el ámbito penal, en el cual no cabe duda de que la reserva tiene tal alcance.

Aunque la Constitución no lo diga expresamente, hay que entender que será necesaria una Ley en el caso de exenciones de tributos autonómicos, así como en el de tributos locales.

El principio de limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales:

La Administración tributaria debe facilitar en todo momento a los ciudadanos el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias formales, de forma que estos eviten acudir al servicio de asesorías fiscales. Igualmente se debe tender a simplificar y reducir las obligaciones tributarias que asuman los ciudadanos.

EXTAER LIMITACION

Principio de Legalidad:

En latín este principio es expresado bajo la siguiente frase:
“Nullum tributum sine lege”; que significa “no hay tributo sin ley”.

Este principio se explica como un sistema de subordinación a un poder superior o extraordinario, que en el derecho moderno no puede ser la voluntad del gobernante, sino la voluntad de aquello que representa el gobernante, es decir de la misma sociedad representada.

Recordemos que es esta representación lo que le da legitimidad al ejercicio del poder del Estado, y por lo mismo a la potestad tributaria del Estado.

Así el principio de Legalidad, o de Reserva de la Ley, delimita el campo y legitimidad del obrar del Estado para imponer tributos.
No cualquier órgano puede imponer tributos, sino sólo aquellos que pueden o tienen la potestad para ello, y sólo la tienen si están autorizados por ley, que resulta decir, “están autorizados por la sociedad”, puesto que la ley es la voluntad y/o autorización de la sociedad.
Eso es lo que cautela este principio.

En un Estado moderno la ley no es la boca del soberano, sino la boca de la sociedad. Este principio es, pues, un medio de garantizar cierta estabilidad y respeto por los derechos de toda la sociedad, fundados en el pacto social, y esta se expresa a través de la ley.

Toda ley, entonces, tiene en la forma, en su forma de creación, un sistema de seguridad.
Es decir, no se acaba en ser representación o boca de la sociedad –como dijimos-, sino en constituirse en un medio de seguridad, un principio de certeza y predictibilidad de todo fenómeno jurídico.

Así que al lado de la delimitación de los órganos que tienen la facultad para crear, modificar o extinguir tributos, está el contenido interno que en sí lleva la ley.

Y ¿cuál es ese contenido interno?
Que todo esté conforme a cierta razonabilidad, a cierto método que suponga un determinado orden social, que responda a una concepción jurídica, a un ordenamiento jurídico determinado temporal y espacialmente.
La legalidad es pues la representación del sentimiento cósmico, interno, de un tipo de visión social, de cierto paradigma social de vida.
La legalidad responde, pues, a un orden político social e histórico.
Lo jurídico en el principio de legalidad, es aquello que enlaza diversas dimensiones: política, sociedad, historia y juridicidad.
Pero las enlaza a través del derecho positivo. De algo que puede crear certeza, seguridad, y capacidad de verificación, prueba, revisión, etc.

Por eso este principio se propone como método de discriminación a priori de actos incorrectos de creación de tributos.
Es un acto previo.
Es un conveniente sistema y mecanismo de protección contra el poder tributario del Estado.
Es un acto que convierte los hechos en objetos de derecho.

En un concepto técnico Rubio Correa escribe,
“La reserva de la ley, que quiere decir que sólo las normas con rango de ley pueden crear, modificar, suprimir o exonerar tributos. Nadie puede arrogarse esa función”.

¿Y por qué sólo las normas con rango de ley?

Pues porque son estas normas con rango de ley una atribución o facultad legislativa.

Sólo pueden son normas con rango de ley aquellas que derivan de órganos que tienen potestad legislativa, es decir, de potestad para crear normas.

Y ¿quiénes tienen potestad legislativa?

Pues sólo la sociedad representada.

FERREIRO LAPATZA, J.J.: Curso
En este sentido sostiene MARTÍN QUERALT que si una Ley se limitara a crear un tributo sin establecer sus señas de identidad –sujetos pasivos, hecho imponible, elementos de cuantificación- habría establecido una entelequia, ya que el establecimiento de un tributo supone cuando menos definir sus elementos esenciales.
Luis Hernández Berenguel escribe que el principio de legalidad
“Actúa como un límite formal al ejercicio del poder tributario. La sujeción a dicho principio supone que el poder tributario sea ejercido por quien la posee”, y no por cualquiera.
Es la forma la que determina la jurisdicción, y/o competencia para crear tributos, y es esta creada por ley.
MARTÍN QUERALT, J.: Comentarios a las leyes financieras, Edersa, Madrid, 1982, pág. 22.
FERREIRO LAPATZA, J.J.: Curso…, págs. 61 y 62.
CALVO ORTEGA, R., op. cit., pág. 60.
PÉREZ ROYO, F.: Derecho…, pág. 41.
Del fundamento democrático del principio de legalidad derivan BAYONA DE PEROGORDO y SOLER ROCH, la consideración de que la reserva de ley tributaria es una manifestación específica de la reserva de normación a favor del órgano representativo, razón por la que el principio adquiere un significado competencial, representado por la atribución exclusiva que, sobre aquella materia, ostenta el órgano legislativo.
Curso…, págs. 202 y 216.

23.10- Principio de Progresividad y la No Confiscatoriedad

El sistema tributario está inspirado en el principio de progresividad, por razones económicas. Esto se explica por varias teorías:
Lo que se persigue es lograr la igualdad del esfuerzo fiscal del contribuyente.

Si no se hace nada, los ricos serán cada vez más ricos, y los pobres cada vez más pobres.

Supone que los ingresos tributarios contribuyen a financiar el gasto público de forma equitativa y progresiva, sin que haya excesos por parte de los poderes públicos a la hora de detraer de las economías privadas los ingresos tributarios.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la no confiscatoriedad (Sentencias 150/1990, de 4 de octubre, 14/1998, de 22 de enero; y 233/1999, de 10 de diciembre) afirmando que la prohibición de confiscatoriedad supone incorporar otra exigencia lógica que obliga a no agotar la riqueza imponible -sustrato, base o exigencia de toda imposición- so pretexto del deber de contribuir; de ahí que el límite máximo de la imposición venga cifrado constitucionalmente en la prohibición de su alcance confiscatorio.

Y dado que este límite constitucional se establece con referencia al resultado de la imposición, puesto que lo que se prohíbe no es la confiscación, sino justamente que la imposición tenga “alcance confiscatorio”, es evidente que el sistema fiscal tendría dicho efecto si mediante la aplicación de las diversas figuras tributarias vigentes, se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades, con lo que además se estaría desconociendo, por la vía fiscal indirecta, la garantía prevista en el artículo 33.1 de la Constitución: como sería asimismo, y con mayor razón, evidente el resultado confiscatorio de un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuya progresividad alcanzara un tipo medio de gravamen del 100 por 100 de la renta.

Sin llegar a ese límite (100%), este principio ha sido materializado en el artículo 31.1 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio que establece “La cuota íntegra de este Impuesto conjuntamente con las cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no podrá exceder, para los sujetos pasivos sometidos al impuesto por obligación personal, del 60% de la suma de las bases imponibles de este último”.

El principio de progresividad y la no confiscatoriedad

El artículo 31 de la Constitución exige que la contribución de los ciudadanos al sostenimiento de los gastos públicos se realice a través de un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Se trata de que quienes más tienen contribuyan en proporción superior a los que tienen menos.

De hecho, la progresividad supone la articulación del sistema tributario de tal forma que permita conseguir, además de los fines estrictamente recaudatorios, la efectiva redistribución de la renta y de la riqueza.

Se ha visto que la progresividad, y en general el objetivo de redistribución de la renta, tiene una estrecha conexión con el principio de igualdad, según éste se proyecta en el ámbito tributario.

El sistema tributario justo queda ineludiblemente vinculado al principio de igualdad y al principio de progresividad, manifestando, con ello, una indisociable unión entre ambos principios, cuyo resultado esperado es una mejora sustantiva en el proceso de redistribución de la riqueza.

Como ha señalado el Tribunal Constitucional “la igualdad es perfectamente compatible con la progresividad del impuesto”.
STC de 20 de febrero de 1989.

En este sentido, ha dicho Ferreiro que la progresividad del sistema tributario, que depende, claro está, de la progresividad de los impuestos que en él figuran, es básica en toda política sincera de distribución constitucionalmente más justa de la renta nacional.

De acuerdo con el texto constitucional el carácter progresivo afecta, no a cada tributo en particular, sino al conjunto del sistema tributario, por lo que nada impide que existan tributos proporcionales.

Es suficiente, en suma, que se configuren como progresivos aquellos impuestos de mayor importancia dentro del sistema.

Finalmente, la progresividad tiene un límite infranqueable en la no confiscatoriedad.

La prohibición constitucional es una especie de garantía frente a posibles abusos en la progresividad del sistema, pero, en rigor, la confiscación es un concepto que por su propia esencia queda extramuros del ordenamiento tributario.

La confiscación se inserta en la regulación del derecho de propiedad y, por ende, se sustenta en principios distintos.

Señala Pérez Royo que la referencia a la no confiscación tiene más un valor ideológico o político que jurídico, propiamente dicho.
Y añade, citando a Palao Taboada, que el indicado límite de la no confiscatoriedad confunde dos planos que deben tenerse bien diferenciados: el de la regulación de la contribución a los gastos públicos y el de la regulación del derecho de propiedad, al que la Constitución se refiere solamente un poco después.
Finalmente, advierte que, en cualquier caso, en aquellos supuestos en que una Ley configure de tal manera un tributo que llegase a producir tal efecto confiscatorio o de anulación del derecho de propiedad, el precepto sería tachado de anticonstitucional sin necesidad de acudir a este principio, por el simple juego de la regla de la capacidad económica.

La no confiscación sería, desde ese punto de vista, una reiteración del principio de justicia tributaria o, si se prefiere, una consecuencia lógica del propio principio de capacidad económica, que exige asimismo, de acuerdo con las manifestaciones del Tribunal Constitucional, “no agotar la riqueza imponible –sustrato, base o exigencia de toda imposición- so pretexto del deber de contribuir”.

Ello no obstante, considera Ferreiro que no es superflua, ni puede desconocerse, la prohibición constitucional de que el Estado se apodere, por la vía fiscal, de las rentas y propiedades de un ciudadano.

Principio de no confiscatoriedad:

Para saber si un impuesto es confiscatorio hay que tener en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo, ya que los impuestos no pueden privar a una persona de su capacidad económica. No es fácil determinar que porcentaje de impuesto es el que te impide vivir, ya que un mismo porcentaje de impuesto puede ser confiscatorio en unos casos y en otros no.

Ejemplo de lo anterior:
Impuesto del 50%, para quien tiene una renta de salario mínimo: es confiscatorio porque no se le deja capacidad económica; pero ese mismo 50% de impuesto para quien tiene una renta muy alta: no resultará confiscatorio.

Por eso, es importante el denominado mínimo vital, regulado por el IRPF y establecido en unos 3400 euros, a partir del cual no se deben pagar impuestos.

La confiscatoriedad de un tributo se analiza caso por caso, pero también hay que analizar la confiscatoriedad del sistema tributario.
Así se llegan a la conclusión de que son confiscatorios los siguientes:

Un impuesto sobre gasto o consumo que una vez satisfecho deja una capacidad económica inferior al mínimo vital al sujeto pasivo.

La progresividad supone que los tipos impositivos de algún impuesto del sistema se establezcan de modo que a un aumento de la base imponible corresponda un incremento de la deuda tributaria más que proporcional.

Principio de progresividad:

A través de tributos proporcionales, sea cual sea la capacidad económica, el porcentaje a pagar no varía. En los tributos progresivos se trata de conseguir que quien tenga más capacidad económica pague mas impuestos. A mayor capacidad económica, en el caso de los progresivos, mayor porcentaje de impuestos a pagar.

Ejemplo ilustrativo de lo anterior:

Renta Impuesto Proporcional Impuesto

0.2= 20

200 0.2= 40

Renta Impuesto Progresivo

100 0.2= 20

200 0.25= 50

El principio de progresividad se manifiesta como un principio necesario e instrumental al servicio del principio de capacidad económica y para lograr como resultado global un sistema tributario que inspirándose en dicho principio resulte justo.

Sea como fuere, nuestro Tribunal Constitucional ha afirmado que el principio de progresividad es predicable no ya tanto de un impuesto en particular sino sobre todo del sistema impositivo en general, a la luz del artículo 31.1 de la Constitución Española (Sentencia 76/1990, de 26 de abril, y 150/1990, de 4 de octubre, entre otras).

De este modo la progresividad ha de ir referida a una universalidad que permita contemplar la totalidad de la situación económica del sujeto pasivo (renta, patrimonio o consumo).

FERREIRO LAPATZA, J.J.: Curso…, pág. 61.
PÉREZ ROYO, F.: Derecho…, pág. 40.

Fundamento de Derecho Europeo

24.1- Impuestos en la UE

Tax competition
Tax competition has always existed.

From an economic point of view, tax competition is often viewed as a substitute for market competition to induce efficient spending in the public sector.
This lies on the assumption that taxpayers will change location if public spending does not match their expectations.
However, a real difference exists between individuals (taxpayers of personal income tax – PIT) and firms (taxpayers of corporate income tax – CIT); the latter …………………………..
…………………………………………….. is not based on an approach of joint optimisation.
Tax competition’s impact on growth is generally recognised. Standard economic theory sees tax competition as detrimental to growth.
Tax competition may also affect growth through its impact on inequalities.
Economists have concluded that ‘On the whole there is no evidence that higher taxes in general are detrimental to growth…

Taxation may hurt growth only when it becomes confiscatory, in which case it stops innovation by the most productive entrepreneurs or induces them to move to a lower-tax country.’

“La fiscalidad puede afectar el crecimiento sólo cuando se convierte en confiscatorio, en cuyo caso (quita innovación) a los empresarios más productivos o los induce a trasladarse a un país con menos impuestos «.

See Fabio Wasserfallen ‘Political and economic integration in the EU: the case of failed tax harmonization’. 32 See A. Bénassy-Quéré e.a.
Tax harmonization in Europe: moving forward, p. 2. 33 ‘Tax harmonisation in Europe: moving forward’, p. 7, in particular studies referred to in footnote 23.

24.2- Impuestos en la UE

2. Taxation in the EU

2.1. Taxation in perspective

2.1.1. How the EU has been involved in tax matters

Tax matters have been included in the Treaties since the Union’s beginnings.
Nevertheless, they have remained …………………………………………..
………………………………………………………………..capital and payments).
Environment provisions (Articles 191-192 TFEU) also include tax components. Competition provisions, in particular the prohibition of state aid enshrined in Articles 107 to 109 TFEU, are relevant to tax policy.

General principles of particular relevance in tax matters are:

non-discrimination, proportionality, legal certainty or unjust enrichment.

“Los principios generales de particular importancia en materia fiscal son:.

La no discriminación, la proporcionalidad, la seguridad jurídica o el enriquecimiento sin causa.”

The principle of Union loyalty ………. is of particular importance since tax matters are not, or not fully, harmonised and national provisions can vary substantially (including differences in rates).

2.1.3. Actors and acts in tax policy

The framework applicable to tax policy is the following: the Member States are free to choose the tax system they consider most appropriate and according to their preferences, provided that they comply with EU rules.

In addition, any proposal for EU action in the tax field needs to take account of the principles of subsidiarity and proportionality.

“Además, cualquier propuesta de acción de la UE en el ámbito fiscal debe tener en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.”

The main feature of EU tax provisions with regard to the adoption of acts is the fact that the Council decides on a Commission proposal by unanimity, with the EP only being consulted.
Provisions adopted in the tax field include directives approximating national provisions and decisions of the Council.
In addition to these provisions, implementing and delegated acts (regulations, directives or decisions) are adopted by the Commission when the basic act provides for this.
Adding to these legally binding acts, non-legally binding instruments (soft law) provide a common approach, via recommendations, codes of conduct (business taxation), action plans and guides or explanatory notes providing practical and informal guidance about EU law and specifications.

24.3- Artículo 53 de la Constitución Italiana – Derecho Comparativo

Articulo 53

«Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.»

Todos estarán obligados a contribuir a los gastos publicos en proporcion a su capacidad contributiva.
El sistema tributario se inspirara en criterios de progresividad.

24.4- Artigo 104 de la Constituçao da Republica Portuguesa – Derecho Comparativo

Artigo 104.º
Impostos
1. O imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar.

2. A tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu rendimento real.

3. A tributação do património deve contribuir para a igualdade entre os cidadãos.

4. A tributação do consumo visa adaptar a estrutura do consumo à evolução das necessidades do desenvolvimento económico e da justiça social, devendo onerar os consumos de luxo.

«Artículo 104
1. El impuesto sobre la renta de las personas singulares tiene como objetivo la disminución de las desigualdades y será único y progresivo, teniendo en cuenta las necesidades y los rendimientos del grupo familiar.

2. La tributación sobre las empresas incide fundamentalmente sobre su rendimiento real.

3. La tributación sobre el patrimonio debe contribuir a la igualdad entre los ciudadanos.

4. La tributación sobre el consumo tiene como objetivo adaptar la estructura del consumo a la evolución de las necesidades del desarrollo económico y de la justicia social, debiendo gravar los consumos de lujo.»

24.5- Caracter confiscatorio del impuesto – Doctrina europea

Caracter confiscatorio del impuesto Doctrina europea

Le caractère confiscatoire de l’impôt et les exigences constitutionnelles françaises

«Los impuestos confiscatorios y los requisitos constitucionales franceses.»

1 – La décision renduele 29 décembre 2012 1 parleConseil constitutionnel et qui censure, entre autres, la taxation d’une partie des revenus des contribuables les plus aisés au taux de 75 % 2, a été à l’origine d’une double occasion manquée.

D’une part, elle n’a pas permis au Gouvernement et à la nouvelle majorité parlementaire de mettre en œuvre l’une des propositions de campagne du président de la République.

Et d’autre part,elle n’a pas conduitleConseil constitutionnel à définir définitivement et précisément la notion d’« impôt confiscatoire ».

«Y por otra parte, no tiene conducta/sentido constitucional definir de manera permanente y precisión el concepto de ‘impuesto confiscatorio’.»

Comme il fallait s’y attendre, le Conseil constitutionnel avait en effet été saisi par des parlementaires de l’opposition quifaisaient grief à l’imposition envisagée d’être confiscatoire.

«Como era de esperar, el Consejo Constitucional de hecho, había sido (opuesto) por la oposición parlamentaria criticando el impuesto propuesto por ser confiscatorio.»

Mais plutôt que de se prononcer sur ce moyen, le Conseil a préféré se référer à la notion d’« impôt excessif ». Ainsi, si la décision du Conseil est importante, elle n’est ni novatrice, ni décisive.

2 – Souvent utilisée, la notion d’impôt confiscatoire est rarement définie

3. Sans doute renvoie-t-elle, au premier abord, au sentiment d’être spolié parl’État :l’impôt aboutirait ainsi au vol des citoyens par l’État, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’étymologie du terme « confiscation » qui, dérivé du mot « fisc » renvoie au procédé d’« acquisition par l’État, aux fins d’aliénation à son profit de tout ou partie du patrimoine d’un condamné ».
Mais si la « confiscation » peut historiquement être conçue comme une pénalité

4,il semble que l’acception contemporaine du terme signifie plutôt une expropriation forcée sans contrepartie.
D’origine juridique,l’expression prend alors une dimension politique

5 Sur le long terme,la renaissance de la notion d’impôt confiscatoire comme argument politico-juridique montre d’ailleurs que le débat sur l’impôt pose le problème de sa légitimité, encore que les conditions qui l’entourent ont évolué.

“A largo del tiempo, el (resurgimiento) del concepto de impuesto confiscatorio como argumento político-legal también (se) muestra que el debate sobre el impuesto plantea la cuestión de la legitimidad, sin embargo, las condiciones que lo rodean han evolucionado.”

À l’origine, la question de la légitimité renvoie en effet au consentement à l’impôt,à l’instar des grandes révolutions de l’ère moderne (révolutions anglaise au XVIIe siècle, américaine et française au XVIIIe siècle).

Pour être légitime, l’impôt doit ainsi être voté par les représentants du Peuple, c’est-à-dire le Parlement élu, de sorte que le principe est inscrit dans le Bill of Rights anglais de 1689 et à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et qu’il justifie le contrôle exercé par le Parlement sur l’Exécutif comme le montre sa traduction contemporaine en droit constitutionnel français au cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution.

Le principe du consentement offre une garantie avant tout procédurale par l’attribution d’une pleine compétence au Parlement enmatièrefiscale.Enfaisant du vote dela représentation nationale le seul garde-fou, cette lecture postule que le Parlement « ne saurait mal faire ».

S’il y aurait beaucoup à redire sur cette fiction juridique, celle-ci explique sans doutela relative timidité dujuge constitutionnel dansle domaine fiscal.
Au-delà, la « liberté d’appréciation du législateur » reconnue par le juge constitutionnel s’appuie également sur les liens complexes entrelégitimité etlégalité.Le consentement àl’impôt,fon-

1. Cons. const., déc. 29 déc. 2012, n° 2012-662 DC, Loi de finances pour 2013 : JO 30 déc. 2012, p. 20966.
2. La disposition censurée instaurait une surtaxe d’impôt sur le revenu aboutissant à un taux marginal de 75 % pour les revenus supérieurs à 1 M €.
3. Pour une mise en perspective internationale, V. A. R. Brewer-Carias,

Les protections constitutionnelles et légales contre les impôts confiscatoires,

”Las protecciones constitucionales y legales en contra de los impuestos confiscatorios”

in Études de droit public comparé : Bruylant, Bruxelles, 2001. – V. JCl. Fiscal Impôts directs Traité, Fasc. 70, Bouclier Fiscal, J.-B. Geffroy.

4. Pour un exemple d’utilisation de la confiscation comme peine “

”4 .Un ejemplo del uso de la confiscación como sanción”

V. C. pén., art. 131-21.
5. Dans une perspective incluant les questions de politique fiscale et d’acceptation de l’impôt, V. D. Larbre, Le caractère confiscatoire de l’impôt : Dr. fisc. 2012, n° 20, 291.

24.6- La legitimidad del impuesto, se formaliza por la legislación fiscal, aprobada por el Parlamento – Doctrina europea

REVUE DE DROIT FISCAL N° 22. 30 MAI 2013 25

Dement de la légitimité de l’impôt,estformalisé par la loifiscale,votée par le Parlement.

Sobre la legitimidad del impuesto, se formaliza por la legislación fiscal, aprobada por el Parlamento.

Dans un premier temps le problème de la légitimité est donc réglé parle recours àlalégalité.
Cependantla prise en compte croissante des libertés individuelles repose le problème de la légitimité de l’impôt. Non seulement la légalité n’est plus un argument suffisant pour apprécier la légitimité,mais également la nécessité apparaît de défendre l’individu face à la collectivité et le citoyen face à l’État.

Le renouveau de la question de l’« impôt confiscatoire » s’intègre dans la recherche d’un équilibre entre les droits de l’individu contribuable et les prérogatives de la collectivité-État.

“El resurgimiento de la cuestión de «impuesto confiscatorio» es parte de la búsqueda de un equilibrio entre los derechos del contribuyente individual y las prerrogativas de la comunidad estatal.

3 – La décision du29 décembre2012 s’inscrit dans cette volonté de conciliation entre droits du contribuable et prérogatives del’État.
Elle prend place dans un contexte à la fois national et européen où le juge constitutionnel applique les libertés individuelles au domaine fiscal.
Néanmoins la contribution croissante du juge constitutionnel à la loi fiscale ne va pas sans difficulté.

À l’instar de ses homologues européens, le Conseil constitutionnel hésite à fixer une norme constitutionnelle d’interdiction de l’imposition confiscatoire, ce qui l’exposerait à l’accusation de « gouvernement des juges ».

Pour ces raisons, le juge constitutionnel cherche, en France comme dans d’autres États européens, d’autres fondements juridiques pour contrôler l’impôt (1).

Cette démarche étant insuffisante, il déplace ensuite subrepticement le débat de l’impôt confiscatoire vers l’impôt excessif (2).
L’interdiction des impôts confiscatoires et les principes constitutionnels traditionnels

“La prohibición de los impuestos confiscatorios y principios constitucionales tradicionales”

A fin de statuer sur le caractère confiscatoire des impôts sans en donner véritablement l’impression, le juge constitutionnel peut passer par le truchement des principes constitutionnels traditionnels.
Pour ce faire,il devrait de prime abord se référer au droit de propriété (A).Mais le principe d’égalité tend à s’y substituer (B).

A. – L’interdiction des impôts confiscatoires et le droit de propriété

A. – La prohibición de los derechos de propiedad fiscal y confiscatorias

5 – Le droit de propriété est un droit subjectif reconnu et intégré à la majorité des constitutions et des traités internationaux contemporains.

En matière fiscale, deux conséquences alternatives peuvent en être tirées par le juge constitutionnel, lequel peut soit exercer un contrôle visant à préserver la substance du droit de propriété et ne sanctionnant que les prélèvements manifestement disproportionnés (1°) soit déterminer un « seuil constitutionnel » au-delà duquel l’impôt devient nécessairement confiscatoire (2°).
1° L’impôt confiscatoire face à la substance du droit de propriété

6 – Le droit de propriété est un élément important des constitutions contemporaines. Le développement du constitutionnalisme dans les années post-1945 a rendu nécessaire une réaffirmation explicite du droit de propriété, particulièrement dans le cadre de l’affrontementOuest-Est,ce qui explique quele droit de propriété se retrouvev dans la plupart des constitutions de l’après-guerre.
En France, levConseil constitutionnel a explicité sa valeur constitutionnelle dans savdécision Nationalisations 6, en a reconnu la valeur constitutionnelle,
suivant ainsi le juge constitutionnel allemand qui, depuis les années 1950, se réfère à la « garantie de propriété » en tant que norme de contrôle des mesures économiques du législateur.
Plus largement, le droit de propriété a une portée idéologique forte : les juges constitutionnels (et particulièrement le juge constitutionnel allemand) associent le droit de propriété et le caractère démocratique et libéral du régime politique

7 De façon générale, le droit de propriété est souvent invoqué en droit public économique. Il est particulièrement employé dans le cas du contentieux des expropriations et, de manière nécessairement moins fréquente, dans le cadre des nationalisations

8 . Cependant, peut-il être invoqué en matière fiscale afin de caractériser un impôt comme étant confiscatoire ?
L’application du droit de propriété en droitinterne connaîtdes fortunes diverses selon les pays.
En France,le Conseil constitutionnel semble reconnaître la possibilité d’y recourir en matière fiscale.
Cependant,la jurisprudence duConseil constitutionnel demeure ambiguë sur ce point précis comme l’illustre une décision portant sur le contentieux de l’Impôt de solidarité sur la fortune

9 . Lors de la décision du 24 juillet 1991 10,le Conseil constitutionnel a ainsi reconnu la possibilité de censurer un impôt sur le fondement du droit de propriété.

Selon le Conseil, une mesure fiscale « ne saurait avoir pour conséquence, par ses effets sur le patrimoine des contribuables, de porter atteinte au droit de propriété ».

De acuerdo con el Consejo, una medida fiscal «no puede dar lugar a sus efectos sobre los contribuyentes de propiedad infrinjan los derechos de propiedad.»

Mais si cette jurisprudence semblait ouvrir la voie à une censure de l’impôt confiscatoire en application du droit de propriété, elle pose davantage de questions qu’elle n’en résout.

La première question qu’elle soulève est ainsi la définition des « effets sur le patrimoine des contribuables » lesquels ne sont pas aisément identifiables.
S’appuyant sur la définition donnée par PaulMarie Gaudemet, un impôt prendrait un caractère confiscatoire « lorsque l’élévation de son taux oblige le contribuable à amputer son patrimoine pour l’acquitter, son revenu disponible n’y suffisant plus »

11. Dans cette hypothèse, un impôt pourrait être confiscatoire s’il représente au moins 100 % du revenu 12, provoquant de facto « une expropriation déguisée ».
Mais la seconde question est alors de savoir comment apprécier les effets d’un impôt sur le patrimoine d’un contribuable, ce qui renvoie aux spécificités du contentieux constitutionnel en France.
Car contrairement aux autres juges constitutionnels, le Conseil constitutionnel français ne connaît pas des cas in concreto, et ne se prononce qu’in abstracto, en droit. Par conséquent,le Conseil ne peut apprécier les effets réels del’imposition surles contribuables dansla diversité de leurs situations. De ce fait, la portée de la décision du 24 juillet 1991 demeure limitée.
Il faut néanmoins noter que cette conception de l’impôt confiscatoire comme prélèvement équivalant à une « expropriation déguisée » est celle retenue par la Cour européenne des droits de

6. Cons. const., déc. 16 janv. 1982, n° 81-132 DC, Nationalisations : Rec. Cons. const. 1982, p. 18.
7. V. par ex., BVerfGE 24, 367, Hamburgisches Deichordnungsgesetz (18 déc. 1968). – Pour une analyse complète de la « garantie de propriété », V. aussi G. S. Alexander, Property as a Fundamental Constitutional Right ? The German Example : Cornell Law Faculty Working Papers. Paper 4, 2003.
8. À ce titre, il doit être précisé que la méthodologie suivie par le Conseil constitutionnel dans sa décision Nationalisations de 1982, emprunte au contrôle de l’expropriation.
9. Pour un panorama complet du contentieux sur le caractère confiscatoire de l’ISF,
V. W. Mastor, L’impôt de solidarité sur la fortune à l’épreuve de la Constitution : Dalloz 2005, p. 1257. – O. Fouquet, Le Conseil constitutionnel et l’ISF : FR Lefebvre 38/2012, inf. 22, p. 25.
10. Cons. const., déc. 24 juill. 1991, n° 91-298 DC, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 1992 : Rec. Cons. const. 1991, p. 82.
11. P.-M. Gaudemet, Protections constitutionnelles et légales contre les impositions confiscatoires : RID comp. 1990, p. 806.
12. Il est possible de considérer que ce pourcentage est en réalité inférieur, une partie du revenu étant consacrée à la couverture des dépenses de vie courante.

24.7- Convenio Europeo de Derechos Humanos – Límite de confiscatoriedad inferior al 70%

REVUE DE DROIT FISCAL N° 22. 30 MAI 2013
l’homme 13.

L’article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne ou morale a droit au respect de ces biens.

«El artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales establece que «toda persona o entidad tiene derecho al respeto de dichos bienes.»

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes du droit international ».

Dès 1988,la Commission européenne des droits de l’Homme reconnaît la possibilité d’appliquer les dispositions de cet article à la matière fiscale.

«En 1988, la Comisión Europea de Derechos Humanos reconoce la posibilidad de aplicar las disposiciones del presente artículo a los asuntos fiscales.»

La fiscalité représente une « ingérence » dans le droit de propriété.

Le principe posé est la prohibition des « charges excessives » susceptibles de porter atteinte à la situation financière du contribuable : sont susceptibles de censure les impôts qui conduisent à un prélèvementmanifestement disproportionné.

La Cour rappelle « qu’un État contractant, spécialement quand il élabore et met en œuvre une politique en matière fiscale, jouit d’une large marge d’appréciation, et la Cour respecte l’appréciation portée par le législateur en pareilles matières, sauf si elle est dépourvue de base raisonnable ».

C’est ainsi que le contentieux de l’impôt confiscatoire sur le fondement de la propriété ne peut qu’épouser le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation adoptée par les juridictions constitutionnellesinternes.

En d’autres termes,il s’agit d’uncontrôle restreint.
Le contentieux de l’impôt sur le fondement du droit à la protection des biens permet la reconnaissance d’un contentieux autour de l’impôt confiscatoire sur le fondement de l’erreur manifeste d’appréciation

8 – L’utilisation du droit de propriété impliquerait la détermination préalable de ce que serait sa « substance », permettant ainsi, au moins, la mise en œuvre du contrôle restreint.

Si cette opération de définition n’a pas été réalisée par le Conseil constitutionnel, d’autres États, tels l’Allemagne ou la Suisse, s’y sont essayés.

2° L’impôt confiscatoire face à un seuil constitutionnel

9- La référence au droit de propriété permet alternativement l’instauration d’un « seuil constitutionnel » au-delà duquel l’impôt devient confiscatoire.

«2° La cara del impuesto confiscatorio un umbral constitucional

9 – La referencia a la propiedad permite alternativamente el establecimiento de un «umbral constitucional» más allá del cual el impuesto es confiscatorio.»

Ce « seuil constitutionnel » implique alors de plafonner l’impôt, comme le montre l’exemple de l’Allemagne ou de la Suisse.

En Allemagne, l’utilisation du droit de propriété dans un contextefiscal est circonscrite au contentieux des droits de succession (Erbrechtsgarantie).
Le juge constitutionnel allemand admet le recours à la garantie de propriété posée par l’article 14 de la Loi fondamentale au cas spécifique où l’imposition deviendrait de ce fait « étouffante » (erdrosselnd).
Le droit de propriété se verrait privé de sa substance dans le cas d’une imposition disproportionnée (über jedes Mass).

Formellement, cette position se rapproche de la position du Conseil constitutionnel français.
Néanmoins, la volonté de préserver la « substance » du droit de propriété au contentieux fiscal reflète l’attention particulière que prête le juge constitutionnel allemand au droit de propriété, vu comme un élément essentiel de l’ordre constitutionnel.

La décision prise le 22 juin 1995 16 par le deuxième sénat s’inscrit dans une démarche de définition de ce que serait la « substance » de la propriété en matière fiscale.
Cette démarche s’effectue en deux temps : elle porte sur l’assiette et le taux.
Dans cette décision, le juge constitutionnel estime que, pour être conforme au droit de propriété, l’impôt sur le patrimoine doit taxer non pas le patrimoine (« la substance de la chose ») mais les revenus du patrimoine (« les revenus qui peuvent habituellement en être retirés »).

Selon la Cour, l’impôt doit porter sur les revenus du capital sous toutes leurs formes (loyers, plus-values, intérêts, dividendes) plutôt que sur le capital lui-même (bien immobiliers, épargne, actions).
À défaut,« l’impôt conduira à une confiscation progressive etimposera le contribuable defaçon exorbitante ».
Le juge opère donc une redéfinition de l’assiette de l’impôt sur le patrimoine sur lefondement de la garantie de propriété contenue à l’article 14 de la Loi fondamentale.
Mais surtout, le juge constitutionnel allemand institue ce que la doctrine allemande appelle la « règle de la division par moitié » (Halbteilungsgrundsatz).
Cette interprétation se fonde sur une interprétation constructiviste de l’adverbe « zugleich » qui peut se traduire par « également » ou « à parts égales ».
Elle postule que l’ensemble des prélèvements obligatoires doit aboutir à une répartition « d’environ 17 la moitié entre des mains privées et publiques ».
Concrètement, cela implique un plafonnement de l’impôt à « environ » la moitié d’un revenu.
Cette jurisprudence n’a jamais été appliquée et a finalement été abandonnée par la Cour constitutionnelle par un arrêt du 20 janvier 2006 18.
Mais en dépit de ce revirement, la décision du 22 juin 1995 montre un exemple de plafonnement jurisprudentiel de l’imposition.
Elle permet d’identifier également un exemple de « seuil constitutionnel » fixé par l’instance chargée d’interpréter la Constitution
10 – En Suisse, la portée fiscale du droit de propriété est pleinement reconnue.
Les méthodes de plafonnement de l’impôt sont
considérées comme la conséquence directe de ce principe constitutionnel.
Ces plafonnements sont d’abord contenus dans le droit positif 20.
Le législateur est secondé par le Tribunal fédéral qui apprécie le niveau confiscatoire ou non de l’impôt.
Dans cette tâche, le juge ne se réfère pas uniquement au niveau du taux d’imposition mais tient également compte de « la charge que représentel’imposition sur une longue période, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires (…) les circonstances concrètes la durée et la gravité de l’atteinte le cumul avec d’autres impositions, la possibilité de répercuter sur d’autres le poids de l’impôt ».
La situation du contribuable est largement prise en compte, le juge statuant au cas par cas et donnant ainsi à ses décisions un caractère d’espèce.
La jurisprudence du Tribunal fédéral offre une large collection d’exemples de plafonnement de l’imposition 21, sans toutefois fixer de norme générale.
Les décisions

Pour un rapide bilan de l’impact de la jurisprudence fiscale de la Cour européenne des droits de l’homme en droit interne,V.W. Mastor, L’impôt de solidarité sur la fortune à l’épreuve de la Constitution, préc.
14. CEDH, 14 déc. 1988, n° 13013/87, Wasa Liv Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse et un groupe d’environ 15 000 personnes c/ Suède : DR 1988, 58, p. 163.
15. V. par ex.,CEDH, 3e sect., 4 janv. 2008, n° 25834/05 et n° 27815/05, Imbert de Tremiolles c/ France : Dr. fisc. 2008, n° 15, comm. 264, note E. J.Van Brustem ; RJF 5/2008, n° 615.
16. BVerfGE 93, 121, Einheitswerte II (22 juin 1995).
17. L’expression exacte employée par la Cour constitutionnelle allemande est « in der Nähe ». Cette formule peut se traduire par « environ » mais également par « aux alentours ». L’ambiguïté même de la formulation du juge constitutionnel allemand montre les hésitations de la Cour de Karslruhe. Cela tend à penser que la décision du 22 juin 1995 est moins générale et absolue que souvent prétendu.
18. BVerfGE 115, 97, Halbteilungsgrundsatz (20 janv. 2006).
19. Saisi par les parlementaires de l’opposition, le Conseil constitutionnel a refusé de transposer en France la décision du 22 juin 1995 concernant l’ISF, V.Cons. const., déc. 29 déc. 1998, n° 98-405 DC, Loi de finances pour 1999 : JO 31 déc. 1998 ; Rec. Cons. const. 1998, p. 326 ; Dr. fisc. 1999, n° 1, comm. 1 ; RJF 2/99, n° 194. – S’agissant de l’assiette de l’ISF,V. O. Fouquet, L’assiette de l’ISF est-elle constitutionnelle ? : Dr. fisc. 2010, n° 42-43, act. 398.
20. Ainsi en Suisse, la Constitution fédérale dispose que l’impôt sur le capital ne peut excéder un taux de 0,825 pour mille.
De même le taux maximal de l’impôt fédéral direct est fixé à 11,5 %.
21. Pour les impôts cantonaux sur la richesse ou sur les grandes fortunes et sur leur revenu, le Tribunal fédéral suisse n’a pas retenu qu’en soi cet impôt avait un caractère confiscatoire, même si la charge fiscale sur le revenu peut atteindre 46,3 %.
Il estime qu’une imposition totale de 67,6 % perçue au cours de trois années successives sur un même revenu immobilier n’était pas confiscatoire.

Dans une décision de 2007 relative à l’impôt sur le revenu, le Tribunal fédéral a jugé qu’une charge fiscale globale de 55 % frappant une rente viagère revêt un caractère confiscatoire, mais refuse de qualifier comme tels des prélèvements à des taux supérieurs à 60 %.

«En una decisión de 2007 sobre el impuesto sobre la renta, el Tribunal Federal dictaminó que la carga tributaria global en un 55% golpeando una anualidad es de carácter confiscatorio, pero se niega a calificar como tales gravámenes por encima de las tasas 60%.»

24.8- Reflejar la creciente individualización en la evaluación de los efectos fiscales «confiscatorias» e Igualdad

REVUE DE DROIT FISCAL N° 22. 30 MAI 2013 27

D’espèce ainsi rendues témoignent de l’individualisation croissante dans l’appréciation des effets « confiscatoires » de l’impôt

Dans ces conditions, il semble que le principe de propriété ait une portée relativement limitée en matière fiscale.
Hormis (brièvement) dans le cas allemand et (plus généralement) dans le cas suisse, le juge se borne à un contrôle restreint dela conformité del’impôt au droit de propriété, fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation.

L’impôt n’est donc confiscatoire que s’il prive de sa « substance » le droit de propriété.
Le caractère apparemment secondaire du droit de propriété comme norme de contrôle de l’impôt confiscatoire est donc établi.
Cela a conduit le juge à employer en priorité le principe d’égalité dans le contrôle au fond de la norme fiscale.

B. – L’interdiction des impôts confiscatoires et le principe d’égalité

11 – Principe général du droit public en Europe occidentale, le principe d’égalité est le principal outil de contrôle de la fiscalité.
Il importe d’évoquer sa place dans le contrôle de la fiscalité en général (1°),
puis d’analyser sa contribution à la notion d’impôt confiscatoire en ce qu’il permet de saisir le concept assez vague de facultés contributives (2°).

1° La reconnaissance et l’utilisation du principe d’égalité en matière fiscale

12 – En matière fiscale, le principe d’égalité implique communément que les contribuables se trouvant dans une situation similaire doivent recevoir un traitement identique ou similaire.

Por lo tanto, hecho aquí representan la individualización creciente en la evaluación de los efectos del impuesto «confiscatorio»

En estas circunstancias, parece que el principio de la propiedad tiene un alcance relativamente limitado en materia fiscal.
Salvo (brevemente) en el caso alemán y (en general) en el caso de Suiza, el juez se limita a un restringido más allá del control del cumplimiento del’impôt a la propiedad, basado en error manifiesto de apreciación.

El impuesto es, por tanto, confiscatorio niega la «sustancia» del drecho a la propiedad.
Se establece la naturaleza aparentemente secundaria de la propiedad de serie del impuesto confiscatorio.
Esto llevó al juez a dar prioridad al principio de igualdad en la revisión de la sustancia de la norma tributaria.

B. – La prohibición de los impuestos confiscatorios y el principio de la igualdad

11 – Principio general de Derecho público en Europa occidental, el principio de igualdad es la principal herramienta de control tributario.
Es importante mencionar su lugar en el control de los impuestos en general (1) y luego analizar su contribución al concepto de impuesto confiscatorio que captura el vago concepto de capacidad contributiva (2 °).

1° Reconocimiento y uso del principio de igualdad en materia tributaria
12 – En materia fiscal, el principio de igualdad implica en general que los contribuyentes en una situación similar deben recibir el mismo tratamiento o uno similar.»

À défaut, la norme est inconstitutionnelle en ce qu’il y a, selon les cas, rupture du principe d’égalité ou discrimination.
Ayant pleine valeur constitutionnelle

23,il est l’instrument privilégié par le juge constitutionnel pour contrôler au fond la norme fiscale
24, même s’il ne saurait substituer son appréciation à celle du législateur

En France, en Allemagne et en Autriche, la reconnaissance du principe de liberté d’appréciation du législateur est tempérée par un contrôle de proportionnalité.
Toutefois, ce contrôle de proportionnalité ne s’effectue pas dans les mêmes conditions qu’en matière de droit de propriété.
Il semble que la Cour constitutionnelle autrichienne effectue un authentique test de proportionnalité consistant en l’identification d’une « différence de traitement pour laquelle il n’existe aucune justification objective » »

«En Francia, Alemania y Austria, el reconocimiento del principio de la libertad de elección del legislador es templado con un criterio de proporcionalidad.
Sin embargo, este criterio de proporcionalidad no se realiza en las mismas condiciones en cuanto a los derechos de propiedad.
(Puede ser, o es que) El Tribunal Constitucional de Austria realiza una prueba de proporcionalidad real consiste en la identificación de una «diferencia de trato para los que no existe justificación objetiva» «

27. La méthodologie de la Cour
28 consiste à identifier une discrimination puis d’évaluer la pertinence de la justification avancée, et enfin de s’assurer que la différence de traitement opérée est proportionnée et adaptée à l’objectif suivi par le législateur

29 À l’inverse, la situation française se caractérise par l’emploi d’un contrôle restreint de proportionnalité, conformément à la ligne traditionnelle du juge constitutionnel en matière fiscale

30. Le principe est qu’une catégorie spécifique peut être traitée de manière spécifique.
Le législateur peut prévoir une différence de traitement pourvu qu’elle soitfondée sur des « critères objectifs et rationnels » ou qu’elle réponde à un « objectif d’intérêt général ».
Cependant,ces conditions sont appréciées très largement.

De plus, le contrôle réalisé par le Conseil constitutionnel se rapproche de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le principe d’égalité en matière fiscale se définit négativement, puisqu’il renvoie à une absence de discrimination manifestement disproportionnée dans une situation donnée.

La conséquence en est que la différence de traitement doit être globalement proportionnée à la différence de situation.

Le principe d’égalité n’impose donc pas un traitement rigoureusement identique.

«Además, el control llevado a cabo por el Consejo Constitucional es cercano al error manifiesto de apreciación.
El principio de igualdad en materia tributaria se define negativamente, ya que se refiere a la ausencia de discriminación claramente desproporcionada en una situación dada.

La consecuencia es que la diferencia en el tratamiento debe ser generalmente proporcional a la diferencia de situación.

El principio de igualdad no impone un tratamiento estrictamente idénticas.»

Le juge constitutionnel allemand a adopté une voie médiane entre le cas autrichien et le cas français.
Son contrôle est effectivement de nature restreinte 31.
Toutefois, il s’assure que la différence de traitement prévue par le législateur est soigneusement justifiée par des différences objectives de situation.
Par ailleurs, il vérifie que les moyens mis en œuvre sont suffisants pour atteindre l’objectif fixé par le législateur.
De façon générale, la Cour constitutionnelle allemande vérifie la pertinence de la justification et que la mesure proposée soit en mesure de réaliser les objectifs invoqués par le législateur.

13 – Au vrai, le principe d’égalité s’entend surtout comme un moyen de limiter les cas d’arbitraire. Il est d’ailleurs intéressant que le juge constitutionnel allemand pose une obligation de justification afin d’éviter tout risque de décision « arbitraire » (willkürlich).
En Allemagne, cette lutte contre le risque d’arbitraire peut s’exprimer de façon négative lors de l’examen de certains avantages fiscaux

32.Mais elle peut aussi conduire à une obligation positive incombant au législateur.
Dans les années 1990, ces questions ont fait l’objet de deux jurisprudences relativement connues.
La première 33 est celle relative à l’impôt sur les intérêts (Zinsbesteuerung).
En l’espèce, le législateur prévoit l’imposition des revenus mais n’impose aucune obligation déclarative aux établissements bancaires.

Cela aboutit à ce que seuls les contribuables « honnêtes » déclarent les intérêts perçus et soient imposés, tandis que des contribuables moins scrupuleux, ne sont pas imposés.
Constatant une inégalité entre contribuables dans une même situation (à savoir ceux percevant des intérêts), la
Cour estime 22.
Si le terme employé est « impôt confiscatoire », il apparaît néanmoins que c’est plutôt le caractère excessif de l’impôt qui est contrôlé.

Article 3 de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, article 7 de la Constitution autrichienne, articles 2 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En Autriche par exemple, la Cour constitutionnelle se reconnaît le pouvoir d’interpréter une disposition fiscale à l’aune du principe d’égalité depuis 1927, V. VfSlg 879/1927.
La formule employée par le Conseil constitutionnel est :
« Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Déclaration de 1789 : “Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés” ; qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ». – Pour un exemple portant sur le taux d’un impôt, V. Cons. const., déc. 16 janv. 1986, n° 85-200 DC, Loi relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d’activité : Rec. Cons. const. 1986, p. 9.
Ainsi relativement aux taux réduits de TVA, V. VfSlg 7384/1974, VfSlg 8549/1979 et VfSlg 9666/1983.
V. K. Karinek et M. Holoubek, Austria, in G. T. K. Meussen (dir.), The principe of Equality in European Taxation : Kluwer Law International, série Eucotax, 1999, p. 35 à 49.
Il est intéressant de noter que c’est une technique identique que le juge de l’Union européenne met en œuvre en matière fiscale s’agissant du contentieux sur le fondement des libertés de circulation.
Il semble qu’en Autriche le principe d’égalité en matière fiscale trouve une application rigoureuse. Ainsi au cours de l’Entre-deux-guerres, le juge constitutionnel autrichien a jugé par deux fois la progressivité de l’impôt sur le revenu contraire au principe d’égalité, V. VfSlg 1123/1928 et VfSlg 1451/1932.
V. L. Favoreu et L. Philip, Les Grandes décisions du Conseil constitutionnel :
Dalloz, 15e éd., 2009, p. 229 et 231. – O. Fouquet, Le Conseil constitutionnel et le principe d’égalité devant l’impôt, in Les nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 33 : Dalloz, oct. 2011.
V. notamment, K. Vogel, Verfassungsrechtsprechung zum Steuerrecht : Walter de Gruyter – Berlin – New York, Berlin, 1999, p. 15 à 19.
V. K. Vogel, Verfassungsrechtsprechung zum Steuerrecht, préc. – H. E. Kiehne, Grundrechte und Steuerordnung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts : C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2004, p. 22 à 28. – K. Vogel et C. Waldhoff, German, in G. T. K. Meussen (dir.), The principe of Equality in European Taxation : Kluwer Law International, série Eucotax, 1999, p. 89 à 114.
BVerfGE 84, 239, Kapitalertragssteuer (19 mars 1991).


24.9- «..Se declarará la inconstitucionalidad del dispositivo a la violación del principio de igualdad..»

REVUE DE DROIT FISCAL N° 22. 30 MAI 2013

Qu’il incombe au législateur demettre en place lesmoyens nécessaires pour s’assurer que les contribuables remplissent leurs obligations fiscales.

À défaut de tellesmesures,il prononce l’inconstitutionnalité du dispositif pour la violation du principe d’égalité.

Corresponde al legislador para establecer la participación de este material es necesario para asegurar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales.

Sin estas medidas, se declarará la inconstitucionalidad del dispositivo a la violación del principio de igualdad

L’autre cas est celui relatif à l’impôt sur le patrimoine (Vermögensteuer).
La Cour juge inconstitutionnel le dispositif en vigueur en raison d’un traitement différencié et injustifié dans l’évaluation des biens mobiliers et des biens immobiliers.

Le législateur ayant refusé de corriger le point litigieux dans le délai fixé par la Cour constitutionnelle,l’impôt sur le patrimoine est supprimé pour non-conformité au principe constitutionnel d’égalité.

Pleinement reconnu en matière fiscale, le principe d’égalité permet de contrôler la norme fiscale au fond. Il est particulièrement utilisé pour définir les « facultés contributives ».

2° La définition des facultés contributives par l’emploi du principe d’égalité

14 – La notion de facultés contributives renvoie à la lecture de l’article 13 de la Déclaration des droits de 1789.
Celui-ci impose de répartir l’impôt entre citoyens « en raison de leurs facultés ».

La définition du caractère confiscatoire de l’impôt peut se rattacher à cette notion de facultés contributives.

L’impôt serait alors confiscatoire en ce qu’il ne prendrait pas suffisamment en compte la situation personnelle du contribuable.Toutefois,cette expression demeure vague et se prête à différentes interprétations.

L’interprétation traditionnelle du principe d’égalité en droit public français justifie,mais ne semble pas imposer, de prendre en compte certaines charges en particulier.
L’égalité bidimensionnelle promue par le droit public allemand semble plus contraignante pour le législateur mais demeure ouverte la question de savoir quels critères doivent être spécifiquement pris en considération.

Il semble que le travail de détermination desfacultés contributives soit brouillé par deux aspects consubstantiels à lafiscalité.
Le premier est la marge de manœuvre laissée au législateur, expression du principe de légalité.
Le second est le cadre d’appréciation des capacités contributives.
S’il existe un principe général de prise en compte des facultés contributives, il n’existe pas une définition précise de ce que serait une faculté contributive.
Le juge constitutionnel définit alors les capacités contributives et les critères permettant de les prendre en compte en lien avec les caractéristiques des impôts.
Ce point est commun aux jurisprudences constitutionnelles française et allemande.

En Allemagne,les différents impôts sont classés en fonction de leurs caractéristiques.

Le juge constitutionnel allemand estime que chaqueimpôt doit tenir compte desfacultés contributives.

«Plenamente reconocidos en el ámbito fiscal, el principio de igualdad puede controlar el nivel de impuestos en la parte inferior (se refiere a los impiestos bajos). Se utiliza especialmente para definir la «capacidad contributiva».

2. La definición de peso contributivo mediante el uso del principio de igualdad

14 – El concepto de capacidad contributiva se refiere a la interpretación del artículo 13 de la Declaración de Derechos de 1789.
Esto (define) la distribución de los impuestos de los ciudadanos «, debido a sus facultades.»

La definición del impuesto confiscatorio se puede unir al concepto de capacidad contributiva.

El impuesto sería confiscatorio que no tiene suficientemente en cuenta las circunstancias personales del contribuable.
De todas formas, este término es vago y abierto a diferentes interpretaciones.

La interpretación tradicional es el principio de la igualdad de derecho público francés justifica, pero no parece imponer a tener en cuenta ciertos gastos, en particular.
La igualdad bidimensional promovidz por el Derecho público alemán parece más vinculante para el legislador, pero dejz abierta la cuestión de que criterios deben ser considerados específicamente.

Parece que la labor de determinar las facultades contributivas o (modificables) por dos aspectos consustanciales a la fiscalidad.
El primero es el margen izquierdo al Parlamento, expresión del principio de legalidad.

El segundo es el marco de evaluación de la capacidad.

Si hay un principio general de tener en cuenta el poder contributivo, no existe una definición precisa de lo que sería una capacidad de pago.

El Tribunal Constitucional define entonces la capacidad contributiva y criterios a tener en cuenta en relación con las características de los impuestos.
Esto es común a la jurisprudencia constitucional francés y alemán.

En Alemania, los diferentes impuestos se clasifican en función de sus características.

El Tribunal Constitucional alemán considera que cada impuesto debe considerar el poder contributivo.»

Toutefois, cette prise en considération n’est pas uniforme : elle dépend de l’objet de chaque impôt.
Ce faisant, le concept de facultés contributives est apprécié en fonction des caractéristiques de chaque impôt.
L’exemple le plus fréquemment présenté est celui de l’impôt sur le revenu (Einkommensteuer).

Le principe est que doit êtreimposé le revenu net.
Dans l’éventualité où serait imposé le revenu brut,l’impôt serait apprécié en tant que taxe sur le chiffre d’affaires (Umsatzsteuer).
Dans ces conditions, c’est l’impôt qui fournit le cadre pour la définition des capacités contributives.

15 – Le juge constitutionnel français adopte un point de vue similaire defaçonmoins explicite.
Le principe retenu est que « la situation des redevables s’apprécie au regard de chaque imposition prise isolément ».
Un impôt ayant les caractéristiques de l’impôt sur le revenu doit en suivre les règles.

El principio es que se grava la utilidad neta.
En el caso sería gravado los ingresos brutos, el impuesto sería apreciada ya que los ingresos fiscales (Umsatzsteuer).
En estas condiciones, el impuesto que proporciona el marco para la definición de la capacidad.

15 – El Tribunal Constitucional francés adopta una vista similar por lo menos explícita.
El principio adoptado es que «la situación de los contribuyentes se evalúa en relación con cada impuesto en forma aislada».
Un impuesto con las características del impuesto sobre la renta se ajustará a las normas.

Dans sa décision du 29 décembre 2012 36,le Conseil relève que la taxe à 75 % consiste en une surtaxe de 18 % del’impôt surle revenu au-delà d’unmillion d’euros.
Par conséquent, cette surtaxe se rattache à l’impôt sur le revenu.
Conformément au principe déjà posé en 1982, elle doit donc en suivre les principes directeurs.

En l’occurrence, pour être déclarée constitutionnelle, la « taxe à 75 % » devait être appréciée dans le cadre du foyerfiscal (et non au niveau de chaque contribuable) et être soumise aux règles du quotient conjugal et familial.
Par conséquent, elle est censurée pour « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
Un exemple inverse est donné par la jurisprudence Mathieu de 2010 37.

À cette occasion, le Conseil constitutionnel part du principe que les charges contributives de l’ISF doivent être en lien avec l’objet de l’impôt,à savoir « la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et de droits ».
En l’occurrence, ce principe n’impose pas l’introduction d’un mécanisme de quotient familial ou encore la prise en compte des seuls « biens productifs de revenus » dans l’assiette de l’ISF.

16 – Ces deux jurisprudences montrent que les facultés contributives peuvent varier en fonction des principes et objectifs de chaque impôt.
La notion est donc essentiellement relative.
Aussi s’agit-il désormais d’identifier quelques exemples de charges dont doit tenir compte le législateur. L’exemple choisi porte sur les charges familiales.Après le revenu il s’agit d’une charge objective qui affecte nécessairement les facultés contributives.

À ce titre, l’exemple allemand semble le plus pertinent.
En effet, le principe d’égalité bidimensionnelle donne plus de force à la jurisprudence de laCour constitutionnelle surlefondement du principe d’égalité puisqu’elle impose une action positive du législateur.
La première application de cette doctrine en droit fiscal allemand remonte à la décision du 17 janvier 1957 38.

Como tal, el ejemplo alemán parece el más relevante.
En efecto, el principio de igualdad de dos dimensiones da más fuerza a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la base del principio de igualdad ya que se requiere una acción positiva por el legislador.
La primera aplicación de esta doctrina en el derecho fiscal alemán se remonta a la decisión de 17 de enero 1957 38.

La disposition en cause est l’imposition en commun des deux époux.
Dans l’hypothèse où la femme mariée perçoit des revenus,l’impôt dû est supérieur à celui dû par un couple non-marié se trouvant danslamême situation.
LaCour combine les dispositions contenues aux articles 3 (principe d’égalité) et 6 (protection de la famille et du couple) pour juger qu’il existe bien une discrimination à l’encontre des couples mariés 39.
L’absence de prise en compte parlalégislation dela situation des couplesmariés est doncinconstitutionnelle.En conséquence,il appartient aulégislateur de remédier aux effets négatifs du système fiscal sur les couples mariés.
Le législateur a l’obligation d’agirmais encorefaut-il noter que la Cour constitutionnelle lui laisse toute latitude quant au moyen à utiliser.
Ainsi, la solution actuelle retenue par le législateur consiste à laisser la liberté de choix aux couplesmariés qui peuvent choisir entre une imposition séparée ou une imposition conjointe contrebalancée par l’application d’un quotient conjugal (Ehegattensplitting)

BVerfGE 93, 121, Einheitswerte II (22 juin 1995).
L’égalité bidimensionnelle impose que des personnes se trouvant objectivement dans la même situation soient traitées de façon identique.
Elle implique également que des personnes dans des situations différentes soient traitées différemment, une identité de traitement équivalant alors à une discrimination.
Cons. const., déc. 29 déc. 2012, n° 2012-662 DC, Loi de finances pour 2013, préc.
Cons. const., déc. 29 sept. 2010, n° 2010-44 QPC, M. et Mme Mathieu : Rec. Cons. const. 2010, p. 259 ; Dr. fisc. 2010, n° 40, act. 379 ; FR Lefebvre 42/2010, p. 3. – Sur cette décision V. également, E. de Crouy-Chanel et A.-S. Le Bris, La décision n° 2010-44 QPC du Conseil constitutionnel : réflexions sur la notion de faculté contributive : Dr. fisc. 2011, n° 9, 230. – J.-Ph. Feldman, Le Conseil constitutionnel et l’ISF. De l’égalité et de la progressivité de l’impôt : Dalloz, 2010, n° 39, p. 2620.
BVerfGE 6, 55, Steuersplitting (17 janv. 1957).
Il est à noter que la Cour refuse d’admettre la justification du gouvernement fédéral selon laquelle cette différence de traitement viserait à encourager les femmes mariées à demeurer au foyer au motif que cela violerait l’article 3 (principe d’égalité) de la Loi fondamentale qui prohibent les discriminations sur la base du sexe.
L’Ehegattensplitting consiste en une division par deux du revenu imposable avant application du barème puis d’une remultiplication par deux de l’impôt ainsi déterminé.

Fundamento Comparativo de Derecho – Derecho Internacional

25.1- Art. 145 Constituição da República Federativa do Brasil

Título VI
Da Tributação e do Orçamento

Capítulo I
Do Sistema Tributário Nacional

Seção I
Dos Princípios Gerais

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I – impostos;

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

Sección I – De los Principios Generales
Art. 145. La Unión, los estados, el Distrito Federal y los Municipios podrán establecer los siguientes tributos:

1. impuestos;
2. tasas, como consecuencias del ejercicio del poder de policía por la utilización, efectiva o potencial de servicios públicos específicos y divisibles, prestados o puestos a disposición del contribuyente;
3. contribuciones especiales, como consecuencia de obras públicas.

1o. Siempre que fuese posible, los impuestos tendrán carácter personal y se exigirán de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente , pudiendo la Administración tributaria, en especial para conferir efectividad a estos objetivos, identificar, respetando los derechos individuales y en los términos de la ley, el patrimonio, los rendimientos y las actividades económicas del contribuyente.

Fundamentos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos

26.1- Artículo 23 DDHH Toda persona tiene derecho al trabajo. Derecho Comparativo

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

26.2- Artículo 25 DDHH Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Código Procesal Civil

27.1- Código Procesal Civil

Artículo 3.- Principio acusatorio
La adopción por el Tribunal de medidas restrictivas de derechos con finalidad investigadora o cautelar, el enjuiciamiento y la condena requieren previa solicitud de alguna acusación.
La retirada de la petición por todas las acusaciones impedirá al Tribunal mantener la restricción del derecho, realizar el enjuiciamiento o dictar sentencia condenatoria.

Artículo 19. Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.
1. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero.
2. Si las partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin.
3. Los actos a que se refieren los apartados anteriores podrán realizarse, según su naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de sentencia.
4. Asimismo, las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por el Secretario judicial mediante decreto siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los sesenta días.

Artículo 20. Renuncia y desistimiento.
1. Cuando el actor manifieste su renuncia a la acción ejercitada o al derecho en que funde su pretensión, el tribunal dictará sentencia absolviendo al demandado, salvo que la renuncia fuese legalmente inadmisible. En este caso, se dictará auto mandando seguir el proceso adelante.
2. El demandante podrá desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio. También podrá desistir unilateralmente, en cualquier momento, cuando el demandado se encontrare en rebeldía.
3. Emplazado el demandado, del escrito de desistimiento se le dará traslado por plazo de diez días.
Si el demandado prestare su conformidad al desistimiento o no se opusiere a él dentro del plazo expresado en el párrafo anterior, por el Secretario judicial se dictará decreto acordando el sobreseimiento y el actor podrá promover nuevo juicio sobre el mismo objeto.
Si el demandado se opusiera al desistimiento, el Juez resolverá lo que estime oportuno.

Artículo 29. Provisión de fondos.
1. El poderdante está obligado a proveer de fondos al procurador, conforme a lo establecido por la legislación civil aplicable para el contrato de mandato.
2. Si, después de iniciado un proceso, el poderdante no habilitare a su procurador con los fondos necesarios para continuarlo, podrá éste pedir que sea aquél apremiado a verificarlo.
Esta pretensión se deducirá ante el Tribunal que estuviere conociendo del asunto. Deducida dicha pretensión, por el Secretario judicial se dará traslado al poderdante por el plazo de diez días y el Secretario judicial resolverá mediante decreto lo que proceda, fijando, en su caso, la cantidad que estime necesaria y el plazo en que haya de entregarse, bajo apercibimiento de apremio.

Artículo 33. Designación de procurador y de abogado.
1. Fuera de los casos de designación de oficio previstos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, corresponde a las partes contratar los servicios del procurador y del abogado que les hayan de representar y defender en juicio.
2. No obstante, el litigante que no tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá pedir que se le designe abogado, procurador o ambos profesionales, cuando su intervención sea preceptiva o cuando, no siéndolo, la parte contraria haya comunicado al Tribunal que actuará defendida por abogado y representada por procurador.
En el caso de que la petición se realice por el demandado, deberá formularla en el plazo de los tres días siguientes a recibir la cédula de emplazamiento o citación.
Estas peticiones se harán y decidirán conforme a lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, sin necesidad de acreditar el derecho a obtener dicha asistencia, siempre que el solicitante se comprometa a pagar los honorarios y derechos de los profesionales que se le designen.
3. Cuando en un juicio de aquellos a los que se refiere el número 1.o del apartado 1 del artículo 250, alguna de las partes solicitara el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el Tribunal, tan pronto como tenga noticia de este hecho, dictará una resolución motivada requiriendo de los colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y de procurador, cuando las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad, sin perjuicio del resarcimiento posterior de los honorarios correspondientes por el solicitante si se le deniega después el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Dicha resolución se comunicará por el medio más rápido posible a los Colegios de Abogados y de Procuradores, tramitándose a continuación la solicitud según lo previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
4. En los juicios a los que se refiere el apartado anterior, el demandado deberá solicitar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita o interesar la designación de abogado y procurador de oficio dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la demanda. Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación de abogado y procurador por los colegios profesionales no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Artículo 35. Honorarios de los abogados.
1. Los abogados podrán reclamar frente a la parte a la que defiendan el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos. Igual derecho que los abogados tendrán sus herederos respecto a los créditos de esta naturaleza que aquéllos les dejaren. No será preceptiva la intervención de abogado ni procurador.
2. Presentada esta reclamación, el secretario judicial requerirá al deudor para que pague dicha suma o impugne la cuenta, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación.
Si, dentro del citado plazo, los honorarios se impugnaren por indebidos, se estará a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del apartado 2 del artículo anterior.
Si se impugnaran los honorarios por excesivos, el secretario judicial dará traslado al abogado por tres días para que se pronuncie sobre la impugnación. Si no se aceptara la reducción de honorarios que se le reclama, el secretario judicial procederá previamente a su regulación conforme a lo previsto en los artículos 241 y siguientes, salvo que el abogado acredite la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante, y dictará decreto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de los cinco días siguientes a la notificación.
Dicho decreto no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.
3. Si el deudor de los honorarios no formulare oposición dentro del plazo establecido, se despachará ejecución por la cantidad a que ascienda la minuta.

Artículo 332. Deber de exhibición de entidades oficiales.
1. Las dependencias del Estado, Comunidades Autónomas, provincias, Entidades locales y demás entidades de Derecho público no podrán negarse a expedir las certificaciones y testimonios que sean solicitados por los tribunales ni oponerse a exhibir los documentos que obren en sus dependencias y archivos, excepto cuando se trate de documentación legalmente declarada o clasificada como de carácter reservado o secreto.
En este caso, se dirigirá al tribunal exposición razonada sobre dicho carácter.
2. Salvo que exista un especial deber legal de secreto o reserva, las entidades y empresas que realicen servicios públicos o estén encargadas de actividades del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las provincias, de los municipios y demás Entidades locales, estarán también sujetas a la obligación de exhibición, así como a expedir certificaciones y testimonios, en los términos del apartado anterior.

De la condena en costas
Artículo 394. Condena en las costas de la primera instancia.
1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.
2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.
3. Cuando, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento; a estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000 euros, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa.
No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas.
Cuando el condenado en costas sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, éste únicamente estará obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los casos expresamente señalados en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
4. En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal en los procesos en que intervenga como parte.ç

27.2- De la jurisdicción y de la competencia

Artículo 41. Recursos contra la resolución sobre suspensión de las actuaciones por prejudicialidad penal.

1. Contra la resolución que deniegue la suspensión del asunto civil se podrá interponer recurso de reposición. La solicitud de suspensión podrá, no obstante, reproducirse durante la segunda instancia y, en su caso, durante la tramitación de los recursos extraordinarios por infracción procesal o de casación.

2. Contra el auto que acuerde la suspensión se dará recurso de apelación y contra los autos dictados en apelación acordando o confirmando la suspensión se dará, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal.

3. Contra la resolución del Secretario judicial que acuerde el alzamiento de la suspensión podrá ser interpuesto recurso directo de revisión.

Artículo 43. Prejudicialidad civil.

Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial.

Contra el auto que deniegue la petición cabrá recurso de reposición, y contra el auto que acuerde la suspensión cabrá presentar recurso de apelación.

CAPÍTULO II
De las reglas para determinar la competencia

Artículo 44. Predeterminación legal de la competencia.

Para que los tribunales civiles tengan competencia en cada caso se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley y anteriores a la incoación de las actuaciones de que se trate.

Sección 1.ª De la competencia objetiva

Artículo 45. Competencia de los Juzgados de Primera Instancia.

1. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales.

2. Conocerán, asimismo, dichos Juzgados:

a) De los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial.

b) De los concursos de persona natural que no sea empresario.
Sección 2.ª De la competencia territorial

Artículo 50. Fuero general de las personas físicas.

1. Salvo que la Ley disponga otra cosa, la competencia territorial corresponderá al tribunal del domicilio del demandado y si no lo tuviere en el territorio nacional, será Juez competente el de su residencia en dicho territorio.

2. Quienes no tuvieren domicilio ni residencia en España podrán ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en éste y, si tampoco pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor.

3. Los empresarios y profesionales, en los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional, también podrán ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y, si tuvieren establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor.

Artículo 52. Competencia territorial en casos especiales.

1. No se aplicarán los fueros establecidos en los artículos anteriores y se determinará la competencia de acuerdo con lo establecido en el presente artículo en los casos siguientes:

1.º En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles será tribunal competente el del lugar en que esté sita la cosa litigiosa. Cuando la acción real se ejercite sobre varias cosas inmuebles o sobre una sola que esté situada en diferentes circunscripciones, será tribunal competente el de cualquiera de éstas, a elección del demandante.

2.º En las demandas sobre presentación y aprobación de las cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos será tribunal competente el del lugar donde deban presentarse dichas cuentas, y no estando determinado, el del domicilio del mandante, poderdante o dueño de los bienes, o el del lugar donde se desempeñe la administración, a elección del actor.

3.º En las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras anteriores, será tribunal competente el que lo sea para conocer, o esté conociendo, de la obligación principal sobre que recayeren.

4.º En los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal del lugar en que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante.

5.º En los juicios en que se ejerciten acciones relativas a la asistencia o representación de incapaces, incapacitados o declarados pródigos, será competente el tribunal del lugar en que éstos residan.

6.º En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protección civil de derechos fundamentales, será competente el tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate.

7.º En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, será competente el tribunal del lugar en que esté sita la finca.

8.º En los juicios en materia de propiedad horizontal, será competente el tribunal del lugar en que radique la finca.

9.º En los juicios en que se pida indemnización de los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor será competente el tribunal del lugar en que se causaron los daños.

10.º En materia de impugnación de acuerdos sociales será tribunal competente el del lugar del domicilio social.

11.º En los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual, será competente el tribunal del lugar en que la infracción se haya cometido o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del demandante.

12.º En los juicios en materia de competencia desleal, será competente el tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante.

13.º En materia de patentes y marcas, será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia.

14.º En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante. Y, sobre esa misma materia, cuando se ejerciten las acciones declarativa, de cesación o de retractación, será competente el tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, el de su domicilio ; y si el demandado careciere de domicilio en el territorio español, el del lugar en que se hubiera realizado la adhesión.

15.º En las tercerías de dominio o de mejor derecho que se interpongan en relación con un procedimiento administrativo de apremio, será competente el tribunal del domicilio del órgano que acordó el embargo, sin perjuicio de las especialidades previstas para las administraciones públicas en materia de competencia territorial.

16.º En los procesos en los que se ejercite la acción de cesación en defensa de los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, será competente el Tribunal del lugar donde el demandado tenga un establecimiento, y, a falta de éste, el de su domicilio; si careciere de domicilio en territorio español, el del lugar del domicilio del actor.

17.º En los procesos contra las resoluciones y actos que dicte la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de Registro Civil, a excepción de las solicitudes de nacionalidad por residencia, será competente el Juzgado de Primera Instancia de la capital de provincia del domicilio del recurrente.

2. Cuando las normas del apartado anterior no fueren de aplicación a los litigios en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos destinados a su financiación, así como en materia de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, será competente el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente, o el que corresponda conforme a las normas de los artículos 50 y 51, a elección del demandante.

3. Cuando las normas de los apartados anteriores no fueren de aplicación a los litigios derivados del ejercicio de acciones individuales de consumidores o usuarios será competente, a elección del consumidor o usuario, el tribunal de su domicilio o el tribunal correspondiente conforme a los artículos 50 y 51.

Artículo 53. Competencia territorial en caso de acumulación de acciones y en caso de pluralidad de demandados.

1. Cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias personas será tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción que sea fundamento de las demás; en su defecto, aquel que deba conocer del mayor número de las acciones acumuladas y, en último término, el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente.

2. Cuando hubiere varios demandados y, conforme a las reglas establecidas en este artículo y en los anteriores, pudiera corresponder la competencia territorial a los jueces de más de un lugar, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a elección del demandante.

Artículo 55. Sumisión expresa.

Se entenderá por sumisión expresa la pactada por los interesados designando con precisión la circunscripción a cuyos tribunales se sometieren.

Artículo 56. Sumisión tácita.

Se entenderán sometidos tácitamente:

1.º El demandante, por el mero hecho de acudir a los tribunales de una determinada circunscripción interponiendo la demanda o formulando petición o solicitud que haya de presentarse ante el tribunal competente para conocer de la demanda.

2.º El demandado, por el hecho de hacer, después de personado en el juicio tras la interposición de la demanda, cualquier gestión que no sea la de proponer en forma la declinatoria. También se considerará tácitamente sometido al demandado que, emplazado o citado en forma, no comparezca en juicio o lo haga cuando haya precluido la facultad de proponer la declinatoria.

La sumisión expresa de las partes determinará la circunscripción cuyos tribunales hayan de conocer del asunto. Cuando en dicha circunscripción existan varios tribunales de la misma clase, el reparto de los asuntos determinará a cuál de ellos corresponde conocer del asunto, sin que las partes puedan someterse a un determinado tribunal con exclusión de los otros.

27.3- De la prueba: disposiciones generales

CAPÍTULO V
De la prueba: disposiciones generales

Sección 1.ª Del objeto, necesidad e iniciativa de la prueba

Artículo 281. Objeto y necesidad de la prueba.

1. La prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso.

2. También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero.
La prueba de la costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas no afectasen al orden público.
El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación.

3. Están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes, salvo en los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes.

4. No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general.

Artículo 282. Iniciativa de la actividad probatoria.

Las pruebas se practicarán a instancia de parte.
Sin embargo, el tribunal podrá acordar, de oficio, que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten documentos, dictámenes u otros medios e instrumentos probatorios, cuando así lo establezca la ley.

Sección 2.ª De la proposición y admisión

Artículo 284. Forma de proposición de la prueba.

La proposición de los distintos medios de prueba se hará expresándolos con separación.
Se consignará, asimismo, el domicilio o residencia de las personas que hayan de ser citadas, en su caso, para la práctica de cada medio de prueba.

Cuando, en el juicio ordinario, las partes no dispusieren de algunos datos relativos a dichas personas al proponer la prueba, podrán aportarlos al tribunal dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 286. Hechos nuevos o de nueva noticia. Prueba.

1. Si precluidos los actos de alegación previstos en esta Ley y antes de comenzar a transcurrir el plazo para dictar sentencia, ocurriese o se conociese algún hecho de relevancia para la decisión del pleito, las partes podrán hacer valer ese hecho, alegándolo de inmediato por medio de escrito, que se llamará de ampliación de hechos, salvo que la alegación pudiera hacerse en el acto del juicio o vista. En tal caso, se llevará a cabo en dichos actos cuanto se prevé en los apartados siguientes.

2. Del escrito de ampliación de hechos el Secretario judicial dará traslado a la parte contraria, para que, dentro del quinto día, manifieste si reconoce como cierto el hecho alegado o lo niega. En este caso, podrá aducir cuanto aclare o desvirtúe el hecho que se afirme en el escrito de ampliación.

3. Si el hecho nuevo o de nueva noticia no fuese reconocido como cierto, se propondrá y se practicará la prueba pertinente y útil del modo previsto en esta Ley según la clase de procedimiento cuando fuere posible por el estado de las actuaciones. En otro caso, en el juicio ordinario, se estará a lo dispuesto sobre las diligencias finales.

4. El tribunal rechazará, mediante providencia, la alegación de hecho acaecido con posterioridad a los actos de alegación si esta circunstancia no se acreditase cumplidamente al tiempo de formular la alegación. Y cuando se alegase un hecho una vez precluidos aquellos actos pretendiendo haberlo conocido con posterioridad, el tribunal podrá acordar, mediante providencia, la improcedencia de tomarlo en consideración si, a la vista de las circunstancias y de las alegaciones de las demás partes, no apareciese justificado que el hecho no se pudo alegar en los momentos procesales ordinariamente previstos.

En este último caso, si el tribunal apreciare ánimo dilatorio o mala fe procesal en la alegación, podrá imponer al responsable una multa de 120 a 600 euros.

Artículo 288. Sanciones por no ejecución de la prueba en el tiempo previsto.

1. El litigante por cuya causa no se ejecutare temporáneamente una prueba admitida será sancionado por el tribunal con multa que no podrá ser inferior a 60 euros ni exceder de 600, salvo que acreditase falta de culpa o desistiese de practicar dicha prueba si él la hubiese propuesto.

2. La multa prevista en el apartado anterior se impondrá en el acto del juicio o en la vista, previa audiencia de las partes.

Sección 3.ª De otras disposiciones generales sobre la práctica de la prueba

Artículo 289. Forma de practicarse las pruebas.

1. Las pruebas se practicarán contradictoriamente en vista pública, o con publicidad y documentación similares si no se llevasen a efecto en la sede del tribunal.

2. Será inexcusable la presencia judicial en el interrogatorio de las partes y de testigos, en el reconocimiento de lugares, objetos o personas, en la reproducción de palabras, sonidos, imágenes y, en su caso, cifras y datos, así como en las explicaciones impugnaciones, rectificaciones o ampliaciones de los dictámenes periciales.

3. Se llevarán a cabo ante el Secretario judicial la presentación de documentos originales o copias auténticas, la aportación de otros medios o instrumentos probatorios, el reconocimiento de la autenticidad de un documento privado, la formación de cuerpos de escritura para el cotejo de letras y la mera ratificación de la autoría del dictamen pericial, siempre que tengan lugar fuera de la vista pública o el Secretario judicial estuviera presente en el acto. Pero el Tribunal habrá de examinar por sí mismo la prueba documental, los informes y dictámenes escritos y cualesquiera otros medios o instrumentos que se aportaren.

Artículo 290. Señalamiento para actos de prueba que se practiquen separadamente.

Todas las pruebas se practicarán en unidad de acto. Excepcionalmente, el Tribunal podrá acordar, mediante providencia, que determinadas pruebas se celebren fuera del acto de juicio o vista; en estos casos, el Secretario judicial señalará, con al menos cinco días de antelación, el día y la hora en que hayan de practicarse los actos de prueba que no sea posible llevar a cabo en el juicio o vista. Si, excepcionalmente, la prueba no se practicare en la sede del Tribunal, se determinará y notificará el lugar de que se trate.

Estas pruebas se practicarán en todo caso antes del juicio o vista.

Sección 4.ª De la anticipación y el aseguramiento de la prueba

Artículo 293. Casos y causas de anticipación de la prueba. Competencia.

1. Previamente a la iniciación de cualquier proceso, el que pretenda incoarlo, o cualquiera de las partes durante el curso del mismo, podrá solicitar del tribunal la práctica anticipada de algún acto de prueba, cuando exista el temor fundado de que, por causa de las personas o por el estado de las cosas, dichos actos no puedan realizarse en el momento procesal generalmente previsto.

2. La petición de actuaciones anticipadas de prueba, que se formule antes de la iniciación del proceso, se dirigirá al tribunal que se considere competente para el asunto principal. Este tribunal vigilará de oficio su jurisdicción y competencia objetiva, así como la territorial que se fundase en normas imperativas, sin que sea admisible la declinatoria.

Iniciado el proceso, la petición de prueba anticipada se dirigirá al tribunal que esté conociendo del asunto.

Artículo 294. Proposición de prueba anticipada, admisión, tiempo y recursos.

1. La proposición de pruebas anticipadas se realizará conforme a lo dispuesto en esta Ley para cada una de ellas, exponiendo las razones en que se apoye la petición.

2. Si el Tribunal estimare fundada la petición, accederá a ella, disponiendo, por medio de providencia, que las actuaciones se practiquen cuando se considere necesario, siempre con anterioridad a la celebración del juicio o vista, realizándose por el Secretario judicial el oportuno señalamiento.

Artículo 295. Práctica contradictoria de la prueba anticipada.

1. Cuando la prueba anticipada se solicite y se acuerde practicar antes del inicio del proceso, el que la haya solicitado designará la persona o personas a las que se proponga demandar en su día y serán citadas, con al menos cinco días de antelación, para que puedan tener en la práctica de la actuación probatoria la intervención que esta Ley autorice según el medio de prueba de que se trate.

2. Si estuviese ya pendiente el proceso al tiempo de practicar prueba anticipada, las partes podrán intervenir en ella según lo dispuesto en esta Ley para cada medio de prueba.

3. En los casos en que se practique prueba al amparo del apartado 1 de este artículo, no se otorgará valor probatorio a lo actuado si la demanda no se interpusiere en el plazo de dos meses desde que la prueba anticipada se practicó, salvo que se acreditare que, por fuerza mayor u otra causa de análoga entidad, no pudo iniciarse el proceso dentro de dicho plazo.

4. La prueba practicada anticipadamente podrá realizarse de nuevo si, en el momento de proposición de la prueba, fuera posible llevarla a cabo y alguna de las partes así lo solicitara. En tal caso, el tribunal admitirá que se practique la prueba de que se trate y valorará según las reglas de la sana crítica tanto la realizada anticipadamente como la efectuada con posterioridad.

27.4- De los medios de prueba y las presunciones

CAPÍTULO VI
De los medios de prueba y las presunciones

Artículo 299. Medios de prueba.

1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son:

1.º Interrogatorio de las partes.
2.º Documentos públicos.
3.º Documentos privados.
4.º Dictamen de peritos.
5.º Reconocimiento judicial.
6.º Interrogatorio de testigos.

2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso.

3. Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias.

Artículo 318. Modo de producción de la prueba por documentos públicos.

Los documentos públicos tendrán la fuerza probatoria establecida en el artículo 319 si se aportaren al proceso en original o por copia o certificación fehaciente, ya sean presentadas éstos en soporte papel o mediante documento electrónico, o si, habiendo sido aportado por copia simple, en soporte papel o imagen digitalizada, conforme a lo previsto en el artículo 267, no se hubiere impugnado su autenticidad.

Artículo 319. Fuerza probatoria de los documentos públicos.

1. Con los requisitos y en los casos de los artículos siguientes, los documentos públicos comprendidos en los números 1.º a 6.º del artículo 317 harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella.

2. La fuerza probatoria de los documentos administrativos no comprendidos en los números 5.º y 6.º del artículo 317 a los que las leyes otorguen el carácter de públicos, será la que establezcan las leyes que les reconozca tal carácter. En defecto de disposición expresa en tales leyes, los hechos, actos o estados de cosas que consten en los referidos documentos se tendrán por ciertos, a los efectos de la sentencia que se dicte, salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza de lo documentado.

3. En materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo.

Artículo 327. Libros de los comerciantes.

Cuando hayan de utilizarse como medio de prueba los libros de los comerciantes se estará a lo dispuesto en las leyes mercantiles.
De manera motivada, y con carácter excepcional, el tribunal podrá reclamar que se presenten ante él los libros o su soporte informático, siempre que se especifiquen los asientos que deben ser examinados.

Artículo 328. Deber de exhibición documental entre partes.

1. Cada parte podrá solicitar de las demás la exhibición de documentos que no se hallen a disposición de ella y que se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba.

2. A la solicitud de exhibición deberá acompañarse copia simple del documento y, si no existiere o no se dispusiere de ella, se indicará en los términos más exactos posibles el contenido de aquél.

3. En los procesos seguidos por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, cometida a escala comercial, la solicitud de exhibición podrá extenderse, en particular, a los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos en un determinado período de tiempo y que se presuman en poder del demandado. La solicitud deberá acompañarse de un principio de prueba que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que se hubiere materializado la infracción. A instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones, para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial.

Artículo 375. Indemnizaciones a los testigos.

1. Los testigos que atendiendo a la citación realizada comparezcan ante el Tribunal tendrán derecho a obtener de la parte que les propuso una indemnización por los gastos y perjuicios que su comparecencia les haya originado, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas. Si varias partes propusieran a un mismo testigo, el importe de la indemnización se prorrateará entre ellas.

2. El importe de la indemnización lo fijará el Secretario judicial mediante decreto, que tendrá en cuenta los datos y circunstancias que se hubiesen aportado. Dicho decreto se dictará una vez finalizado el juicio o la vista.

Si la parte o partes que hayan de indemnizar no lo hiciesen en el plazo de diez días desde la firmeza de la resolución mencionada en el párrafo anterior, el testigo podrá acudir directamente al procedimiento de apremio.

Codigo Procesal Penal

28.1- Código Procesal Penal

Artículo 2.- Principios de contradicción e igualdad de armas
El proceso penal se regirá por los principios de contradicción e igualdad de armas entre la acusación y la defensa.

Artículo 14.- Tutela de las víctimas

La tutela judicial de la víctima es una de finalidades del proceso penal. La Policía Judicial, el Ministerio Fiscal y el Tribunal informarán a los ofendidos y perjudicados
por el delito de los derechos que les asisten, con particular atención a las víctimas
especialmente vulnerables.

Artículo 34.- Fuero principal: el lugar de comisión del delito
1.- Es territorialmente competente para conocer del delito el Tribunal en cuya circunscripción se ha cometido.
2.- El delito se considerará cometido en cualquier lugar en el que se haya realizado la acción o hubiera debido llevarse a cabo la acción omitida o se haya producido el resultado.
3.- El delito también se considerará cometido en cualquier lugar donde se haya cometido un delito conexo.

Artículo 56.- Deber de esclarecimiento y objetividad
El Ministerio Fiscal y la Policía Judicial bajo su dirección están obligados a esclarecer
el hecho punible y consignar y apreciar las circunstancias así adversas como favorables
para el encausado.

Artículo 57.- Legitimación por sustitución en el ejercicio de la acción civil
1.- Si plantea la acción penal, el Ministerio Fiscal debe ejercitar también la acción civil fundada en el hecho punible en interés del perjudicado, salvo en los casos previstos en el apartado siguiente.
2.- El Ministerio Fiscal no ejercitará la acción civil a favor del perjudicado que se constituya en parte del proceso como parte acusadora o actor civil.

Artículo 59.- Definición de víctima
La víctima es, a efectos de lo previsto en este Código, todo ofendido o perjudicado por el hecho punible objeto de la causa, incluida la persona que haya sufrido daño personal o patrimonial por tratar de prevenir el delito o auxiliar a la víctima en el momento de la comisión del hecho punible o inmediatamente después.
Artículo 60.- Derechos de la víctima
La víctima tiene los siguientes derechos:
1. derecho a la inmediata protección de su vida, integridad, libertad, honor, intimidad y cualquier otro derecho lesionado o amenazado por el hecho punible;
2. derecho a ser tratado con pleno respeto a su dignidad en toda diligencia policial o actuación procesal que se practique;
5. derecho a ser oída por el Ministerio Fiscal en el curso de la investigación;
6. derecho al ejercicio de la acción penal y de la acción civil derivada del hecho punible;
7. derecho a la obtención del derecho a la asistencia jurídica gratuita, con los requisitos y de la forma prevista en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita;
8. derecho a ser informado de la situación procesal de la causa, que comprende el derecho a conocer el estado de las investigaciones, si no están declaradas secretas, las resoluciones sobre la situación procesal del encausado incluidas las relativas a las modificaciones de dicha situación cuando se produzcan, las resoluciones de sobreseimiento y apertura de juicio y la sentencia dictada en cualquier instancia y recurso;
9. derecho a obtener la restitución, reparación o indemnización del daño ocasionado por el hecho punible del responsable y, en los casos legalmente previstos, del Estado;

Artículo 61.- Víctimas especialmente vulnerables
Las personas que por su edad, enfermedad, discapacidad o situación peculiar puedan sufrir efectos perjudiciales de relevancia por su intervención en cualquier actuación procesal se considerarán especialmente vulnerables.
La Policía Judicial, el Ministerio Fiscal y los Tribunales adaptarán la forma del acto y tomarán las medidas necesarias para evitar o reducir todo lo que sea posible tales efectos, con el dictamen de expertos si resulta conveniente y con respeto por el contenido esencial del derecho de defensa.

Artículo 66.- Ejercicio de la acción civil
La víctima podrá ejercer la acción civil derivada del hecho punible en el proceso penal o reservar su ejercicio para el proceso que corresponda.
La acción civil puede interponerse por el acusador particular conjuntamente con la acción penal o plantearse
por la víctima aisladamente como actor civil.

Artículo 69.- Contenido
La acción popular es la acción penal interpuesta por persona que no ha resultado ofendida ni perjudicada por el delito y puede ser ejercida con plena autonomía respecto a otras partes acusadoras.

Artículo 70.- Requisitos subjetivos
1.- Pueden mostrase parte de la causa y ejercer la acción popular todos los españoles con plena capacidad de obrar, siempre que no estén comprendidas en el apartado segundo de este artículo.
2.- No pueden ejercer la acción popular:
a) las condenadas por cualquier delito contra la Administración de Justicia;
b) los Fiscales, los Jueces y los Magistrados de cualquier Jurisdicción o Tribunal con potestad jurisdiccional;
c) las personas que no están obligadas a declarar como testigos contra el encausado por vínculo familiar o análogo;
d) los partidos políticos, los sindicatos, ni cualquiera otra persona jurídica pública o privada.
Se exceptúan de la prohibición prevista en este apartado las personas jurídicas formalmente constituidas para la defensa de las víctimas del terrorismo en los procesos por delito de terrorismo.

Artículo 99.- Dependencia de la acción penal
1.- El Tribunal no podrá pronunciarse sobre la acción civil planteada si la sentencia resulta absolutoria, salvo en los siguientes casos, en los que habrá de extender el enjuiciamiento a la misma:
a) absolución por causa de inimputabilidad del encausado;
b) procesos penales incoados por hechos cubiertos por el seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor, en los que se dictará auto expresando la cantidad máxima reclamable como
indemnización.
2.- También se dictará el auto previsto por la letra b) del apartado primero si en los
procesos penales a los que se refiere dicha letra se declara la rebeldía, se sobresee o se
archiva la causa.

Artículo 101.- Efecto de la declaración de hechos probados de la sentencia penal en otros procesos ante otros órdenes jurisdiccionales
1.- La declaración de inexistencia del hecho realizada por la sentencia penal será vinculante para el Tribunal de otro orden jurisdiccional que conozca de un proceso posterior.
La declaración de un Tribunal penal de no haber quedado probado el hecho no impedirá al Tribunal de otro orden jurisdiccional una declaración fáctica basada en las reglas sobre carga de la prueba, presunciones legales o valoración probatoria
distintas a las que rigen en el proceso penal.
2.- En todo caso la declaración de hechos probados de la sentencia penal será vinculante para las Administraciones Públicas en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora y para los Tribunales de lo contencioso-administrativo en el control judicial de la misma.

Artículo 102.- Contenido y fin de la conformidad
1.- La conformidad de la acusación y la defensa sobre los hechos punibles, la calificación jurídica y las penas solicitadas o acordadas con las acusaciones dará lugar a una sentencia condenatoria cuando se cumplan los requisitos establecidos en este Capítulo y las demás disposiciones aplicables de este Código.
2. – La conformidad tiene como efecto principal la evitación del resto del procedimiento hasta sentencia.

Artículo 103.- Ámbito de la conformidad
1.- Será posible alcanzar y someter al órgano judicial una propuesta de conformidad en cualquier momento del procedimiento, cualquiera que sea el tipo de delito y con independencia de la pena que le corresponda.
2.- La conformidad es admisible aunque sean varios los encausados y no todos se conformaren. Su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación con los no conformes.
3.- Las disposiciones establecidas en este Capítulo son aplicables a la conformidad, cualquiera que sea el proceso en el que se produzca.

Artículo 105.- Consentimiento del encausado
1. – La conformidad exige el consentimiento libremente prestado por el encausado con pleno conocimiento de sus consecuencias.

Artículo 126.- Actos del Ministerio Fiscal
1.- Los actos de postulación, alegación, prueba e impugnación dirigidos al Tribunal que conozca de la causa cumplirán los requisitos requeridos para los actos procesales de parte de que se trate.
2.- Cuando en los órganos judiciales existan los medios técnicos precisos, el Fiscal podrá intervenir en las actuaciones de cualquier procedimiento penal, salvo en el acto del juicio oral, mediante videoconferencia u otro sistema similar que permita la
comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y del sonido.
3.- Las decisiones del Ministerio Fiscal adoptadas durante el curso del proceso penal adoptarán la forma de decreto cuando:
a) acuerde la detención o la práctica de diligencias de investigación o aseguramiento; o
b) así se prevea en este Código o en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Los decretos identificarán la causa a la que se refieren, expresarán la decisión adoptada e informarán si cabe su impugnación judicial con indicación del Tribunal competente, en su caso. Cuando el Ministerio Fiscal lo considere conveniente los decretos incluirán una motivación sucinta.
Cuando el decreto tuviere por objeto la detención de una persona deberá ser motivado, salvo urgencia acreditada.
4.- Los actos del Ministerio Fiscal distintos de los previstos en los dos apartados anteriores de este artículo adoptarán la forma de diligencias, que pueden ser de tramitación, de comunicación o de constancia.
Las diligencias identificarán la causa a la que se refieren y expresarán con concisión el acto que documenten.
5.- Los actos del Ministerio Fiscal se comunicarán a la representación del encausado y de las demás personas a las que tenga por parte, salvo que se haya declarado el secreto de las actuaciones.
Las diligencias y decretos serán comunicadas directamente por el Ministerio Fiscal.
Los actos procesales del Ministerio Fiscal dirigidos al Tribunal serán notificados a las restantes partes por el Tribunal, salvo en el caso de que el Ministerio Fiscal haya dado traslado de los mismos directamente a la representación de las partes y les haya
advertido del plazo establecido por la Ley para la realización de cualquier actuación procesal de postulación o alegación que sea consecuencia del acto del Ministerio Fiscal, en cuyo caso dicho traslado tendrá el mismo efecto que una notificación judicial.
6.- Las comunicaciones que haya de realizar el Ministerio Fiscal se cursarán a través de cualquier medio idóneo.
En caso de que la comunicación se frustre por circunstancias ajenas a la voluntad y razonable diligencia del destinatario no se tendrán por precluidas las posibilidades actuación e impugnación sometidas a plazo dependiente de la comunicación.
7.- El Ministerio Fiscal podrá acordar para la práctica de las diligencias de investigación la utilización de los medios a que se refiere el artículo 121 de este Código.
8.- Todos los días y horas son hábiles para las actuaciones de investigación del Ministerio Fiscal.

Artículo 139.- Resolución sobre costas
En los autos y sentencias que pongan término a la causa se resolverá sobre el pago de las costas procesales, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo siguiente.

Artículo 140.- Criterios
Se impondrá el pago de las costas al encausado condenado.
Si la sentencia incluyera pronunciamientos absolutorios respecto de algunos de los delitos por los que se hubiere formulado acusación o si fueren varios los condenados, el Tribunal fijará equitativamente la cuota de la que el cada uno de ellos deba responder.
El acusador popular o particular será condenado al pago de las costas cuando haya actuado con mala fe o temeridad.
La parte que ejercite la acción civil y el tercero afectado frente al que se ejercite la acción civil serán condenados en costas cuando proceda en aplicación de los criterios establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 141.- Contenido
1.- Las costas incluirán:
1. Los honorarios de abogado, aranceles de procurador en su caso y honorarios de peritos.
2. La indemnización de testigos que la hayan reclamado.
2.- Sólo se impondrá el pago de las costas correspondientes a la acusación popular o particular que no ejercite la acción civil cuando su intervención en el proceso haya sido relevante para la condena.
Las costas correspondientes al actor civil sólo se incluirán si se hubiesen acogido totalmente sus pretensiones.

Artículo 143.- Contenido de la mediación penal
Se entiende por mediación penal, a los efectos previstos en este Título, al procedimiento de solución del conflicto entre el encausado y la víctima libre y voluntariamente asumido por ambos en el que un tercero interviene para facilitar que alcancen un acuerdo.

Artículo 145.- Suspensión de las Diligencias de Investigación
Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento de mediación penal podrá suspender las Diligencias de Investigación mediante decreto si lo considera oportuno.

Artículo 259.- Desistimiento del querellante
1.- En cualquier momento el querellante puede desistir del ejercicio de la acción ejercitada, ya sea penal, civil o ambas.
2.- Si en virtud del desistimiento realizado el querellante no ejercita acción alguna en el proceso se le dejará de tener por parte.
3.- El desistimiento se presentará ante el Tribunal, que acordará sobre sus efectos.

Artículo 270.- Escrito de acusación de conformidad inmediata
1.- Si durante las Diligencias de Investigación, el Ministerio Fiscal, las acusaciones y el encausado llegaren a un acuerdo de conformidad, lo presentarán a través de un escrito de acusación para conformidad inmediata, que firmarán conjuntamente el Fiscal, las acusaciones, el encausado y su Letrado.
2.- Si la divergencia de las penas solicitadas para conformidad por el Ministerio Fiscal y por las acusaciones fueren la causa impeditiva de la misma el Fiscal podrá acudir previamente al incidente de control de la conformidad por la extensión de la pena del artículo 110 de este Código.
3.- El escrito de conformidad inmediata se redactará con el contenido de los requisitos de acusación, con las siguientes especialidades:
1ª- No se propondrá prueba.
2ª- No se pedirá la formación de Pieza del Tribunal.
3ª- Se solicitará al Tribunal que en sentencia imponga las penas con reducción en un tercio.
4ª- La presentación del escrito de acusación para conformidad inmediata por el Ministerio Fiscal no supondrá la paralización de las Diligencias de Investigación cuando existan participes en el hecho punible no encausados en el escrito.

Artículo 457.- Indemnización
Los testigos que comparezcan a declarar ante el Tribunal tendrán derecho a una indemnización, si la reclamaren.
El Secretario Judicial la fijará mediante decreto, con arreglo a lo dispuesto reglamentariamente, teniendo en cuenta los gastos de viaje y, en
su caso, el importe de la retribución perdida con ocasión de la comparecencia.

Artículo 386.- Indemnización
Los testigos que, atendiendo a la citación realizada, comparezcan ante la Fiscalía tendrán derecho a ser indemnizados por los gastos y perjuicios conforme a la Ley, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas.

Artículo 707.- Aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil
1.- La exacción de las costas se realizará conforme previene la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2.- Cuando el pago de las costas correspondiese al penalmente responsable, una vez aprobada la tasación por el Tribunal competente se remitirá por el Ministerio Fiscal al Tribunal que esté conociendo de la ejecución.

Artículo 713. Petición de liquidación y presentación de relación de daños y perjuicios.
1. Junto con el escrito en que solicite motivadamente su determinación judicial, el que haya sufrido los daños y perjuicios presentará una relación detallada de ellos, con su valoración, pudiendo acompañar los dictámenes y documentos que considere oportunos.
2. Del escrito y de la relación de daños y perjuicios y demás documentos se dará traslado por el Secretario judicial a quien hubiere de abonar los daños y perjuicios, para que, en el plazo de diez días, conteste lo que estime conveniente.

Artículo 714. Conformidad del deudor con la relación de daños y perjuicios.
1. Si el deudor se conforma con la relación de los daños y perjuicios y su importe, la aprobará el Secretario judicial responsable de la ejecución mediante decreto, y se procederá a hacer efectiva la suma convenida en la forma establecida en los artículos 571 y siguientes para la ejecución dineraria.
2. Se entenderá que el deudor presta su conformidad a los hechos alegados por el ejecutante si deja pasar el plazo de diez días sin evacuar el traslado o se limita a negar genéricamente la existencia de daños y perjuicios, sin concretar los puntos en que discrepa de la relación presentada por el acreedor, ni expresar las razones y el alcance de la discrepancia.

Código Penal

29.1- Artículo 10 – Código Penal – Son delitos las acciones y omisiones dolosas

Artículo 10

Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.

29.2- Articulo 20 -Código Penal – Legítima Defensa

Artículo 20

Están exentos de responsabilidad criminal:

1.º El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.

2.º El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
3.º El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
4.º El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes:
Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas.

5.º El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:
Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

6.º El que obre impulsado por miedo insuperable.
7.º El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
En los supuestos de los tres primeros números se aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad previstas en este Código.

29.3- Artículo 22 – Código Penal – De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal

De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal

Artículo 22

Son circunstancias agravantes:

1.ª Ejecutar el hecho con alevosía.
Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido.

2.ª Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente.
3.ª Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa.
4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad.
Circunstancia 4.ª del artículo 22 redactada por el número catorce del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015
5.ª Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.
6.ª Obrar con abuso de confianza.
7.ª Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.
8.ª Ser reincidente.
Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza.

A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves.

29.4- Negligencia – Artículo 118 Código Penal

Artículo 118

1. La exención de la responsabilidad criminal declarada en los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º del artículo 20, no comprende la de la responsabilidad civil, que se hará efectiva conforme a las reglas siguientes:

1.ª En los casos de los números 1.º y 3.º, son también responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los imputables.
Los Jueces o Tribunales graduarán de forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada uno de dichos sujetos.

2.ª Son igualmente responsables el ebrio y el intoxicado en el supuesto del número 2.º
3.ª En el caso del número 5º serán responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si fuera estimable o, en otro caso, en la que el Juez o Tribunal establezca según su prudente arbitrio.
Cuando las cuotas de que deba responder el interesado no sean equitativamente asignables por el Juez o Tribunal, ni siquiera por aproximación, o cuando la responsabilidad se extienda a las Administraciones Públicas o a la mayor parte de una población y, en todo caso, siempre que el daño se haya causado con asentimiento de la autoridad o de sus agentes, se acordará, en su caso, la indemnización en la forma que establezcan las leyes y reglamentos especiales.
4.ª En el caso del número 6.º, responderán principalmente los que hayan causado el miedo, y en defecto de ellos, los que hayan ejecutado el hecho.
2. En el caso del artículo 14, serán responsables civiles los autores del hecho.

29.5- Amenaza – Codigo Penal – Artículos 169 y 170

Artículo 169

El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado:

1.º Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años.
Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos.

2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional.
Artículo 170

1. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior.

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, los que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas.

Artículo 171

1. Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido su propósito se le impondrá la pena en su mitad superior.

2. Si alguien exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años, si ha conseguido la entrega de todo o parte de lo exigido, y con la de cuatro meses a dos años, si no lo consiguiere.

3. Si el hecho descrito en el apartado anterior consistiere en la amenaza de revelar o denunciar la comisión de algún delito el ministerio fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere castigado con pena de prisión superior a dos años. En este último caso, el juez o tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados.

4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.
Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años.
Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

6. No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.

7. Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior.

29.6- Artículo 172 y 173 ter – Código Penal – Coacción

Artículo 172
1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.

También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.
Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.
Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 172 ter
1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:
1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.
2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.
3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.
4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.
Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.
2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este caso no será necesaria la denuncia a que se refiere el apartado 4 de este artículo.
3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.
4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.


La referencia al término «persona con discapacidad necesitada de especial protección» ha sido introducida en sustitución de la anterior referencia al término «incapaz», conforme establece el número doscientos cincuenta y ocho del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015
Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.
No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.
Párrafo 3.º del número 1 del artículo 172 introducido por el apartado trigésimo séptimo del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010
Número 1 del artículo 172 numerado por el artículo 39 de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género («B.O.E.» 29 diciembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior párrafo único del mismo artículo.Vigencia: 29 junio 2005
Número 2 del artículo 172 introducido por el artículo 39 de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género («B.O.E.» 29 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 12 abril 2005).Vigencia: 29 junio 2005
3. Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
Número 3 del artículo 172 introducido por el número ochenta y nueve del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015

Artículo 172 redactado por el apartado sexagésimo primero del artículo único de la L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004

29.7- Artículo 234, 243, 252, 253 – Código Penal

De los hurtos
Artículo 234
1. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.
2. Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.
3. Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas.
Artículo 234 redactado por el número ciento quince del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015
Artículo 235
1. El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:
1.º Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
2.º Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.
3.º Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.
4.º Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.
5.º Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.
6.º Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito.
7.º Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.
8.º Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito.
9.º Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza.
2. La pena señalada en el apartado anterior se impondrá en su mitad superior cuando concurrieran dos o más de las circunstancias previstas en el mismo.
Artículo 235 redactado por el apartado quincuagésimo séptimo del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010
Artículo 236
1. Será castigado con multa de tres a doce meses el que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento de éste, la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero.
2. Si el valor de la cosa sustraída no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.

Artículo 243 Extorsión
El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados.

Artículo 252 Administración Desleal
1. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.
2. Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

Artículo 253 Apropiación Indebida
1. Serán castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.
2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.
Artículo 253 redactado por el número ciento treinta del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).
Artículo 254
1. Quien, fuera de los supuestos del artículo anterior, se apropiare de una cosa mueble ajena, será castigado con una pena de multa de tres a seis meses. Si se tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años.
2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a dos meses.